El reality show de la delincuencia

El exacerbado temor a la delincuencia se instala en la mente de los chilenos junto a la "agenda" que supuestamente la combatirá. No pocas voces se alzan para exigir se rebaje aún más la imputabilidad legal, se encarcele a niños y se construyan cárceles en islas, al estilo estadounidense. El gobierno y la derecha, que empuja el carro por disímiles motivos, señalan que "derrotarán el crimen y el narcotráfico"… en el próximo gobierno. La televisión continúa el show en sus noticiarios, que cada vez incluyen más delitos y morbo. Hace un par de años se habló de un Ministerio de Seguridad, a la par que se discutía la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), hoy funcionando a plenitud.

Joaquín Lavín, candidato presidencial de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI), insiste en levantar la lucha contra la delincuencia. "Los delincuentes van a votar por Michelle Bachelet", dijo, y apuntó con el dedo a Lagos señalando: "Han pasado seis años de su gobierno y la delincuencia es el doble. Es por eso que no me voy a quedar callado de aquí al fin de la campaña. ¡Si pudiera hablar de la delincuencia todos los días, hablaría todos los días, porque quiero que se haga conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo!". Lavín recalca que el "problema número uno" de hoy es la delincuencia: "Cuando salgo a la calle, lo que la gente me dice es: ‘don Joaquín, ¡mano dura!’. Eso es lo que necesita Chile".

La derecha ya ha conseguido restringir el derecho a la libertad provisional en la reciente Reforma Procesal Penal. Sebastián Piñera, candidato presidencial de la centro derecha, también aprovechó el clima: "Si no tomamos el toro por las astas, seguirán habiendo niños inocentes de cinco años que mueren saliendo de la reja de su casa", dijo luego de visitar a los familiares de un menor de La Granja muerto durante un tiroteo.

Temor, más y más rejas, encuestas donde los ciudadanos responden que su principal miedo es la delincuencia; horas en los noticiarios y páginas en los diarios; adquisición de armas y alarmas; negocio de las aseguradoras, etcétera, son parte del imaginario que se impone. Las propias cifras de la Fundación Paz Ciudadana -dirigida por Agustín Edwards, dueño de El Mercurio-, dicen que ciertos índices de delincuencia han bajado, aumentando otros como el robo-hormiga en los supermercados y el de automóviles. Chile presenta el menor número de robos con violencia, secuestros y de homicidios de Latinoamérica, y Santiago figura entre las ciudades más seguras del mundo. ¿Y entonces?

"Si bien el tema de la seguridad ciudadana no es completamente nuevo, pues al menos desde los años cincuenta que se viene manifestando, no son pocos quienes afirman que se instala como una de las principales prioridades sociales hacia finales de los 90 por el Manhattan Institute, organización norteamericana de orientación conservadora que considera que la guerra contra el comunismo ha concluido y que la nueva prioridad debe dirigirse al resguardo de las personas y su calidad de vida bajo la premisa que el resguardo e inviolabilidad de los espacios públicos resulta esencial para la vida en la ciudad y que el desorden genera delincuencia. Esta doctrina constituyó la base entonces de la conocida teoría de las ‘ventanas rotas’ elaborada por James Q. Wilson y George Kelling, que inspiró la política de ‘Tolerancia Cero’, encabezada por el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giulliani. Ahora bien, el tratamiento del tema de la inseguridad en los medios de comunicación de masas en muchos países del mundo durante el último cuarto de siglo y en Chile durante la última década, ha implicado entenderlo como un problema social de primera importancia en la agenda nacional y, por tanto, de connotación política.

Invariablemente, una vez que el incremento de las tasas de criminalidad alcanza elevada difusión social y se generaliza la sensación de peligro -muchas veces por un tratamiento sensacionalista por parte de los medios masivos y/o interesadamente motivado por ciertos niveles de decisión como también por los denominados ‘poderes fácticos’-, la opinión pública demanda una respuesta eficaz de la autoridad, exigiendo frecuentemente medidas que implican incrementar el control y la represión", señalan los sociólogos Emilio Torres y Patricio de la Puente.
Miedo al otro

El temor es el catalizador de la derecha para seguir imponiendo su agenda, que incluye fin del indulto a delincuentes, cadena perpetua efectiva, "tercera es la vencida", eliminar la libertad condicional y retorcer las garantías de la Reforma Procesal Penal. Según el Centro de Estudios Públicos (CEP), Joaquín Lavín destaca entre los presidenciables en el "tema de la delincuencia". Es el mejor "evaluado". Según su última encuesta, el principal problema que los chilenos perciben que debe solucionarse es la delincuencia (47 por ciento), junto con la salud (42 por ciento) y el empleo (40 por ciento).

Con el pretexto de la urgencia de políticas de seguridad ciudadana, se sigue fortaleciendo el control social a través de un sistema represivo-preventivo, que mantiene estructuras centralizadas e innumerables ramificaciones territoriales en las poblaciones, la zona mapuche, e incluso centros estudiantiles. El control social se basa en organismos de inteligencia y la especialización y militarización de las policías, que mantienen su tradición autoritaria al servicio de las clases dominantes. El férreo control sobre la sociedad ejercido por medio del modelo económico es reforzado por los medios de comunicación y la propia "seguridad ciudadana".

Según George Kelling, "el mantenimiento del orden social y la atención ‘apropiada’ de los delitos menores previenen y reducen los demás. Pero también, ‘acabar’ con una cultura de dependencia para reemplazarla por motivación, independencia y diligencia". Es decir, lo importante para las políticas de seguridad es acabar con el gasto social en los sectores pobres, de manera que "dejen el ocio y la ‘potencialidad de delinquir’, para serle útil al mercado".

El cambio se opera a nivel superestructural, culturalmente, socializando el miedo desde y con los medios de comunicación. De esta forma, el sujeto percibe en el discurso de la seguridad ciudadana su propia realidad. Aunque no sea real, cree que lo es. Ese es el fin de bombardearnos con la crónica roja que repite hasta el cansancio el "peligro" de acudir a lugares públicos, o salir de casa. El "peligro" de estar con otros. El sistema se reproduce, manipulando el miedo en millones de personas. Se atomiza aun más la sociedad, modificando la relación con los otros. El fin último es excluir al otro -el supuesto delincuente pasa a ser una no-persona que merece la peor condena o la muerte con tal de proteger a la sociedad- y destruir el espacio publico. Espacios de interacción, debate, reciprocidad, reflexión y organización, comienzan a desaparecer. La pobreza se transforma en un crimen y no se puede confiar de nadie. Mientras, el sistema sigue su marcha.

Una encuesta de la Universidad Católica Silva Henríquez advierte que más del 92 por ciento de las personas de "estratos bajos" (pobres) señala que la seguridad ciudadana es "regular" y "muy mala". El 60,4 por ciento de los encuestados se siente "inseguro" o "muy inseguro" en los espacios públicos y el 59,9 por ciento se siente "menos seguro" o "mucho menos seguro" que hace diez años. La percepción, alimentada por los medios de comunicación, contrasta con la opinión de Ricardo Lagos: "Nunca en la historia de este país hemos inverti
do tanto en seguridad ciudadana como lo hemos hecho en estos últimos años. Ese tremendo esfuerzo implica sacar adelante la Reforma Procesal Penal y una nueva justicia, más rápida y con mayores índices de eficiencia".

En octubre se comienza a aplicar en la Región Metropolitana el Plan Regional Antidelincuencia (PRAD) -cada región define los delitos y los sectores específicos que decide trabajar y coordina esfuerzos para disminuirlos-, que ya funciona en el resto del país. Los PRAD han significado reducir en un 11,5 por ciento las denuncias por delitos de mayor connotación social y un alza de 6,4 por ciento en el número de detenciones en los sectores focalizados. A pesar de las cifras, la inseguridad persiste en amplias capas de la población. Desde hace meses, se viene machacando a la ciudadanía una agenda de seguridad de la mano de Paz Ciudadana. Con éxito mediático se impone la idea que el gobierno ha fracasado en su lucha contra el delito, y que la "seguridad ciudadana" es la principal preocupación de la ciudadanía.

Mano dura
El gobierno modificó la Ley de Control de Armas y Explosivos elevando las penas: ha sido aplicada principalmente contra estudiantes. La Ley Antiterrorista se sigue aplicando contra comuneros mapuche. Una suerte de "Estado policial" ya se instaló en el sur. Son más de 400 los mapuche procesados por movilizaciones de las comunidades en conflicto. A esa cifra hay que sumar órdenes de detención y presos políticos mapuche en la VIII y IX regiones. Ministros especiales y fiscalías se han encargado de investigar -desde fines de 1997- hechos producidos en el sur del país en el marco del conflicto que enfrenta a mapuches y empresas forestales. Decenas de mapuche se encuentran sometidos a proceso por la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista, y han denunciado al nuevo sistema procesal penal como un nuevo instrumento del racismo.

Se repite hasta el cansancio que la "seguridad ciudadana" es el problema de mayor preocupación en la población, por sobre la cesantía o la democratización de la sociedad. Según cifras gubernamentales, los delitos de "alta connotación social" se mantienen estables e incluso han disminuido. Lo que aumenta es la cifra de denuncias y la percepción de temor. La agenda antidelincuencia es parte del objetivo estratégico de las clases dominantes. Su expresión política exacerba en el imaginario el cuestionable aumento de la delincuencia, con el fin de acentuar las desigualdades, perpetuar la impunidad de los responsables de violaciones a los derechos humanos y reprimir cualquier atisbo de organización. La "seguridad ciudadana" ha reemplazado a la "seguridad nacional", en un contexto donde se hace aparecer a la inseguridad como pan de cada día y consustancial al proceso de "crecimiento económico" y desigual distribución del ingreso.

En marzo de 1997 se implementó un plan antidelincuencia en cinco comunas de Santiago. Se destinaron 350 millones de pesos y se incrementó la dotación de Carabineros en 1.350 funcionarios. No dio los resultados esperados y se optó por otra estrategia, el "Plan Cuadrante", que vio la luz en febrero de 1998, dividiendo Santiago en "sectores" que facilitarían la vigilancia por parte de Carabineros que intentarían mayor interacción con la comunidad. El Plan continúa, y ha sido reformulado en varias oportunidades incrementando la presencia policial en los sectores populares e interviniendo en ciertas poblaciones consideradas de riesgo.

En abril de 1998, el presidente Eduardo Frei Ruiz- Tagle dio a conocer un paquete de medidas del Nuevo Plan Antidelincuencia, que incluía algunos ajustes legales, un nuevo reglamento penitenciario, promover la colaboración ciudadana en la acción de Carabineros, aumentar el control policial en zonas de mayor riesgo, mejorar la atención de las víctimas ampliando las capacidades del Servicio Médico Legal y dar un mayor énfasis en la prevención del consumo de drogas. Se invirtieron, además, 5.500 millones de pesos en programas comunitarios.
Frei Ruiz-Tagle impulsó proyectos para modificar la dependencia de Carabineros e Investigaciones del Ministerio de Defensa, trasladándola al de Interior, para la creación de un viceministro de Seguridad Pública y la creación de la Dirección Nacional para el Control de Drogas y Estupefacientes, cuyo órgano superior sería el Conace. En las propuestas legales se buscó acelerar los trámites de los proyectos del Ministerio de Justicia en cuanto a la Ley Orgánica Constitucional de Ministerio Público, Código Procesal Penal, ley sobre violación y delitos sexuales, legislación familiar y de menores, y anteproyectos sobre Defensoría Penal Pública, responsabilidad juvenil y eliminación del trámite de discernimiento, entre otras.

A comienzos de 1999 se da curso al séptimo plan de seguridad, aumentando la capacidad operativa de las policías externalizando los servicios de 24 de las 67 funciones administrativas desempeñadas por Carabineros, para que cerca de 12 mil efectivos sean redestinados a labores de prevención y represión en las calles. El llamado Plan Vecinal Integral, eje de la estrategia antidelincuencia en el último año de Frei, contempló como puntos claves la Reforma Procesal Penal, la ley que restringe las libertades provisionales y el incremento de la dotación de Carabineros en 12 mil hombres. Una de las últimas medidas fue la creación del Consejo Metropolitano de Seguridad, dependiente de la Intendencia de Santiago.

Atemorizando a la población
El Plan de Seguridad Vecinal Integral, potencia al Plan Cuadrante "con mayor presencia policial, optimizando el tiempo de respuesta operativa y generando un notable acercamiento a la comunidad". Dentro del Plan Cuadrante, el Plan Estratégico de Control Delincuencial Selectivo implementó medidas dirigidas a áreas específicas, como la locomoción colectiva ("bus seguro"), población femenina ("plan señuelo"), entre otros.

El Plan Cuadrante, iniciado tras un período de prueba en 1998 en las unidades policiales de la zona sur de Santiago, fue puesto en marcha en abril del 2000 en toda la Región Metropolitana, a excepción de comunas como Buin y Calera de Tango. Su "objetivo" es desarrollar un sistema de vigilancia preventiva las 24 horas del día y "lograr un acercamiento con la comunidad y aumentar la presencia policial en las calles", señala un estudio.

Durante el gobierno de Ricardo Lagos, Carabineros ha continuado "perfeccionando" el Plan Cuadrante, con nuevas iniciativas como el Plan Comuna Segura Compromiso Cien y otras, que han significado incluso la intervención de poblaciones completas.

Según los sociólogos Emilio Torres y Patricio de la Puente, en las políticas antidelincuencia no se observan esfuerzos de gran escala que se orienten a la "prevención primaria", es decir, que adopten medidas estructurales para inhibir los procesos de formación de la delincuencia.

"También la problemática de la drogadicción juvenil ha sido normalmente tratada como fenómeno aislado. Sólo recientemente se observan intentos para vincularla a la seguridad ciudadana. Algo similar ocurre con la prevención de tipo terciario, que implica actuar con posterioridad a la ocurrencia del crimen mediante procesos de rehabilitación y reinserción social de los delincuentes, iniciativas que vienen recibiendo severas críticas en nuestro medio por lo restringido de su aplicación, la falta de recursos asignados y la carencia de compromiso de sectores ajenos al Estado, como los empresarios y la ciudadanía en general para facilitar los procesos de readaptación."

Agregan: &quo
t;La sensación de inseguridad no guarda relación estricta con las estadísticas que registran empíricamente las probabilidades de ser víctima de delitos (…) Sobre la base de los resultados de las encuestas, es posible observar que el problema de la delincuencia parece y se mantiene como una prioridad entre los chilenos, alcanzando mayor atención que otras dimensiones tradicionales de la agenda pública y las demandas sociales, como que el empleo, la salud o la educación. De hecho, en 1989 sólo para el 29 por ciento de la población este tema era de gran importancia, en cambio a partir de inicio de la década de los noventa, la preocupación por la delincuencia supera incluso a la salud, que siempre se ha destacado como una de las principales dificultades que enfrenta el país. Se generalizó la publicación periódica de cifras y estadísticas sobre delitos, variaciones porcentuales entre períodos y comentarios de diversos actores. En ese sentido, la importancia otorgada por la población a la delincuencia durante este período, siempre supera las denuncias efectivas en los delitos más frecuentes. Lo anterior permite sospechar un interesante efecto de ‘agenda setting’. Es decir, de una correspondencia entre la selección que realizan los medios masivos de comunicación al incorporar en sus principales titulares, reportajes y secciones noticiosas el tema de la inseguridad y la prioridad que la opinión pública comienzan a darle".

Según ambos sociólogos, la discusión en torno a las cifras se cruza con el análisis económico del delito. "Uno de los trabajos más acabados al respecto ha sido efectuado en Cepal, por Iván Silva. En este estudio se estima que el costo económico de los delitos en una ciudad como Santiago asciende aproximadamente a 275 millones de dólares anuales. Los delitos contra las personas representan, en promedio, el 72 por ciento, mientras que los accidentes del tránsito, que son considerados como cuasidelitos, alcanzan a 28 por ciento del costo total. Entre las comunas, es Santiago la que acumula los mayores costos económicos de los delitos, bordeando los treinta millones de dólares, seguida por Maipú, Las Condes, La Florida, Providencia, ñuñoa y San Bernardo. Las comunas con menores niveles de vigilancia policial coinciden, en general, con aquellas más pobres del Gran Santiago, lo que revela un factor de inequidad en la distribución de los medios policiales para combatir la delincuencia en toda la ciudad", agregan.

(*) Una versión de este artículo fue publicada por la revista Punto Final.

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