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Familiares denuncian torturas a presos políticos en huelga de hambre 

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Ya van 48 días desde que 32 presos políticos mapuche iniciaron una
huelga de hambre para protestar por la aplicación de la Ley
Antiterroristas y las autoridades y los medios de comunicación
tradicionales aún no dicen nada. Es por eso que un grupo de
organizaciones sociales, sindicales y culturales lideradas por el Frente
Amplio de Solidaridad con el pueblo mapuche, la Coordinación de
familiares de presos políticos en huelga de hambre, la Coordinación de
Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago y la Federación de
Estudiantes de la Universidad de Chile denunciaron públicamente la nula
actuación del Gobierno en los temas relacionados con los pueblos
originarios.

Dentro de los tópicos más problemáticos se incluye la situación precaria
de las comunidades mapuche, el no cumplimiento del convenio 169 de la
OIT y, principalmente, la aplicación de la Ley Antiterrorista y los
procesamientos de civiles en la justicia militar. La acción también
busca generar conciencia sobre la situación de los huelguistas que
mantienen esta condición desde el pasado 12 de julio. Aunque los presos
ya están presentando graves problemas de salud, el Gobierno aún no se ha
pronunciado e incluso ha manifestado que “no dialogarán bajo ninguna
presión”. Y el problema se agrava aún más si se considera que
Gendarmería decidió aplicar alimentación intravenosa de manera
autoritaria y sin el consentimiento de los implicados.

A esto se suma la denuncia de la doctora Berna Castro – quien se encarga
de monitorear la salud de los presos mapuche en la cárcel de Temuco –
sobre las pésimas condiciones en la que mantienen a los imputados. Según
indicó la profesional a algunos los tendrían aislados y sin acceso a la
luz solar. “Eso corresponde a un típico mecanismo de tortura que, de
hecho, ocupan en Guantánamo. Al no tener luz de sol pierdes la capacidad
de distinguir en qué momento y en qué tiempo estás y se altera en ciclo
sueño vigilia. Con esto, están buscando quebrar a los presos políticos.
Existen psicólogos que se denominan como apoyo psicosocial, pero más
bien es para definir perfiles de personalidad y saber dónde ir socavando
la resistencia y la voluntad”, aseguró Castro.

La facultativa indicó también que en Angol visitó a uno de los
huelguistas que además de ser aislado fue brutalmente golpeado por
efectivos de Gendarmería. “Aquí están haciendo allanamientos
constantemente y uno de los presos fue aislado y castigado. Eso puede
ser muy riesgoso para la vida, una persona puede dejar morirse”, dijo.

Cabe señalar que ayer viernes, hasta el Hospital Hernán Henríquez de
Temuco fue trasladado Elvis Millán, uno de los presos en huelga de
hambre. De acuerdo a lo informado, Millán presentó una arritmia cardiaca
y fuertes dolores en el pecho. En el centro médico, Millán fue
evaluado, y posteriormente fue reingresado a la cárcel de Temuco, donde
cumple presidio acusado de atentados incendiarios a los fundos Brasil de
Vilcún y San Leandro de Lautaro en 2007. Una situación parecida sufrió
Waiquilaf Cadin Calfunao en la cárcel de Angol, quien también sufrió una
descompensación por lo que fue trasladado a un recinto asistencial.
Ambos presos han manifestado un notable deterioro físico, con pérdidas
de peso que van desde los 12 a los 14 kilos.

Anuncian gran movilización

Por su parte, la vocera de los Familiares de de Presos Políticos de
Concepción, Natividad Llanquileo, aseguró que están estudiando junto a
un grupo de parlamentarios recurrir al relator de la ONU sobre temas
indígenas para hacer una presión al Gobierno de manera internacional.
“Son ya 47 días. En Concepción están siendo procesados por la justicia
militar y la civil. Además se le está aplicando la Ley Antiterrorista lo
que significa que de parte del Ministerio Público están pidiendo penas
altísimas que van desde 50 a 100 años de cárcel. Por eso, estamos
tratando con los diputados de que se discuta el tema de la Ley
Antiterrorista y la competencia en los tribunales militares”, sostuvo
Llanquileo.

Por otro lado, la otra vocera de los familiares de estos presos
mapuches, María Tralcal, lamentó las vinculaciones que han hecho entre
los pueblos originarios y grupos de las FARC. “En un momento el Estado
calificó como activistas a los que estaban levantando el proceso de
reivindicación del pueblo y dijo que la ETA estaba relacionada. En este
último tiempo nos están relacionando con las FARC, por eso sabemos que
las autoridades siempre van a buscar criminalizar las demandas sociales
del pueblo mapuche. Vincularnos con estos organismos que,
internacionalmente, ellos definen como terroristas también avala la
persecución política que tiene sobre nosotros”, explicó Tralcal.

María Tralcal comentó que “es lamentable que las autoridades digan estar
tan pendiente de los 33 trabajadores que están atrapados en el norte y
que anuncie que al Gobierno le preocupan las personas de sus nación,
cuando en el sur esta dejando morir a la misma cantidad de hombres sin
hacer nada”. Los familiares de los mapuches que mantienen la huelga de
hambre también denunciaron falta de rigor en las investigaciones que, a
su juicio, “han sido manipuladas con testigos sin rostros por la
Fiscalía Militar, que no ha realizado un proceso justo”.

Los dirigentes dicen no entender que en algunos casos se tengan dobles
condenas que superan los 110 años de prisión, cuando violadores y
asesinos tienen penas de 20 años. Asimismo reclaman presiones hacia el
mapuche, Richard Ñehuei Pilquimán, de 18 años, procesado por el ataque
al fiscal Mario Elgueta, quien se suicidó el domingo pasado, según
cuentan los comuneros, “por la presión que se le ejerció para que
delatara a sus compañeros”. Es por eso que el Frente Amplio de
Solidaridad con el pueblo Mapuche anunció una gran movilización para el
próximo 1 de septiembre donde estarán presentes varias organizaciones
estudiantiles y de los Derechos Humanos.

El abogado José Aylwin y co director del Observatorio Ciudadano,
manifestó que el Gobierno no puede seguir con su política de
“insensibilidad” ante la huelga de hambre, ya que puede terminar con
consecuencias fatales. “Es una oportunidad para que el estado de Chile
asuma su responsabilidad en esta materia”, indicó Aylwin a El Diario de
Cooperativa."No puede persistir en una política de insensibilidad que
puede tener consecuencias fatales y generar otra herida más en la larga
relación de conflictos entre los pueblos indígenas y el Estado”.

El abogado comentó que sobre la situación del grupo “los mensajes del
Gobierno han sido muy precarios”, porque el Presidente Sebastián Piñera
no se ha pronunciado sobre la materia. Por ello, al parecer “el Gobierno
no tiene planes de establecer o adoptar medidas que por la vía política
puedan dar una solución a esta realidad, lo que es bastante paradójico
si uno piensa en todos los esfuerzos que ha hecho el Estado por salvar
la vida de los 33 mineros que han permanecido varios días bajo tierra”.
Respecto a la salud de los presos, señaló que “esta situación se va a
tornar cada vez más grave en la medida que ya cumplen 48 días en huelga
de hambre”.
28 / 08 / 10


*Fuente: Azkintuwe

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