Autor: Redacción piensaChile

En su común desvergüenza, políticos y grandes empresarios son los responsables del estado de malestar, de las  protestas que se multiplican, como que la promesa democrática fuera traicionada en sus fundamentos económico sociales, como éticos. De esta forma, la posdictadura es culpable de la alta y creciente concentración de la riqueza, como de la propiedad de los medios de comunicación. Procesos en que unos y otros se han coludido con la consecuente corrupción que afecta a congresistas, ediles y altos funcionarios públicos.

“El rápido desarrollo capitalista del departamento boliviano de Cobija, ligado a las empresas chilenas e inglesas explotadoras de guano y salitre principalmente, condujo a la anexión lisa y llana de ese territorio, pese al Tratado de Límites entre Bolivia y Chile de 6 de agosto de 1874.
Los círculos más poderosos de las clases dominantes de Chile estaban vinculados con los capitalistas ingleses, que avanzaban en carrera desenfrenada hacia la monopolización de las fuentes productoras de guano y salitre”[1].

Toda la prensa internacional ha dedicado páginas y páginas al supuesto acoso por parte del Gobierno argentino que sufre Clarín, el grupo mediático más poderoso de Argentina, que goza de una posición de dominio en parte gracias a los favores conseguidos durante la dictadura militar, que está acostumbrado a dictar la política al Gobierno y que ha despedido a decenas de periodistas por el simple hecho de afiliarse a un sindicato. Pero es difícil encontrar referencias al Clarín chileno y eso que el juzgado de primera instancia número 101 de Madrid acaba de ejecutar, en un decreto del pasado 6 de marzo, el embargo de bienes de la la República de Chile hasta que no abone al menos los cinco millones de dólares a la Fundación Española Presidente Allende en costas judiciales por la confiscación del diario el 11 de septiembre de 1973, el día del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende.

Lograr los 58 votos que abrieron la puerta a la acusación constitucional no fue fácil: fue boicoteada por los ex ministros de la Concertación que, evidentemente, son culpables, por acción u omisión, de haber amparado el lucro, además de los neoliberales de este conglomerado (José Joaquín Brunner y los candidatos presidenciales Claudio Orrego, de la DC y Andrés Velasco, independiente) como  también nada menos, que la última vocera de la Presidenta Michelle Bachelet, Pilar Armanet quien, en la Comisión especial avaló la actuación del ministro Harald Beyer.

Hoy puede ser “impopular” o políticamente “incorrecto” plantear una alternativa al chouvinismo chato de quienes monopolizan los micrófonos de los grandes medios de comunicación. Pero ciertamente es indispensable para el futuro de los pueblos de Chile en general y para los pueblos de la Región de Tarapacá en particular, imaginar alternativas más inteligentes y más generosas frente al conflicto con Bolivia. Y es que al final del día, la verdad es que nuestro futuro, quiéranlo o no las élites de Santiago, está vinculado a nuestros países vecinos.

Leyendo el artículo del Sr. Youssef Amrani (“La autonomía, una solución para el Sáhara”) publicado en EL PAÍS el pasado 3 de abril), parece que la capacidad de intoxicación del majzén marroquí no tiene límites. El Sr. Amrani “olvida” que el responsable de la situación de los refugiados saharauis, y de todo el pueblo saharaui, es el propio Gobierno de Marruecos, invasor y ocupante del territorio no autónomo del Sáhara Occidental. Como señalara el embajador estadounidense Frank Ruddy, el plan de autonomía marroquí ofrece autonomía en todo menos en lo que realmente importa.