Argucias de dos gárgolas pinochetistas

Dos gárgolas de extrema derecha han defendido en los últimos días la tesis de que la dictadura representaba un estado de derecho y comparan la fuga del torturador y asesino sentenciado Iturriaga Neumann con la presidente Bachelet. En otra nota (en PiensaChile   y en mi blog: mQh) examiné las ridículas pretensiones de esa comparación -fundamentalmente, claro está, porque la primera autoridad de la república no es delincuente ni ha sido nunca juzgada ni condenada por nada, ni tiene sus manos manchadas con la sangre de nadie.

Las gárgolas dicen pues simplemente, como el senador Arancibia, que "el estado de derecho que había durante el gobierno militar, no les daba garantías" a los ciudadanos que se oponían al gobierno. En términos semejantes se expresa el diputado Ulloa, un ejemplo sublime de la indecencia e inmoralidad a la que puede llegar un mamón achulado de la extrema derecha.

Dice textualmente: "Había un gobierno militar. No había democracia, pero había estado de derecho" (en La Nación ).

También hace suya la desfachatez del cobarde Iturriaga Neumann, cuando este se defiende diciendo que los jueces no han probado que haya secuestrado a nadie y que para probar su participación en el secuestro y asesinato de ciudadanos chilenos los jueces deben primero mostrar sus cadáveres –los mismos que el engendro del infierno se encargó de hacer desaparecer. E insiste el diputado indecente en defender un punto de vista jurídicamente incorrecto, de que los delitos de la hiena han prescrito, olvidando aparentemente que los delitos de violación de derechos humanos o de lesa humanidad o de guerra nunca prescriben.

¿Pero a qué estado de derecho se refieren? Parece evidente que las gárgolas consideran que pertenecen al presunto estado de derecho pinochetista los secuestros (pues las detenciones, no dejando constancia de ellas ni siendo ordenadas por los tribunales, no son otra cosa que secuestros), las torturas (que el gobierno fascista no eliminó como delito, a pesar de aplicarlas), la desaparición de los cuerpos de las víctimas (¿podrían estas gárgolas mostrarnos la ley o decreto que justificaba o prescribía el deshacerse de los cadáveres de los asesinados?), el tráfico de cocaína y su elaboración en laboratorios del ejército, el robo de las arcas públicas (empezando por las joyas que robó del fondo de reconstrucción nacional la mona Lucía), el asesinato incluso de pinochetistas ricos que invirtieron malamente su dinero en las financieras clandestinas del régimen pinochetista y que terminaron siendo ultimados por sus propios camaradas, la violación de las mujeres secuestradas (como hacía la rata Iturriaga Neumann encaramado en un cajón), el despojo de los cadáveres de las víctimas (que practicaba otra rata todavía peor, el llamado general Contreras, que arrancaba a los muertos los dientes y tapaduras de oro para venderlas luego en el mercado, junto con las joyas y otros objetos de valor que quitaban a las víctimas), el ultraje de los cadáveres (que eran mutilados, sus manos cercenadas, sus cuerpos cortados en pedazos o ultrajados de otros modos para dificultar su identificación y por simple placer, como cuando a una secuestrada le arrancaron los ojos antes de matarla)… ¿Estado de derecho? ¿Se puede llamar a esto estado de derecho? ¿El infierno es un estado de derecho? ¿Cuando un ser perverso se hace con el poder e impone un régimen criminal y arbitrario, se puede hablar de estado de derecho?

¿Lo repetirían en voz alta estas gentuzas de almas pútridas? ¿Estado de derecho? Tampoco podrán argumentar que estos fueron casos aislados, extremos o excesos, cometidos por subalternos enloquecidos o fanáticos, pues estos crímenes los cometieron los jefes máximos de los organismos de seguridad y de las fuerzas armadas, como la rata Iturriaga, el torturador Romo recién muerto o el general Contreras, y según se sospecha por Pinochet mismo, cuando dio orden de exterminar a ciudadanos comunistas después de haberlos interrogado con sus propias manos.

Y tampoco podrán decir, como argumentan algunos defensores del crimen esgrimiendo argumentos historiográficos, que no tenían los militares alternativa en esos momentos, pues bien pudieron, por ejemplo, instalar tribunales, que no hicieron; ni tampoco se entiende la necesidad o lógica en que puede haberse basado la violación de las prisioneras, ni el matar con torturas a los secuestrados, ni el ultraje de los muertos (como cuando la Gárgola Mayor se burlaba de sus víctimas diciendo que ahorraba metiendo dos cadáveres por sepultura).  ¿No había alternativa? Y considerese que en estos y otros muchos casos ni siquiera se puede argumentar que, quizás, su objetivo fuera infundir terror y atemorizar a la población, pues esas aberraciones se cometieron en la creencia y con la intención de que nunca se enterara nadie, lo que explica porque intentaban deshacerse de los cadáveres.

Llamar al período de la dictadura un estado de derecho es burlarse de Chile.
Ese engendro, la dictadura de las bestias pinochetistas, no fue nunca un estado de derecho. Y cuando las clases ricas proveyeron a los militares de abogados, bachilleres y animales pervertidos de su propio medio y otros arrastrados para que escribieran justificando la dictadura que había salvado sus riquezas y posiciones mal habidas, y escribieron estos una suerte de panfleto de extrema derecha que se llamó Constitución, eso tampoco constituye estado de derecho. Un estado de derecho no se instala cuando un gobernante, elegido o de hecho, lo decreta. En una democracia legítima, o incluso en menos que eso (como en Iraq), un estado de derecho se instituye mediante el llamado a una asamblea constituyente, y eso en Chile durante la dictadura no ocurrió nunca.

La dictadura nunca fue un estado de derecho, sino un estado de usurpación y crimen dirigido por delincuentes y matones inhumanos pagados por las clases ricas del país. Que estas clases innobles y sus senadores y diputados chulos quieran ahora defender a sus matones a sueldo y pretendan evitarles los castigos que merecen, es de algún modo comprensible, pero pretender que sus acciones se comprenden o justifican en el marco de un estado de derecho es realmente un acto de una vileza sin nombre.

* Blog del autor: mQh