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07 Feb 2023

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La convergencia de la Concertación con el pensamiento económico de la derecha 

por Felipe Portales (Chile)

15 años atrás 9 min lectura

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Acto  inaugural Centro  de  Estudios  de  la  Memoria y  los  Derechos  Humanos
Universidad  Academia  de  Humanismo  Cristiano

Intervención  de  Felipe  Portales
Constituye para mí un honor participar de comentarista en este acto inaugural del Centro de Estudios de la Memoria y los Derechos Humanos (CEMDH) de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, iniciativa promovida por un grupo de académicos y profesionales coordinados por el profesor Elías Padilla y que ha contado con la entusiasta acogida del rector de esta universidad, don Juan Ruz.

La notable conferencia del distinguido académico argentino, Juan Carlos Marín, nos permite adentrarnos en el terrible y, a la vez, esperanzador ámbito que fundamenta la creación de este Centro. En efecto, el terrorismo de Estado aplicado sistemáticamente por las dictaduras latinoamericanas inspiradas en la mal llamada doctrina de la seguridad nacional han provocado un efecto análogo al nazismo y stalinismo europeo. Esto es, un sentimiento de repulsión frente a la barbarie y una convicción de que es imperativo generar las condiciones sociales, políticas y morales para que nunca más se repitan atrocidades como las sufridas por nuestros pueblos entre las décadas del 60 y 80.

Quisiera complementar esta conferencia con algunas reflexiones que surgen a la luz de la específica experiencia chilena. Así, en nuestro país la atrofia de la memoria histórica sobre las violaciones de derechos humanos es de una gravedad tal, que vivimos –sin darnos cuenta- en una sociedad completamente desmoralizada y disociada. Esto nos conduce a situaciones que desafían al sentido común más elemental y que son asumidas con absoluta naturalidad.

De partida no queremos reconocer que la política de terrorismo de Estado llevada a cabo por la dictadura tuvo la finalidad esencial de refundar nuestro país sobre la base del más extremo modelo económico, social y cultural neoliberal que se haya implantado nunca. Como lo ha reconocido Andrés Allamand, “Pinochet le aportaba al equipo económico (neoliberal)…el ejercicio sin restricciones del poder político necesario para materializar las transformaciones. Más de alguna vez en el frío penetrante de Chicago los laboriosos estudiantes que soñaban con cambiarle la cara a Chile deben haberse devanado los sesos con una sola pregunta ¿Ganará alguna vez la presidencia alguien que haga suyo este proyecto? Ahora no tenían ese problema” (“La travesía del desierto”; Ed. Aguilar; 1999; p. 156).

Y no queremos asumir lo anterior porque como lo ha reconocido el propio Edgardo Boeninger, el liderazgo de la Concertación experimentó, a fines de los 80, un proceso de “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, proceso que “políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (“Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad”; Ed. Andrés Bello; 1997; pp. 368-9).

Esto, a su vez, nos permite entender el inédito regalo de la mayoría parlamentaria que el liderazgo de la Concertación le hizo a la futura oposición de derecha al aceptar la modificación de los artículos 65 y 68 originales de la Constitución del 80; y que pasó desapercibido en el paquete de 54 reformas aprobado en el plebiscito de 1989. Regalo que le permitió después a aquella cúpula señalar que no podía cumplir con el compromiso de anular el decreto-ley de autoamnistía de 1978 – entre muchas otras promesas del Programa de 1989- por no disponer de aquella mayoría.

Aquella convergencia nos permite entender también porqué el liderazgo concertacionista modificó sustancialmente su concepción de democracia al decretar en Agosto de 1991 que Chile había terminado la transición y vivía ya en democracia (solo que “imperfecta”), en circunstancia que ninguno de los dispositivos autoritarios de la Constitución del 80 había sido modificado a la fecha. Si estaba de acuerdo con el modelo económico y social implantado por la dictadura ¿para qué quería dicha cúpula acceder a un sistema auténticamente democrático que solo iba a desnudar su total abandono programático?

A su vez, aquella convergencia nos permite entender también porqué la mencionada elite se negó a hacer pactos electorales con la izquierda extraparlamentaria, pactos que ya en 1998 –proyectando los resultados de 1993 y 1997- le hubieran dado a la Concertación mayoría parlamentaria en ambas cámaras. Y porqué cuando la Concertación obtuvo fortuitamente dicha mayoría (por los desafueros de los senadores Pinochet y Errázuriz) entre Agosto de 2000 y Marzo de 2002 no llevó a cabo ninguno de los compromisos legislativos adoptados en el Programa de 1989. Lo mismo cabe decir ahora en que el gobierno de Bachelet adquirió desde su inicio, en Marzo de 2006, una mayoría estable en el Congreso.

Aquella convergencia es la que nos permite entender también la aparentemente absurda política de autodestrucción de medios de comunicación escritos llevada a cabo por la cúpula concertacionista. 
Política implementada a través del bloqueo de millonarios aportes holandeses a las revistas “Análisis”, “Apsi” y “Hoy”, bajo Aylwin; de la permanente discriminación del avisaje publicitario estatal; y de la negativa a devolver los bienes del confiscado diario “Clarín” a su legítimo propietario. Estos hechos han sido denunciados públicamente – y nunca desmentidos- por los Premios Nacionales de Periodismo Juan Pablo Cárdenas (“El Mercurio”; 11-9-2005); Faride Zerán (“Rocinante; Octubre, 2005) y Patricia Verdugo (“Rocinante”; Septiembre, 2002).

Es claro: aquellos medios pasaban a ser objetivamente molestos en la medida que estaban dirigidos por periodistas que habían dado una valiente lucha contra la dictadura y que no habían experimentado el abandono de sus ideales.

Es tal la desmoralización y disociación que sufre nuestra sociedad que aquella convergencia es ya reconocida por moros y cristianos sin causar sorpresa alguna. Así, tenemos verdaderas apologías de la obra económica y cultural de Pinochet expresadas por líderes concertacionistas como el actual canciller Alejandro Foxley, quien ha señalado que “Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización…Hay que reconocer su capacidad visionaria (para) abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile…Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar” (“Cosas”; 5-5-2000).

Por otro lado, tenemos el reconocimiento de connotados empresarios y economistas de derecha de esta conversión de la elite de la Concertación. Así, vemos las declaraciones del máximo líder de los grandes empresarios en 2005, Hernán Somerville, de que a Ricardo Lagos “mis empresarios todos lo aman, tanto en APEC (el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico) como acá (en Chile)” (“La Segunda”; 14-10-2005). O del economista César Barros, de que Lagos convenció a los empresarios “de que estaba siendo el mejor Presidente de derecha de todos los tiempo”s; y de allí la analogía que el mismo Barros efectúa entre Lagos y el hijo pródigo de la parábola evangélica (“La Tercera”; 11-3-2006).
O las declaraciones de uno de los artícifes de los “chicago-boys”, Arnold Harberger, quien señaló respecto de una exposición de Lagos realizada este año en Colombia, que “su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. El es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos políticos de izquierda finalmente hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia económica es una bendición para el mundo” (“El País”, España; 14-3-2007).

Ahora bien, si se valora muy positivamente la obra económica de la dictadura y se reconoce que ella no pudo implementarse por medios democráticos; es inevitable que las violaciones de derechos humanos conexas adquieren mucho menor gravedad. Ciertamente que esta lógica no tiene porqué llevar a aceptar la brutal escala a que llegaron dichas violaciones bajo Pinochet, pero sí a que ellas, en algún grado, representaron un mal necesario o un mal menor. Naturalmente que para quien adhiere a la Concertación es impresentable asumir explícitamente esta lógica. Por eso que su liderazgo, al promover concretamente la impunidad, ha recurrido a argumentos de “prudencia”, “paz social” o “razones de Estado”; argumentos que, además, pueden adecuarse muy bien a los miedos traumáticos dejados en la sociedad chilena por la aplicación de un terrorismo de Estado de casi 17 años. 

Sería ética y políticamente insostenible plantearlo de otro modo. 

Pero lo concreto es que los líderes concertacionistas han promovido sistemáticamente la impunidad, tratando que esta sea digerible mezclada con ciertas dosis de reconocimiento de la verdad histórica y de reparaciones a las víctimas y sus familiares.

De este modo, se entiende no solo la falta de voluntad en anular el decreto-ley de amnistía, sino también diversos intentos por avalarlo legislativamente o por disminuir drásticamente las penas de los violadores de derechos humanos. Fueron los casos del “acuerdo-marco”  de 1990; del proyecto de ley Aylwin de 1993; del proyecto de ley Frei de 1995; del acuerdo Figueroa-Otero del mismo año; del proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de 1998; del proyecto de ley de inmunidad de 2003; y de un proyecto presentado por senadores de la Concertación y de la Derecha en 2005. 
Afortunadamente, gracias a la reacción de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, todos esos intentos fueron derrotados.

Desgraciadamente no pasó lo mismo con el acápite de la ley de reparaciones aprobado en 48 horas a fines de 2004, a instancias del gobierno de Lagos, y que estableció una virtual impunidad moral, administrativa y judicial de las torturas cometidas en dictadura; al determinar un secreto de 50 años en beneficio de las personas denunciadas como torturadores ante la Comisión Valech; y al impedirle a los tribunales de justicia acceder a dichas denuncias, disposición esta última aberrante y que viola grave y flagrantemente la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.

Por otro lado, en la implementación práctica de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año pasado que obliga al Estado de Chile a anular todo efecto del decreto-ley de autoamnistía; estamos viendo que más allá del discurso, el gobierno actual está concordando con la Derecha en una forma indirecta de incumplirla, al pretender dejar al futuro Instituto Nacional de Derechos Humanos sin las facultades de hacerse parte en los procesos penales respecto de graves violaciones de estos derechos.

En conclusión, la desgraciada herencia que constatamos en nuestro país a este respecto, debiera estimular a que el Centro de Estudios de la Memoria y los Derechos Humanos desarrolle una labor seria y de envergadura, que contribuya a la recuperación moral en la verdad, la justicia, la reparación integral y la superación del modelo neoliberal construido por medio del terrorismo de Estado y consolidado en estos 17 años de democracia tutelada.
12 de Septiembre, 2007

(*) Distribuido por Política Cono Sur con autorización del autor.
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