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La DINA: la Hilacha que el Ejército Sigue Mostrando

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Hasta el año 2004 se mantuvo oculto en dependencias de nuestro Ejército un documento oficial en el que se detalla el seguimiento del que fue objeto el General Prats con el objeto de concretar a su asesinato. Esta situación inaceptable se suma a la tibia respuesta que el Comandante en jefe de dicha institución diera recientemente a los familiares de detenidos desaparecidos, con ocasión de la fuga del criminal Iturriaga Neumann.

Todavía no lo puedo creer. Hasta el año 2004 se mantuvo oculto en dependencias de nuestro Ejército, del “Ejército de todos los chilenos”, un documento oficial en el que se da amplia cuenta del extenso espionaje al que fue sometido el otrora Comandante en Jefe de dicha institución, con el propósito de llevar a cabo su asesinato.

Como es sabido, el día viernes 28 de septiembre de 1974, el estadounidense Michael Townley, agente de la DINA, se introdujo al garaje del general Prats y colocó un aparato explosivo bajo su automóvil. El día 30, a las 00.50 horas, al regresar Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert a su casa, Townley hizo detonar el explosivo causándoles la muerte.

Estos hechos se produjeron en circunstancias en que el poder político caía de manera exclusiva en un gobernante de facto que se jactaba de que en Chile no se movía una hoja sin que él lo supiera. Pero lo más grave es que, una vez recuperada la democracia, estos antecedentes se mantuvieron entre cuatro paredes durante casi quince años, sin que la Institución hiciera nada por aportarlos en calidad de evidencia ante nuestra justicia.

Esta me parece que es una falta muy grave que habla muy mal de nuestras filas castrenses. Más aún si recientemente, con ocasión de la fuga del criminal Raúl Iturriaga Neumann, el actual comandante en Jefe no ha sabido ser taxativo en el sentido que el Ejército castigará ejemplificadoramente a quienes brinden protección al tan poco gallardo prófugo.

Iturriaga fue jefe del Departamento Exterior y ex jefe de la Brigada Purén de la DINA, y se encuentra en rebeldía, al margen de la Constitución y las leyes, luego de que el día 11 de junio no se presentara a cumplir condena por la desaparición forzada en 1974 de Dagoberto San Martín Vergara.

La DINA fue institucionalizada oficialmente en junio de 1974, aunque ya funcionaba de facto desde fines de 1973. Desde su formalización estuvo a cargo del teniente coronel de ingenieros Manuel Contreras. El proyecto fue concretado por Pinochet con el respaldo de la “Comunidad de Inteligencia”, a excepción del Jefe de Inteligencia de Carabineros de la época, General Germán Segundo Campos Vásquez, quien lo desaprobó porque creaba una entidad ajena a todo control institucional, directamente ligada al mando superior, esto es, a las órdenes y mando del General Augusto Pinochet.

En efecto, la DINA tenía facultades para detener y confinar personas en sus centros operativos durante los estados de excepción. Como estos estados duraron casi toda la dictadura, la DINA tuvo estas facultades durante prácticamente toda su existencia. Sin embargo, además del secuestro, que era “legal”, de acuerdo a los procedimientos establecidos públicamente por Pinochet, la DINA empleó la tortura y el asesinato, que fueron negados sistemáticamente porque eran ilegales incluso bajo los estándares que Pinochet decía cumplir.

Muchos de los detenidos por la DINA siguen hoy desaparecidos, por lo que no ha sido posible procesar a los hechores de asesinato, toda vez que para constatar un fallecimiento se requiere la presencia de un cadáver. En consecuencia se ha recurrido a la figura de “secuestro permanente”, ya que consta que las personas fueron secuestradas por los culpables y sin embargo estos se han negado a entregarlos ya sea en calidad de vivos o no. La tendencia internacional, sin embargo, apunta a considerar este tipo de crímenes como “desapariciones forzadas”, las cuales son en sí mismas crímenes de lesa humanidad y no requieren de la verificación material del fallecimiento de las víctimas.

Me parece que es hora que nuestro Ejército corte esa horrible hilacha que cuelga de su uniforme, la DINA, y haga un mea culpa por mantener oculta esta información tan relevante desde el punto de vista procesal. También sería saludable que se hicieran todos los esfuerzos por poner a disposición de la justicia a Iturriaga, que se sancione drásticamente a quienes le brinden apoyo y que se amoneste públicamente a los ex militares que han solidarizado con el prófugo. El Ejército debe ser un sinónimo de gallardía, no un refugio de cobardes que huyen para no hacerse responsables de sus actos.

* Fuente: Atina Chile 
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