En un paso más de la represión contra los dirigentes populares peruanos, el Poder Judicial condenó a seis años de prisión al carismático gobernador de Puno Walter Aduviri, por el “aymarazo”, el levantamiento popular contra la concesión a una trasnacional canadiense para la explotación de plata, que ponía en riesgo las cuencas hídricas de la región.
Aduviri, quien asumió el 1 de enero el cargo de gobernador por el Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional (Mi Casita), se convierte en la segunda autoridad regional condenada a prisión este mes. El primero fue el representante de Junín, Vladimir Cerrón (del movimiento Perú Libre) sobre el que pesa una orden de ubicación y captura. Aduviri permanece prófugo.
La disposición proviene de la asonada aymara que se produjo en mayo del año 2011, cuando un grupo de manifestantes, sitiaron la ciudad de Puno, medida de protesta que terminó con la quema de la sede de varias instituciones públicas.
El reciente conflicto minero Tía María, ha puesto en la balanza al gobierno de Martín Vizcarra y al poder fáctico peruano, aliado a las políticas de depredacción extractivista de las trasnacionales mineras. La victoria arequipeña hasta ahora es parcial, pero, aun así, el proyecto minero ya abortó.
Nuevamente el poder fáctico peruano usó a la (in)justicia y en otro caso de lawfare, el Juzgado Penal Colegiado de Puno sentenció a seis años de prisión efectiva a Aduviri, como coautor no ejecutivo contra la tranquilidad pública, por el presunto delito de disturbios en agravio del Estado, en el denominado caso “Aymarazo” (26 de mayo del 2011), además el pago de dos millones de soles en reparación civil en favor del Estado.
La protesta desembocó en una dura represión por parte del Estado y en la cancelación del proyecto. Sin embargo, la Fiscalía de Puno inició procesos penales a los principales dirigentes. De las 49 personas (dirigentes, tenientes gobernadores y habitantes de la zona sur de Puno) comprendidas inicialmente en la investigación judicial, solo Walter Aduviri ha sido condenado. Todos los demás fueron absueltos el 2018.
En 2017 Aduviri -quien era dirigente de uno de los frentes de defensa- fue condenado a siete años de prisión, pero en octubre del 2018 la Corte Suprema de Justicia anuló su sentencia por errores en la tipificación del delito. Por ello se ordenó un nuevo juicio, el cual empezó el 22 de abril y culminó esta semana.
Durante y después de la lectura de sentencia, el Frente de Defensa de Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno convocó a decenas de manifestantes para marchar en respaldo al gobernador. Esta organización -que Aduviri lideró durante el ‘aymarazo’- es hoy representada por Édgar Chura, quien calificó esta condena como una persecución contra los dirigentes sociales.
Manotazos de ahogado de la derecha
Vladimir Cerrón, líder social y exgobernador de Junín, hoy en la clandestinidad debido a que la Justicia derechista peruana lo condenó a cuatro años de prisión tras un juicio-farsa, afirma que se trata de manotazos de ahogado de la derecha ante el avance de la izquierda en todo el país, a pesar de la represión. “Arequipa, se le ha ido de las manos a la derecha que gobierna impunemente el país, cerca de 200 años. El conflicto minero Tía María, lo ha puesto en la balanza al gobierno”, dijo.
Detalló que Apurímac, hasta hace poco ha sido el centro de atención, donde se libró la batalla contra la transnacional que explota Las Bambas. El Estado tuvo que intermediar y ceder, pese a la tregua las comunidades denuncian que ninguna cláusula del acuerdo se ha cumplido. Moquegua, ha empezado una protesta contra el proyecto minero Quellaveco, exigiendo mejores condiciones de negociación, descentralización de las utilidades y cuidados ambientales y laborales.
Cerrón afirmó que Puno, se ha manifestado ahora a favor de un nuevo Ayamarazo, tras la sentencia a Aduviri, mientras Tacna, una zona que “sufre el impacto directo de la chilenización del Estado peruano y donde existe un fervor patriota sin precedentes, tampoco apostará por la derecha”. Cuzco, vuelve a ser el Cuzco Rojo, donde resurgen los conflictos mineros en la provincia de Espinar.
“¿Qué necesita la izquierda para capitalizar todo este cultivo?, necesita unidad, la piedra angular de la victoria, caso contrario volverá a meter una mediana bancada en el congreso que rápidamente se fragmentará, como ha ocurrido siempre, hasta en los mejores momentos de Barrantes. Así es, la única garantía de la unidad congresal, es triunfar también a nivel nacional”, concluyó el exgobernador de Junín.
En defensa del territorio, el ambiente y el agua
Con el anuncio de que el Proyecto Santa Ana -de la trasnacional canadiense Bear Creek- que consta de seis concesiones mineras en un total de 5.400 hectáreas para la extracción de 63 millones de onzas de plata por año de trabajo, buscaba iniciar la explotación de plata en el distrito de Huacullani–Chucuito, en los primeros meses del año 2012, las protestas por parte de la población de Puno no se hicieron esperar.
Una de las razones de más rechazo a este proyecto minero es que se encuentra ubicado en una zona que está cerca del sistema hídrico del Lago Titicaca. Esto se debe a que en primer lugar, Puno se ha convertido en la segunda región con el mayor número de hectáreas concesionadas del país. Las concesiones mineras en Puno pasaron de 433.321 hectáreas el año 2002 a 1.643.746 en 2010, con un aumento del 279%. El conflicto se inició a partir de este proyecto minero, y posteriormente, se fueron sumando otras causas.
El conflicto en Puno, el aymarazo, ha mostrado una particularidad que lo diferencia de otros casos de conflictos recientes, ya que el tema central no ha girado en torno a un caso o proyecto minero específico, sino que el pedido central ha sido la anulación de todas las concesiones mineras otorgadas en esa región.
–La autora, Mariana Álvarez Orellana, es* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
*Fuente: SurySur