La Huelga de Hambre de los Presos Políticos Mapuches y el pueblo de Chile

La huelga de hambre iniciada el 12 de julio por los presos políticos
mapuches de las cárceles de Concepción y Temuco, a la que se sumaron en
pocos días otros pu weichafe (guerreros) recluidos en los presidios de
Angol, Lebu y Valdivia, hasta totalizar más de una treintena de hombres
resueltos a los más grandes sacrificios por lograr su libertad y la de
su pueblo, ha puesto a prueba a todos los sectores sociales y políticos
de Chile.

Aunque no es extraño que para el gobierno, los principales medios de
comunicación, el gran empresariado, los partidos sistémicos y los
aparatos de Estado, esta huelga constituya un “no acontecimiento” y por
ende sea silenciada (¡el propio Ministro de Justicia declaró al cabo de
un mes no saber nada al respecto!), resulta vergonzosa la indiferencia
de gran parte de la opinión pública nacional, de muchas organizaciones
sociales, de gente de izquierda y de intelectuales que normalmente
aparecen asociados a la defensa de los Derechos Humanos. Si bien es
cierto que el cerco mediático tendido por los consorcios que controlan
los medios de información, especialmente la TV y la prensa escrita de
tiraje nacional, ha creado una cortina de silencio y de invisibilidad en
torno a la cruel realidad sufrida por el pueblo mapuche y sus más
decididos luchadores, esto no excusa el mutismo de quienes por historia,
tradiciones, declaraciones de principios y representatividad social,
deberían hacer oír sus voces de manera potente. Ello no ha ocurrido.
Solo los medios de información “alternativos”, dos o tres radioemisoras
de cobertura nacional, un grupo minúsculo de parlamentarios, unas
cuantas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, además de
numerosos colectivos políticos y sociopolíticos de la vasta franja
(especialmente juvenil) no representada en la institucionalidad
política, y un puñado de personas de buena voluntad, han sido las
excepciones que han salvado un poco el honor y dignidad del anestesiado
pueblo chileno.

Mucha gente en la izquierda, la intelectualidad progresista y en el
mundo asociativo popular ha callado o se ha limitado a declaraciones
rituales sin desplegar sus fuerzas, capacidades e influencias para
detener la acción represora del Estado chileno contra este pueblo
originario. Parece que no se entiende que las reivindicaciones
levantadas por los presos políticos mapuches –no aplicación de la Ley
Antiterrorista en las luchas sociales, desmilitarización de la
Araucanía, no al doble juzgamiento (justicia civil y justicia militar)
por los mismos hechos constitutivos de presuntos delitos, inhabilitación
de los “testigos sin rostro” pagados por las fiscalías para incriminar a
los acusados, garantías de justo proceso, término de las abusivas
prácticas de “detenciones preventivas” que permiten a los fiscales
mantener discrecionalmente encarcelados durante años a un acusado aunque
no haya sido pronunciada una condena en su contra, entre otras-
conciernen a todos los habitantes de la República de Chile. Numerosas
personas no logran advertir que la lucha mapuche trasciende los
intereses específicos de ese pueblo-nación ya que la defensa del
medioambiente, de los Derechos Humanos y de las libertades democráticas
son causas universales que deben ser abrazadas en toda circunstancia y
lugar. En realidad, lo que estos sectores no alcanzan a percibir, es que
la lucha mapuche por la recuperación de sus tierras ancestrales
usurpadas bajo el amparo de la ley y de la fuerza del Estado de Chile,
es parte de las causas de la humanidad progresista por salvar al
planeta, a la especie humana y a las demás especies de una destrucción
segura si no se detienen y revierten las consecuencias de un modelo
económico productivista y depredador de los recursos naturales y
humanos. Enfrascados en sus particulares problemas sectoriales o
gremiales, con sus organizaciones sociales destruidas, atomizadas o
debilitadas por la implementación implacable del modelo neoliberal
durante varias décadas consecutivas, desinformados sistemáticamente por
los medios de comunicación de masas y sufriendo una anomia de
representación política sin par desde hace más de un siglo, los sectores
populares chilenos -salvo muy contadas y honrosas excepciones- han
manifestado una indiferencia atroz ante el drama que desangra a uno de
los pueblos matrices de su propia existencia. ¿Por qué razones quienes
dicen ser sus portavoces y representantes no impulsan la movilización,
por ejemplo, contra la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura y
aplicada profusamente por los gobiernos de la Concertación y el actual
gobierno? ¿Esta apatía y quietismo se explica solo por el clima
generalizado de despolitización que afecta a la sociedad chilena o es
también el resultado, cuando se trata de la “cuestión mapuche”, de
cierta dosis de inconfesado e inconfesable racismo?

Entretanto, las comunidades indígenas “en conflicto” han continuado sus
movilizaciones y la huelga de hambre de los presos políticos mapuches ha
entrado en una fase en que la vida de esos pu weichafe corre serio
peligro. Para ello solo han contado con sus propias fuerzas y la ayuda
de los pocos chilenos que han apoyado –por solidaridad, conciencia y
dignidad- la causa mapuche. Estos chilenos dignos también lo han hecho
porque saben que, como certeramente señalaba un gran pensador
revolucionario del siglo XIX, “un pueblo que oprime a otro pueblo no
puede ser libre”.

El recorte a las libertades individuales y a los derechos sociales; las
desmesuradas e indebidas facultades de la Justicia militar; la acción
abusiva de fiscales todopoderosos que no trepidan en recurrir a montajes
y pagar testigos para “probar” sus acusaciones, que prohíjan torturas y
tratos vejatorios, que extienden –a la manera del fiscal Ljubetic- su
delirio persecutorio en contra de los familiares y amigos de los
acusados, que ponen cortapisas al derecho a una adecuada defensa, y que
encabezan campañas mediáticas para crear un ambiente propicio para que
la opinión pública acepte condenas de hasta más de un siglo de presidio
por supuestos delitos en los que no se produjeron víctimas fatales, son
amenazas contra los derechos democráticos, que el pueblo chileno tarde o
temprano experimentará en carne propia. Es de esperar que el efecto
adormecedor del modelo neoliberal y del “pensamiento único” que impera
desde hace varias décadas en la República de Chile se disipe antes de
que sea demasiado tarde.