La Federalist Society al asalto de la Corte Suprema de EE.UU.

Esta asociación estudia también todos los medios tendientes a impedir que el Estado federal pueda intervenir en el plano económico y falsear las leyes del mercado. De manera enteramente natural, la Federalist Society se dedicó así a la defensa –altamente remunerada– de Exxon ante la campaña por la reducción del calentamiento global, de Philip Morris contra los impuestos sobre el tabaco y de Microsoft contra las leyes antimonopolistas.

En 1998 la Federalist Society se convierte en una herramienta directamente política. Al estallar el escándalo Lewinsky, se nombra un fiscal especial, Kenneth Starr

Richard Mellon Scaife.
Kenneth Starr es precisamente miembro de la asociación y, al igual que ésta, goza de la generosidad del millonario de extrema derecha Richard Mellon Scaife, que fue el encargado de investigar las «aventuras» del presidente Clinton. El fiscal especial se rodea entonces de juristas de la asociación, desestabiliza la presidencia demócrata y trata de provocar la destitución de Bill Clinton.

La Federalist Society da rápidamente un nuevo paso. Aconseja la Non-Delegation Doctrine. Ya no se trata de cambiar de presidente sino de cambiar de régimen.

El abogado C. Boyden Gray, ya conocido como promotor de una asociación de defensa de la libre empresa y contraria al cobro de impuestos a las empresas, gana un proceso entablado por la Federación de la Industria Automovilística (American Trucking) contra la Agencia Nacional de Protección del Medio Ambiente (USEPA, siglas en inglés). Boyden Gray logra que los tribunales reconozcan que si bien el Congreso puede votar leyes que limiten los gases tóxicos que producen los automóviles, no puede en cambio delegar en una agencia estatal la capacidad de reglamentar las modalidades de esa limitación. La decisión de los tribunales invalidó la reglamentación lo cual permite a la industria automovilística contaminar cuanto le venga en ganas.

En aquel momento, la prensa interpreta este principio de Non-Delegation como una argucia jurídica ligada a una visión arcaica de una estricta separación de poderes. Tienen lugar entonces los atentados del 11 de septiembre de 2001. De pronto, todo cambia de sentido: en lo adelante, si el poder legislativo no puede delegar no es tanto porque el poder ejecutivo tenga que mantenerse en su lugar como porque no se debe obstaculizar la acción de este último en la lucha contra el terrorismo. Si el Congreso no puede dejar nada en manos del gobierno, tampoco puede interferir su acción. A partir de entonces, el contrapoder del Congreso se limita a la votación del presupuesto.

Lo que es aplicable al Congreso, lo es también al poder judicial. Para unos después de los atentados, para otros después, el presidente Bush se libera de las reglas normales y autoriza a la NSA a espiar a los ciudadanos estadounidenses sin esperar por el mandato de los magistrados de la Corte Especial de la FISA.

Gran figura intelectual, Carl Schmitt publicó en 1921 De la Dictadura (Die Diktatur), y, al año siguiente Teología política (Politische Theologie). En ambas obras enunciaba los principios que permitirían desmantelar la República de Weimar e instaurar el Reich, cuya constitución él mismo redactaría más tarde.

La gran obra de John Yoo es la teoría del ejecutivo unificado (Unitary Executive Theory) que, aún sin ser realmente una variante del Führerprinzip de Schmitt, proviene de la misma reflexión y se alimenta de ella. La idea principal es que en tiempo de guerra es imposible tener que estar negociando con un parlamento o esperar por las elucubraciones de los tribunales. El jefe de las fuerzas armadas tiene que decidir solo. La separación de poderes se desvía entonces de su sentido inicial: ya no se trata de establecer un equilibrio entre las instituciones para que estas se controlen entre sí, sino de prohibir a parlamentarios y jueces que se metan donde no los llaman.

Además, el poder ejecutivo se sintetiza en la persona del presidente de Estados Unidos, no en su administración. El presidente es el único autorizado a resolver los litigios entre agencias gubernamentales. Lo cual equivale a la supresión del derecho administrativo.