‘Clarín’ y la seguridad jurídica en América Latina

03/04/2013

América Latina tiene un problema muy grave sobre la mesa que afecta a la libertad de prensa, la seguridad jurídica y al clima necesario para favorecer las inversiones extranjeras.

Este problema tiene que ver con la lucha titánica del diario Clarín, víctima del tremendo acoso gubernamental.

Sí: el diario Clarín, pero de Santiago de Chile.

Toda la prensa internacional ha dedicado páginas y páginas al supuesto acoso por parte del Gobierno argentino que sufre Clarín, el grupo mediático más poderoso de Argentina, que goza de una posición de dominio en parte gracias a los favores conseguidos durante la dictadura militar, que está acostumbrado a dictar la política al Gobierno y que ha despedido a decenas de periodistas por el simple hecho de afiliarse a un sindicato.

Pero es difícil encontrar referencias al Clarín chileno y eso que el juzgado de primera instancia número 101 de Madrid acaba de ejecutar, en un decreto del pasado 6 de marzo, el embargo de bienes de la la República de Chile hasta que no abone al menos los cinco millones de dólares a la Fundación Española Presidente Allende en costas judiciales por la confiscación del diario el 11 de septiembre de 1973, el día del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende.

En aquel momento, Clarín, un diario popular que respaldaba al Gobierno de izquierdas, era el periódico de más tirada, con unas ventas de 270.000 ejemplares al día en un país de apenas 10 millones de habitantes.

Antes incluso de llegar a La Moneda, los golpistas se incautaron del diario y de la rotativa.

Y a día de hoy, las instalaciones siguen ocupadas por el Ejército. Nunca más hubo en Chile un periódico importante de centro-izquierda.

Eso sí parece un caso de acoso a la libertad de prensa contra un medio que ahora resiste como puede en www.elclarin.cl

Con tenacidad y pericia extraordinarias, el abogado español Joan Garcés, ex asesor de Allende y principal responsable del mal trago que pasó Pinochet en Londres, ha sido capaz de mantener viva la causa durante 40 años, acumulando victoria tras victoria en los organismos de arbitraje del Banco Mundial hasta llegar al acto de embargo, que increíblemente ha pasado muy desapercibido en España.

El caso suma además la ironía de que el empresario víctima del atropello y de la incautación es un ciudadano español: Víctor Pey, de 97 años.

Pey fue la mano derecha de Josep Tarradellas para la reorganización económica pilotada por la Generalitat republicana durante la guerra civil y tras la victoria del fascismo partió en el Winnipeg rumbo a Chile. En 1972 adquirió Clarín, pero Pinochet se lo arrebató en 1973 y ningún gobierno posterior ha querido ni siquiera indemnizarle.

Tampoco ningún gobierno español ha exigido a Chile que devuelva las instalaciones del periódico e indemnice al ciudadano español víctima de un atropello descomunal. Y eso que el Gobierno español suele reaccionar airado en defensa de los intereses de las multinacionales españolas  cada vez que se dicen víctimas de un atropello en América Latina y amenaza con represalias antes incluso de que tengan formalizado su primer recurso a la búsqueda de amparo en el Banco Mundial.

Aquí estamos hablando de un caso cerrado: en 2008, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial desestimó todos los recursos de Chile y ya sólo está a la espera de determinar la cuantía de la indemnización a la Fundación Española Presidente Allende, a la que Pey cedió el 90% de la cabecera. Algunos expertos estiman que los perjuicios acumulados podrían ascender a centenares de millones de dólares.

Chile, niña bonita del capital financiero occidental en América Latina, ha sido objeto de un embargo en Madrid porque se niega a pagar las costas judiciales de un proceso que ya ha perdido en el Banco Mundial tras haber confiscado a punta de bayoneta Clarín, el primer diario del país. Y el Ejército sigue ocupando las instalaciones de la empresa, propiedad de un ciudadano español.

Era cierto: la libertad de prensa, la seguridad jurídica y las inversiones españolas están amenazadas en América Latina.

*Fuente: El Diario.es