La Concertación debe explicaciones (XI)

El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo
chileno por qué, junto con la colusión con los grandes grupos económicos y la
corrupción ideológica propia de su giro copernicano, fue desarrollando
crecientes manifestaciones de las formas más tradicionales de corrupción.

Estas se fueron revelando desde 1990, al aceptar la herencia
de la dictadura de que los principales ministerios y la Comandancia en Jefe
del Ejército dispusieran de gigantescos fondos del Estado para gastos
reservados, sin tener que rendir cuenta a nadie de su utilización específica.
Incluso, se ha considerado que buena parte de la irregular fortuna que adquirió
Pinochet tuvo su origen en la apropiación de aquellos fondos como comandante en
jefe del Ejército, luego de 1990.

Además, ya durante el gobierno de Aylwin comenzaron a surgir
numerosas denuncias de irregularidades en el empleo de los fondos públicos.
Recordemos los casos de la Onemi,
del “desmalezado” de la ENAP,
de la Digeder,
del “davilazo” en Codelco y especialmente en el funcionamiento de las
municipalidades, en cuyo caso la Contraloría General de la República investigó un
total de 241 denuncias correspondientes al período 1993-94, las que en un 88%
correspondían a alcaldías regidas por la Concertación (Ver Alfredo
Rehren.- Clientelismo político, corrupción y ética en la nueva democracia
chilena; en Paul Drake e Iván Jaksic (Compiladores).- El modelo chileno.
Democracia y desarrollo en los noventa; Edic. Lom, 1999; p. 468) Por cierto, en
la medida que iban desapareciendo los medios de comunicación más críticos del
modelo durante la década de los 90 y en que se iba consolidando el virtual
cogobierno Concertación-Derecha (“la democracia de los acuerdos”) tanto las
gigantescas formas de corrupción desarrolladas bajo la dictadura, como las
crecientes del nuevo régimen fueron perdiendo relevancia en el debate público.

Sin embargo, el malestar por aquellas fue creciendo en los
personeros más críticos de la
Concertación e, incluso, se manifestó en algunas iniciativas
globales -que tuvieron más efectismo que eficacia- como la creación de la Comisión Nacional
de Ética Pública en abril de 1994. Particularmente dicha preocupación se fue
expresando respecto de los cuadros de los partidos de la Concertación. Así,
en un seminario efectuado por el PDC sobre el tema en 1996 se concluyó que
entre los factores éticos que restringían la “revitalización” del partido
estaban “la existencia de fracciones internas apoyadas en intereses personales,
utilización del poder y beneficios electorales” que tenían como consecuencia
“el involucramiento de militantes en algunos casos de corrupción”. (Rehren; p.
478)

A su vez, la
Comisión de Ética del PPD concluyó en 1998 que el
faccionalismo en su interior tenía “como consecuencia ‘prácticas electorales
altamente irregulares cuando no directamente corruptas’ ”, lo que generaba que
“los principales dirigentes y grupos internos han tendido a rodearse de
ayudantes, que con frecuencia son ‘operadores’, financiados o no, que conforman
pequeñas burocracias, que manejan de hecho buena parte de la vida partidaria…
negociando las plantillas, e involucrándose en fraudes y demás anomalías”, y
que “salvo excepciones, las transgresiones a la probidad y la ética quedan en
la más plena impunidad, lo que hace pensar a más de alguno que todo está
permitido”. La Comisión
terminaba señalando que “es inocultable que el PPD presenta graves problemas
relativos a la observancia de los principios de ética democrática”. (Rehren; p.
478)

A fines de la década de los 90 y luego del 2000, las
denuncias de corrupción fueron cada vez mayores, afectando a múltiples empresas
y reparticiones públicas como Esval, Empremar, Emporchi, Enacar, Junaeb, Injuv,
Indap, Chile-Deportes, Dipreca, el Hospital Militar, Ferrocarriles, etc. Pero sin
duda que la más grave fue la concerniente al Ministerio de Obras Públicas
(MOP-GATE), la que redundó en un suicidio y en que casi “descalabró” al
gobierno de Lagos, el que finalmente fue “salvado” por un acuerdo político con la UDI. Particular
gravedad tuvieron también en la década pasada los diversos casos judicialmente
comprobados de utilización de los Programas de Generación de Empleos (PGE) para
financiar candidaturas a parlamentarios de la Concertación en la Quinta Región.

Pero quizá lo que más llama la atención es la completa
indolencia del liderazgo concertacionista frente a denuncias de corrupción o
–al menos- de graves irregularidades que involucraron millones de dólares o que
significaron el aprovechamiento indebido de víctimas de la tortura. Fueron los
casos de la indolencia ante la denuncia de la Premio Nacional de
Periodismo, Patricia Verdugo (Rocinante; N° 47, Septiembre de 2002), de que el
gobierno de Lagos, por sí y ante sí, determinó conferirle los bienes del diario
Clarín –en términos de nueve millones de dólares- a determinadas personas, en
circunstancia que la definición sobre quién era el legítimo poseedor de dichos
bienes estaba pendiente de una resolución de un tribunal internacional, el que
posteriormente ¡falló en la práctica en contra de dicha decisión! De la
indolencia frente a la denuncia de la también Premio Nacional de Periodismo,
María Olivia Monckeberg (El negocio de las universidades en Chile; Edit. Random
House Mondadori, Santiago, 2007; p. 117), de que el “imperio” educacional de
Gerardo Rocha fue favorecido por un crédito de la Corfo –proveniente del BID-
dirigido a las PYME ¡de siete millones y medio de dólares! Y de la indolencia
ante la denuncia efectuada por la misma María Olivia Monckeberg (op. cit.; pp.
250-65) de que la
Universidad UNIACC se aprovechó de las personas torturadas
beneficiarias de las “becas Valech” al impartirles cursos –financiados por el
Estado- que no cumplían con la finalidad expresa de la ley de permitirles
completar su educación superior.

Todo tiende a confirmar la apreciación del expresidente del
PPD y de la Cámara
de Diputados, Jorge Schaulsohn, de que el liderazgo de la Concertación se fue
poco a poco sumiendo en una “ideología de la corrupción”…

martes, 05 de octubre de 2010

*Fuente: El Clarin