Las acusaciones acorralan a la iglesia, curas acusados se refugian en casas de retiros y Ezzati se victimiza

Ezzati se victimiza y habla de clima de “maledicencia” contra la Iglesia

por  21 julio, 2018

Ezzati se victimiza y habla de clima de “maledicencia” contra la Iglesia
Mientras el arzobispo de Santiago niega todos las denuncias de abusos sexuales cometidas por párrocos y sacerdotes, paralelamente investigaciones del fiscal Emiliano Arias lograron recabar evidencia suficiente para culpar al ex canciller del arzobispado, Óscar Muñoz.

Un año difícil es lo que lleva viviendo la Iglesia chilena debido a la ola de denuncias de abusos sexuales en contra de menores, por parte de varios párrocos y sacerdotes. Y, con cada nuevo caso que sale a la luz pública, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, debe dar explicaciones.

Muchas veces no lo hace, pero ahora adoptó la postura de víctima, criticando a los que culpan a la Iglesia de todos estos hechos: “lo que me preocupa es el clima de maledicencia que hace tanto daño a las personas, al país y a la verdad: un mal que creo urgente superar en la vida social”, señaló en el diario La Tercera.

Pero, al ser consultado por otros hechos de abuso, la respuesta de Ezzati casi siempre fue la misma: “No se pudo comprobar configuración de delito”.

Los 40 casos

Mientras Ezzati negaba casi todos los hechos, hasta que no exista una resolución judicial, el OS-9 de Carabineros, gracias a una orden emitida por el fiscal Emiliano Arias, logró encontrar evidencias para formalizar al ex canciller del Arzobispado, Óscar Muñoz, tras requisar computadores que le pertenecían.

Dentro de los discos duros, se encontraron las identidades de, al menos, 40 víctimas de delitos cometidos por religiosos. La cifra, que aún está en etapa de análisis por parte de los investigadores, detectó a menores y mayores de edad que optaron por denunciar sus casos a la Iglesia Católica y no a la justicia civil.

De esta forma, se espera que los antecedentes recabados por el fiscal Arias sean traspasados a otras reparticiones del ente persecutor, a fin de perseguir penalmente a los responsables de estos casos.

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/07/21/ezzati-se-victimiza-y-habla-de-clima-de-maledicencia-contra-la-iglesia/


El último asilo de los religiosos acusados de abuso

Residencias con patio interior, zonas de lectura, descanso y servicio de cocina. Estas son algunas de las condiciones bajo las que viven religiosos sancionados o investigados por delitos sexuales contra menores. Se trata de casas de retiro de las congregaciones donde comparten con otros sacerdotes que están allí por edad o razones de salud. Las dos principales casas de este tipo son la residencia de los jesuitas, en el centro de Santiago y la casa de los maristas en Providencia.


Los incómodos huéspedes jesuitas

La manzana que se forma entre las calles Alonso de Ovalle, Lord Cochrane, Felipe Gómez de Vidaurre y San Ignacio, desde 1856 ha sido territorio de los jesuitas. En una parte está la iglesia, en otra el Colegio San Ignacio y al lado la residencia que lleva el mismo nombre. Pero la misma casa que alguna vez fue sinónimo de sacerdotes emblemáticos y que tiene casi como un museo la pieza de San Alberto Hurtado, hoy está en medio de la polémica. De los 27 jesuitas que viven allí, cinco han sido sancionados por la iglesia por abusos sexuales o actos impropios; dos de ellos por delitos contra menores.

Una puerta clausurada impide que la casona se conecte con el colegio, pero los apoderados exigen que estos sacerdotes sean trasladados.
Desde afuera, a la altura del 1480 de la calle Alonso de Ovalle, resaltan las letras JHS, que en español se traduce como Jesús. Las tres letras incrustadas en la pared dan una primera pista. Así como el bronce “envejece”, los habitantes del lugar también.

La Residencia San Ignacio es considerada el lugar donde los jesuitas pasan sus últimos días. Allí llegan los sacerdotes más ancianos y enfermos. De hecho, es la casa jesuita que cuenta con la mejor enfermería. Hay médicos, enfermeras y terapeutas.

La casona es grande y vieja. Tiene dos pisos, un living amplio, una especie de biblioteca y un comedor. Toda la construcción rodea un patio interior con árboles de hasta seis metros de alto. Adentro de la residencia hay normas que rigen la vida comunitaria y ciertos “rituales”.
Por ejemplo, la comunidad se reúne una vez a la semana para tratar algún tema y tener una cena especial.

¿Y se habla de la contingencia? ¿De la polémica que se ha instalado por los jesuitas sancionados y que viven ahí?
-No. El castigo de ellos es no poder ejercer el ministerio, pero adentro se les incorpora a la dinámica de la casa. Funcionan como una familia -dice un cercano.
Lo único que perturba a los jesuitas de la casa es la muerte. Como la de Carlos Aldunate, que falleció el miércoles pasado, a los 102 años.

Ni tan iguales

En la casona vivió hasta 2011 el ex rector del colegio Juan Miguel Leturia, condenado canónicamente por abusos sexuales contra menores. Hoy reside el sacerdote Jaime Guzmán, el hermano Raúl González y el sacerdote Leonel Ibacache. Los dos primeros condenados por el Vaticano y el tercero con investigación en curso. El exprovincial Eugenio Valenzuela está sancionado por conductas impropias y Juan Pablo Cárcamo por abuso de conciencia y transgresión en el ámbito sexual a una mujer adulta.
A las actividades de la casa se integran como todos. El día parte a las seis. Una de las primeras actividades es la misa que se realiza a las ocho. También almuerzan juntos.

Luego hay tiempo para la dispersión. En la casa hay salas con mamparas para recibir visitas o dar dirección espiritual y otras destinadas para ver televisión. La hora de la comida es más libre. Entre 4 y 5 de la tarde, cada jesuita puede ir al comedor. El personal de la casa -15 a 18 personas- deja pan, yogur y fruta. Todo listo para comer.

Pero para los castigados hay restricciones. No pueden salir de la casa, ni celebrar misa públicamente. Tampoco pueden recibir gente. Y deben pedir permiso para cualquier cosa excepcional. Como invitar a sus familias, ir al médico o al dentista. Incluso, tienen controlado el acceso a los computadores.

Cuenta regresiva

Quedan apenas 10 días para el plazo final. El 31 de julio es la fecha que acordaron los apoderados del Colegio San Ignacio y el provincial, Cristián del Campo, para el traslado de los jesuitas sancionados. Sin embargo, dicen fuentes cercanas a los jesuitas, aún no hay claridad de su destino.

Ni las casas de Calera de Tango o Padre Hurtado son opciones, por encontrarse cerca de colegios.

Desde el área de comunicaciones de la congregación explican que el traslado de Guzmán y González se realizará en el plazo convenido. El caso de Ibacache, dicen cercanos, es distinto: no está condenado. Además, su condición de salud es delicada.

El refugio de los hermanos maristas

Ciento veinte pasos separan la entrada del emblemático Liceo Siete de Niñas del acceso principal a una antigua casona ubicada en calle Monseñor Sótero Sanz 189, en Providencia. Detrás de un imponente portón de acero de color verde se encuentra la residencia de la Congregación de los Hermanos Maristas.

La casona de tres pisos, ubicada frente a la Nunciatura Apostólica, recibe a religiosos que viajan a la capital desde regiones, de otras partes del mundo o quienes tienen problemas de salud. Pero también es el refugio de quienes enfrentan procesos judiciales tras ser denunciados por presuntos abusos sexuales contra menores.
Actualmente el recinto acoge a 18 religiosos, entre los que se encuentran Armando Alegría, Adolfo Fuentes, Jesús María Castañeda de la Viuda y Luis Cornejo Silva. Los cuatro maristas enfrentan una investigación de la Fiscalía Sur, ante la cual fijaron esta dirección como su domicilio en la causa penal.

Luis Cornejo, precisan desde la congregación, se encuentra en estado vegetal y conectado a un respirador artificial en la residencia. Mientras que Abel Pérez, el primer marista investigado por estos hechos, abandonó la residencia tras ser expulsado de la orden en junio.

Puertas adentro

Atravesar la puerta de roble, cuyo contorno ovalado lo decora una enredadera natural, no solo permite conocer por dentro la residencia construida en 1941, sino que, además, revela cómo viven los religiosos.

El silencio es una regla implícita dentro de la casa de Monseñor Sótero Sanz. Pero cuando el reloj marca las 8.00 los diálogos, risas y plegarias resuenan en el lugar. Si bien el trato normalmente es amable entre los maristas, también existen momentos de tensión: “Un tema que los afecta en su estado de ánimo es cuando sale en la prensa algo de sus casos. Siempre están pendientes y lo siguen por televisión o los diarios. Del tema casi no se habla en la mesa, porque insisten en que son inocentes”, asegura un trabajador del recinto.

Cuatro mesas redondas cubiertas con manteles dorados forman parte del comedor diario de la residencia. Es aquí donde todos los habitantes de la casona se mezclan sin importar si están de paso o están siendo investigados por la justicia civil o canónica.

El término del desayuno da paso al tiempo de oración. A metros del comedor y detrás de un muro de madera se encuentra la capilla de la residencia, con capacidad para cerca de 15 personas. Un vitral con la imagen de la Virgen María y un pequeño altar resaltan en este lugar. Debido a que los hermanos maristas no pueden celebrar misa, un sacerdote concurre periódicamente a efectuarlas.

Tras el almuerzo de las 13.15 horas, los religiosos disponen de tiempo libre. Quienes conocen la mecánica interna aseguran que no tienen prohibición para salir de la residencia, ya que sus casos están en plena investigación y no han sido condenados. Solo los que tienen problemas de salud deben salir acompañados.

La cena se sirve a las 19.30, luego de lo cual los religiosos pueden realizar juegos de naipes o regresar a sus habitaciones individuales, ambientadas con un velador, una cama y un baño privado, o bien ir a una sala común con televisión. Fue en este último lugar donde los maristas encontraron un pasatiempo en común: ver juntos el Mundial de Rusia.

Debido a la presencia de religiosos españoles en la residencia, el torneo de fútbol y el apoyo al combinado hispano reunió a “hermanos maristas” que están de paso y a aquellos que son indagados por la justicia.

Esto, según uno de los trabajadores del recinto, marcó un momento de distensión, en la antesala de la decisión que adopte la congregación sobre los maristas denunciados por abusos sexuales y que, de acreditarse las denuncias, podrían ser expulsados de la orden, tal como ocurrió con Abel Pérez.

*Fuente: La Tercera


La cuestión Scicluna ¿no será como la cuestión del sacristán de 1856?

La historia de Chile da cuenta que, a mediados del siglo XIX, se desencadenó aquí la llamada “Cuestión del Sacristán”.

El sacristán de la catedral de Santiago, que habría cometido un confuso delito, fue juzgado en 1856 por dos poderes paralelos, el del Tribunal Eclesiástico de la época (que dependía del Vaticano) y el de la Corte Suprema de Justicia, que integraba los poderes del Estado de Chile.

Las sentencias paralelas fueron opuestas: el tribunal eclesiástico condenó al sacristán y la Corte Suprema lo absolvió.

Resultado político: se dividió el partido Conservador y fue su fin en el gobierno del país. Eso, las rebeliones contra Montt y la lucha izquierdista de Bilbao y Arcos y la Sociedad de la Igualdad hicieron que empezaran a gobernar los liberales.

Hoy, a más de 160 años de distancia, podría producirse una contradicción aún mayor entre un tribunal eclesiástico (el Papado, que reside en el Estado Vaticano) y un tribunal laico y estatal chileno (la Fiscalía representada por el fiscal Raúl Guzmán).

Ambos tribunales ya no investigan el caso de un humilde sacristán, acusado no se supo de qué, sino los graves delitos cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica en Chile en contra de jóvenes y niños de este país, acusados por sus víctimas y en algunos casos ya reconocidos por victimarios como el ex Canciller de la iglesia de Santiago, que se autoinculpó.

Para completar una ardua investigación, que analiza graves delitos, la fiscalía pide al Papado, residente en el Estado Vaticano, copia del informe de su obispo investigador en Chile, Monseñor Scicluna, que contiene denuncias sobre los delitos.

Scicluna, Obispo de Malta al servicio del Vaticano, comprometió ante la institucionalidad chilena, el envió de ese informe al retirarse del país y viajar a Roma.

Hace pocos días el cardenal italiano de la iglesia católica chilena, señor Ezzati, señaló a la prensa que las denuncias por delitos de esa naturaleza cometidos por sacerdotes deberían hacerse directamente a la justicia ordinaria, sin pasar por instancias religiosas, que dilatan trámites y pueden ser obstaculizadas.

Finalmente el vocero de la Conferencia Episcopal católica (y algunos “vaticanistas” similares a los conservadores extremistas de mediados del s.XIX) ha señalado que el Informe del Obispo Scicluna ha estado dirigido exclusivamente al Papa, obra en su secreto porque el Papa es “el único destinatario” y que, de ser entregado a Chile (para el juicio respectivo). “ocasionaría un grave daño (!)”.

Las circunstancias y los delitos son distintos en el Caso del Sacristán (1856) y el del Obispo de Malta (2018).

Hoy, a pesar del inmenso poder que el Estado chileno le concede a la Iglesia Católica (en sus ingresos y en su poder simbólico), se ha separado la Iglesia del Estado, el poder estatal es legalmente laico y la única institución que puede dictar sentencia ante delitos como los cometidos por abusadores y delincuentes nombrados en el Informe del Obispo de Malta es el poder judicial chileno.

Cualquier obstrucción de un poder extranjero, como el del Estado Vaticano, debe ser denunciada y castigada de acuerdo al derecho internacional.

Sería muy grave que el Vaticano, que se ha caracterizado por su tira y afloja, se sumara a los denunciados en la misa a la Virgen del Carmen del 16 de julio en Maipú: “No más sacerdotes abusadores ni obispos encubridores”.

En este caso habría un lío grave entre la Iglesia y el Estado, entre el Estado Vaticano y el Estado de Chile.

*Fuente: El Clarin

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