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No a la rebaja de penas ¡Basta de impunidad!

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En el marco de las rebajas de penas carcelarias a los violadores de derechos humanos, efectuadas por la Sala Penal de la Corte Suprema, vemos como una vez más el Estado ampara a quienes han vulnerado los derechos de miles y miles de chilenas y chilenos.

Hoy, los jueces continúan siendo cómplices del silencio que se ha intentado imponer a los crímenes de la dictadura. Las modificaciones realizadas a las penas, las convierten en irrisorias y simbólicas, pues se contradicen con los parámetros dictados por el Derecho Internacional.

Vemos con indignación que personajes tan siniestros y cobardes como: Marcelo Moren Brito, alias “el ronco”, acusado, procesado y condenado, entre otros delitos, por el caso del secuestro de Manuel Cortés Joo, aplicando el criterio de la "irreprochable conducta", el 27 de junio de 2007 la Sala Penal rebaja su condena original, de 10 años, a solamente 5. Cabe preguntarse, cuál “conducta irreprochable” consideraron los jueces para tal rebaja, si además, dentro de su largo historial de crímenes, no podemos olvidar el cobarde homicidio ejecutado el día 14 de septiembre de 1973, en la persona del joven dirigente estudiantil de la UTE, Gregorio Mimica, a quien disparó personalmente para luego incinerarlo en las calderas de la universidad, imitando las viejas prácticas nazis tendientes a esconder sus crímenes.

Por su parte, Miguel Krassnoff también goza de la misma rebaja penal, que además cumplen, por supuesto, en un “penal cinco estrellas” que tiene todas las comodidades, lujos y granjerías, imposibles de pagar con el sueldo mínimo que recibe el pueblo trabajador, ni siquiera recibiendo el hoy bullado sueldo ético.

En el caso de álvaro Corvalán, asesino entre otros del dirigente sindical Tucapel Jiménez, se le premia rebajando su pena de 15 a 4 años. Además se le concede el beneficio de la "libertad vigilada", lo que resulta una burla no solo a la memoria de sus víctimas, sino también a la de sus familias.

El caso de Raúl Iturriaga Neumann se trata no sólo de un espécimen (ahora anciano), que además de comandar brigadas represivas, abusaba sexualmente de mujeres detenidas, un crimen repugnante y cobarde que en cualquier legislación moderna merece las más altas penas, por el daño moral y permanente que infiere a sus victimas.

Cobardía que contrasta con las brabuconadas que expresó al momento de intentar huir de la justicia y con la supuesta valentía que mostraba armado frente a personas vendadas, amarradas y torturadas.

Otro de los beneficiados, Rolf Wenderoth Pozo, quien paradojalmente goza de libertad, ha recibido también una rebaja a su pena. Este oscuro personaje se ha burlado de la justicia ejerciendo incluso el cargo de Director de un establecimiento educacional administrado por la SOFOFA, a fines de la década de los ’80. Seguramente esto fue un pago por “servicios prestados” al empresariado con su trabajo de torturador en Londres 38, haciendo el trabajo sucio que permitió a la clase empresarial imponer el actual modelo económico. Este sujeto no sólo ejerció su labor de directivo docente en el Liceo Industrial de Maipú, sino que también llevó a cumplir labores administrativas a la ex detenida política Luz Arce, quien de víctima pasó a ser cómplice de sus fechorías.

Partiendo de la premisa de que las penas aplicadas a estos criminales no han tenido relación con la gravedad de los delitos cometidos, esta rebaja de condena es un nuevo premio a los autores de las atrocidades cometidas en forma sistemáticas y sostenida, como parte de una política de Estado tendiente a la eliminación de todas las personas que pudieran ser consideradas como un peligro para la denominada “seguridad nacional”. También se invoca, en forma solapada, como atenuante de la falta la edad de estos criminales, olvidándose que si bien ahora son viejos, en el momento de cometer sus delitos, gozaban de la juventud y el poder que los convertía en verdaderos dioses, dueños de la vida y libertad de sus victimas.

En el Chile de hoy, cualquier acción que ponga en peligro la tan invocada propiedad privada es considerada como una falta que debe ser castigada “con mano dura”. No así el cometer crímenes contra la humanidad como la tortura, el asesinato y la desaparición de personas, realizados con el único propósito de infundir el terror que paraliza cualquier intento de reacción frente a los abusos cometidos, que les permitió mantenerse por largos años en la más cobarde impunidad e imponer el modelo económico, social y político que rige hasta nuestros días.

De este modo se está vulnerando, tanto el derecho de las victimas de recibir justicia, como el de sus familias, que han luchado incansablemente por obtenerla y, lo que es peor, se ha generalizado la sensación de que la impunidad se impuso gracias a los dictámenes de los jueces de este país. Todo esto provoca que las secuelas sociales de indefensión frente al poder, de pérdida de valores, la desesperanza y desconfianza en los poderes del Estado que dejó la dictadura, son tales que se han convertido en un serio obstáculo para la restauración de la esperanza de construir el Chile que soñamos.

Nosotros, los integrantes de la Comisión FUNA, no estamos dispuestos a permitir que esto suceda. Estamos convencidos que hoy es más necesaria que nunca la memoria, la lucha por la verdad y la justicia, como forma de construir un país digno y con posibilidades futuro.

Otra vez el Poder Judicial se hace cómplice de estos asesinos, otorgándoles rebajas a las penas dictadas por ellos mismos y privilegios que ningún ciudadano común posee, amparándose en la mala memoria y en la indiferencia social.

Insistimos en nuestra lucha contra la impunidad. No olvidamos y no perdonamos, seguimos el camino de los que ya no están para construir un Chile digno, más justo y libre de los criminales que sembraron de muerte nuestra patria.

PARA LOS TORTURADORES, ASESINOS Y SUS CóMPLICES NI PERDóN, NI OLVIDO SI NO HAY JUSTICIA…¡HAY FUNA!
Comisión Funa
Web: http://www.funachile.cl

Agosto 2007
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