Royalty al cobre

Existe disposición del gobierno y la oposición para incrementar los
cargos a las mineras privadas por la explotación de recursos que
pertenecen a la nación. Ello es muy positivo y refleja el amplio
consenso nacional respecto que los cargos actuales son muy
insuficientes. El gobierno y sectores de la oposición han sugerido un
aumento moderado de los cargos actuales, compensado con una extensión de
la invariabilidad que les fue concedida anteriormente. Ello no parece
conveniente, según lo han manifestado numerosos parlamentarios que
sugieren en cambio abrir un debate nacional a fondo respecto del tema,
que pueda conducir a una política de más largo plazo. Ellos tienen
razón.

En el curso de los últimos años el mundo ha tomado conciencia de la
inminente emergencia económica del mundo hasta ayer considerado
subdesarrollado. Hoy representa un tercio de la economía mundial, pero
alberga más del 85 por ciento de la población y la mayor parte de los
recursos naturales. Ello modificado la importancia estratégica de estos
últimos, dada su naturaleza evidentemente limitada.

Los principales países y empresas han iniciado una verdadera carrera
para asegurar su acceso a los mismos. Más importante que el precio, que
en el caso de estos recursos siempre oscilará con la demanda, lo que hoy
interesa principalmente es garantizar el abastecimiento de los mismos.
Ello ha mejorado considerablemente la posición negociadora de los países
que los poseen en abundancia, muchos de los cuales, aún los más
pequeños, han procedido a afianzar su control sobre los mismos e imponer
a las empresas que los extraen condiciones que les resultan más
favorables.

Los principales países han recuperado sus recursos naturales. En años
recientes, uno tras otro, los países ricos en recursos naturales han
introducido importantes cambios en sus políticas al respecto, destinadas
a recuperar el control de los mismos. Rusia, por ejemplo, revisó todos
los contratos de privatización del gobierno de Yeltsin y revirtió buena
parte de ellas, especialmente cuando favorecieron a grandes
transnacionales extranjeras. Sin perjuicio de ello, todas estas
aceptaron continuar operando allí de una u otra manera, debido a su
interés en acceder a esos recursos.

Los hitos más significativos al respecto en el último tiempo han sido la
declaración por parte del gobierno de Brasil, el 2009, de su intención
de explotar por si mismo las recién descubiertas depósitos de petróleo y
revertir la privatización parcial de Petrobras impulsada por el
gobierno de Cardoso. El Presidente Lula la calificó como la segunda
independencia, utilizando la expresión del Presidente Allende.

Argentina, por su parte, impuso el 2007 un royalty de 10 por ciento a la
extracción de minerales. El público chileno se vino a enterar a raíz de
las declaraciones recientes del gerente de XStrata, minera que opera el
yacimiento binacional El Pachón, cuyo depósito se encuentra en
territorio argentino. Consultado al respecto por El Mercurio de Santiago
el 15 de junio del 2010, el ejecutivo señaló que las empresas no hacen
las leyes sino los proyectos, los cuales deben considerar además de los
impuestos, imponderables más significativos, como el precio de los
productos e insumos principales. Considerados todos estos aspectos, si
resultan rentables entonces se llevan a cabo, declaró el gerente de la
minera. Por si quedase alguna duda al respecto, agregó que ninguna
empresa minera había modificado un ápice sus proyectos de inversión a
raíz de la reciente discusión de royalties en Chile.

El gobierno de Venezuela ha renegociado los contratos con petroleras
extranjeras que operan en su territorio, mejorando sucesivamente sus
aportes al país. Los gobiernos de Bolivia y Ecuador tomaron control de
sus yacimientos de hidrocarburos e impusieron mejores condiciones a las
empresas que los operan. En todos estos casos, todas las empresas
extranjeras permanecieron, aceptando las nuevas condiciones.

Más recientemente, Australia impuso cobros muy significativos a su
industria extractiva, que ya pagaba cargos considerables por los
recursos. El gobierno de ese país decidió generalizar a todos los
recursos del subsuelo el impuesto específico que ya pagan las empresas
petroleras, que es de 40 por ciento sobre todas las utilidades que
exceden un 6 por ciento de ganancias sobre el capital invertido, que se
estima constituye una ganancia normal. Con dicho cobro, la tasa de
impuestos efectiva sobre las utilidades de las mineras habría alcanzado a
58 por ciento, según cálculos de las mismas mineras.
Sin embargo, las empresas afectadas, que son las mismas que operan en
Chile, llevaron a cabo una feroz campaña que culminó en pocas semanas
con la caída del Primer Ministro que había tomado esta determinación. Su
sucesora alcanzó rápidamente un acuerdo con las mineras, en virtud del
cual el impuesto específico se rebajó a 30 por ciento de las utilidades
que excedieran un 12 por ciento de ganancias sobre el capital invertido,
con lo cual la tasa de impuestos efectiva quedó finalmente en 40 por
ciento de las utilidades antes de impuestos.

Chile, en cambio, mantiene una política que no resguarda sus recursos,
fomentando su traspaso a manos privadas, con el agravante que no cobra
por su explotación, o lo hace de modo muy insuficiente. En el caso de
los recursos del subsuelo, a pesar que la constitución mantiene la
cláusula la propiedad inalienable e intransferible de los mismos
aprobada unánimemente en la nacionalización de 1971, acto seguido
establece desde 1981 la concesión de los mismos con garantías que
exceden las del derecho de propiedad común y corriente. La mantención de
esta cláusula impuesta por la dictadura ha sido el error más grave de
los gobiernos democráticos y la misma debe ser derogada puesto que
atenta gravemente contra el interés nacional y reemplazada por una
política moderna, aprobada por un parlamento democrático.

El resultado de las políticas anteriores es que en el curso de las
últimas dos décadas, gran parte de los recursos minerales han sido
entregados en concesión plena a un reducido grupo de grandes empresas,
casi todas extranjeras, que hoy producen dos tercios del cobre y
subproductos de la gran minería, mientras CODELCO ha visto reducida su
participación, de más de un 90 por ciento de la producción total en
1989, a menos de un 30 por ciento hoy.

De acuerdo a sus propios balances, las utilidades antes de impuestos,
intereses, amortizaciones y depreciación – usualmente conocidas por sus
siglas en inglés EBITDA – de las mineras privadas sumaron 76.820
millones de dólares en los últimos cinco años, con un promedio anual de
más de 15.364 millones de dólares por año. Ello equivale a alrededor de
la mitad del presupuesto del Estado en los años respectivos. En otras
palabras, Chile financia un Estado y medio, siendo el segundo las rentas
mineras que transfiere a estas empresas. Resulta a todas luces
inconveniente que unas pocas empresas – la mayor parte está en manos de
menos de diez empresas y el grueso lo controlan tres de ellas – se
apropian de recursos que pertenecen a la nación y que alcanzan el mismo
orden de magnitud que los que maneja el propio Estado. Se ha visto
recientemente como las principales de ellas derribaron en pocas semanas
al Primer Ministro de Australia, país de origen de las mayores. No
resulta difícil imaginar la influencia política que han alcanzado
asimismo en Chile.

Prácticamente todas la ganancias señalada corresponde a renta del
recurso, puesto que equivalen a un 77 por ciento del precio del cobre,
en promedio durante el período señalado. En otras palabras, de cada 100
dólares vendidos en cobre a lo largo de los últimos cinco años, 77
fueron ganancias. En algunos años de precios elevados, dichas ganancias
alcanzan a 90 dólares por cada 100 dólares de cobre vendido. Es decir,
el precio del metal no guarda absolutamente ninguna relación con su
costo de extracción, que en Chile resulta prácticamente gratis. Ello se
explica principalmente porque la venta de los subproductos pagan la
mayor parte de los costos. Como señalo acertadamente un editorial
reciente del diario británico Financial Times, publicado en apoyo de la
intención Australiana de cobrar por los recursos, ésta es precisamente
la característica que distingue a los recursos naturales, cuya economía
se asemeja según el diario británico a la de los buscadores de tesoros:
una vez que se extraen, su precio no guarda relación alguna con sus
costos de producción, como ocurre con todos los bienes industriales
normales. Por lo mismo, en esos casos, las ganancias tienen relación
directa con la mayor o menor eficiencia de las empresas productoras. En
el caso de los recursos naturales, en cambio, el precio depende
exclusivamente de lo que la demanda esté dispuesta a pagar por los
tesoros extraídos, los que son susceptibles de apropiación. Por este
motivo, concluye el diario británico, los Estados donde se encuentran
los tesoros tienen todo el derecho a quedarse con buena parte de su
precio.

Llama profundamente la atención que las ganancias por tonelada de cobre
producido resultan superiores en el caso de CODELCO que en las mineras
privadas. La estatal obtiene ganancias de 77 centavos por cada dólar de
cobre vendido, mientras la privadas declaran obtener solo 74 centavos.
Ello cual resulta muy difícil de creer, puesto que operan minas nuevas –
las mayores de la estatal son centenarias -, con mejores leyes, costos
de extracción menores y gastos de administración asimismo inferiores.
Ello se explica en parte importante porque declaran obtener catorce
veces menos ingresos que CODELCO por la venta de subproductos, lo cual
evidentemente resulta muy extraño puesto que los minerales de CODELCO,
extendidos a lo largo de buena parte del territorio, representan una muy
buena nuestra del contenido general de subproductos de los yacimientos
nacionales.

La tasa de impuestos efectiva que pagan las empresas mineras en Chile es
de 17 por ciento sobre sus utilidades antes de impuestos. Ello se
compara muy favorablemente para las empresas, con las que ellas pagan en
Australia, de donde son originarias la mayores de ella, donde según el
reciente acuerdo aceptaron pagar una tasa efectiva de 40 por ciento,
como se ha mencionado. Por cierto, luego de los impuestos pagados por
sus empresas, sus propietarios deben pagar lo que les corresponde por
impuesto a la renta. Las tasas respectivas en Chile son de un 35 por
ciento para los propietarios las mineras que exportan sus ganancias. Sin
embargo, el impuesto pagado antes por las empresas es deducido
íntegramente de aquellas. En Australia, en cambio, las empresas pagan un
40 por ciento y las rentas de sus dueños están afectos a tasas
superiores que en Chile, con la diferencia que allá no pueden deducir de
sus impuestos lo que antes pagaron sus empresas, sino en una mínima
medida. En otras palabras, el 17 por ciento que pagan en chile se debe
comparar con el 40 por ciento que han recién aceptado pagar en su propia
casa.

Tal como CENDA lo hizo notar en una reciente carta abierta al Senador
Eduardo Frei, Chile puede desde este mismo momento fijar su política
soberana, sin violar acuerdos anteriores pero al mismo tiempo sin
maniatarse, preso de decisiones previas que hoy parecen altamente
lesivas e inconvenientes para el interés nacional. Basta para ello con
que el país fije hoy la tasa definitiva que parezca conveniente. Una vez
hecho esto, calcule una tasa incrementada, la que se empezará a aplicar
a partir del año en que vence la invariabilidad tributaria. El valor de
dicho incremento se fijará de modo que el valor presente de la tasa
incrementada, pagada a partir del año en que vence la invariabilidad,
sea idéntica al de la tasa deseada pagada a partir del 2010.
Naturalmente, aquellas empresas que opten voluntariamente por acogerse a
la nueva tasa a partir del 2010 quedarían afectas desde ya al monto
deseado, sin pagar ningún incremento a partir de la fecha de expiración
de la invariabilidad. Por cierto, el piso a cobrar hoy no puede ser
inferior al 30 por ciento impuesto específico que aceptaron las mineras
en Australia, o al 10 por ciento de royalty que pagan en la vecina
Argentina.

En perspectiva, Chile puede establecer una política de recursos
naturales similar a la que viene aplicando Noruega desde hace varias
décadas. La misma se inspira en principios simples y concordantes con la
teoría económica, tales como los que siguen:

• La propiedad de los recursos naturales pertenece a la nación, la que
  debe percibir la totalidad de la renta asociada a los mismos, sin
  perjuicio que empresas privadas puedan tener acceso a ellos y obtener
  ganancias normales sobre su capital invertido, similares a las que
  obtienen empresas que operan en industrias que no se basan en recursos
  naturales.

• El Estado reserva la mayor parte de los recursos naturales para ser
  explotados por empresas de su propiedad, lo que garantiza su dominio
  sobre las tecnologías, conocimientos, costos y mercados, de la industria
  respectiva.

• El Estado se reserva el derecho a fijar las cuotas de producción y
  parámetros tecnológicos requeridos para preservar los recursos y ajustar
  su oferta a las condiciones del mercado mundial de modo de maximizar su
  renta en el largo plazo.

En base a los principios anteriores, el Estado noruego cobra por el
derecho a explorar, y se reserva la mitad de los recursos encontrados;
cobra por el derecho a explotar los mismos; luego establece un royalty
sobre las ventas, el que varía según el precio internacional y capta la
renta diferencial del país con el resto del mundo; finalmente, establece
un impuesto específico sobre los márgenes operacionales, que capta la
renta diferencial al interior del país; desde luego, las empresas quedan
sometidas a continuación a los impuestos a la renta normales que
afectan a todas las empresas en ese país, operen o no sobre recursos
naturales. Adicionalmente, como se ha mencionado, fija las cuotas de
producción y parámetros tecnológicos de modo de maximizar la renta en el
largo plazo.

Todas las grandes mineras mundiales operan en Noruega, aceptando las
condiciones referidas, con el beneficio de lograr acceso a los recursos
allí existentes y obtener una rentabilidad normal sobre sus inversiones.
Gracias a esta política, Noruega ha logrado el mejor índice de
desarrollo humano del mundo y ha acumulado un fondo soberano de medio
billón (quinientos mil millones) de dólares. adicionalmente, la empresa
del Estado, Statoil, es una empresa líder en tecnología a nivel mundial.

Parece un buen ejemplo a considerar.
viernes 13 de agosto de 2010


– El autor, Manuel Riesco Larraín, es vicepresidente del CENDA, Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, es Master en Economía e Ingeniero Civil, y un experto en políticas públicas. 

*Fuente Manuel Riesco