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Viera-Gallo, director de AFP y ni siquiera esta en una, impone en el INP

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 “Es muy difícil regular el lobby en un país pobre”

En calle Esmeralda, al lado del Goethe Institut, se encuentran las oficinas del nuevo think tank concertacionista que dirige el ex senador Viera-Gallo y que reúne a lo más granado de la primera línea del laguismo. La mayoría ha pasado a los cuarteles de invierno, al menos en lo que al aparato del Estado se refiere. Se llama Proyect América, pero, ante la pregunta, él aclara que es “Proyecta América”, y que suprimieron una “a” para que sonara mejor.

Aunque Viera-Gallo también fue noticia por estar a cargo de la comisión que estudia la implementación del Ministerio de Seguridad, lo que ha remecido al ambiente es su entrada al directorio de la AFP Provida, junto a la ex intendenta de la Región Metropolitana, Ximena Rincón. Una movida que reflota el tema de la relación entre el mundo público y el privado, y que él enfrenta directamente con LND.

–¿En qué AFP impone usted?
–Fíjate tú que me pillas. Porque la verdad es que yo imponía en una AFP que no recuerdo su nombre, nunca me he preocupado mucho de estos temas. Después hice trámites para cambiarme al INP, ya que mi situación impositiva ha sido muy irregular.

–¿Cómo así?
–Comencé a trabajar muy joven. Tengo imposiciones en muchas partes: caja bancaria, Caja de Empleados Públicos, Caja de Empleados Particulares. Después vino el golpe y estuve 20 años fuera. Recién cuando entré al Parlamento empecé a imponer. Me dijeron que me convenía cambiarme al INP. Presenté mi solicitud porque tenía derecho. No sé por qué.

–¡Pero no puede decir, ahora que es director de una AFP, que conviene cambiarse al INP!
–Es que es la pura y santa verdad: para una persona que estaba en las condiciones mías, era conveniente cambiarse al INP.

–¿Qué condiciones eran esas?
–Lo que entiendo es que si hubiera impuesto toda la vida normal en un sistema de AFP durante 25 años, uno debiera sacar en torno al 70% del último sueldo, o sea no es malo el sistema de AFP para el que impone toda la vida, con un sueldo importante. Pero no era mi caso.

–Que no es tampoco el caso del 85% de los chilenos que ganan por debajo de 360 mil pesos, según Impuestos Internos.
–Claro. Ahora, en el caso mío, son otras las circunstancias.

-¿Y por qué cree que Provida lo invitó a formar parte de su directorio?
–Mira, yo conversé con ellos…

–¿Con quiénes?
–Con los dueños.

–¿Quiénes son los dueños?
–El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el BBVA

–¿José Said maneja ese banco?
–Sí, pero no he hablado nunca con él. Los socios mayoritarios son españoles. Primero, debo decir que no tengo ningún contacto con el mundo empresarial. Para mí fue una sorpresa.

–¿Se desayunó?
–Sí. Segundo, lo que ellos dicen es que es interesante para ellos tener un abogado. Yo les advertí que no era experto en seguridad social. La verdad es que no lo soy ni de mi propia pensión, para ser franco.

Capacidad de influencia

–¿Entiende la suspicacia que genera que gente dedicada a la política, como usted, con tan buenos contactos, pase a trabajar a la industria más cuestionada del momento?
–Hay dos formas de enfrentar esto. Una sería que, por principio, una persona que tiene un compromiso político no puede trabajar en la empresa privada. Eso me parece que es estar fuera de toda realidad. Además, me parece absurdo, porque si uno pusiese un estudio de abogados podría ser lo mismo. Salvo que viviera toda la vida del Estado o de las universidades. Hay, sí, una objeción que tiene un fundamento, pero es de fácil solución. Se refiere a las personas que han trabajado en el Gobierno y que después van a una empresa privada, porque podrían usar su influencia.

–¿No le parece razonable?
–Pero todas las recetas que dan me parecen insatisfactorias. Una es que pase un año desde que deja el cargo para que pueda entrar a la empresa. Pero, ¿por qué en un año se va a borrar la capacidad de influencia? Además, se supone que el Estado le tendría que pagar ese año a la persona. En Estados Unidos pareciera que es así. Eso en Chile sería muy impopular: que esté sentado en mi casa y que el Estado me pague durante un año, parece absurdo.

–¿Le parece correcto, por ejemplo, que el ex superintendente del rubro Julio Bustamante haya pasado del ente fiscalizador a directorios de las AFP?
–Eso nosotros lo pusimos en la ley de probidad. Que pasaran seis meses o un tiempo antes de que eso pudiera ocurrir. La verdad es que el resto tiene que quedar entregado a la conciencia ética de cada persona, y al mismo tiempo a la fiscalización que hay en una sociedad democrática. Estas son cosas públicas, no hay nada oculto.

–Entonces, ¿entiende la suspicacia?
–Obvio, cómo no la voy a entender. Se puede aplicar casi a todo. Pongamos el caso que yo hubiera entrado a un estudio de abogados, porque de hecho entré a un estudio de abogados.

–Suena diferente el ejercicio libre de la profesión a entrar a la industria más cuestionada del minuto.
–Pero mirémoslo desde otro punto de vista. Esta es una industria que maneja los fondos de todos los chilenos. Es una industria que tiene una fuerte función social…

–Perdón, que debería tener una función social.
–Si la tiene o no la tiene es discutible. Pongámoslo en esos términos: debiera cumplir una función social muy importante. Segundo, se ha criticado mucho a esta industria porque generalmente ha estado ligada a un solo sector político, que es el pinochetista o UDI. Cuando la industria cambia, se la critica porque cambia. ¡Pareciera que el asunto no tiene remedio! Al contrario, aquí salieron determinadas personas que tenían una cierta orientación política, que eran los ex ministros de Pinochet Miguel ángel Poduje y Fernando Léniz, y convocaron a personas de otro sector.

–¿Vienen a la baja las acciones de los pinochetistas y están en alza las del establishment concertacionista?
–En buena hora para el país. Los cambios en la sociedad, cuando no son revolucionarios o no son cataclísmicos, son cambios que se van dando por mil fórmulas y caminos diferentes. La verdad, yo no puedo dar otro aval de mi conducta que mi propia vida pública. Quiero ser súper claro: si en algún momento creo que hay una incompatibilidad entre lo que considero que es el bien común de la sociedad y la empresa a cuyo directorio pertenezco, sacaré las consecuencias de eso.

–Usted habla por su conciencia. Pero son varios los ex funcionarios en esta situación. Ahí ya es un tema público y no sólo de conciencia.
–Es que es muy curioso que justamente se pone este tema cuando entran personas de la Concertación o de izquierda, pero nunca se pone cuando son de derecha. Se parte de la base de que eso es normal. Además, quiero decir otra cosa: la situación en la que me encuentro no la escogí yo. Por una serie de circunstancias me vi pue
sto en una opción distinta en mi vida.

EL PECADO ORIGINAL

–¿Cómo se distingue entre la función social y el interés privado en la industria de las AFP?
–El interés privado de una empresa que está en el campo de la seguridad social es básicamente tener utilidades de las comisiones que cobra. Pero el objetivo principal de la empresa es custodiar y administrar bien los fondos que se le confían. Hasta ahora, en general, los fondos que han estado en las AFP han tenido una muy buena rentabilidad.

–¿No tiene críticas al sistema?
–Claro que uno puede criticar. Habrá que averiguar si las comisiones que cobran son muy altas, si el mercado es muy cerrado, si es poco competitivo. Para eso está la reforma. Pero pensar que uno va a estar allí para defender el nivel de utilidades de la empresa me parece absurdo. A lo que voy –por lo menos mi idea– es más bien para hacer presente una visión distinta.

–¿Va a llevar una sensibilidad social al directorio?
–Sí pues. Voy a ser como soy, como he sido siempre. No es que me transforme ahora y diga “tratemos de dar los menos beneficios posibles, y que la empresa gane lo más posible”. No. Al contrario: la función principal de un sistema, sobre todo si está administrado por entes privados, es cumplir bien su función social que está determinada por la ley. Ahora, si la ley cambia, mejor.

–O sea, ¿se elimina cualquier posibilidad de que usted venga a hacer lobby al directorio de Provida?
–De ninguna manera. Si la empresa quiere hacer lobby, cosa legítima, contratará a una empresa de lobby. Pero personalmente no creo que hacer tráfico de influencias sea mi función, ni la de ningún miembro del directorio.

–Entonces, ¿usted no va a hablar de la empresa con ninguna autoridad o ningún parlamentario?
–Nada que no sea indebido. No hay problema en hablar. ¿Qué problema habría de ir al Parlamento y hablar abiertamente y decir “mire, sobre este punto puede haber un margen de error”? Pero de ahí a decir “voy a tratar que hagan A en vez de B”, no.

–Justamente, una de las partes más complicadas en el proyecto de ley de lobby es cómo regular a los ex funcionarios públicos que pasan al sector privado.
–Es que yo creo que eso es muy difícil de regular en cualquier país del mundo, más en un país pobre. Este es un país en que siempre se piensa que se va a actuar mal. No se parte de la base de que en general las conductas indebidas son la excepción, siendo que además es un país que tiene un nivel muy bajo de corrupción. Siempre se está bajo la idea de la sospecha.

–Pero se sospecha porque da la impresión que en el club del poder hay una puerta giratoria de la que pasan de lo privado a lo público rápidamente. Es finalmente el tema de lo cerrada y endogámica de nuestra elite.
–¿Y en qué país no es así? Es cierto que hay una tendencia en la sociedad a concentrar poder, riqueza, conocimientos, y hay que luchar contra eso. Pero no se puede caer en la ingenuidad de pensar que de la noche a la mañana las cosas van a ser de otra manera. Es cierto que en Chile cuesta que se abran las puertas para la gente que no tiene conocimientos o carece de redes. Pero lo que yo noto positivo es que las empresas españolas se hayan abierto a un grupo que antes estaba excluido de los directorios.

–¿Es estratégico para la Concertación que personas como usted entren a lugares con este ethos tan derechista como los directorios en Chile?
–No he ido todavía a ninguna reunión de directorio, pero por las conversaciones que he tenido, sobre todo con representantes del banco español, no me parece gente cerrada. Por el contrario, me parece gente bastante abierta. El jefe de estudios de Provida es Joaquín Vial, ex director de Presupuestos del Gobierno de Frei.

-¿Recomendaría en el directorio contratar un lobbysta?
–Creo que no, porque en general –por lo que he conversado hasta ahora– me parece que la directiva de la empresa está muy abierta a la reforma.

–¿Aunque tuvieron que retractarse de la propuesta que hizo su AFP de que las mujeres jubilaran a los 65 años?
–Es que estuvo muy mal planteado desde el punto de vista comunicacional; no propusieron que se suba la edad para que jubile, lo que dijeron es que si las mujeres jubilaran a los 65 años sacarían mayor pensión.

–¿No es que hay un problema de fondo en el sistema, entonces?
–Pero ese no es un problema del sistema de previsión, sino del sistema de trabajo.

–O sea, es un problema del capitalismo.
–Bueno, claro. Digamos que las mujeres ganan menos que los hombres, tienen más lagunas previsionales, por permisos o porque interrumpen por la crianza de los hijos. Además, se jubilan antes y viven más. Entonces, salvo que alguien les ponga un subsidio, las mujeres siempre van a sacar menos que los hombres.

Girardi se excedió

–¿Qué piensa de la querella de las AFP contra Girardi?
–En general, estoy en contra de cualquier acto que se pueda interpretar como que se cercena el derecho a la crítica. Ahora, creo que las expresiones de Girardi fueron excesivas, porque una cosa es la crítica al sistema y otra es la calificación de conductas personales.

–¿No cree que haya ladrones de cuello y corbata en el sistema?
–No estoy para juzgar a la gente, pero lo que sí creo es que no es conveniente presentar querellas. A medida que uno empieza a estudiar más el sistema, se da cuenta que ha habido cosas positivas. Este sistema tiene un pecado de origen, que es lo que a todos nos irrita: fue creado en un régimen dictatorial y se le impuso a la gente. Además, tiene otro pecado inicial: el bono que se dio a la gente para irse a las AFP no reconocía todos los beneficios de las remuneraciones que tuvieron; hubo lo que se llamó el daño previsional. LND
Artículo publicado por La Nación del Domingo del 30 de abril de 2006
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