Un editorial del New York Times que dice mucho

El liberal New York Times publicó hace unos días un durísimo editorial sobre los gobiernos del presidente Bush.
[Nota de la Redacción de piensaChile: El texto completo de este editorial puede ser leído al final de este comentario, en idioma castellano.]

Lo acusa nada menos que de violar las libertades civiles y los derechos humanos, de torcer y desvirtuar el estado de derecho, de desconocer los tratados internacionales y las Convenciones de Ginebra y de hacer tabla rasa con principios morales occidentales básicos.

Lo critica duramente por haber aprobado severísimos y bárbaros métodos de interrogatorio de prisioneros e insiste en que, según los informes publicados por ABC News y la Associated Press, en la elaboración de esos métodos inhumanos participaron los funcionarios de más alto nivel de su gobierno, desde el ex ministro de relaciones exteriores, Colin Powell, hasta la risueña Condoleezza Rice y el nefasto vicepresidente, Dick Cheney.

Censura la probada inutilidad de la tortura como método de recabamiento de informaciones y la ineptitud y falta de constancia de las agencias de inteligencia, que todavía no son capaces de dar caza a Osama bin Laden ni fueron capaces de prever las secuelas de la invasión de Iraq.

Censura igualmente en duros términos el hecho de que, contrariamente a lo que el gobierno afirmó entonces, el presidente Bush supo desde el principio que Iraq no poseía armas de destrucción masiva.

No es nada que no supiéramos ni nada tampoco que el NewYork Times y otros periódicos no supieran. Pero es una manera de recordar y ordenar los cargos con que se juzgará en el futuro al gobierno de Bush.

El gobierno de Bush es ciertamente una de las mayores desgracias políticas que ha sufrido Estados Unidos después de la Guerra de Vietnam. El presidente Bush ha incluso echado por tierra la propia Constitución norteamericana, que pasaba antes como un ejemplo de una carta magna democrática, al eliminar el principio de igualdad ante la ley.

Ha instalado tribunales secretos, exentos de todo tipo de control, y ha creado una nueva categoría de personas que pueden ser encarceladas indefinidamente sin presentación de cargos, sin informar a sus familiares y negándoles el derecho a la defensa y a la impugnación de los cargos -en realidad, ni siquiera pueden enterarse de los cargos de que se les acusa. Y, entretanto, autoriza la aplicación de espantosas torturas a los reclusos.

Se indigna el editorialista al recordar que lejos de ser decisiones tomadas por subalternos, los métodos de tortura fueron ideados y definidos por los funcionarios de más alto nivel del gobierno de Bush.

Hace siempre bien leer estas críticas de hechos conocidos ampliamente desde hace ya algunos años en la propia prensa norteamericana y en las páginas del diario más prestigioso del hemisferio occidental.

Contrasta con el servilismo de la prensa chilena, que no ha hablado nunca con la claridad del New York Times.

En Chile, en realidad, estas críticas suelen provenir del ámbito de la reducida prensa (de papel y sobre todo online) de la izquierda extraparlamentaria.

Lejos de reprochar al gobierno norteamericano el terrible daño que ha causado al derecho internacional y al estado de derecho en su propio país, la prensa chilena en general y el gobierno chileno en particular han mostrado una actitud de tal servilismo que raya en el absurdo.

Prueba de ello es la iniciativa anunciada por la presidenta Bachelet el año pasado de que Chile y Estados Unidos iniciarán campañas de fomento de la democracia en el mundo -una decisión tan incoherente que fue en gran parte simplemente ignorada por la prensa.

Las dos últimas elecciones en Estados Unidos han sido fraudulentas a vista y paciencia de todo el mundo. El planeta ha guardado un vergonzoso silencio sólo porque los perjudicados -los demócratas- decidieron callarse la boca, guiados por la creencia de que no era conveniente insistir demasiado en la invalidez de los resultados de las elecciones en momentos en que el país atravesaba una grave crisis de seguridad nacional bajo la forma de la amenaza del terrorismo islámico.

Pero Estados Unidos dejó hace tiempo de ser un país que se pueda clasificar sin más como democrático.

Tampoco es Chile como país democrático. Un país donde en las elecciones parlamentarias el voto del ciudadano equivale a medio voto y donde la mitad de los legisladores no son propiamente elegidos, no puede llamarse democracia sin más.

No se entiende, pues, cómo estos dos países podrían dar lecciones de democracia a nadie.

Todo lo contrario, ambos necesitan cada día con mayor urgencia deshacer los intentos de subversión de la democracia emprendidos, allá, por el presidente Bush, y acá por sucesivos gobiernos concertacionistas en su intento por gobernar con una Constitución que consagra la infamia de la dictadura de Pinochet y el poder –no sancionado en las urnas- de sus partidarios.

Mientras gobierne Bush allá, no se podrá decir que Estados Unidos es una democracia cabal. Y mientras se rija Chile por una Constitución pinochetista, no se podrá decir nunca que ha habido una transición hacia la democracia.

[mérici] 

Versión original en inglés: The New York Times 

Versión en castellano:

Las sesiones de tortura
Desde que los estadounidenses se enteraran de que soldados y agentes de inteligencia norteamericanos estaban torturando a prisioneros, ha surgido una inquietante pregunta: ¿Cuán arriba llegó la decisión de ignorar las leyes de Estados Unidos, los tratados internacionales, las Convenciones de Ginebra y principios morales elementales?
La respuesta, según nos hemos enterado hace poco, es que -con el pleno conocimiento y aprobación del presidente Bush- algunos de los funcionarios de más alto rango del país no sólo aprobaron la aplicación de torturas a prisioneros, sino además participaron en la detallada planificación de duros métodos de interrogatorio y contribuyeron a crear una estructura jurídica que protegiera de la justicia a los que obedecieran las órdenes.

Desde hace tiempo que sabemos que el ministerio de Justicia torció las leyes para dar su orwelliana bendición a la tortura de personas, y que el ministro de Defensa, Donald Rumsfeld aprobó toda una lista de técnicas para torturar a prisioneros. Pero informes recientes de ABC News y de la Associated Press dicen que todos los principales asesores de seguridad nacional del presidente en la época participaron en la creación de los métodos de interrogatorio: el vicepresidente Dick Cheney; Rumsfeld; Condoleezza Rice, entonces asesora de seguridad nacional; Colin Powell, el ministro de relaciones exteriores; John Ashcroft, el fiscal general [ministro de Justicia]; y George Tenet, director de la central de inteligencia.

Estos funcionarios no tuvieron el tiempo ni la previsión para planificar las secuelas de la invasión de Iraq ni la tenacidad para llevar a buen término la cacería de Osama bin Laden. Pero se las arreglaron para celebrar decenas de reuniones en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para organizar y dar cobertura jurídica a la tortura de prisioneros, incluyendo bestiales métodos que son considerados como tortura por las naciones civilizadas.

Bush dijo a ABC News este mes que él estaba enterado de esas reuniones y había aprobado sus conclusiones.

Los que han seguido la historia de las políticas del gobierno sobre los prisioneros no se asombrarán. Hemos leído los memorandum del ministerio de Justicia redefiniendo la tortura, afirmando que Bush no estaba obligado a acatar las leyes y ofreciendo una estrategia sobre cómo evitar responsabilidades criminales por las torturas infligidas a prisioneros.

La cantidad de tiempo y energía dedicados a estas prácticas ilegales en los más altos niveles del gobierno nos recuerda lo poco que, de hecho, sabemos los estadounidenses sobre los modos en que Bush y su equipo han minado, subvertido y quebrantado la ley en nombre del modo de vida americano.

En particular tenemos preguntas que hacer sobre la participación de Rice, que ha logrado evitar que se la acuse de las catastróficas decisiones tomadas en la época en que era asesora de seguridad nacional de Bush, y de Powell, un oficial de carrera del ejército que debería haber sabido que la tortura no tiene gran valor como método de recabamiento de informaciones y que puso así en mayor peligro a los soldados estadounidenses capturados. ¿Hizo objeciones o advirtió sobre los desastrosos efectos que tendría sobre el prestigio de Estados Unidos en el mundo? ¿Lo hizo alguien?
Bush ha eludido o anulado todo intento de revelar el alcance y profundidad de sus sórdidas acciones. El probable que el Congreso endorse el encubrimiento del alcance de las interceptaciones ilegales que autorizó después del 11 de septiembre de 2001, y todavía estamos esperando, cada día con menos esperanzas, el prometido informe sobre lo que el equipo de Bush sabía realmente antes de la invasión de Iraq sobre la ausencia de armas de destrucción masiva -lo contrario de lo que proclamaba.

En este momento parece que para obtener respuestas tendremos que seguir esperando al menos hasta la formación de un nuevo Congreso y un nuevo presidente. Sería ideal que la verdad y la rendición de cuentas coexistieran. Pero lo menos que necesita la opinión pública es conocer toda la verdad.

Alguien llamará a esto una distracción retrospectiva, pero solamente una comprensión completa de lo que ha hecho Bush durante los últimos ocho años para torcer el estado de derecho y violar las libertades civiles y los derechos humanos puede dar a Estados Unidos la esperanza de reparar los daños y tomar medidas para que no vuelva a ocurrir.
21 de abril de 2008
©new york times

Traducción al castellano de mQh.