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La oligarquía boliviana tras el golpe de estado 

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Recientemente el  comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Wilfredo Vargas, aseguró que los servicios de inteligencia militar tienen informaciones sobre “movimientos golpistas". “Tenemos información de que existen movimientos golpistas (…) Son temas que se manejan en inteligencia militar. Pero las Fuerzas Armadas no lo van a permitir”, dijo Vargas.

Luego agregó que “las Fuerzas Armadas durante 25 años han acompañado a los procesos democráticos, e incluso tenemos generales y muchos jefes con problemas en la justicia por hacer cumplir lo que dice la Constitución (…) Por lo tanto, reitero que la entidad armada no permitirá ningún golpe”, continuó el general.

El presidente Evo Morales denunció que dirigentes de la derecha, la extrema derecha, junto a algunas multinacionales y algunos militares golpistas ligados o pagados por la oligarquía “del oriente boliviano” estarían promoviendo el establecimiento de una dictadura, a raíz de un reciente llamado de ese sector a que las fuerzas armadas garanticen la unidad del país ante planes oficialistas de establecer autonomías indígenas con autogobierno.

“En los últimos días hemos escuchado algún llamado a las fuerzas armadas, eso se entendía como un llamado a una dictadura… (pero) no va a haber ninguna dictadura”, dijo Morales en un acto de la policía, en el que también pidió el apoyo de la institución y del ejército para sostener a la “revolución democrática” cuyo proceso de cambios impulsa su gobierno.

El comandante Vargas denunció que la inteligencia militar investiga también el posible ingreso de armamento ilegal a Bolivia, y el comandante del Ejército, general Freddy Bersatti, afirmó que se han detectado “movimientos irregulares” en algunas regiones. Las clases dominantes del oriente del país con el apoyo encubierto de la CIA, la FAES que dirige el neofascista José María Aznar, están buscando generar un baño de sangre y una dictadura militar fascista, de igual forma como ocurriera en Chile en septiembre de 1973.

Estos sectores buscan la división geográfica del país para crear una nueva Bolivia, en desmedros de las regiones más pobres del país. El financiamiento de la desestabilización del gobierno de Evo Morales, como ocurriera en Chile, corre a cuenta de las trasnacionales, la CIA y de los sectores sociales más ricos del país.

El vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, declaró el martes que los gobernadores y dirigentes cívicos de las regiones autonomistas “no tienen porqué apelar a tambores guerreristas, ni tambores golpistas”, porque su demanda será incluida en la carta magna que está redactando la Asamblea Constituyente. Aún así, los golpistas no trepidan en seguir creando las condiciones propicias para la caída de Evo Morales y su gobierno, en donde los medios de comunicación al servicio de los grandes empresarios y la clase dominante del país, buscan agitar y sembrar el caos para justificar la intervención de los militares golpistas al servicio de la CIA, del Imperio  de la oligarquía boliviana.

El mismo Morales, en una entrevista el martes con Radio Fides, advirtió que un llamamiento a un golpe militar “sería el peor error que cometerían algunos dirigentes cívicos". Los líderes de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, aliados en demanda de presuntas autonomías regionales, llamaron el pasado lunes al Ejército a “cumplir su rol constitucional como institución fundamental de la patria", ello indudablemente es un llamado abierto a la sedición, en que estarían involucrados oficiales en servicio activo y en retiro del Ejército boliviano.

La oligarquía económica y financiera del país, junto a las trasnacionales y la CIA, andan tras la búsqueda de testaferros, lacayos, terroristas, sicarios, militares mercenarios y antipatriotas, para terminar con los cambios que ha venido impulsando el MAS y el gobierno de Evo Morales, de allí que no trepidan en desplegar todos sus esfuerzos desestabilizadores para lograr que las Fuerzas Armadas o un sector de ellas, se pronuncie en su favor.

Los llamamientos a los militares buscan dividir a las Fuerzas Armadas bolivianas, entre los golpistas y los militares que respetan la constitucionalidad vigente. Detrás de la conspiración y la desestabilización encubierta del gobierno de Evo Morales, se encuentran los agregados militares de la embajada de Estados Unidos en el país altíplanico, algunas ONG que han recibido financiamiento exterior y los gremios patronales del país. En Bolivia el Imperio pretende aplicar la misma plantilla que utilizó Kissinger para el derrocamiento de Salvador Allende en Chile, de allí que se buscan todos los recursos habidos y por haber, para terminar con el "gobierno populista" de Evo Morales.

La convocatoria fue hecha a raíz de un proyecto del gobierno de instituir en la nueva Constitución autonomías para los pueblos indígenas, lo cual a juicio de los potentados de las regiones, desconoce las autonomías departamentales aprobadas en un referendo de julio del 2006 para esos departamentos.

Lo que buscan los sectores más reaccionarios del país, al igual como ocurriera con la CODE en Chile (Confederación por la Democracia), compuesta por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Nacional (derecha), los gremios patronales y otros, es acusar a Evo Morales de transgredir la legalidad vigente, de que sus medidas son inconstitucionales, por ende las Fuerzas Armadas deben intervenir, para salvar a la patria de los "socialistas, marxistas y populistas", como Morales.

Finalmente cabe agregar que la Casa Blanca, junto a la CIA, la FAES, las trasnacionales y la oligarquía boliviana, tienen la misión de crear las condiciones propicias para la caída de Evo Morales, pues este sería el primer paso para la desestabilización de gobiernos populistas como el de Hugo Chávez, Morales y otros que son tildados de la misma forma en la región.
23.06.07
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