Autor: Redacción piensaChile

Incentivando en su discurso un estigma contra los manifestantes, el presidente Piñera reiteró que no permitirá que vándalos desestabilicen el orden y la democracia en el país.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este domingo desde la Guarnición Militar de Santiago (capital) que la Nación austral enfrenta un guerra contra un «enemigo poderoso«, criminalizando las masivas manifestaciones en rechazo a sus políticas neoliberales.

La actuación del gobierno ha sido tardía e inútil. De partida, Piñera ha demostrado que no sabe en qué país vive. Hace pocos días hablaba, sin humor ni ironía, sino tal vez  por el cinismo propio de su clase o por sincera ingenuidad, que Chile era un “oasis” en Latinoamérica. Ayer la portavoz del gobierno declaraba que el gobierno estaba preocupado por la celebración de la cumbre del Apec en noviembre y la COP25 en diciembre en tanto reafirmaba el “liderazgo” del presidente e insistía que el país debe volver a la normalidad a la brevedad. 

Retumba una vieja pero siempre latente idea: la protesta como herramienta “hasta que la dignidad se haga costumbre”. La condición de posibilidad de aquella premisa es, claramente, que la dignidad no está en nuestro diario vivir. Y ciertamente así es, pues el problema no es, en sí, el alza del pasaje. Aquello es sólo expresión de algo mayor, un sistema político-económico de ricos y pobres, de explotadores y explotados. Esto es un conflicto de clase. Por ello no es baladí el rechazo transversal a las evasiones del pago del pasaje de metro desde la derecha y la vieja Concertación, pues representan la defensa irrestricta, con más o menos adorno progresista, de aquel modelo que se implementó a costa de fuego y sangre, y que tan bien han administrado durante los últimos 30 años.

Según la Constitución chilena en el artículo 40 2° en y la Ley N°18.415 Ley Orgánica
Constitucional de los Estados de Excepción​, uno de los tipos de Estados de Excepción Constitucional es el estado de emergencia, que es dictado por el Presidente de la República en caso de «grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación». Este estado puede ser declarado en todo o en una parte del territorio nacional y no puede exceder de un plazo de quince días, aunque el Presidente de la República puede prorrogar por el mismo período. Para extenderlo a un plazo mayor, el Presidente debe contar con el acuerdo de la Cámara de Diputados.