Eliminado el secretismo en la administración pública 

El presidente de Pro Acceso, Juan Pablo Olmedo, valoró la decisión del gobierno de derogar la norma que facultaba a las distintas reparticiones a determinar discrecionalmente qué materias serían de conocimiento público y cuáles no, medida anunciada el 6 de diciembre de 2005 por el ministro secretario general de la Presidencia, Eduardo Dockendorff.

La determinación gubernamental de terminar la vigencia del Decreto Supremo nº 26 responde a que esta norma está tácitamente derogada por la entrada en vigencia del artículo 8º de la Constitución en agosto pasado, que establece la publicidad de los actos y documentos públicos.
Dockendorff anunció que enviará un decreto a la Contraloría General de la República para eliminar la norma, como una manera de mostrar explícitamente la voluntad del Ejecutivo en orden a transparentar la gestión pública.

La iniciativa gubernamental tiene lugar tan sólo una semana después de que Pro Acceso le solicitara al ministro Dockendorff la derogación explícita de dicha norma, denunciando que –pese a su eliminación tácita‑ después de la promulgación de las reformas constitucionales al menos tres reparticiones dictaron resoluciones de secreto y reserva inspiradas en ella.
Se trata del Decreto Alcaldicio Nº 5062 I. Municipalidad de San Bernardo (06/09/2005); la Resolución Exenta Nº 5 del 3 de octubre de este año de la Subsecretaria de Marina y la Resolución Exenta Nº 841 del 15 de noviembre de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.

Curiosamente, el secretario de Estado no aludió ni a esta presentación ni a la ley de acceso a la información  que se tramita hoy en el Congreso, originada en una iniciativa de los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri, no del Gobierno. Conviene también recordar que el proyecto de ley, actualmente en la Cámara de Diputados, originalmente no estaba contemplado en la Agenda de Transparencia del Ejecutivo, y que el Ejecutivo le quitó la urgencia simple tras pasar del Senado hacia la Cámara baja.

Omitió también referirse a que la Sociedad Civil ha emprendido al menos tres acciones contra este decreto. La primera de ellas fue una presentación hecha por Moisés Sánchez ante la Contraloría, que culminó con un dictamen en octubre del 2004 que ordenaba a las dependencias públicas que hubiesen establecido reglamentos de secreto y reserva a ajustar sus decretos y resoluciones a la legalidad vigente.

La segunda fue una Demanda de Nulidad de Derecho Público interpuesta por Pro Acceso. Esta acción tuvo por objetivo invalidar un acto administrativo que no ha cumplido con los requisitos contemplados en la Constitución Política del Estado.

Por último, en junio del presente año, "Defendamos la Ciudad", "Centro Ecocéanos"; "Ciudad Viva", "Oceana"; y Fundación "Terram", representadas por Moisés Sánchez, pidieron al Gobierno que haga cumplir la resolución de la Contraloría. La respuesta del Ejecutivo fue positiva y en agosto envió oficios a las reparticiones para que ajustaran sus normativas no sólo al dictamen de la entidad contralora, sino al artículo 8º de la Constitución, que estaba pronta a entrar en vigencia.
Sin embargo, dicho oficio no fue acatado por las mencionadas reparticiones, lo que motivó la solicitud que Pro Acceso, con el apoyo de la Corporación Participa y del Foro Chileno por la Libertad de Expresión, presentó a Dockendorff el 29 de noviembre.

Continuar avanzando
Juan Pablo Olmedo advirtió que la derogación del DS nº26 es un avance positivo, pero sólo es un primer paso hacia la erradicación del secretismo en Chile. Explicó que seguirá existiendo un vacío legal fértil para la opacidad hasta que no se apruebe la ley de quórum calificado que ‑según establece la Constitución‑ determinará qué materias deben quedar al margen del escrutinio público.

El abogado precisó que “las modificaciones legales deben ir acompañadas de cambios culturales. De lo contrario, corremos el riesgo de que queden en letra muerta. No sirve de nada tener una buena ley si no se aplica”.

Dijo que ahora empieza una etapa de educación a la población en general y a los funcionarios públicos. En el caso de los primeros, “es necesario que comprendan que cuando están solicitando una información, no le están pidiendo un favor al Estado, sino que están haciendo valer sus derechos”.

Por otro lado “hay que hacer entender a quienes trabajan en la administración pública que su deber no es ocultar los documentos, sino ponerlos a disposición del público. Suena a Perogrullo, pero es lo que está sucediendo”, sostuvo Olmedo.

Agregó que para reforzar estos puntos es fundamental incorporar al proyecto de ley que se tramita en el Congreso dos modificaciones. La primera de ellas se refiere a avanzar en una ley de archivos, “porque es muy difícil que un funcionario entregue un documento si no existe la obligación de que éste se guarde, o no se pueda encontrar porque no está archivado correctamente”. Lo segundo es fomentar una institucionalidad autónoma y un rol activo del aparato estatal en la promoción del derecho de acceso a la información.

Artículo enviado a PiensaChile por ProAcceso