En la Amazonía del Perú, un conflicto internacional

La batalla cerca de Bagua el 5 de junio del 2009 de la policía y el ejército peruanos contra los indígenas awajún (aguaruna) y wampis (huambisa) tiene ciertamente un origen internacional, como dice el presidente Alan García. Según él, la violencia del Estado es una respuesta necesaria a la conspiración extranjera de organizaciones ecologistas y de derechos humanos, junto con Hugo Chávez y Evo Morales. Alan García es un anti-ecologista ferviente que en un famoso artículo titulado "El Perro del Hortelano" dijo que los ecologistas son los comunistas de hoy.

El conflicto es internacional por las siguientes razones. El petróleo y el gas van a la exportación. La extensión de la frontera petrolera hasta los lugares más impropios se debe a que nos acercamos al pico del petróleo, debido al alto consumo mundial. En el Perú ha crecido mucho la extensión de la Amazonia concesionada a compañías petroleras en los últimos años. La búsqueda de petróleo llega a los últimos confines.

Se sacrifica pueblos y diversidad biológica a cambio de casi nada. La crueldad del comercio globalizado no tiene límites. Toda la producción de petróleo de Perú en un día (unos 140 mil barriles) supone una parte ínfima del consumo mundial (84 millones de barriles al día). Aunque llegara a doblar, la producción del Perú durante todo un año no daría ni para un día de consumo mundial. Hasta aquí llega la absurdidad. Además, la producción de petróleo en el Perú no aumenta apenas. Ha aumentado la producción de gas de Camisea (en la Amazonia central) pero eso no ha compensado el descenso continuo de la producción de petróleo desde 1980.

Alan García esta dispuesto a arrasar la Amazonia en busca del Dorado de los combustibles fósiles, una bonanza improbable y que bien corta sería. Eso tampoco es nuevo. La internacionalización de la agresión contra los pueblos indígenas de América empezó en 1492. Los llamados pueblos "jíbaros" en la Amazonia de Ecuador y de Perú, han resistido durante siglos. Ya en 1549 precisamente en Jaén y Santa María de Nieva, zonas vecinas al conflicto actual, combatieron a los españoles. Sufrieron mucho en la época del caucho, hace cien años. Se han estructurado en grupos étnicos con sus organizaciones y federaciones, como AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Su líder actual es Alberto Pizango. Está o estaba prevista su visita en octubre del 2009 a Barcelona invitado por la Universidad Autónoma (FAS), en busca de solidaridad internacional para conseguir que Repsol-YPF se retire del lote 39, un área que desde 2003 está en trámites para ser declarada reserva territorial a favor de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y no poner así en riesgo la salud y la vida de estas personas no-contactadas.

Las concesiones se ofrecen a empresas extranjeras, y la empresa estatal Perupetro solamente interviene en la negociación. Estas empresas extranjeras son por lo general de Estados Unidos, Canadá o Europa (Perenco, Repsol, Cepsa) aunque ahora llegan también empresas chinas. Estos son los Pizarros de hoy en día. No respetan los derechos indígenas ni temen irrumpir en zonas de indígenas no contactados, con las consecuencias de enfermedad y muerte que se conocen desde la Conquista. Más internacionalizado no puede estar el conflicto.

El conflicto actual viene de años atrás. La actividad petrolera en la Amazonía peruana empezó a principios de los 70s. Las poblaciones indígenas han luchado para su reconocimiento y el respeto de sus territorios ancestrales. A pesar de los logros que llevaron a que Perú ratificara en 1993 el Convenio 169 de la OIT y en 2007 la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (leyes peruanas que obligan al Estado a reconocer los derechos territoriales indígenas, así como la consulta previa, libre e informada de cualquier actividad que se quiera desarrollar en sus territorios), el gobierno de Alan García ha querido eliminar tales derechos mediante los decretos legislativos nº 994, 995, 1020, 1064, 1080, 1089 y 1090 (la conocida como la "Ley de la Selva") aprobados en 2008 por el poder ejecutivo gracias a las facultades legislativas que el Congreso le otorgó en virtud de la ley 29157, promulgada para favorecer la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU.

La negociación previa a la arremetida del gobierno
Estos decretos legislativos facilitan el camino para la venta de tierras y entrega de recursos amazónicos a las grandes empresas transnacionales, de acuerdo al TLC con EE.UU., firmado por el ex presidente Alejandro Toledo. Hace dos años y medio, el candidato García prometió retirar la firma del Perú de ese tratado; una vez elegido presidente, este señor se convirtió en el mejor aliado de EE.UU. junto con Uribe de Colombia, como un ejemplo maravilloso de la contradicción permanente entre el decir y el hacer. Como ha dicho el antropólogo Rodrigo Montoya, el presidente García está preocupado por la inversión capitalista de las multinacionales como único recurso para resolver el problema de la pobreza, y exige que los indígenas amazónicos, a quienes insulta llamándoles "perros del hortelano, que no comen ni dejan comer", usen sus tierras para producir capitalismo o las vendan o regalen, si no pueden. Se trata de siete decretos del Gobierno que abren sus territorios a la explotación exterior, no sólo de petróleo, gas y minerales sino de madera y de agrocombustibles. Se trata de una verdadera expropiación de derechos comunitarios tradicionales.

Las demandas indígenas, desde sus representantes legales de AIDESEP, se oyeron desde el primer momento y han recogido el apoyo tanto de la población local mestiza como de la Iglesia (pronunciamiento de los Obispos de la Amazonía ante el paro de los pueblos amazónicos, del 7 de mayo de 2009). Pensando que las mesas de diálogo y negociación dispuestas por el gobierno peruano eran realmente engaños, los indígenas aumentaron las protestas, decretando un paro pacífico desde abril del 2009. Los decretos legislativos 994 y 1090, fueron declarados inconstitucionales en mayo del 2009 por la comisión de Constitución, quien consideró que vulneran la Constitución dado que atentan contra los derechos de propiedad de las comunidades y desconocen el Convenio 169 de la OIT al impedir la consulta previa antes de la promulgación de leyes que les afectan. Pero el Congreso en pleno nunca debatió esos decretos de privatización de la Amazonia. Según Pizango, el presidente del Congreso, el aprista de Lambayeque Javier Velásquez Quesquén, es el mayor responsable.

Después de más de 50 días de protestas pacíficas y de diversas postergaciones del debate en el pleno del Congreso sobre la derogatoria de los decretos (la última el jueves 4 de junio de 2009), el gobierno ordenó desbloquear por la fuerza el bloqueo awajún y wampis. Más de 1500 indígenas awajún y wampis mantenían un bloqueo impidiendo el paso de vehículos en la carretera Fernando Belaunde Terry a 7 kilómetros del puente Corral Quemado, en el sector conocido como Curva del Diablo, en la frontera entre Cajamarca y Bagua (Departamento de Amazonas, al norte de la selva peruana). En apoyo a los pueblos indígenas, la Federación de Rondas Campesinas de Jaén bloqueaba la carretera Fernando Belaúnde en el cruce de Chamaya (a 20 Km de Jaén) exigiendo también la derogación los decretos legislativos que atentan contra la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales y su derecho a consulta previa. Mientas, en la ciudad de Jaén, el sindicato unitario de trabajadores de Educación y el Frente de Defensa marchó por las calles exigiendo la derogatoria y el cese de la persecución política.

El desalojo
En la madrugada del viernes día 5 de junio, la DINOES (cuerpo policial de elite) empezó a lanzar gases lacrimógenos desde helicópteros, mientras los indígenas mantenían sus posiciones armados con lanzas. Los disparos de la policía empezaron poco después, y al parecer los indígenas arrebataron armas a policías y se defendieron de las balas. Allí se dio el primer enfrentamiento grave con el primer saldo de muertos y heridos.

Luego, la población de Bagua (a 20 kilómetros), se enardeció por esa violencia y empezó a protestar contra las fuerzas del Estado. Eso derivó en la destrucción del local del partido aprista y algunas instituciones públicas. La policía mató a dos personas, entre ellos un periodista (apellidado Ticlla). Al enterarse de estos hechos, por la tarde del viernes 5 de junio los indígenas de la estación 6 de bombeo del Oleoducto Norperuano, de Petroperú (a tres horas por carretera, rumbo a Santa María de Nieva), decidieron tomar la estación y tomaron de rehenes a 38 policías y un ingeniero. El ejército rescató a 22 policías con vida. Murieron más de diez policías y muchos indígenas. Pero de las víctimas indígenas en la estación de bombeo 6 no se sabe nada por el cerco informativo en la zona.

El dirigente awajun Santiago Manuin Varela, quien inicialmente había sido dado por muerto, fue herido y hospitalizado en el hospital Las Mercedes (Chiclayo). Este líder, reconocido internacionalmente por defender los derechos de los awajún, lo que lo hizo merecedor del premio Reina Sofía, responsabilizó directamente al Gobierno de la masacre en la selva y señaló que el Ejecutivo no había mostrado ningún interés por dar solución a sus reclamos y los habría estado engañando todo este tiempo. En tanto, Segundo Valera, primo de Manuin, dijo al diario 'La República' del Perú, que la Policía Nacional parece haber estado en todo momento autorizada para usar sus armas de fuego contra los nativos.

Marijke Deleu y Thomas Quirynen, dos voluntarios de la ONG belga CATAPA fueron testimonios de la brutalidad policial con estremecedoras fotografías que rápidamente se hicieron públicas en la web. También acusaban a la policía de estar llevándose los cuerpos para reducir el número de víctimas indígenas. La ONG Amazon Watch, con sede en EE.UU. quien tiene personal en la zona, ha denunciado que existen numerosos testigos oculares que confirmaron que fuerzas especiales de la Policía se deshicieron de los cadáveres arrojándolos al río Marañón, incluso desde helicópteros, y en otros casos los quemaron para impedir su identificación. Hubo también violentas detenciones de indígenas heridos en hospitales de Bagua. No hay datos oficiales fiables de los muertos indígenas.

Mientras, el presidente del consejo de ministros, Yehude Simon y el gobierno acusaron de sedición, rebelión y de ser el autor intelectual de las muertes de los policías al presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, representante reconocido por las organizaciones indígenas amazónicas. El gobierno hablaba de golpe de Estado y Alan García de conspiración internacional y de adiestramiento militar externo. ¿Se olvida el gobierno que entre los llamados héroes del Cenepa, indígenas veteranos de las batallas en la frontera del Ecuador en la breve guerra del 1995, se cuentan muchos indígenas, algunos de ellos presentes en los bloqueos de carreteras?

Alberto Pizango ha sido un interlocutor aceptado hasta hace pocos días. En septiembre del 2008, el gobierno a través del ministro del Medio Ambiente, que ha gozado de buena reputación hasta ahora, Antonio Brack Egg, conversaba con la AIDESEP y su presidente Alberto Pizango, con la intención de crear una Comisión Multisectorial formada por las carteras de Salud, Educación, Ambiente, Agricultura y Energía, y para revisar los decretos. En mayo del 2009, Pizango se reunió varias veces con el primer ministro Simón en la oficina de éste, en tono conciliador. En algún momento, el gobierno decidió atacar y disolver el bloqueo en la carretera de Bagua, como Pizango advirtió públicamente en los primeros días de junio que iba a suceder. El propio día 5 de junio, Pizango, en Lima, a mediodía, con gran presencia de ánimo dio una conferencia de prensa de diez minutos (inmediatamente colgada en You Tube) denunciando al gobierno por haber iniciado la violencia en la Amazonia esa misma madrugada, y luego salió eludiendo a policías que buscaban ya detenerle. Se anunció al cabo de dos días que había pedido asilo político en la embajada de Nicaragua. En Lima, que un personaje político se asile en una embajada lleva directamente al recuerdo de la estancia a partir de 1949 del fundador del APRA, Haya de la Torre, en la embajada de Colombia durante seis años para escapar la persecución del dictador general Odria, lo que se convirtió en una causa célebre.

El APRA, el partido de Alan García, nunca hablaba de Hispanomérica, América latina o Iberoamérica en los años 1930, sino que su fundador Haya de la Torre tuvo a orgullo introducir el término "Indoamérica". Para Alan García, los Incas del Cuzco, muertos hace mucho tiempo, están tal vez en la raíz de la nación. ¿Pero donde están los actuales indígenas serranos pobres y peor todavía, dónde están los indígenas selváticos, cuyos representantes han sido repetidamente tratados de no-peruanos por el Presidente al oponer los intereses del Perú a los intereses de los habitantes de la Amazonía?

Alan García no duda en señalar a los indígenas de terroristas y de simpatizantes de Sendero Luminoso. La historia es muy distinta. Sendero Luminoso atacó a los indígenas de la selva. Luego del asesinato de Alejandro Calderón en 1989, líder ashaninka que presidía la ANAP, federación del Pichis afiliada a AIDESEP, los indígenas organizaron lo que bautizaron como el "ejército ashaninka", que en una semana hizo desaparecer al MRTA de su zona y después a Sendero Luminoso de Satipo y Pangoa. Esta contribución no ha sido reconocida a los ashaninkas, ni para agradecerles públicamente, ni para restituirles sus tierras que abandonaron cuando reinaba la violencia.

Para Alan García, ésta no es la primera masacre. Inmediatamente, en la memoria histórica del pueblo peruano ha surgido el doloroso recuerdo de la "Matanza de los Penales". El Perú salió de la atroz década de la guerra de Sendero Luminoso (del 1980 al 1992) con unos 70,000 muertos, pero con cierta dignidad democrática al haberse constituido años después y llegado a término la investigación completa de la Comisión de la Verdad. Se han celebrado también juicios no solo contra los líderes de Sendero Luminoso sino también contra el ex-presidente Fujimori, por las matanzas de escuadrones de la muerte organizadas desde el Estado. Sin embargo no hubo juicio por la Matanza de los Penales sucedida en la primera presidencia de Alan García, quien había asumido el cargo en el 1985. Centenares de presos amotinados en las cárceles de Lurigancho y El Frontón fueron eliminados por las fuerzas del Estado, se supone que eso fue siguiendo sus órdenes.

Una vez más, "mecidos" y baleados
Tras los sucesos de Bagua el 5 de junio del 2009, en que los indígenas claramente no se dejaron dispersar pacíficamente y respondieron violentamente contra los disparos de la policía, hay una enorme disparidad informativa en lo que se refiere a los muertos. Los policías muertos están bien contados, veinticuatro. Los indígenas muertos, heridos, desaparecidos, no están bien contados. Sus dirigentes están heridos de bala o perseguidos. Los periodistas que están en la zona no parecen ser capaces de establecer una cifra de muertos. Es la hora, en una democracia, de que el poder judicial actúe con independencia. Es bien probable, tal como ocurren tales cosas, que si en las fuerzas estatales de orden hay más de veinte muertos, haya habido mucho más entre los indígenas. Algunos, como se pudo ver en un canal televisivo de Lima la noche del 8 de junio, están siendo enterrados en sus comunidades sin ser incluidos en las cifras oficiales ni la prensa.

Hace menos de un año, se pronosticaba por la CEPAL con un optimismo muy exagerado que la economía de Perú batiría récords en América latina y crecería un 7 por ciento en el 2009. La inversión extranjera, precisamente en los rubros de exportación de recursos naturales, sería uno de los motores de ese crecimiento. Pero a partir de agosto del 2008 el mundo ha visto como el precio de las materias primas bajaba un 50 por ciento, hasta marzo del 2009. Por tanto, se anuncia en mayo del 2009 (antes ya de los sucesos de Bagua) que la economía peruana entraba en decrecimiento, aumentando el desempleo. La popularidad del presidente Alan García, que ya era baja, lleva camino de bajar más. Estos fracasos pueden anunciar más autoritarismo y desprecio de los derechos humanos. La estrategia de la inversión extranjera y la exportación de recursos naturales se ve ahora, en Perú y en toda América latina, como nuevamente un error. Y esa es la estrategia que Alan García ha predicado con prepotencia.

El desenlace de la matanza de Bagua está por ver. Los indígenas amazónicos, que se habían comportado pacíficamente, reaccionaron a la agresión en la Curva del Diablo. Las posiciones se han agudizado. Pizango, que era un interlocutor posible, está en vías de exiliarse por lo menos algún tiempo. Alan García puede pensar que un cambio de ministros (al menos una ministra ha dimitido ya, avergonzada), la vía dura y la apelación al racismo popular tan extendido en el Perú le llevará a un triunfo en los dos años que le quedan en la presidencia. Pero la oposición política y social no ha salido vencida de los tristes sucesos del 5 de junio. Al contrario. Ojalá esos tristes hechos sirvan para un cambio de rumbo que frene la explotación de la Amazonía y sus habitantes, no sólo en Perú sino también en los países aledaños. La petición de los ecologistas ecuatorianos de dejar el petróleo en tierra en el Yasuní ITT (que linda con territorio peruano y con pozos de la Repsol) parece ahora más sensata que nunca antes.

Escribía Rodrigo Montoya (antropólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima) hace casi un año, en agosto del 2008: "Los pueblos indígenas pidieron y exigieron un diálogo, con fuerza y firmeza, pero sin violencia. El gobierno envió al ministro Antonio Brack para enterarse de lo que quieren y resolver algunos temas seguramente menores. Cuando el Sr. García y los funcionarios del capital pensaron y redactaron los decretos legislativos no invitaron a diálogo alguno y los pueblos interesados no tuvieron ni siquiera la posibilidad de enterarse de lo que les esperaba. Los dirigentes indígenas suspendieron el diálogo pidiendo que vaya una comisión con capacidad de decisión y no ser "mecidos"; es decir, engañados. El gobierno responde suspendiendo las garantías constitucionales; en dos palabras, apelando a la violencia. ¿Diálogo? En esas condiciones no será posible. ¿Hasta cuándo? Los indígenas ya no podrán ni reunirse ni hacer manifestaciones. La policía y, tal vez, el ejército después, podrán disparar y si matan no podrán ser enjuiciados por que tienen libertad para matar gracias a otra disposición del propio Alan García. Algunos meses atrás, él les dijo a sus soldados y policías "tiren y piensen después". De ese modo, no hay que ser adivinos para suponer que podríamos ver más violencia y muertes debidamente anunciadas." (18 de Agosto de 2008 con el título "Solidaridad con el movimiento indígena amazónico" en ALAI, Agencia Latinoamericana de Información).
14/06/09

– Joan Martínez Alier y Martí Orta son Investigadores del ICTA, Universitat Autónoma de Barcelona.

* Fuente: Sin Permiso