Guerrero: Donde se castiga la pobreza y se criminaliza la protesta

Hoy que nuestras voces se encontraron en el 14° aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, reconocimos que nuestro sufrimiento tiene un mismo origen que se remonta a la colonización española, que quiso de un tajo arrancar nuestras raíces. Las políticas etnocidas y la extirpación de idolatrías se empeñaron en sepultar nuestras lenguas y nuestra cultura para apoderarse de lo que siempre han querido los gobiernos, de explotar nuestros territorios y toda la riqueza biótica que hemos sabido conservar de manera responsable.

Compartimos una historia de ignominia y en lugar de que nuestras lenguas, nuestros pensamientos, nuestras formas de vida comunitaria y nuestros valores relacionados con una democracia participativa fueran incorporados al patrimonio nacional y de la misma humanidad, los gobiernos se han casado con el libre mercado para prostituir nuestras civilizaciones mesoamericanas. Como pueblos indígenas y campesinos nunca nos hemos propuesto destruir otras culturas o hacerle la guerra a otros pueblos, tampoco nos obsesionamos por conquistarlos e imponerles otros nombres y otros gobiernos, no tenemos el mínimo interés de convertir a nuestras creencias a otras poblaciones ni montarnos en el poder para lucrar con la riqueza de todos.

Esta actitud respetuosa hacia los otros, la sociedad dominante y sus gobiernos criollos la han entendido como ingenuidad, debilidad y falta de raciocinio. Nos catalogan como menores de edad y siguen queriéndonos transar nuestro oro por espejitos, utilizando las leyes del dominador para someternos, coptarnos y hacernos sentir privilegiados de los gobiernos despóticos y caciquiles. Nuestra memoria colectiva, es el resplandor que sigue dándonos luces para no claudicar y no perder el camino de la dignidad y de nuestra identidad como pueblos diferenciados portadores de una gran civilización.

La destrucción de nuestra civilización como hijas e hijos del maíz, se expresa ahora con la imposición de políticas y programas que nos denigran, nos dividen y nos tratan como objetos de asistencia social. Cuando nos organizamos y asumimos una conciencia de pueblo con plenos derechos y ejercemos nuestras libertades, los gobiernos de manera racista y discriminatoria emprenden una embestida desproporcionada contra nuestras luchas que se centran en la exigencia de nuestros derechos básicos. Luchamos contra el hambre, contra el analfabetismo, contra las enfermedades, contra la pobreza, contra la injusticia, contra las leyes que nos oprimen y contra los malos gobiernos que nos reprimen.

Nos hemos visto obligados a recuperar nuestra palabra para colocarla en las plazas públicas y no nos hemos conformado únicamente con circular por las calles como seres sumisos, resignados a cargar con nuestras miserias. Ante los espacios cerrados y la falta de canales de diálogo, las calles son ahora nuestros espacios para expresarnos como pueblos, como sujetos con derecho, para reclamar a los gobiernos esa actitud insolente, soberbia y llena de desprecio y obligarlos a que cumplan con sus responsabilidad constitucionales y compromisos internacionales en el campo de los derechos humanos.

Hemos constatado que a mayor organización de nuestro pueblo, se da una mayor persecución, en cuanto crece más nuestra capacidad para poder reconstruir nuestra historia y nuestras utopías, más se fortalece los aparatos represivos del Estado. Los gobiernos prefieren invertir más en tecnología y equipo militar como una estrategia de guerra preventiva en lugar de hacer un frente con los más pobres para combatir desde la raíz las causas de la miseria. Con el escalamiento del conflicto social, el gobierno nos quiere poner contra la pared, ha cercado a nuestros pueblos con más policías, se ha querido apropiar de nuestros territorios, y las cúpulas partidistas se han aliado para imponer leyes que buscan despojarnos de nuestros derechos y de nuestro patrimonio.

Los conflictos sociales que cada año se multiplican en nuestro estado, el gobierno del estado ha encontrado una forma fácil e irresponsable de postergar la solución de estos problemas y colocarlos en el campo penal, judicializa los conflictos para poder ubicar a nuestros luchadores sociales como delincuentes y lucradores sociales.

Tenemos que levantar más la voz para decir que la protesta social, es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos y es el que nos permite ejercer nuestras libertades y los demás derechos fundamentales. Denunciar que las leyes son injustas para el pueblo empobrecido y que la forma de atender las demandas de la sociedad está conjugada con una guerra de baja intensidad que busca el control político de los pueblos para hacer invisible la impunidad y la corrupción de un sistema que quiere arrancar la esperanza de un nuevo modo de vivir en el sueño de la justicia.

El gobierno, al judicializar los conflictos y llevarlos a una lucha legal, le apuesta a un pleito largo y desgastante con los pueblos y prefiere dejar en las agencias de los ministerios públicos un problema que tiene un origen social; el nuevo gobierno prefiere tener a los luchadores sociales en las cárceles porque le apuesta a la desmovilización y fragmentación de los pueblos pensando en que puede también encerrar los deseos de justicia y los sueños de libertad.

A pesar de que existen más de 200 denuncias en los ministerios públicos contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Guerrero, se han multiplicado los movimientos de resistencia que de manera creativa han reinventado formas de lucha para conquistar los espacios civiles que han sido privatizados por un gobierno gerencial de corte policíaco. Las estadísticas de la represión nos hablan de un gobierno poco dialogante, autoritario e incapaz de dar respuestas a las demandas sociales. Lo policíaco ha suplantado a la política y las cárceles se han transformado en los nuevos recintos de la negociación política a través de un proceso penal.

Los casos del Consejo Ciudadano de Chilapa y los egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa, son una muestra de esta criminalizació n de la protesta. La persecución y encarcelamiento contra los miembros de la radio Ñomndaa, del Consejo del pueblo Bátháá, de la Policía Comunitaria, de los líderes del Cecop y la persecución encarnizada contra la OPIM de Ayutla, nos muestran un escenario adverso que nos anuncia un ambiente de confrontación política donde las autoridades hacen el triste papel de resguardar los intereses del gran capital y guardar en la cárcel a los que trabajan por la justicia para todos.

En esta declaración los pueblos y organizaciones aquí reunidos, reivindicamos ante la opinión pública el derecho inalienable a protestar contra las injusticias y los abusos del poder, demandamos:

• El cese de la criminalizació n de la lucha social.
• Un alto a la militarizació n en las regiones indígenas.
• Castigo a las autoridades militares y civiles que han cometido graves violaciones a derechos humanos.
• Demandamos la libertad inmediata de los 5 compañeros de El Camalote que están presos en la cárcel de Ayutla, quienes son victimas de una campaña de desprestigio y criminalizació n de su lucha independiente.
• Emplazamos al gobierno del estado para que dé cumplimiento cabal a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor de los 14 indígenas me´phaa de El Camalote que fueron esterilizados de manera forzada.
• Cumplimiento a las recomendaciones emitidas por los relatores de Naciones Unidas y de las comisiones públicas de derechos humanos.
• Respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas, reconocimiento y apoyo al Sistema de Justicia y Seguridad Comunitaria implementada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
• Respeto a la decisión de los pueblos campesinos de La Parota que votaron en contra del proyecto de la presa hidroeléctrica, a través de sus usos y costumbres que son reconocidos por la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
• Un cese a la persecución y encarcelamiento de Cándido Félix Santiago, líder moral del Consejo de pueblo Bátháá.
• Respeto al proyecto de la radio comunitaria Ñomndaa de Xochistlahuaca y un alto a la persecución de sus fundadores.
• Exigimos respeto a las demandas legítimas de los estudiantes y egresados de la normal rural de Ayotzinapa que enfrentan la imposición de políticas privatizadoras y la amenaza de cancelar el proyecto de educación popular implementada desde su fundación. Asimismo exigimos a los gobiernos federal y estatal que deje de judicializar la demanda legítima de los estudiantes que aspiran a obtener una plaza como maestros.
• Demandamos el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra los indígenas nauas del Consejo Ciudadano de Chilapa y el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares.

Desde estas montañas nos unimos a la campaña de la Red Nacional de Organismo Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, relacionada con el derecho a la protesta, como el derecho fundamental que nos garantizan el ejercicio de los demás derechos

La Montaña florecerá cuando la justicia habite entre los me´phaa, na savi, nauas, amuzgos y mestizos.

ATENTAMENTE

Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (Cecop),

Consejo para el Desarrollo del Pueblo Indígena Me´phaa de la variante
lingüística Bátháá.

Consejo Ciudadano de Chilapa

Asamblea General de Ejidatarios de Carrizalillo

Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM)

Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco

Unión de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán

Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias

Cooperativa Kimi Taxa

Colectivo Torito A.C

Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña

Radio Comunitaria Ñomndaa de Xochistlahuaca

Programa de Aprovechamiento Integral de los Recursos (PAIR)

Movimiento de Campesinos Indígenas de la Montaña

Movimiento de resistencia civil de Tlapa

Instituto Guerrerense de Derechos Humanos

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

* Fuente: Boletín Mariátegui