La tarea pendiente de España en la descolonización del Sáhara Occidental

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha llamado a erradicar el colonialismo “de una vez por todas”. En su intervención con motivo de la apertura del periodo de sesiones de 2020 del Comité Especial de Descolonización de la ONU, el 21 de febrero pasado, Guterres recordó que aún hay pendientes de descolonización 17 territorios no autónomos (TNA), es decir, “territorios cuyos pueblos no han alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio”, según se definen en el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas (Declaración relativa a Territorios No Autónomos).
En el marco del nuevo orden mundial establecido tras la II Guerra Mundial, la Asamblea General de la ONU incluyó en su resolución 66 (I), de 14 de diciembre de 1946, una lista de 74 Territorios a los que se aplicaba el mencionado Capítulo XI de la Carta; en 1960 aprobó la ‘Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales’ (resolución 1514 (XV)); y en 1961 estableció un Comité Especial de 17 miembros -ampliado hasta 24 en 1962- para examinar la aplicación de la citada Declaración sobre la descolonización y formular recomendaciones al respecto. El nombre completo de dicho organismo es ‘Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales’ (comúnmente conocido como Comité de los 24, C-24, o Comité Especial de Descolonización). En 1963, el mencionado Comité añadió el Sáhara Occidental a la lista de TNA (A/5446/Rev.1, anexo I). Como resultado del proceso de descolonización, la mayoría de aquellos territorios –convertidos ya en países independientes o modificado su estatus- fueron siendo retirados de la lista.  A fecha de hoy, el Comité Especial sigue manteniendo en el programa de descolonización los 17 TNA antes mencionados.
El Comité se reúne anualmente para revisar y actualizar la lista de territorios no autónomos amparados por la citada resolución 1514 (XV); escucha las declaraciones de representantes nombrados y electos de los TNA, así como de peticionarios; envía misiones visitadoras a dichos territorios; organiza seminarios sobre la situación política, social, económica y educativa en ellos; formula recomendaciones en relación con la difusión de información para movilizar a la opinión pública en apoyo del proceso de descolonización y celebra la Semana Internacional de solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos (Resolución 54/91 de 24 de enero de 2000).
Sáhara Occidental es el único de los TNA aún existentes incluido en la mencionada lista en 1963 (los otros 16 lo fueron en 1946); asimismo, es el que figura en primer lugar en la lista y el único pendiente de descolonización en África; y es también, con gran diferencia, el más extenso y con mayor población de todos.

Tras la firma de los Acuerdos de Madrid (14 de noviembre de 1975) y el abandono definitivo del Territorio, el Representante Permanente de España ante Naciones Unidas comunicó al Secretario General, el 26 de febrero de 1976, que con esa fecha, el Gobierno español daba término definitivamente a su presencia en el Territorio del Sáhara y estimaba necesario dejar constancia de que España se consideraba desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración de dicho Territorio, al cesar su participación en la administración temporal que se había establecido para el mismo (A/31/56-5/11997) en base a los citados Acuerdos. De esta manera, España se desvinculaba unilateralmente de sus obligaciones con la comunidad internacional y con el pueblo saharaui, teóricamente bajo su protección (“Los saharauis y el Sáhara Occidental. De los orígenes al 2018”, Círculo Rojo, 2019).
Dada su naturaleza, contenido y propósitos, los ‘Acuerdos Tripartitos de Madrid’ constituyeron una violación flagrante de un principio cardinal de la Carta de la ONU: el derecho a la libre determinación de los pueblos. La entonces OUA (actualmente, Unión Africana, UA), al admitir como Estado miembro, en 1984, a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), negó valor jurídico y político a aquellos Acuerdos (Ahmed Boukhari, “Las dimensiones internacionales del conflicto del Sahara occidental y sus repercusiones para una alternativa marroquí”, Real Instituto Elcano, DT 19/04/2004).
En 1975, la Corte Internacional de Justicia de La Haya ya dictaminó que ni Marruecos ni Mauritania ostentaban título alguno de soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental (Opinión consultiva de 16 de octubre de 1975). Y la Asamblea General de la ONU ha reafirmado que la cuestión del Sáhara Occidental es un problema de descolonización que debe resolverse sobre la base del ejercicio, por el pueblo del Sáhara Occidental, de su derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia (“El Sáhara Occidental. Prontuario jurídico. 15 enunciados básicos sobre el conflicto”, Andavira, 2ª edición, 2019). La Resolución 3437 (1979) de la Asamblea General insta a Marruecos a “poner fin a su ocupación militar del Sáhara Occidental y a negociar con el Frente Polisario, en calidad de legítimo representante del pueblo saharaui, los términos de un alto el fuego y las modalidades de un referéndum de autodeterminación”. En su Informe de octubre de 2004, el entonces SG de la ONU, Kofi Annan señala que “la opción de la independencia ya había sido aceptada por Marruecos en el Plan de Arreglo”.
Y en un dictamen específico sobre el Sáhara Occidental, remitido por el Secretario General Adjunto para Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico de la ONU, Sr. Hans Corell, al Presidente del Consejo de Seguridad, en 2002, lo dejaba bien claro:
“Los Acuerdos de Madrid no han transferido la soberanía del Sáhara Occidental ni han otorgado a ninguno de los firmantes el estatus de potencia administradora, estatus que España no puede transferir unilateralmente.” (Resolución S/2002/161 del Departamento Jurídico de Naciones Unidas).
En octubre de 2012, el Informe del Departamento de Estado estadounidense al Congreso subrayaba que “Marruecos reivindica la soberanía sobre el Sáhara Occidental, posición que no es aceptada por la comunidad internacional”. E iba aún más allá al afirmar que Marruecos no es considerado por la ONU la potencia administrativa ‘de iure’ del territorio”. (En realidad lo es España, aunque sus gobernantes pretendan seguir evadiendo esa verdad). (Bujari Ahmed, “Sáhara Occidental: dos propuestas de solución”, El País, 26/10/2012).
Para no aburrir al lector, simplemente mencionar también sendas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 2016 y 2018, fallando meridianamente que Marruecos y el Sáhara Occidental son “dos territorios separados y distintos”.
En la apertura del período de sesiones de 2020 citada al inicio, el Secretario General de la ONU reiteró su compromiso con el Comité de Descolonización, recordando que él mismo había nacido en Portugal bajo un régimen dictatorial que denigraba públicamente a ese Comité y que oprimía al pueblo portugués y a sus colonias, “así que para mí es algo muy emotivo”, admitió. Guterres destacó que la Revolución de los Claveles puso a fin a la dictadura en 1974, pero que ello solo fue posible gracias a la lucha llevada a cabo por los movimientos de liberación en las colonias -Angola, Guinea, Mozambique, Timor-, que llevó a que los militares portugueses comprendieran que la guerra colonial era una guerra sin sentido que había que detener, lo que se logró gracias a la Revolución de los Claveles, “que condujo a la democracia en mi país y a la independencia de las antiguas colonias portuguesas”, resaltó.
Tras la intervención del Secretario General, la representante permanente de Granada ante la ONU, Keisha Aniya McGuire -que fue reelegida presidenta para el actual periodo de sesiones del Comité-, coincidió con Guterres en que la agenda de descolonización no se encuentra en un punto muerto sino avanzando y que “es nuestra misión y responsabilidad lograr un progreso significativo de la manera más eficiente posible y con la colaboración de todos los involucrados”. De hecho, en septiembre próximo, otro TNA, Nueva Caledonia, celebrará su segundo referéndum sobre la independencia, tras un primero celebrado en 2018.
Es evidente que la descolonización representa uno de los capítulos más relevantes de los casi 75 años de vida de la ONU, habiendo desempeñado el mencionado Comité de Descolonización un papel fundamental. Haber pasado de 74 a 17 TNA constituye un logro del que “todos podemos estar orgullosos”, afirmó Guterres; “sin embargo –añadió-, no debemos olvidar que los pueblos de esos 17 territorios siguen esperando que se cumpla la promesa de autonomía”, al tiempo que recordaba que este 2020 marca el último año del Tercer Decenio Internacional para la Erradicación del Colonialismo, un hito relevante que debiera servir para poner punto final a esas situaciones coloniales. El Secretario General concluyó su intervención ante los Miembros del Comité asegurándoles: “Permaneceré a su lado mientras dan otro impulso para erradicar el colonialismo de una vez por todas”.
Han transcurrido 18 años desde que, en 2002, el hasta entonces TNA de Timor Oriental concluyera su proceso de descolonización y se convirtiera en un país libre e independiente. Timor Leste fue un caso coetáneo y muy parecido al del Sáhara Occidental. El territorio de la actual República Democrática de Timor Oriental fue colonizado por Portugal en el siglo XVI (‘Timor portugués’). Tras la Revolución de los Claveles, la colonia declaró su independencia en diciembre de 1975, pero pocos días después -siguiendo el ‘ejemplo’ de Marruecos en el entonces Sáhara Español- fue invadida y ocupada por tropas de la vecina Indonesia, que convirtió el territorio timorense en su provincia número 27. Sin embargo, la presión internacional y un potente movimiento de la sociedad civil lograron que el Gobierno portugués se implicase seriamente y, con la mediación de la ONU, se llevase finalmente a cabo el referéndum de autodeterminación, en el que el pueblo timorense eligió la independencia.
Nada obliga a que la España democrática de hoy, un Estado social y de derecho, tenga que asumir el pesado fardo heredado del último Gobierno de la dictadura franquista, los ignominiosos Acuerdos Tripartitos, ilegales e ilegítimos, como reconoció el propio Felipe González -entonces secretario general del PSOE- en su alocución en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf el 14 de noviembre de 1976, primer aniversario de la firma de los Acuerdos de Madrid.

 
La causa saharaui, justa y legítima, es un tema pendiente de nuestra Transición a la democracia, como lo ha sido también la exhumación del dictador Francisco Franco del ‘Valle de los Caídos’. A fecha de hoy, y después de las palabras pronunciadas por el mismísimo Secretario General de la ONU, no podemos seguir haciendo oídos sordos y mirando hacia otro lado.
Sería deseable, por tanto, que España, al igual que hizo Portugal en el caso de Timor Oriental, hiciese lo propio en el caso del Sáhara Occidental –nuestra antigua ‘Provincia 53’-, honrando así sus responsabilidades históricas y poniendo fin a la enorme injusticia cometida contra el pueblo saharaui. Es ya hora de descolonizar, como ha afirmado quien tiene la máxima competencia para ello, el Secretario General de la ONU, al igual que lo hicieron también, hace ya tiempo, Hans Corell, Frank Ruddy, Stephen Zunes, George McGovern y tantos otros. Y, sobre todo, como reclama, pacífica pero insistentemente, el sufrido pueblo saharaui, que tiene la legalidad internacional de su parte.
Hoy, ciudadanos de todo el Mundo, miembros de la sociedad civil, a través de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), así como, organizaciones, personalidades, intelectuales y profesionales han lanzado una Petición al Gobierno español para que asuma las responsabilidades de Estado, denunciando la ilegalidad de los Acuerdos de Madrid (1975) sobre el Sáhara Occidental y actuando en consecuencia. Puedes aportar tu firma aquí y contribuir a la lucha del Pueblo Saharaui difundiendo la Petición.
 
-El autor, Luis Portillo Pasqual del Riquelme, es Doctor en Ciencias Económicas, exprofesor en la Universidad Autónoma de Madrid
 
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