Los falsos exonerados políticos
por Daisy Castillo Triviños (Chile)
9 años atrás 8 min lectura
Lunes 7 de marzo de 2016
El Ministerio del Interior, pese a tener en su poder un informe de la Ministra en Visita, Mireya López, mantiene hermetismo y sigue sin adoptar ninguna medida.
Si, a la fecha, hay un tema que está pendiente y que se arrastra por años, es el caso de los llamados falsos exonerados políticos. De un total de 74.000, tres mil de ellos no cumplen con los requisitos, pero continúan recibiendo mensualmente el beneficio que le reporta al Estado, el desembolso de $900 millones mensuales.
A pesar de que la Contraloría General de la República estableció la existencia de falsos exonerados, surgen una serie de preguntas: ¿por qué se mantiene la inacción?, ¿por qué el Gobierno no hace nada?
Varios de los falsos exonerados políticos provienen de empresas no calificadas como intervenidas por el Estado, eran menores de edad a la fecha de la exoneración, presentaron antecedentes insuficientes para cumplir con las exigencias legales o fueron calificados con documentos adulterados y falsificados. Frente a ese escenario, ¿por qué el Gobierno no ha adoptado ninguna medida?, ¿a qué se debe el silencio? y ¿por qué se permite que el abuso se mantenga?
Hay que recordar que en 2015, la Ministra en Visita, Mireya López remitió un informe al Ministerio del Interior, al Instituto de Previsión Social (IPS) y a la Contraloría General de la República. Sin embargo, han transcurrido varios meses y el Ministerio del Interior no se ha pronunciado sobre esos antecedentes, ni sobre las indagatorias realizadas por la Ministra en Visita.
Detrás de la trama que se ha tejido en el caso de los falsos exonerados, el factor político sería uno de los responsables del nulo avance. Esto, porque no se puede olvidar que hubo autoridades políticas que firmaron certificados que permitieron, a quienes no eran verdaderos exonerados políticos, acogerse a esa categoría y recibir, hasta el día de hoy, la pensión mensual. A esto se suma, que si bien, en la Cámara Baja se formó -en 2011- una Comisión Investigadora y se redactaron tres informes en los que se confirmaba la existencia de irregularidades, la debilidad y precariedad de la institucionalidad encargada de tramitar las solicitudes, dichos informes -en poder de este diario electrónico- nunca vieron la luz pública, porque, advierte una fuente consultada, “se ejercieron presiones por parte de los sectores comprometidos”.
Los curiosos argumentos que se han planteado
El senador de Renovación Nacional (RN), Baldo Prokurica, quien ha realizado diversas gestiones destinadas al cese del pago a los beneficiarios que no les corresponde, señala a EL MURO que se ha encontrado por parte de ciertas autoridades que están vinculadas al tema con respuestas irrisorias que complejizan el panorama. Una de ellas, recuerda, por ejemplo, fue la del IPS (Instituto de Previsión Social), organismo que frente a la solicitud de suspensión de los pagos, respondió que sólo la Presidenta de la República podía frenar la cancelación del beneficio. “Eso es absurdo, porque cualquier persona que reciba un beneficio del Estado y que pierda los requisitos que exige la ley, basta un informe de la Contraloría y un dictamen para que esa persona no lo reciba más”.
Sobre el IPS, su director -Patricio Coronado-, se reunió con el nuevo Contralor General de la República, Jorge Bermúdez para analizar el caso de los falsos exonerados políticos, pero públicamente no se ha informado el tenor del encuentro y las conclusiones, aunque sea preliminares, a las que pudieron arribar, es decir, el hermetismo se mantiene.
El senador Prokurica se reunió también con la Ministra en Visita, Mireya López, quien dice, le comentó que, probablemente, no serán más de 20 los casos en los que se establezca responsabilidad penal en los hechos, “no porque no exista delito, sino porque es muy difícil probarlos. Es toda una trama que me parece complejo de entender”, señala el parlamentario.
Red de gestores
El tema no es menor, no sólo porque quienes se arrogan la calidad de falsos exonerados políticos reciben entre $90.000 y $200.000 mensuales, sino porque muchos de ellos consiguieron ser declarados como tales, gracias a los certificados que firmaron autoridades públicas, específicamente parlamentarios de la actual Nueva Mayoría, papeles con los que aseveraban la calidad de exoneradopolítico de una o varias personas y que se remitían a la Comisión Calificadora.
Dicha Comisión, dependiente del Ministerio del Interior, incurrió según el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara Baja -en 2011-, “entre los años 1993 y 2006, en conductas que constituyen falta de diligencia o cuidado en la aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, coordinación…”, agregando que “la citada Comisión Calificadora, aún existiendo auditorías que denunciaban irregularidades en los procedimientos, no subsanó las deficiencias administrativas detectadas, permitiéndose por omisión la continuación de una práctica ilegal de concesión de beneficios en el marco de la Ley N° 19.234 que establece beneficios previsionales por gracia a personas exoneradas por motivos políticos”.
La Ley N° 19.234 estableció un plazo para solicitar beneficios hasta el 11 de agosto de 1994, después se modificó mediante la Ley N° 19.582, dando un nuevo plazo entre el 1 de septiembre de 1998 y el 1 de septiembre de 1999. Luego, la Ley N° 19.881 fijó como plazo entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004 para entregar los antecedentes. Fue, precisamente, la extensión de los plazos lo que permitió, en la práctica, que se incorporaran nuevas víctimas y, de paso, falsos exonerados políticos.
De acuerdo al Anexo N° 8 de la Contraloría General de la República -bajo el título de expedientes que no registran relato político de la exoneración– figuran: Jorge Insunza (PC), Isabel Allende (PS), Jaime Gazmuri (PS), Francisco Encina (PS),Camilo Escalona (PS), Anselmo Sule (PRSD) y Ricardo Núñez (PS).
En cuanto a la responsabilidad que le cabe a estos políticos, el senador Baldo Prokurica comenta: “Ésa es la investigación que está haciendo la Ministra en Visita, quien está indagando sobre la responsabilidad de los falsos exonerados y de quiénes les entregaron los antecedentes para que pudieran postular”. Agrega que “hay que hacer una investigación a fondo y quienes tengan responsabilidad en esto, tendrán que dar la cara. He conversado con algunos parlamentarios y me han dicho que, a ellos, también los engañaron y, por eso, es la Ministra en Visita quien tiene que determinar las responsabilidades”.
Prokurica asegura, además, que “me interesa que esta gente que son delincuentes (refiriéndose a los falsos exonerados políticos), que engañaron al Estado y que se fabricaron una pensión, no la sigan recibiendo”.
En cuanto al rol de los parlamentarios a la hora de entregar los cuestionados certificados, cabe recordar que la propia Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados (2011), estableció en forma tajante que “las autoridades políticas debieron abstenerse, por razones de prudencia y equidad, de otorgar estas certificaciones, si no les constaba fehacientemente la certeza de lo que certificaban”.
¿Qué ha pasado con la eventual responsabilidad de los políticos mencionados en el informe de la Contraloría General de la República? En palabras simples y concretas: nada, durante años.
El lucro político
Raúl Celpa, presidente de la Coordinadora Nacional de Exonerados Políticos de Chile y denunciante en el caso, en entrevista con EL MURO, asegura que “fuera del enriquecimiento personal que significó robarle el dinero a la gente, hubo lucro político. Aquí hay cohecho, porque se creó una red de gestores que recibieron dinero para conseguir que se acreditara a los falsos exonerados políticos”.
El dirigente añade que “seguimos en presencia de un escándalo y frente al delito de fraude al Fisco y los consiguientes daños a las legítimas víctimas. Desde el 2000, nosotros interpelamos a toda la institucionalidad, entre ellos, al entonces Presidente, Ricardo Lagos y a Michelle Bachelet, sin obtener respuesta”.
Celpa advierte que la participación de las autoridades políticas en el caso de los falsos exoneradostuvo un objetivo concreto: captar votos. En este sentido, recuerda que “hubo miles de dirigentes que cobraban a las personas que querían obtener la pensión, por cada trámite pedían entre $30.000 y $50.000, dependiendo del caso. Se creó un negocio turbio, inescrupuloso que fue compartido por los parlamentarios. ¿Cuál era la tabla de salvación de quien tramitaba? Los parlamentarios, a quienes les llevaban las solicitudes y, entonces, ¡vamos certificando!”.
Según el presidente de la Coordinadora Nacional de Exonerados Políticos de Chile, es tiempo de que “se determinen las responsabilidades políticas y de las autoridades administrativas del país. No se avanza, porque hay una colusión declarada entre los poderes del Estado”. Sobre este punto, detalla que, en su minuto, pidió una audiencia con el entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, quien no accedió al encuentro y tampoco ha podido acceder a la carpeta investigativa que lleva la Fiscal, Ximena Chong.
Raúl Celpa recalca que “nosotros esperamos que se haga justicia. Aquí hay un problema de defensa de la dignidad. Nadie que fue víctima real quiere aparecer en las listas junto con sinverguenzas. Tenemos principios y somos personas que ya estamos, prácticamente, en los últimos años de nuestra vida y no vamos, con pesos más o pesos menos, a vender lo que nunca vendimos”. Añade que “haber transformado los derechos humanos en actos de corrupción, marca lo inescrupuloso que han sido los gobiernos que hemos tenido en estos 25 años”.
A su juicio, “aquí hay gente que fue engañada, gente que fue captada porque significaban un voto. Es gente humilde que no tiene la preparación para entender el alcance de lo que se configuró, al final, como un delito masivo y colectivo contra el Estado. La responsabilidad está en las autoridades del Estado y en los agentes políticos que intervinieron y que arrastraron a toda esta gente”.
*Fuente: EL MURO
A pesar de que la Contraloría General de la República estableció la existencia de falsos exonerados, surgen una serie de preguntas: ¿por qué se mantiene la inacción?, ¿por qué el Gobierno no hace nada?
Varios de los falsos exonerados políticos provienen de empresas no calificadas como intervenidas por el Estado, eran menores de edad a la fecha de la exoneración, presentaron antecedentes insuficientes para cumplir con las exigencias legales o fueron calificados con documentos adulterados y falsificados. Frente a ese escenario, ¿por qué el Gobierno no ha adoptado ninguna medida?, ¿a qué se debe el silencio? y ¿por qué se permite que el abuso se mantenga?
Hay que recordar que en 2015, la Ministra en Visita, Mireya López remitió un informe al Ministerio del Interior, al Instituto de Previsión Social (IPS) y a la Contraloría General de la República. Sin embargo, han transcurrido varios meses y el Ministerio del Interior no se ha pronunciado sobre esos antecedentes, ni sobre las indagatorias realizadas por la Ministra en Visita.
Detrás de la trama que se ha tejido en el caso de los falsos exonerados, el factor político sería uno de los responsables del nulo avance. Esto, porque no se puede olvidar que hubo autoridades políticas que firmaron certificados que permitieron, a quienes no eran verdaderos exonerados políticos, acogerse a esa categoría y recibir, hasta el día de hoy, la pensión mensual. A esto se suma, que si bien, en la Cámara Baja se formó -en 2011- una Comisión Investigadora y se redactaron tres informes en los que se confirmaba la existencia de irregularidades, la debilidad y precariedad de la institucionalidad encargada de tramitar las solicitudes, dichos informes -en poder de este diario electrónico- nunca vieron la luz pública, porque, advierte una fuente consultada, “se ejercieron presiones por parte de los sectores comprometidos”.
Los curiosos argumentos que se han planteado
El senador de Renovación Nacional (RN), Baldo Prokurica, quien ha realizado diversas gestiones destinadas al cese del pago a los beneficiarios que no les corresponde, señala a EL MURO que se ha encontrado por parte de ciertas autoridades que están vinculadas al tema con respuestas irrisorias que complejizan el panorama. Una de ellas, recuerda, por ejemplo, fue la del IPS (Instituto de Previsión Social), organismo que frente a la solicitud de suspensión de los pagos, respondió que sólo la Presidenta de la República podía frenar la cancelación del beneficio. “Eso es absurdo, porque cualquier persona que reciba un beneficio del Estado y que pierda los requisitos que exige la ley, basta un informe de la Contraloría y un dictamen para que esa persona no lo reciba más”.
Sobre el IPS, su director -Patricio Coronado-, se reunió con el nuevo Contralor General de la República, Jorge Bermúdez para analizar el caso de los falsos exonerados políticos, pero públicamente no se ha informado el tenor del encuentro y las conclusiones, aunque sea preliminares, a las que pudieron arribar, es decir, el hermetismo se mantiene.
El senador Prokurica se reunió también con la Ministra en Visita, Mireya López, quien dice, le comentó que, probablemente, no serán más de 20 los casos en los que se establezca responsabilidad penal en los hechos, “no porque no exista delito, sino porque es muy difícil probarlos. Es toda una trama que me parece complejo de entender”, señala el parlamentario.
Red de gestores
El tema no es menor, no sólo porque quienes se arrogan la calidad de falsos exonerados políticos reciben entre $90.000 y $200.000 mensuales, sino porque muchos de ellos consiguieron ser declarados como tales, gracias a los certificados que firmaron autoridades públicas, específicamente parlamentarios de la actual Nueva Mayoría, papeles con los que aseveraban la calidad de exoneradopolítico de una o varias personas y que se remitían a la Comisión Calificadora.
Dicha Comisión, dependiente del Ministerio del Interior, incurrió según el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara Baja -en 2011-, “entre los años 1993 y 2006, en conductas que constituyen falta de diligencia o cuidado en la aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, coordinación…”, agregando que “la citada Comisión Calificadora, aún existiendo auditorías que denunciaban irregularidades en los procedimientos, no subsanó las deficiencias administrativas detectadas, permitiéndose por omisión la continuación de una práctica ilegal de concesión de beneficios en el marco de la Ley N° 19.234 que establece beneficios previsionales por gracia a personas exoneradas por motivos políticos”.
La Ley N° 19.234 estableció un plazo para solicitar beneficios hasta el 11 de agosto de 1994, después se modificó mediante la Ley N° 19.582, dando un nuevo plazo entre el 1 de septiembre de 1998 y el 1 de septiembre de 1999. Luego, la Ley N° 19.881 fijó como plazo entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004 para entregar los antecedentes. Fue, precisamente, la extensión de los plazos lo que permitió, en la práctica, que se incorporaran nuevas víctimas y, de paso, falsos exonerados políticos.
De acuerdo al Anexo N° 8 de la Contraloría General de la República -bajo el título de expedientes que no registran relato político de la exoneración– figuran: Jorge Insunza (PC), Isabel Allende (PS), Jaime Gazmuri (PS), Francisco Encina (PS),Camilo Escalona (PS), Anselmo Sule (PRSD) y Ricardo Núñez (PS).
En cuanto a la responsabilidad que le cabe a estos políticos, el senador Baldo Prokurica comenta: “Ésa es la investigación que está haciendo la Ministra en Visita, quien está indagando sobre la responsabilidad de los falsos exonerados y de quiénes les entregaron los antecedentes para que pudieran postular”. Agrega que “hay que hacer una investigación a fondo y quienes tengan responsabilidad en esto, tendrán que dar la cara. He conversado con algunos parlamentarios y me han dicho que, a ellos, también los engañaron y, por eso, es la Ministra en Visita quien tiene que determinar las responsabilidades”.
Prokurica asegura, además, que “me interesa que esta gente que son delincuentes (refiriéndose a los falsos exonerados políticos), que engañaron al Estado y que se fabricaron una pensión, no la sigan recibiendo”.
En cuanto al rol de los parlamentarios a la hora de entregar los cuestionados certificados, cabe recordar que la propia Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados (2011), estableció en forma tajante que “las autoridades políticas debieron abstenerse, por razones de prudencia y equidad, de otorgar estas certificaciones, si no les constaba fehacientemente la certeza de lo que certificaban”.
¿Qué ha pasado con la eventual responsabilidad de los políticos mencionados en el informe de la Contraloría General de la República? En palabras simples y concretas: nada, durante años.
El lucro político
Raúl Celpa, presidente de la Coordinadora Nacional de Exonerados Políticos de Chile y denunciante en el caso, en entrevista con EL MURO, asegura que “fuera del enriquecimiento personal que significó robarle el dinero a la gente, hubo lucro político. Aquí hay cohecho, porque se creó una red de gestores que recibieron dinero para conseguir que se acreditara a los falsos exonerados políticos”.
El dirigente añade que “seguimos en presencia de un escándalo y frente al delito de fraude al Fisco y los consiguientes daños a las legítimas víctimas. Desde el 2000, nosotros interpelamos a toda la institucionalidad, entre ellos, al entonces Presidente, Ricardo Lagos y a Michelle Bachelet, sin obtener respuesta”.
Celpa advierte que la participación de las autoridades políticas en el caso de los falsos exoneradostuvo un objetivo concreto: captar votos. En este sentido, recuerda que “hubo miles de dirigentes que cobraban a las personas que querían obtener la pensión, por cada trámite pedían entre $30.000 y $50.000, dependiendo del caso. Se creó un negocio turbio, inescrupuloso que fue compartido por los parlamentarios. ¿Cuál era la tabla de salvación de quien tramitaba? Los parlamentarios, a quienes les llevaban las solicitudes y, entonces, ¡vamos certificando!”.
Según el presidente de la Coordinadora Nacional de Exonerados Políticos de Chile, es tiempo de que “se determinen las responsabilidades políticas y de las autoridades administrativas del país. No se avanza, porque hay una colusión declarada entre los poderes del Estado”. Sobre este punto, detalla que, en su minuto, pidió una audiencia con el entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, quien no accedió al encuentro y tampoco ha podido acceder a la carpeta investigativa que lleva la Fiscal, Ximena Chong.
Raúl Celpa recalca que “nosotros esperamos que se haga justicia. Aquí hay un problema de defensa de la dignidad. Nadie que fue víctima real quiere aparecer en las listas junto con sinverguenzas. Tenemos principios y somos personas que ya estamos, prácticamente, en los últimos años de nuestra vida y no vamos, con pesos más o pesos menos, a vender lo que nunca vendimos”. Añade que “haber transformado los derechos humanos en actos de corrupción, marca lo inescrupuloso que han sido los gobiernos que hemos tenido en estos 25 años”.
A su juicio, “aquí hay gente que fue engañada, gente que fue captada porque significaban un voto. Es gente humilde que no tiene la preparación para entender el alcance de lo que se configuró, al final, como un delito masivo y colectivo contra el Estado. La responsabilidad está en las autoridades del Estado y en los agentes políticos que intervinieron y que arrastraron a toda esta gente”.
*Fuente: EL MURO
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