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Carta Abierta del Comité Memoria y Justicia de Ginebra (Suiza) a la Presidenta Bachelet

por Comité Memoria y Justicia (Suiza)

18 años atrás 9 min lectura

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Carta Abierta del Comité Memoria y Justicia de Ginebra (Suiza) a la Presidenta de la República de Chile
Ginebra (Suiza) Domingo 3 de junio de 2007

                   Excma. Señora
                   Michelle BACHELET
                   Presidenta de la República de Chile
                   Presente

Señora Presidenta:
¡Bienvenida a la ciudad de Ginebra!   Aprovechamos la reunión del domingo 3 de junio con algunos residentes chilenos de esta ciudad para hacerle llegar esta carta abierta, que contiene nuestras opiniones respecto de cuestiones que nos parecen importantes.

Como V.E. sabe, la comunidad chilena de Ginebra y de Suiza se origina en el exilio político de 1973. Durante estos más de 30 años, los chilenos de Ginebra nos hemos esforzado en cumplir con la doble tarea de integrarnos a la sociedad de acogida y conservar nuestros lazos con Chile.  Una de las formas que toma el lazo con nuestro país es el estar informados acerca la realidad chilena, así como el mantener relaciones reales con grupos y organizaciones de la sociedad civil chilena.   Los chilenos de Ginebra estamos muy cercanos a Chile en muchos aspectos. Además, nuestra residencia en Ginebra nos da acceso a personalidades públicas y a ONGs, confiriendo cierto eco a nuestras opiniones.

Nuestro Comité Memoria y Justicia (CMJ) fue fundado en 2000 como continuación de otros grupos que existieron desde el comienzo del exilio.  Su vocación es la defensa y promoción de los Derechos Humanos en su acepción amplia, vale decir, incluyendo no sólo los derechos de las personas, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, consagrados por los tratados internacionales. El CMJ se ha dado por tarea el contribuir desde Ginebra a:

  • promover el establecimiento de la verdad histórica de las violaciones a los DD.HH. acaecidas en Chile desde 1973,

  • exigir la aplicación de la justicia y de las reparaciones a las víctimas; colaborar con tal fin con los organismos pertinentes, en Chile y en el extranjero.

  • impulsar la conservación de la memoria histórica de la comunidad chilena de Ginebra
En esta ocasión deseamos hacerle saber algunas de nuestras inquietudes.

 1.     Sobre la política del Estado de Chile hacia los chilenos residentes en el extranjero.

De manera general, pedimos que se aplique lo más seriamente posible un sistema de representación equitativo y eficaz de los chilenos en el extranjero, y que dichas formas se decidan utilizando mecanismos democráticos de concertación con los principales interesados.  Esto va junto con otorgar a los chilenos del extranjero mejores condiciones para facilitar los contactos con Chile: información, facilidades consulares, de transporte, bancarias, notariales, etc.

En lo particular, reivindicamos nuestro derecho a voto sin condición alguna. Sabemos que los partidos de derecha han obstaculizado este logro en el Parlamento, pero lo que más nos preocupa es el que personeros de Gobierno actúen como si la única posibilidad de lograr apoyo fuera la de dar satisfacción a las exigencias de los sectores más duros de la oposición.  La reciente votación de mayo en la Cámara de Diputados muestra que dicho cálculo es políticamente errado y, además,  vejatorio para los chilenos del extranjero.

2.     Sobre la necesidad de hacer de los Derechos Humanos un eje central de la política del Estado chileno

Entendemos que una parte de la acción de la justicia está en manos del poder judicial, sobre todo la que concierne  a los aspectos penales. Sin embargo, otros aspectos –quizá los principales- pertenecen clara y legítimamente al campo de la política del Gobierno. Nos referimos a la necesidad de impulsar y mantener en el tiempo una política de Derechos Humanos eficaz y desprovista de ambigüedades. Para ello, el Gobierno dispone de muchas herramientas, a través de sus diversos Ministerios y reparticiones. El reciente anuncio de V.E. en el mensaje a la nación del 21 de mayo 2007, anunciando la intención de derogar la Ley de amnistía de 1978 es una señal muy positiva.  Sin embargo, por otros lados se constata una reticencia, como si la cuestión de los Derechos Humanos, en el sentido más amplio, fuera algo marginal o técnico, y no un eje prioritario en la construcción de una sociedad con garantías democráticas reales.

Dado que no podemos desarrollar y argumentar este punto de vista en estas breves líneas, nos contentamos con exponerle, Sra. Presidenta, ciertas cuestiones urgentes:

a)     Ejercer el deber de vigilancia para evitar señales ambiguas:

Nos parece que el Gobierno que usted preside no tiene los medios para impedir que personajes ligados a la Dictadura ocupen responsabilidades públicas que impliquen autonomía en las decisiones. Regularmente los chilenos del extranjero debemos hacer frente a situaciones bochornosas como la presencia en representaciones diplomáticas o en misiones internacionales de militares con un pasado ligado a los organismos de represión de la Dictadura (caso de los oficiales Bustos, Aldunate, entre otros). También existen los casos en que ex-torturadores y represores han llegado a tener beneficios de reparación como víctimas.

Ud. sabe además cuando fue Ministra de Defensa- que el general E. Aldunate fue parte de las actividades de la policía terrorista de la dictadura. No se comprendió cómo un gobierno democrático pudo haberlo propuesto para defender los principios universales que tiene la Carta de la ONU por misión. Siempre pueden darse argumentos que minimicen esto, pero el efecto final es deplorable para la imagen de Chile.

La más reciente situación es el reciente nombramiento del Sr. Luis Winter Igualt como abogado asesor del Consejo de Defensa del Estado.
Este ex-Fiscal de la Marina en Valparaíso en 1973, hombre de confianza de los almirantes golpistas Ismael Huerta y Patricio Carvajal, fue designado para representar y defender el régimen dictatorial de Pinochet en Ginebra, ante la Comisión de Derechos Humanos en 1977. No sólo defendió lo indefendible, sino que inició un proceso judicial contra los defensores suizos de los Derechos Humanos. El Tribunal de Ginebra, tras un proceso que ocupó las páginas de la prensa de Ginebra, desestimó las razones del ex-Fiscal Winter, absolvió a la acusada y condenó al temerario diplomático a pagar las costas del proceso.

Comprenderá usted, Sra. Presidenta que el reciente nombramiento de este personaje no puede dejar indiferentes a los chilenos de Suiza ni a sus amigos suizos. Pedimos a V.E. que el nombramiento del Sr. Winter Igualt en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sea reconsiderado por el Gobierno de Chile.  No se trata de instaurar un espíritu de depuración: se trata simplemente que el Gobierno utilice la información disponible en aras de la coherencia con su política de defensa de los derechos humanos.

b)    Revisar la política de reparaciones a las víctimas:

Estimamos indispensable abrir al más breve plazo un nuevo período de calificación de las víctimas, en el espíritu de lo que fue la Comisión Valech. Miles de ex-detenidos no figuran, independientemente de las causas por las que no concurrieron (falta de información, brevedad de los plazos, falta de recursos, falta de motivación y de confianza, etc).  Esto crea, de hecho, una situación de desigualdad de tratamiento, que puede fácilmente ser reparada.

Un segundo tema a este respecto es la necesidad de dar los recursos al programa de salud PRAIS, para que asuma su mandato a un nivel eficaz y digno. Dado el pasado de Chile y la triste experiencia acumulada por los profesionales, el PRAIS debiera ser un programa modelo a nivel internacional, y no al modestísimo nivel que está hoy.

 c)     Que se considere a los chilenos del extranjero como actores en la política de Derechos Humanos del Gobierno:

El proyecto de un Instituto de Derechos Humanos en Chile tiene sin duda mucha trascendencia, aunque los detalles de su funcionamiento, atribuciones y recursos se desconocen aún. Pedimos, Señora Presidenta, que se contemple, explícitamente, la participación de representantes de los chilenos del extranjero en esta institución.

Otra iniciativa en que nuestro Comité considera indispensable la participación de chilenos del extranjero es el proyecto del Museo de la Memoria, y en lo que concierne a los archivos sobre Derechos Humanos en Chile.  Existen en Europa varios centros de documentación de asociaciones chilenas, con importantes fondos de archivos sobre el período dictatorial y sobre la solidaridad internacional con Chile, así como sobre la vida de las comunidades de chilenos en el exilio.  Dichos documentos hacen parte de la historia general de Chile, y deben ser considerados en los proyectos de memoria arriba mencionados, con el debido respeto a sus orígenes y especificidades. Pedimos que se establezca a corto plazo una modalidad de discusión al respecto.

d)    El apoyo del Gobierno a la diversificación de la prensa en Chile:

La constitución de una sociedad civil auténticamente motivada y participativa exige que la ciudadanía pueda recibir información veraz, diversificada y que sea cotejable con otras fuentes.  Todos los estudios y los observadores imparciales coinciden en que la concentración de la prensa en Chile atenta contra la equidad democrática.

Pensamos que, sin intervenir de manera indebida, el Gobierno tiene los medios para reequilibrar el panorama de la prensa, favoreciendo las alternativas al monopolio virtual ejercido por las empresas El Mercurio y Copesa. Una redistribución de la publicidad estatal, y otras medidas financieras pueden ser útiles en ese sentido.

Por otra parte, el largo litigio entre el Estado de Chile y el propietario del diario Clarín está demorando que pueda abrirse en Chile un medio de prensa independiente. Pedimos que el Gobierno reexamine su posición en este asunto.

e)     No criminalizar las luchas sociales:

Pedimos que el Gobierno no se sume a la actitud de considerar las luchas sociales como actividades que merecen ser reprimidas. Sabemos que esas luchas participan de dos grandes causas: la necesidad del pueblo de Chile de reconstruir sus organizaciones destruidas por la dictadura y por sus secuelas de individualismo, y por otra parte, defender sus derechos en el contexto de grave desigualdad social que existe hasta hoy en Chile.  Las cuestiones de orden público no pueden ser invocadas cada vez como la justificación de las acciones policiales muchas veces desmesuradas.

Esta situación es particularmente aguda en lo que se refiere a las luchas del pueblo mapuche.  Sabemos señora Presidenta, que se trata de una situación que no discurre actualmente por un cauce constructivo: da la impresión que se tiende a disminuir el abanico de interlocutores posibles, y no a explorar cada vía para ir definiendo y delimitando los puntos de conflicto.

Nos parece especialmente criticable la política de represión policial, y a veces de militarización (implicación reciente de tropas del Cuerpo de Infantería de Marina en Arauco), en un conflicto que no necesita de tales tensiones suplementarias.  Apoyamos el  pedido de la sección Suiza de Amnesty International a este respecto.

Agradeceremos, Señora Presidenta de la República, que pueda usted imponerse de nuestras posiciones. Valoramos el hecho que los chilenos del extranjero, que seguimos desprovistos de nuestros derechos políticos, desde hace más de 30 años, podamos hoy día dirigirnos a Usted. Pese a que varios otros Mandatarios visitaron Suiza y Ginebra en años anteriores, no consideraron útil reunirse con chilenos residentes.

Entendemos esto como una señal positiva de una política de Gobierno que se traducirá en el reconocimiento de nuestros plenos derechos, y en la posibilidad, para nosotros, de contribuir al desarrollo democrático de Chile, desde Suiza, como hemos siempre anhelado, desde que fuimos obligados a dejar nuestra Patria común.

Con nuestros atentos saludos,

Fernando Ruiz
Presidente del Comité Memoria y Justicia

Ginebra (Suiza)
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