¡No hay salud!

La salud es el bien más preciado de un ser humano; es el primero y más importante de los derechos humanos. El desorden, la desidia, la irresponsabilidad de los directores regionales de hospitales implicados en diversas anomalías constituye un grave atropello a la salud pública. Como siempre, terminarán pagando los funcionarios de rango inferior, y la Ministra,  subsecretaria y el coordinador de redes asistenciales intentarán salir incólumes, achacando la culpa a chivos expiatorios. Este es un círculo vicioso de los funcionarios cuoteados de la Concertación que es preciso romper, de una vez por todas, so pena de premiar la inercia, ineptitud e irresponsabilidad.

Es evidente que en cualquier organismo público debe responder el jefe, en este caso la Ministra de Salud, como en el atropello reiterado a los derechos humanos debiera haber respondido Augusto Pinochet y no sólo sus subordinados. En Estupidilandia todo es al revés: en cada escándalo paga un empleado secundario, que apenas gana para vivir, y los grandes duques de esta combinación desmoralizada – la Concertación- siguen tan campantes como si no hubieran metido la pata.

Es increíble la soberbia de quienes dirigen el Ministerio de Salud: ni siquiera reconocen su responsabilidad que, en el caso del sida, hay consecuencias mortales para la familia, y aún se ignora el número de personas infectadas por el sida, lo que constituye un problema de salud pública con consecuencias insospechadas. Una catástrofe financiera puede pasar, pero una sanitaria pone nada más y nada menos que en peligro la población.

No se comprende cómo la presidenta Michelle Bachelet no ha pedido la renuncia a la ministra María Soledad Barría cuando cuenta con el rechazo de los parlamentarios médicos de los partidos de gobierno. ¿Es simplemente porfía? ¿Quiere colocarla en el mismo papelón de la ministra Yasna Provoste?

La pésima gestión del Ministerio de Salud ha dado lugar a colapsos sucesivos en Urgencias, en muchos hospitales de la zona metropolitana y de provincia – la última fue la de El Salvador –los enfermos son atendidos en camillas, en los pasadizos y otros deben esperar en las ambulancias; muchos médicos están renunciando, pues no pueden trabajar en el caos, dada la negligencia e incapacidad para gestionar de quienes dirigen el Ministerio y, por ende, los servicios hospitalarios regionales. Además, es tal el desorden administrativos  que en algunos hospitales cambian las guaguas y, en otros, nacen en el baño. Todos estos acontecimientos indignan a cualquier persona que tenga sensibilidad humana y los pobres no deben ser tratados como ganado.

El repugnante Chile del mercado, alimentado por la Concertación nos ha llevado, en dieciocho años, a una salud para ricos y otra para pobres; si tiene plata, puede sobrevivir en este páramo, pero si se es pobre, tiene que estar a merced de administraciones incompetentes.

En un régimen cesarista como el que nos legó la Constitución de Pinochet, reencauchada por el presidente Ricardo Lagos, el Parlamento no tiene ninguna facultad, salvo la acusación constitucional, para llevar controlar la responsabilidad política de la Ministra. Me parece que las acusaciones constitucionales constituyen el verdadero cuello de botella del cesarismo, pues además de destituir al ministro en cuestión si hay mayoría en ambas Cámaras, como es el caso en la actualidad – la Alianza, más los Independientes tienen mayoría en la Cámara y el Senado- también tiene consecuencias graves, como la prohibición, por cinco años, de ejercer cualquier cargo público.

Con razón, la ex ministra Yasna Provoste, que al parecer le gusta bastante la exposición pública, reclamó a los Tribunales Internacionales de derechos humanos, contra el Estado de Chile, pues se siente vulnerada en su derecho al trabajo en cargos públicos; es muy posible que triunfe en tan justa causa, que escandaliza a los  fariseos de la derecha política. Lo más adecuado es presentar la renuncia al cargo y evitarse el bochorno.

Dejémonos de hipocresías: la acusación constitucional no tiene nada de jurídico, el Senado no ha sido nunca un jurado, sino una Cámara revisora política; las justificaciones leguleyas de los padres conscriptos, para votar en una forma u otra la acusación, son juegos dignas de los levitas.

En toda nuestra historia, cada vez que el presidente de la república pierde mayoría en ambas Cámaras, las acusaciones constitucionales a los ministros han sido una forma de demostrar que la mayoría parlamentaria no está confirme con el gabinete formado por el presidente de la república. Así ocurrió con el ministro del Interior de Pedro Aguirre Cerda, con varios secretarios de Estado de Carlos Ibáñez, y se convirtió en hábito durante el gobierno de Salvador Allende. 

Si yo fuera parlamentario de la Concertación votaría a favor de la acusación, pero me hace pensar que esta institución es bastante absurda, sobretodo como se practica en el cesarismo – una mala copia de la Constitución presidencial norteamericana-. Sospecho que la derecha, cada día más embarcada en la estúpida estrategia del “desalojo”, haga uso de la venganza contra la ministra de Salud, a causa de la difusión de los métodos de prevención, como el condón, la educación sexual, la píldora del día después, y otros.

Sectores de la derecha y algunos beatos demócrata cristianos, por ejemplo, Patricio Walter, son verdaderamente trogloditas: su ideología se ubica en el siglo XIX, en el Syllabus, defendiendo posiciones de una iglesia que quiere crucificar a Cristo en la zona púbica.

Esta nueva acusación constitucional replantea la necesidad de poner fin, de una vez por todas, a la Constitución monárquica-borbónica-cesarista, y llamar a una Constituyente para formular una Carta Magna que garantice la democracia participativa, un régimen semi presidencial, con revocación de mandatos de elección popular e iniciativa ciudadana de ley.
23/10/08