Nicaragua: Ortega-Murillo, ¿los nuevos Somoza?

Daniel y Rosario califican su política de izquierda, pero su gobierno no tiene de izquierda más que el sello y el membrete, arrebatados a un partido que ellos mismos vaciaron de toda sustancia, convirtiéndolo en una maquinaria electoral y represiva

Cuando se llevaron a cabo las elecciones de 2016, Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, accedió a la vicepresidencia del país. Ya desde el mandato 2007-2012 tenía en sus manos importantes herramientas que le permitían tomar las verdaderas decisiones de gobierno, y su cargo de vicepresidenta lo acrecentó. Rosario es quien se dirige diariamente a la nación a través de los medios públicos que controlan sus hijos e hijas, nombra y destituye ministros, dirige a los alcaldes sandinistas (a quienes destituye cuando no se le subordinan), controla a los escuadrones parapoliciales y a los cuadros jóvenes del FSLN y, sin su venia, no se mueve nada en el gobierno.  Daniel Ortega es la imagen y la autoridad a la que aspira Rosario. Esta alianza política se inició cuando su hija Zoilamérica denunció en 1998 a su padrastro, Daniel Ortega, ante los tribunales nicaragüenses y la Corte Interamericana por haber sido abusada y violada durante 20 años, desde los 11 años. En ese momento, Rosario prestó todo su apoyo a su marido, repudió a su hija, y comenzó su carrera ascendente hasta llegar a la vicepresidencia de Nicaragua, constituyendo una alianza política Ortega-Murillo, basada en el silencio y el chantaje.

Daniel Ortega, como presidente del Gobierno, y secretario general del FSLN, tiene institucionalmente toda la responsabilidad en las decisiones, unas veces apoyando las propuestas de su esposa y, otras, ordenando medidas que han derivado en la situación de opresión y violencia que vive el país y para las que ha recuperado a cuadros del FSLN de la “vieja guardia” que habían sido desplazados y despreciados por la vicepresidenta. Una parte de ellos pasaron a engrosar los cuerpos paramilitares que atacaron con balas las barricadas y “tranques” donde murieron gran parte de las más de 300 personas asesinadas.

Daniel y Rosario califican su política de izquierda, pero su gobierno no tiene de izquierda más que el sello y el membrete, arrebatados con mañas a un partido que ellos mismos vaciaron de toda sustancia, convirtiéndolo en una maquinaria electoral y represiva al servicio de sus intereses políticos y económicos. Este proceso se inició con La Piñata (reparto de propiedades entre cuadros sandinistas tras la derrota electoral de 1990, bajo el pretexto de que el partido no podía dejar el poder sin fortalecerse con recursos para trabajar desde la oposición) y se profundizó mediante el pacto con el liberal Arnoldo Alemán por el que se reparten las cuotas de poder en todas las instituciones. Al final este pacto le sirvió a Alemán para conseguir su libertad, cuando había sido procesado por corrupción y a Ortega, su vuelta a la presidencia en 2006, con un 38% de votos.

Rosario Murillo acuñó a lo largo de su primer mandato el lema de “Nicaragua cristiana, socialista y solidaria”, con el que la pareja siguió en el poder después de unas elecciones fraudulentas en 2011 y luego en 2016. Su particular interpretación del mismo, sumada a la persecución del movimiento feminista, engloban su verdadero ideario de gobierno, por el que podremos juzgar si sus decisiones políticas corresponden a un gobierno de izquierdas o por el contrario, esconden un gobierno conservador, patriarcal, neoliberal, al que ahora ha añadido la represión, la tortura, el asesinato y la denegación de asistencia médica a las personas heridas.

En los años de la Revolución, la Iglesia nicaragüense estaba profundamente dividida. Una gran parte del pueblo cristiano seguía las dinámicas de la Revolución y se encuadraba en ellas. Ellos y ellas constituían la Iglesia popular y de ella surgieron muchos mártires como Gaspar García Laviana y dirigentes como los hermanos Fernando y Ernesto Cardenal. La consigna de la época “Entre Cristianismo y Revolución no hay contradicción” resumía esta postura. En el otro extremo, estaba la jerarquía de la Iglesia Católica, encabezada por monseñor Obando y Bravo (a quien Daniel Ortega llamaba capellán del somocismo), que junto a algunas Iglesias Evangélicas constituían una pieza fundamental de la Contrarrevolución, armada y financiada por los EE.UU. La foto que mejor puede ejemplarizar ese momento es la que recoge la visita a Managua, el 4 de marzo de 1983, del Papa Juan Pablo II, en la que atacó y humilló al sacerdote y ministro de Cultura Ernesto Cardenal, y elogió las posturas de Obando y Bravo.

A partir de la pérdida del gobierno por parte del FSLN, en 1990, se produce un declive de la Iglesia popular que coincide, al igual que en el resto de América Latina, con el ataque del Vaticano a la Teología de La Liberación. A ello se suma un caminar lento y firme de acercamiento de la cúpula del Frente Sandinista al cardenal Obando y Bravo y a los postulados conservadores de la Iglesias católica y de algunas ramas de las Iglesias evangélicas. Primero fue el silencio de Obando ante la denuncia de Zoilamérica (1998), luego el apoyo del FSLN a Obando cuando el presidente Bolaños inició un proceso de investigación por actos de corrupción a la ONG católica COPROSA, dirigida por Roberto Rivas, protegido del cardenal. En esa ocasión, Daniel Ortega mandó poner en las calles de Managua mantas del FSLN que decían “Cardenal Obando, príncipe de la paz, el FSLN te saluda”. En ese período el FSLN dio los votos en el Parlamento para que Rivas fuera reelecto en el Consejo Supremo Electoral. Luego vino el matrimonio eclesiástico de la pareja Ortega-Murillo en la capilla de la UNICA (Universidad Católica fundada por Obando y Bravo). Y así, mientras Daniel Ortega nombra al cardenal Obando y Bravo “prócer de la paz y la reconciliación”, se postra ante él en el 25 Aniversario de la Revolución y le pide perdón por los “errores del pasado”, le otorga la medalla a la orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, le ayuda a consolidar su Universidad Católica y su emisora de radio y le nombra públicamente su gran aliado y consejero espiritual. Obando pasa a apoyar a la pareja Ortega-Murillo y Daniel deja de ser una “víbora moribunda”  (como le llamó durante las elecciones de 1996) y tener un “oscuro pasado” (en las elecciones de 2001), a ser un gran estadista y a defender su acción de gobierno en varias visitas al Vaticano. El resultado de este pacto empieza a concretarse cuando, en octubre de 2006, los diputados sandinistas votaron a favor de la reforma del código penal que castiga con penas de entre cuatro y ocho años de prisión la realización de abortos terapéuticos.

Esta mutación del marxismo a un uso coercitivo de determinadas prácticas religiosas y el abandono del laicismo han llevado a fundamentar sus actuaciones gubernamentales en la voluntad de Dios y a acusar a la oposición de ser “agentes del diablo”.

El eslogan también habla de lucha por una Nicaragua socialista. En el programa del FSLN se decía que era necesario el socialismo para conseguir la felicidad del pueblo, la democracia económica y una sociedad sin distinción de clase o género.  Sin embargo, cuando Daniel Ortega comenzó su primer mandato en 2007, construyó una alianza con el gran capital basado en un modelo de alianza público-privado que aplaudió el FMI –de quien es un buen alumno–, el Banco Mundial y las grandes corporaciones e inversionistas nacionales e internacionales.

Analizando las políticas de los tres gobiernos de Daniel Ortega, podemos afirmar que son neoliberales, sin separación de poderes, con elecciones fraudulentas, políticas impositivas que cargan sobre los sectores trabajadores, una reforma agraria desmantelada, con políticas de género inexistentes o retrógradas, medios de comunicación en manos de la derecha o de la camarilla del orteguismo, políticas de financiación de la salud, educación y vivienda insuficientes y una corrupción galopante.

Para fortalecer dicho modelo, la cúpula empresarial nicaragüense se amplió al sumarse al capital tradicional que se agrupa en el COSEP, una parte de la cúpula militar en activo o en la reserva y la nueva burguesía sandinista, conocida como “los empresarios sandinistas”, articulados en torno al excomandante Bayardo Arce, uno de los grandes beneficiados de la piñata de los años 90 y del tesorero del FSLN, Francisco López. Alrededor de ellos se fundaron empresas potenciadas con la venta de petróleo venezolano a través de la empresa privada mixta, Albanisa. El monto total aportado por Venezuela en estas operaciones es desconocido, pues nunca pasaron por los presupuestos nacionales, aunque se estima que entre 2008 y 2015 entraron más de 4.000 millones de dólares en el país. Si bien algunos de estos capitales se destinaron a programas sociales asistenciales, su mayoría se destinó a negocios de energía, exportación de alimentos, almacenamiento, bancos, infraestructuras, telecomunicaciones, etc… cuyos beneficios enriquecieron a la cúpula del FSLN.

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha profundizado la subordinación del país a la lógica global del capital. Primero fueron los votos del FSLN para la aprobación del TLC con Estados Unidos y Taiwán, y posteriormente la entrega de Nicaragua a las grandes transnacionales y a los capitales extranjeros, que llegan a explotar riquezas naturales o a aprovecharse de la mano de obra barata, como sucede en las zonas francas. A ellos se les han facilitado los trámites y los requerimientos ambientales para poderse apropiar, bajo condiciones muy ventajosas, de explotaciones mineras, forestales y pesqueras y concesiones para agrocombustibles y empresas hidroeléctricas, todo en contra de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas o de las comunidades campesinas. Entre las multinacionales beneficiarias están las españolas Pescanova y Gas Natural Unión Fenosa. Así mismo, en lo que alguna vez fueron tierras reformadas (distribuidas por la reforma agraria y posteriormente reprivatizadas), ahora se erigen lujosos hoteles. El caso más emblemático ha sido la concesión, por 100 años, a una empresa china para la construcción del Canal Interoceánico.

Por otra parte, el eslogan habla de un país “solidario”, con lo que se pretende hacernos creer que sus políticas son continuidad con la época de la revolución, pero la realidad lo desmiente, ya que no se están ejecutando políticas que transformen las estructuras económicas del país y hagan disminuir las desigualdades. Al contrario, se ha construido un sistema económico social sostenido con una baja recaudación fiscal a los grandes capitales, una potenciación de las maquilas y la economía informal y jubilaciones y salarios muy precarios. Su consecuencia es la construcción de un régimen de inequidad social con un creciente proceso de concentración de la riqueza en grupos minoritarios que expulsa a parte de la población nicaragüense a Costa Rica y Estados Unidos. Las políticas sociales son estrictamente de corte asistencial, y con claro interés clientelar y desmovilizador para comprar voluntades con programas humanitarios de ayuda alimentaria, lámina de cinc o lotes agrarios, sostenidas principalmente, hasta hace poco, con la ayuda venezolana. Estos programas, además de ser insuficientes, no mejoran a mediano plazo la situación de la población, ni acompañan a otros programas que cambien la estructura económica del país.

A los tres lemas de su eslogan de campaña de 2016 hay que sumar el odio que la vicepresidenta Rosario Murillo le profesa al movimiento feminista, al que ataca diariamente a través de los medios de comunicación y reprime sus movilizaciones. Los ataques de Rosario Murillo se fueron acentuando paulatinamente a partir de noviembre de 2007, cuando la bancada sandinista – mayoritaria en el Parlamento– ratificó la voluntad expresada en octubre del 2006 de penalizar el aborto terapéutico en el nuevo Código Penal.

Para Rosario, el movimiento feminista, así como el LGTBI, son movimientos burgueses ajenos al pueblo de Nicaragua y parte de la conspiración internacional contra los valores religiosos del pueblo nicaragüense. Así nos lo hacen ver sus palabras: “Nos unimos a la mayoría del pueblo de Nicaragua que ve estos movimientos como un atentado a la identidad y cultura nacional y un atentado contra la fe”, “Las mujeres feministas son parte de la causa del mal, son resentidas y frustradas por naturaleza pues odian al hombre y a quien decida ser madre, pues están en contra de la familia y de Dios. No entienden que la mujer no es completa si no es madre”, “Pediremos para que pasen de la frustración que las asfixia y desquicia, a la paz mental; y pediremos para que esa calma las lleve a reconocer el bien que está en Dios y a rechazar ese feminismo que es el mal, pues es pornografía y penetración imperialista”.

 Dado que el aborto es clandestino, no se tienen datos fidedignos sobre el número de mujeres que se ven abocadas a llevarlo a cabo. La prohibición total del aborto está poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres y las niñas en un país con gran tolerancia a los abusos sexuales y a la violencia intrafamiliar. Esta situación no ha detenido el aborto, lo ha hecho más inseguro para las mujeres de los sectores populares. Cerca de un 25% de mujeres y niñas entre 15 y 49 años han sufrido algún tipo de violencia y alrededor de 100 mujeres mueren anualmente por complicaciones de embarazo que podrían evitarse con el aborto terapéutico. El aborto es un tema de justicia social y salud pública y la lucha por su legalización se resume en un eslogan del movimiento feminista nicaragüense: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

A partir del 18 de abril del presente año se produjo un estallido social sin precedentes en los últimos años. El volcán social que explotó ya tenía demasiada lava acumulada. Una “paz social” que la pareja Ortega-Murillo había impuesto en alianza con el sector privado y con las Iglesias hizo crisis. La respuesta del gobierno fue el asesinato de quien osara protestar y el desarrollo de sus acciones pareciera querer imponer una “normalización” del país teniendo como eje la “paz de los cementerios”. El gran capital y la Conferencia Episcopal rompieron con el gobierno y éste, viendo la dimensión de la sublevación, se vio obligado a aceptar el diálogo nacional. Pero desde el primer momento se puso de  manifiesto que este diálogo, para él, era únicamente una táctica para ganar tiempo.  Mientras el clamor popular demandaba la renuncia del matrimonio responsable de los crímenes, éste decidió responder con más represión. A mediados de junio se suspendieron las sesiones de diálogo y el país se vio sumido en una ola de terror provocada por la acción de grupos paramilitares, que en alianza con la policía, arremetieron contra la población sublevada. Se inició entonces una nueva etapa de represión con secuestros masivos y detenciones ilegales que provocaron la huida del país de casi 25.000 personas. A las capturas le siguieron procesos judiciales sin atenerse a ninguna de las garantías constitucionales. De facto, se instaló el Estado de sitio y una política de terror que abarcó a todos los sectores de la población, incluidos sacerdotes, religiosas y obispos católicos. Hasta hoy, el país se aboca a la confrontación en detrimento del diálogo nacional. Las políticas opresivas del Gobierno han pasado de ser represivas, con un uso excesivo de fuerza por parte de la policía sobre la gente manifestante a la llamada “operación limpieza” para levantar tranques y barricadas. Ahora continúa con la criminalización de la protesta y la aplicación de la Ley antiterrorista. La cúpula del FSLN cree que ha vencido al fortalecer la represión y considera que el diálogo nacional, con garantías para sacar al país de su crisis actual, ya no es necesario. No es consciente de que el pueblo ha perdido el miedo y que su gobierno ha perdido la legitimidad. Y en esta situación ¿Qué debemos hacer desde la izquierda transformadora?

Nosotros creemos que la izquierda debe acercarse al pueblo de Nicaragua y constatar que lo que ocurre en el país de Sandino no se puede imputar a las “maniobras ocultas de los gringos” (sin menospreciar sus actuaciones), sino a causas internas, pues han sido los últimos gobiernos del FSLN los que decidieron llevar a cabo políticas neoliberales, reformar arbitrariamente la Constitución, penalizar el aborto terapéutico, realizar fraudes electorales, enriquecerse ilícitamente, usar el poder judicial y la recientemente aprobada Ley Antiterrorista para reprimir cualquier tipo de oposición y facilitar la rapiña de las multinacionales.

Una parte del pueblo de Nicaragua se siente sandinista, antiimperialista y de izquierdas y desde estos postulados está luchando por derrocar a este gobierno corrupto y represor. Y no es una lucha reciente. Una parte importante del sandinismo histórico se vino distanciando de Daniel Ortega desde que mostró su obsesión por el poder absoluto, tanto en el partido como en las instituciones del país y emular así a los caudillos oligárquicos conservadores contra los que luchó Augusto César Sandino, Carlos Fonseca y cientos de mártires y héroes de la revolución. Pero desde el 18 de abril, miles de votantes del FSLN entendieron que el poder de la pareja Ortega-Murillo se basa en una dictadura, cuyas prácticas represivas son muy similares a las que ejerció Anastasio Somoza y su permanencia en el gobierno es el principal escollo para que Nicaragua logre una salida a la crisis actual. Para la mayoría de la población la lucha contra el régimen se ha convertido en un imperativo ético, pues no se puede respaldar a un gobierno que asesina y reprime a su pueblo. El sandinismo no orteguista está trabajando junto a las organizaciones sociales para buscar una salida progresista a la crisis actual, negando con firmeza que la única salida sea la que viene de la mano de la derecha con el apoyo de EE.UU..

Por otro lado, a pesar del control hegemónico que la pareja Ortega-Murillo ejerce sobre gran parte de las organizaciones populares que la revolución impulsó y que fueron convertidas en organizaciones corporativas y correas de transmisión de las decisiones gubernamentales, al estilo del PRI en México, el pueblo nicaragüense ha encontrado la forma de organizarse para defender los derechos de las mujeres, por la defensa de los recursos naturales y la soberanía o contra el impacto de las políticas de las transnacionales. Desde estas luchas se ha venido construyendo una izquierda social, la Articulación de Movimientos Sociales, que aspira a construir una Patria inclusiva, una “Nicaragua libre para vivir”. Y desde ahí debemos acompañarlos y no dejarnos embaucar por el chantaje “Gobierno de Ortega- Murillo o el caos” o “Gobierno de Ortega- Murillo o un gobierno títere manejado por EE.UU.”. A los EE.UU., igual que a la derecha, les asusta más un pueblo autoconvocado al que no controlan, que una tiranía con la que pueden negociar. Y así, mientras una parte de la izquierda calla o mira para otro lado, los gringos juegan el papel de buenos, apareciendo como los únicos protectores de la democracia y los derechos humanos.

No está escrito por dónde se desarrollarán los acontecimientos en Nicaragua y sabemos, como decía Carlos Fonseca, que “la lucha será difícil”, pero creemos que es el momento de demostrar valentía y solidaridad.  En los primeros meses fuimos sorprendidos por la represión del gobierno, después ésta nos indignó y ahora debemos pasar a la acción y al compromiso. Desde la izquierda no podemos asumir, respecto al Gobierno de Ortega-Murillo, la misma expresión que EE.UU. acuñó hacia Somoza: “Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. La Historia es implacable y de nosotros y nosotras el pueblo nicaragüense espera más.

 Los autores: 

– Mónica Baltodano, es historiadora, excomandante guerrillera y exmiembro de la Dirección del FSLN.

– Luis Nieto Pereira,  es militante internacionalista y profesor de Historia Moderna y Contemporánea.

*Fuente: CTXT  Revista Contexto

–Agradecemos a Serpal, por hacernos llegar este artículo.

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