Eliminarán secreto bancario de funcionarios públicos

El Gobierno propone, a través del proyecto de Ley Anticorrupción, que los servidores públicos renuncien al secreto bancario y, en cumplimiento de la Constitución, se levante esta confidencialidad en los casos de procesos de corrupción y recuperación de bienes sustraídos al Estado.

El artículo 333 de la nueva Carta Magna establece que "las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en los procesos judiciales, en los casos en que se presuma condición de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas" y en los definidos por ley.

Según el senador cruceño Isaac Ávalos, del Movimiento Al Socialismo (MAS), la futura ley se aplicará a los ex y actuales funcionarios públicos y contratistas del Estado.

Tanto Ávalos como el senador Fidel Surco, también masista, dijeron que esta ley tendrá validez sobre diversas entidades sociales, como organizaciones no gubernamentales, fundaciones, sindicatos, cooperativas y en general todos los entes que reciben o intermedian recursos destinados al Estado.

Surco anotó que "una vez aprobada esta ley, tiene que ser de aplicación retroactiva y alcanzará a las organizaciones privadas y sindicatos".

Ávalos no pudo precisar el periodo de la retroactividad, pero, demás de puntualizar que esta disposición "no afectará a los pobres, a los trabajadores", advirtió que perseguirá a aquellas personas que "se enriquecieron ilícitamente a costa del Estado".

El proyecto prevé crear una entidad responsable de ejecutar la lucha contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la investigación de fortunas. Este ente estatal tendrá la posibilidad de efectuar indagaciones en el exterior para verificar, según Ávalos, "la forma en la que el dinero de los bolivianos salió del país", si es que hubiera indicios de este ilícito.

Esta ley persigue no sólo erradicar la corrupción en el manejo de los recursos estatales, sino que apunta a eliminar el lavado de dinero y a los "palos blancos" en posesión de tierras y otros activos, de acuerdo con Ávalos.

Para ello, se ratificará la actual obligación de que las personas que efectúen depósitos bancarios superiores a los 10.000 dólares informen al Estado de la procedencia de estos recursos.

Los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado adecuan el proyecto a la Carta Magna.

El proyecto fue aprobado en 2007 por la Cámara de Diputados y, el año siguiente, los senadores le dieron su visto bueno en grande, pero fue archivado.

A sugerencia del Ministerio de Transparencia, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) mantendrá su actual estructura, pero se le agregó la responsabilidad de realizar actividades de "inteligencia patrimonial" para evitar el blanqueo de activos.

Ávalos explicó que "sin ir más lejos, a unos pocos kilómetros de Puerto Suárez, departamento de Santa Cruz, en la frontera con Brasil, hay ciudadanos del vecino país" que tienen grandes extensiones, pero como la Constitución prohíbe a los extranjeros tener tierras a menos de 50 kilómetros de los límites internacionales, ponen la propiedad a nombre de un boliviano que no tiene dinero para ser dueño de semejante extensión.

La investigación de fortunas permitirá establecer el patrimonio de los habitantes del país y, si se encontraren irregularidades o la posesión de bienes no justificada, se aplicarán sanciones.

El legislador aseguró que de esta manera se luchará en mejores condiciones contra el tráfico de drogas y la legitimación de ganancias obtenidas a través de acciones ilegales o delitos.

La disposición incorporará el control social amplio y libre en la tareas de averiguar el origen de fortunas, luchar contra la corrupción e impedir el enriquecimiento ilícito.

Creará jueces y tribunales anticorrupción dentro del Órgano Judicial
Se crearán dos categorías de delitos: los hechos de corrupción propiamente dichos y los actos vinculados a éstos. Estas figuras se incluirán tanto en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz como en el Código Penal. Constarán, además, las correspondientes sanciones.

El proyecto no incluirá los delitos definidos en la Ley de Aduanas y el Código Tributario, pues ya están legislados.

El oficialismo pretende que la Comisión de Constitución revise el documento hasta el lunes a mediodía y que por la tarde el pleno analice las conclusiones.

Después pasará a Diputados, que es la cámara de origen, para que sea sancionado y, de inmediato, promulgado por el presidente Evo Morales.

La intención del MAS es que el proceso concluya entre martes y miércoles, a objeto de que comience a ejecutarse lo antes posible.

El oficialismo desea promulgar la ley entre martes o miércoles.

Los banqueros aguardan
Pablo Bedoya, ex presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y ejecutivo del Banco Nacional de Bolivia, dijo que ese sector empresarial aguardará a conocer la futura ley para tomar una posición sobre la eliminación del secreto bancario.

Bedoya indicó que en la actualidad la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) tiene la potestad de solicitar información sobre cuentas bancarias de personas naturales o jurídicas indagadas o procesadas por hechos de corrupción, legitimación de ganancias ilícitas o lavado de dinero.

Los banqueros esperarán a que el proyecto de ley o la misma ley sean conocidos públicamente para que el equipo jurídico, el Directorio de la Asociación y los ejecutivos de las entidades financieras se reúnan para considerar el caso con detenimiento.

Al conocerse la posibilidad de que se levantaría el secreto bancario, hace diez días, el secretario ejecutivo de Asoban, Marcelo Montero, declaró que éste "protege a quien debe proteger, pero el delincuente, el que tiene sospechas, es sujeto a investigación abierta automáticamente", por lo que los bancos entregan esa información a los investigadores.

"En los hechos, esto no es una muralla china que no deja pasar a nadie, sino, por el contrario, no deja pasar a nadie".

Para destacar
Los funcionarios de los cuatro poderes del Estado estarán sujetos a la aplicación de la Ley anticorrupción.

Militares y policías también podrán ser procesados bajo los alcances de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

La aplicación de la norma se hará extensiva inclusive a los funcionarios del Defensor del Pueblo.

Se ejecutará la responsabilidad penal en los casos en los que se haya hallado responsabilidad civil o administrativa.

El Comando General de la Policía designará efectivos para trabajar en coordinación con los fiscales anticorrupción.

La información obtenida por la Unidad de Investigaciones Fiscales (UIF) tendrá carácter de prueba en los procesos.
06/02/10.-

– El presente material se publica en Rebanadas por gentileza de la Embajada de Bolivia en la República Argentina / Web

* Fuente: Rebanadas de Realidad – Buenos Aires, Argentina