Salud y Derechos Humanos: temáticas pendientes

La violencia es un continuo que va desde lo estructural, a lo interindividual pasando por lo simbólico y lo político.

En ésta última área,  la realidad histórica del Chile reciente es por todos conocida y por muchos también sufrida desde lo individual y lo familiar. El exilio, la tortura, la desaparición, la ejecución, la exoneración, o la  persecución política dejaron huellas imborrables en nuestra sociedad, las que unidas a cambios sociales que han reforzado la violencia estructural y simbólica, nos dejan un país marcado por lo violento, el cual ha aislado las secuelas de la represión política del pasado, como una realidad que no es bueno mirar, ni menos reflexionar, en cuanto es parte de un ayer que no se quiere recordar.

Hablar del hoy sin presenciar lo que el pasado nos dejó en nuestra cotidianeidad, es querer superar la historia, y sin duda, condenarse a perpetuarla. 

Tenemos la falsa imagen de que habiendo transcurrido 19 años, los efectos del trauma se acabaron o se diluyeron tanto en los individuos como en sus familias y en la sociedad misma.  Eso no es efectivo, el trauma que originó la represión, en muchos casos no está superado, y los recuerdos mismos de las torturas, las detenciones y las secuelas de la represión siguen mostrándose a diario, a pesar del tiempo transcurrido. 

Por otro lado, los efectos transgeneracionales del trauma siguen estando presente e impactando la vida de los familiares de quienes fueron, en la terminología técnica, los casos índices de la situación represiva. La disolución de las familias, el empobrecimiento vicario, las secuelas físicas y mentales o las alteraciones de la identidad misma, siguen presente en los innumerables afectados por la represión.

Hay casos como el de don Darío, cuyo nombre hemos cambiado en respeto de su anonimato, que fueron torturados atrozmente y sometidos a vejámenes sexuales por agentes de la DINA. Él aún no puede dormir tranquilo, por los gritos de sus compañeros de martirio y por el recuerdo de las atrocidades que vivió, las que son recordadas a diario cuando ve propio cuerpo, en su intimidad deformada.

Don Darío, jamás concurrió a declarar a la Comisión Valech porque el sólo hecho de recordar lo vivido era revivir su daño.

O el caso de don Rubén, nombre ficticio también, pero cruel realidad en su historia y demasiado cercano en su presencia. Él fue detenido en Septiembre del 73 por el principal carcelero del régimen, y llevado cuatro meses a un Campo Militar, dónde (Jamás lo reconoció directamente, por su propia dignidad) fue abusado sexualmente entre otras salvajes torturas. Su dolor, inconcebible dolor, lo acompañó de por vida hasta su muerte. Su familia, se desintegró. Uno de sus hijos, tenía 9 años, cuando fue tratado a culatazos por un militar.

O el caso de Gabriel,  quien tenía 5 años cuando su padre, obrero de una industria y militante de izquierda sin peso alguno. Fue exonerado y se sumió en la depresión y la pobreza. Frente a los ojos del niño se suicidó. Gabriel hasta el día de hoy recibe tratamiento psiquiátrico.

¿Son casos del ayer? ó ¿Alguien descaradamente puede decir que es el pasado que hay que olvidar?.

Los tecnócratas, administradores de la salud así lo repiten.

La Ley Nº  19980, fue un tibio y apurado intento de crear un sistema de reparación, asignado equipos de salud mental que realizaran en cada Servicio de Salud la labor y otorgando partidas presupuestarias adicionales al presupuesto de cada Servicio.

Sin embargo, ese intento no ha estado acompañado de la voluntad política de asumir la reparación en salud como lo que debe ser; es decir cómo una política de Estado, que  no sólo los que sufrieron merecen sino que el país mismo debe conceder, en honor de su propia moral y su dignidad.

La realidad es demasiado inconsistente: cargos que no se completan o se han traspasado a otros servicios, presupuestos que no se ejecutan y son destinados a paliar los déficit presupuestarios de la gestión general de salud, inserción del Programa de Reparación (PRAIS), como un apéndice menor y un programa más del Ministerio de Salud. La mayoría si no la totalidad de los equipos profesionales, está a contrata, muchos de ellos bajo la amenaza permanente de ser despedidos, lo que ya ha sucedido, si no acatan las directrices de sus propias jefaturas. 

Incluso se ha dado que en algunos Servicios, la autoridad, quien no quiere manifiestamente el Programa, ha designado jefaturas  de  derecha, que abiertamente han declarado su opinión de que el programa no debe existir y “no es tema”.

Eso nos deja de manifiesto el doble discurso del Estado, el que por un lado reconoce ese daño y la necesidad de repararlo, pero por otro, lo minimiza desde la práctica, no asignándole a la reparación el debido sitial en las políticas de Estado. 

Eso deja la reparación a merced de la interpretación y voluntad antojadiza de las jefaturas de turno, políticas todas y de confianza o cuoteo de la autoridad, las que no lo ven como un asunto prioritario, en un ambiente dominado por las innumerables necesidades de salud.

Es esencial, plantear la necesidad del surgimiento de un  Servicio especializado de Reparación, que sin menoscabo de los derechos otorgados en la salud general a los beneficiarios, se ocupe de la evaluación, tratamiento y rehabilitación de las personas que sufrieron la represión. No significa más costo ni más recursos, sino la sola gestión eficiente de los mismos, cumpliendo realmente  la finalidad para las que fue propuesto.

Eso debe acompañar el cumplimiento efectivo de otras medidas en otras áreas, las que debe ser tomadas sin calculadora para que sean capaces efectivamente de reparar los derechos humanos que el propio Estado violó.

A los economicistas, de siempre, preocupados de lo que ellos llaman gasto público los desafiamos a calcular cuanto gastó el Estado en reprimir en 17 años de Dictadura, y compararla con lo que ese mismo Estado ha gastado en reparar. 

¡Nos podríamos llevar una sorpresa!…
11/11/2009