Las termoeléctricas y el carbón, los negocios de los gobiernos de Bachelet y Piñera

Chile a carbón: la
sucia herencia del Presidente Piñera
Sara Larraín
Directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable
http://www.chilesustentable.net/

La reciente aprobación del mayor complejo termoeléctrico en
América Latina, constituido de seis centrales a carbón y dos a petróleo,
conforma el mayor retraso tecnológico en el desarrollo energético del país y
condena a Chile a 40 años de contaminación local, además de incrementar irresponsablemente
sus emisiones de gases de efecto invernadero. 
Con Castilla, Chile opta por perpetuar la tecnología de carbón
pulverizado, la más antigua y contaminante en su tipo. Por otra parte, los
2.300 MW que generará, condena al Sistema Interconectado Central a hundirse en
la generación sucia, empeorando la huella de carbono de la economía nacional.

Los últimos años, el Presidente Piñera se mostró muy
sensible frente al Cambio Climático. Esto al extremo de traer a Al Gore a Chile
en 2008, crear una comisión para el desarrollo de las energías renovables al
interior de la
Fundación Futuro y afirmar 
durante  su campaña
electoral,  que "en Chile no podemos
seguir creciendo con tantas termoeléctricas a carbón, porque son las más
contaminantes".  Sin embargo su acción
política no ha sido consecuente, sino al 
contrario: rebajó las exigencias del anteproyecto de norma para
termoeléctricas elaborado por el gobierno anterior, aprobó una gigantesca
explotación carbonífera en Isla Riesco, Magallanes, y el mayor complejo de
generación a carbón  a nivel mundial.
¿Cuál es la coherencia?

La legitima
preocupación  de los ciudadanos por la
probidad e independencia del aparato público también resiente las vinculaciones
contractuales entre el estudio de abogados del Ministro del Interior, de quien
depende la Intendenta
de Atacama,  y la empresa MPX.

Las emisiones  de
centrales a carbón pulverizado como Castilla, están compuestas por material
particulado respirable, azufre, óxidos de nitrógeno y metales pesados
cancerígenos como mercurio, vanadio y níquel. Lo anterior dista mucho de la
mejor tecnología disponible  para quemar
carbón, como podría ser el lecho fluidizado o húmedo, que atrapa en las cenizas
el azufre y los metales pesados, como en Petrox, Concepción o la central de
Vartan en Estocolmo, Suecia, tan publicitada por Piñera como la única alternativa
tecnológica que el permitiría para la generación carbonífera. Sin embargo, el
carbón pulverizado, al emitir todos los contaminantes a la atmósfera,  genera 
como hemos visto en Puchuncaví y Ventanas,  destrucción de la vegetación nativa,
disminución de la producción  agrícola y
acuícola y graves enfermedades respiratorias.

Además, el grave incremento en las emisiones de gases de
efecto invernadero que aportarán las 8 centrales del megaproyecto Castilla,
hará más insostenible los altos índices de emisiones que hoy exhibe Chile, país
que duplica las tasas de emisión de América Latina. Así, Castilla nos condena a
carbonizar sin retorno el Sistema Interconectado Central, cerrando espacios a
las nuevas tecnologías  para un
desarrollo  energético limpio y más
independiente. De paso, el aumento de la huella del carbono que aporta
Castilla, condena a Chile a una mayor vulnerabilidad de sus exportaciones.

En el contexto de lo que han revelado al país los cables de
Wikileaks, es preocupante constatar nuevamente los cambios llevados a cabo en
un proceso de impacto ambiental. En el caso Castilla, hablamos de la  caracterización del suelo de Punta Cachos,
que convierte lo contaminante en molesto sin mediar ningún nuevo informe  de la autoridad, sino  luego de una negociación entre privados (la
empresa MPX y la familia Domínguez que veranea en la zona). Ello además,  en un escenario político que congrega a una
insólita constelación de autoridades a cargo del desarrollo energético del
país,  provenientes justamente de
empresas termoeléctricas.  El Ministro de
Energía (ex -Gerente de Finanzas de AES-GENER), y  el Subsecretario de Energía (ex Gerente
General de Guacolda), pertenecen al núcleo de influencia de  AES- Gener, dueña de Guacolda, dueña de
Campiche y la más ferviente opositora y lobbysta  contra la norma para termoeléctricas. Esto,
como sabemos no es inocente ni casual, como han demostrado los memorandos
filtrados por wikileaks esta semana respecto a AES -Gener.

La legitima preocupación 
de los ciudadanos por la probidad e independencia del aparato público
también resiente las vinculaciones contractuales entre el estudio de abogados
del Ministro del Interior, de quien depende la Intendenta de
Atacama,  y la empresa MPX. Esto termina
por configurar un escenario preocupante para la democracia, el desarrollo
energético y el interés público, que el cambio de denominación territorial y la
aprobación de las 8 centrales termoeléctricas del polémico proyecto Castilla se
haya realizado en el mes de febrero, época 
de vacaciones estudiantiles y de receso parlamentario; y  antes de que la Ministra de Bienes
Nacionales de a conocer el ordenamiento territorial del país para el desarrollo
energético; todo lo cual  contribuye a
agravar la falta de transparencia y los problemas de legitimidad de  esta decisión ambiental y energética.

*Fuente: El
Mostrador

La trama oculta de la central Campiche

El embajador norteamericano, el gerente de AES Gener y
cuatro ministros de Bachelet son los personajes principales de una de las
tramas más escandalosas reveladas por Wikileaks: la aprobación de la central
Campiche

Tarde o temprano se saben las cosas. Si cuando en diciembre
del 2009 todos sospecharon de que la modificación a la normativa de urbanismo
por parte del Ministerio de Vivienda era un traje a la medida para la
aprobación de la
Central Campiche, cosa que desmintió tajante la ministra de
la época, Patricia Poblete; la filtración de los cables de la Embajada de EEUU de
Wikileaks da luces a una oscura trama de corrupción en las más altas esferas de
gobierno.

Ciperchile dio a conocer esta semana cómo el embajador Paul
Simons hizo gestiones con los más altos cargos de la administración de Bachelet
para que el gobierno cambiara normativas que permitieran la construcción de la
termoeléctrica de AES Gener, paralizada por un fallo de la Corte Suprema.

El conflicto se remonta a mayo del 2008, cuando la empresa
AES Gener obtiene el permiso para comenzar su proyecto por parte de la Comisión Regional
del Medio Ambiente de Valparaíso. A fines de ese año, el Consejo Ecológico de
Puchuncaví interpone un recurso de protección por irregularidades en el plano
regulador, ya que el uso de suelo del plan regulador no permitía instalaciones
industriales. La Corte
de Apelaciones de Valparaíso y la Corte Suprema en junio del 2009 declaran ilegal
la autorización dada al funcionamiento de la central a carbón.

UNA CORTE SUPREMA ACTIVISTA

El 23 de julio de 2009, Felipe Cerón, gerente general de AES
Gener,y el presidente de la compañía, Andrés Gluski, sostuvieron una reunión
con el embajador Simons. Gluski le dijo al diplomático que si el proyecto se
retrasaba más de un año, Campiche debería cancelarse por el alto costo que
significaba la paralización, estimados entre los cuatro y los ocho millones de
dólares mensuales. Además sostuvo que la sentencia del principal tribunal de
justicia del país era "una señal activista de la Corte Suprema al
gobierno de que no aprueba los procesos de permisos ambientales".

Los hilos destapados por Wikileaks comienzan a moverse en
octubre de ese año, cuando el embajador Simons envía varias cartas a los más
conspicuos miembros del gabinete de Bachelet. La carta había sido redactada por
Gary Locke, secretario de Comercio de EEUU, quien urgía que las principales
autoridades chilenas la leyeran.

La primera carta llegó, seg´n informa Ciperchile, a Marcos
Robledo, asesor internacional de la presidenta Michelle Bachelet. En un cable
revelado se cuenta que el funcionario le dijo que se la haría llegar a la
brevedad a la presidenta y le hizo saber que el gobierno estaba consciente del
problema y "comprometido a encontrar una solución".

La misma carta llegaría los días siguientes a los ministros
de Interior, Edmundo Pérez Yoma; Economía, Hugo Lavados; y Energía, Marcelo
Tokman.

La respuesta de Simons a Locke fue que el gobierno chileno
accedió solícitamente a solucionar los problemas que impedían la consecución
del negocio de AES Gener y le dio por asegurado que la ministra Poblete, de
quien dependían las modificaciones a las reglas de zonificación, desarrollaría
una normativa que calzara con los planes de la empresa.

LOS TÍTERES

El 31 de diciembre de 2009, el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, Minvu, modificó mediante un decreto supremo la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones, Oguc, adecuando la utilización de suelos para
que el proyecto cumpliera la aprobación ambiental y pasara por alto la
resolución de la Corte
Suprema.

Pese a que la
Junta de Vecinos de Campiche interpuso un recurso de
protección en contra de los responsables del dictamen, incluyendo a Pérez Yoma,
la empresa continuó las faenas.

En noviembre de ese año, un cable de Locke reconocía los
esfuerzos del gobierno chileno para solucionar la situación de AES Gener. El
embajador por su parte se apresuró en hablar con los ministros de las tres
carteras a quienes había enviado la misiva, quienes le aseguraron que al
gobierno ciudadano de Bachelet le urgía resolver el tema para evitar un impacto
negativo en el clima de inversiones en Chile. A juicio de Pérez Yoma se trataba
de "una pésima señal para los inversionistas energéticos".

Consultada, luego de la modificación de la ordenanza general
de urbanismo y construcciones, la ministra Poblete aseguró que "no hemos hecho
nada especial para que Campiche se pueda resolver".

UN PAÍS CORRUPTO

Las organizaciones ambientalistas Chilesustentable,
Defendamos la Ciudad,
Ecosistemas y Acción Ecológica, comenzaron a tramitar ante la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) una petición de expulsión de Chile de dicha instancia
internacional debido a que "los países que la integran deben observar altos
estándares en probidad pública y respecto absoluto por el Estado de Derecho"-
según declaró Patricio Herman, de Defendamos la Ciudad.

Para ello enviaron una misiva a Ángel Gurría, secretario
general de la OCDE,
para que revise la membresía de Chile ante tal instancia. "Chile no merece ser
miembro de la OCDE,
ya que en el país no impera el Estado de Derecho, sino la compulsión de las
grandes empresas por llevar a adelante sus negocios a cualquier costo. No
solamente con la central Campiche se ha dado una total complicidad entre
gobierno, empresa privada y tráfico de influencias al más alto nivel, para
imponer un proyecto altamente destructivo. También están los ejemplos de Ralco,
Pascua Lama, Castilla e HidroAysén, donde la ciudadanía ve con estupor cómo se
cambian leyes a través de resoluciones administrativas y decretos exprés, para
permitir que las empresas se salgan con la suya. Chile hoy está en manos de las
corporaciones"- agregó Juan Pablo Orrego, de Ecosistemas.

Desde el 2010 que Chile integra la OCDE, instancia fundada en
1961 y que agrupa a otros 32 países bajo las reglas del libre mercado y la
democracia. Si bien Orrego señala que "aunque la OCDE en varios temas deja
bastante que desear, es cierto también que para estar en ella se deben cumplir
una serie de regulaciones en las que claramente en la actualidad nuestro país
está vulnerando flagrantemente".

Larraín agrega que "con la aprobación de Campiche se
configura una irregularidad penada por los reglamentos internos de la OCDE. El caso da cuenta
del lobby y la presión diplomática internacional que subvierte el estado de
derecho y las reglas de la OCDE
que exigen que las inversiones extranjeras tiene que respetar la legalidad
vigente".

La ecologista agrega que "acá fue al revés: Se subordinan
las legislaciones a las inversiones. Si con Pinochet teníamos una dictadura
militar, desde la época de Frei Ruiz-Tagle pasamos a la dictadura de las
inversiones. Pasó también por el caso Ralco que violó la Ley Indígena y el
tranque El Mauro, aprobado con todo tipo de presiones a la institucionalidad
ambiental. Eso da cuenta de que "hoy Chile no tiene garantía de gobernabilidad
democrática"

SATURACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO

La central termoeléctrica Campiche produciría 270 MW, lo que
equivale al 3% de la capacidad instalada del sistema eléctrico. Con una
inversión era de U$500 millones es el proyecto estrella de AES Gener, la
segunda empresa de generación eléctrica del país.

Se calcula que en un año promedio una planta termoeléctrica
a carbón de 500 mega watts produce 3 millones 700 mil toneladas de dióxido de
carbono, 10 mil toneladas de dióxido de azufre, 10 mil toneladas de óxido de
nitrógeno, 720 toneladas de monóxido de carbono, 220 toneladas de
hidrocarburos, 170 libras
de mercurio, 225 de arsénico y 124 libras de plomo.

Además, el sector donde se edifica la central está saturado
de material particulado PM10 y dióxido de azufre (SO2) desde el año 1993, por
lo que estaba en un proceso de descontaminación que contaba con la creación de
áreas verdes para mitigar los efectos de los contaminantes.

Por su parte, la
Cámara de Diputados aprobó este viernes el informe de la Comisión Investigadora
de los procesos de aprobación de los proyectos hidroeléctricos y
termoeléctricos por parte de las comisiones regionales del medio ambiente,
"debido a una serie de hechos que configuran una política de fast track
energético consistente en el apoyo y fomento de proyectos industriales energéticos
poco sustentables, de alto impacto ambiental y al rechazo social", según reza
el documento.

Nada de esto ha impedido que AES Gener iniciara la
construcción de su termoeléctrica, la que tuvo los permisos de la Dirección de Obras de la
comuna de Puchuncaví el 10 de agosto de 2010. Ex ministros, embajador y, sobre
todo, gerentes, esperan satisfechos que la central Campiche comience sus
operaciones el 2012.

M. B. R.

¨Fuente: El Ciudadano

Vea también:

CiperChile: Bachelet
y EE.UU salvan termoeléctrica de Gener

El Mostrador: Central
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piensaChile: Tomás Mosciatti: "El tono maternal de Bachelet me parece ahora falso y peligroso, muy peligroso"
 

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