Nuestro país ha sufrido un terremoto de magnitud mundial. Todos sabemos que no es el primero y que no será el último. Este tipo de catástrofes que nos sacuden cada tanto desnudan todas aquellas carencias que se han acumulado a lo largo de los años. Como suele ocurrir en estos casos, en un país desigual, las víctimas son los más débiles, los más pobres. Es cierto, las catástrofes no se pueden predecir con exactitud y son eventos fuera del control humano. No obstante, para cualquier gobierno en nuestro país, este tipo de cataclismo es absolutamente previsible y está dentro del horizonte de probabilidades. Por ello, resulta más que inquietante la ausencia de una política seria a este respecto. Este papel le corresponde al Estado, aunque les moleste a los fanáticos del neoliberalismo.
Ante la tragedia que hoy enfrentamos todos los chilenos, es imprescindible esclarecer algunas cuestiones de fondo. Desde un primer momento se ha advertido una grave falta de coordinación entre las diferentes instituciones que suponemos debieran actuar en circunstancias extremas. Digámoslo con todas sus letras, los funcionarios civiles o uniformados no han estado a la altura. El terremoto ha mostrado las grietas no sólo de los edificios, carreteras y puentes sino que ha mostrado las graves fisuras institucionales y sociales que aquejan al país. Los síntomas son claros, abandono de amplios sectores populares, negligencia de funcionarios y, consecuentemente, vandalismo desatado. Si bien la respuesta inmediata ha sido la militarización de la zona -que promete ampliarse- es claro que tal medida no soluciona ninguno de los problemas de fondo.
En estos momentos de tristeza y aflicción para todos quienes compartimos una historia y una geografía, la única conducta responsable es la más amplia solidaridad hacia los que están sufriendo no sólo el luto sino el desamparo. Pero al mismo tiempo, reclamar políticas concretas tendentes a mejorar las condiciones de vida de los sectores más marginados del país. La situación actual ha agravado la falta de caminos, hospitales y escuelas en varias regiones, es hora de que el Estado recupere la iniciativa ante tales demandas. La caridad no debe confundirse con justicia social.
El desastre ha puesto de manifiesto todas las falencias del “modelo chileno”, desde el debilitamiento del Estado para actuar a este tipo de situaciones hasta la ausencia de una cultura cívica y solidaria responsable. La televisión exhibe hasta la saciedad las consecuencias físicas del cataclismo, sin embargo, pocos advierten las fisuras sociales que han quedado de manifiesto ante el grave sismo. Los sueños de llevar a nuestro país a los umbrales del mundo desarrollado, se desdibujan ante la mísera realidad social, que vive una gran mayoría de los chilenos. Contra el individualismo, el éxito y la competitividad proclamados por los idólatras del mercado, los grandes desastres naturales nos confrontan con un imperativo ético y político que apunta al “bien común”. Las tragedias no pueden privatizarse.
– Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados, ELAP, Universidad ARCIS.
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