El naufragio del antiguo orden y la trama constitucional

26/03/2021

En el primer acto de la revuelta del 18 de octubre surge el combatiente desconocido, con su voluntad de lucha en las manifestaciones de la Primera Línea y una clara negación de la clase política. El viejo orden reacciona asociado a un gobierno que naufraga junto a las instituciones de la época. Es la hora del pacto por la Paz Social y la Nueva Constitución (15 de noviembre). El Apruebo es el tercer acto donde los independientes manifiestan su voluntad de institucionalizar los llamados al cambio como alternativa frente al caos (25 de octubre de 2020).

El Art. 135 de la Reforma Constitucional que fija los parámetros de la representación de la ciudadanía, el marco en el cual se desarrollarán las discusiones constitucionales y, el quórum que permitirá consagrarlas a saber los 2/3, es la manifestación clara de la clase política que se niega a reconocer los tiempos del cambio.

Un gobierno incapaz de retomar una agenda acorde con la crisis económico-social y la pandemia, reacciona al ataque permanente de los actores de la primera hora. Si bien el rechazo no es un programa de gobierno permite reconocer la determinación a no dar marcha atrás, por ello privilegia el territorio comunal como lugar de sobrevivencia con ollas comunes, tomas de terreno, instalación de campamentos, enfrentamientos con la policía, denuncia sistemática a la violación de derechos humanos y la corrupción de un gobierno sin respuestas. En un claro affaire de conflicto de interés la opinión pública enrostra a Piñera el salvataje financiero de Enjoy, se enfrenta en Petorca al gobierno que es condenado, por el abastecimiento de agua potable y que obtiene de la Corte Suprema un fallo en que reconoce que “toda persona tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación”.

Dos planos ocupan la escena política. En uno, el antiguo orden organiza elecciones y aprueba leyes económicas que le permitan administrar el fracaso. El otro plano es el de la Calle que surge con el vigor de la protesta anclada en la experiencia de más de un año de luchas y frustraciones. Desde el territorio comunal se vive una fuga hacia adelante centrada en un verdadero Plan B de alternativas.

Las elecciones agrupan fuerzas, opiniones, sentimientos pero no calman el hambre ni apagan las necesidades. Por eso resulta patética la oferta de elecciones y aún la nueva Constitución con todo su significado republicano, plantean la gran duda acerca de los resultados que se proclaman. El antiguo orden entendió que no era posible desconocer la participación del Pueblo en la trama constitucional. De allí sus resguardos para asegurar su presencia en desmedro de la representación de la ciudadanía independiente, propósito inconfesable que se impuso inexorablemente en sus conciliábulos. En una última chance a la política, la ciudadanía sin afiliaciones partidarias, concurrió masivamente en candidaturas que no tenían destino. La clase política por su parte reaccionó prohijando listas de independientes sujetos a sus designios, son los cooptados.

En esos días de prueba y error el abogado de DDHH, Patricio Reyes escribía “la cantidad de postulantes, demuestra que hay una inmensa cantidad de ciudadanos que quiere participar en política, sin estar afiliados a Partidos políticos”. Argumenta, “contrariando la propaganda, los Partidos políticos no acogieron ni cautivaron a líderes ni organizaciones comunales, locales o territoriales independientes, más bien, y en base a lo observado, optaron por sumar a rostros de la elite política y económica nacional y eso se explica porque los Partidos políticos no tienen trabajo territorial y la mayoría representa a la élite del país”. Por eso, agrega, “la división distrital no tuvo nada de azaroso…en la división distrital se diluyen las posibilidades de competir de los líderes comunales ante los candidatos con rostros conocidos a nivel nacional, porque el Distrito agrupa varias comunas y así se perjudican las representaciones locales y se favorecen las representaciones a nivel nacional, que representan los intereses de las élites”.

Como lo afirma el abogado Reyes las nuevas circunscripciones electorales presentan desafíos difíciles de cubrir por líderes locales, cabe preguntarse si no fue esa la intención de los estrategas de la clase política. La ley 20840 (2015), contrariamente al pasado binominal, reduce los distritos electorales de diputados de 60 a 28 y las circunscripciones senatoriales de 19 a 15, territorios exigentes en fondos de campaña con geografías amplias y difíciles de cubrir para los independientes. Esto es un obstáculo para nuevas figuras sin historial político y muy probablemente sin fondos de campaña. Este presente hostil a los nouveaux venus de la política se encuentra esta vez con la regla D’Hont de asignación de escaños en los sistemas de representación proporcional, sistema que favorece a las grandes representaciones en las circunscripciones pequeñas y las listas de los grandes partidos e impone, adicionalmente, la llamada barrera electoral. Si el nuevo ingrediente de la participación es la incorporación de los independientes, cabe preguntarse a 20 días de la elección de constituyentes (escribo el 26 de marzo), si las reivindicaciones de la revuelta del 18 de octubre podrán materializarse en una participación que sobrepase el 50.8% del padrón electoral, cifra alcanzada por el Apruebo del 25 de octubre 2020, en un acto emblemático de concurrencia ciudadana.

La gran estrategia de la clase política

La regla de oro del proyecto de poder de la política tradicional son los acuerdos cupulares destinados a administrar el poder. Muy contrario por una parte, a las intenciones de la población en 2019 y por otra, a la realidad de participaciones en elecciones presidenciales del pasado que no sobrepasan el 30% del padrón electoral. Es útil recordar que el 78,27% del Apruebo ganó contra el 21,73% del rechazo, resultado contundente de 5 millones 917 mil 910 votantes cuya participación en el padrón electoral representó 40% del padrón electoral. Llegar a un 40% de participación es subir la vara en un 10% adicional de las presidenciales pero al mismo nivel del Apruebo, lo que a todas luces es insuficiente si lo que se planteó el 18 de octubre de 2019 fue la refundación de la República.

En conclusión de lo que se trata es la movilización del 49,2% del padrón electoral que no votó. Pero, ¿podrá asimilarse la participación a un plebiscito a la de otro proceso electoral, en este caso la elección de constituyentes? Más aún, ¿podrá superarse la participación récord de 50,8% del plebiscito o en el peor de los casos igualarla?

Las barreras son enormes pues el proceso de refundación fue absolutamente excluido por la clase política en el pacto por la Paz Social y la Nueva Constitución (15 de noviembre de 2019), acto consagrado en la Reforma Constitucional del 24 de diciembre de 2019. La huella institucional no podía ser más clara frente a las proclamas de la revuelta del 18 de octubre. Se enfrentaba así al NO a las AFP, la desprivatización, fin de las exenciones tributarias y el impuesto a los más ricos, NO al TPP11, crítica fundamental al presidencialismo invasivo de los poderes del poder legislativo, crítica al ministerio público y a las violaciones a los DDHH, etcétera. Para la clase política nada de eso podía quedar entregado al azar.

En el artículo 135 de la Reforma Constitucional se consagró la aprobación de sus normas y el reglamento de votación por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Explícitamente se expresaba que la Convención no podría alterar ni los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos. El nuevo Capítulo XV de Reforma de la Constitución, ahora de “Reforma de la constitución y del procedimiento para elaborar una nueva constitución de la república”, señala que debe respetarse el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes (esto último es un guiño al TPP11 proyecto del gobierno). Esta hoja de ruta excluye de manera definitiva el concepto de Asamblea Constituyente que en su esencia es autónoma y que se supone redacta la nueva Constitución desde una hoja en blanco sin restricciones ni limitaciones institucionales.

De cómo la academia pensó que podía abstraerse del juego político

Recordemos la ingenuidad de 262 profesores y profesoras de derecho y ciencia política que se felicitaba en un documento que veía la propuesta de Paz Social y la Nueva Constitución como “un acuerdo que nos permite liberarnos de la Constitución de 1980” (18/11/2019). Según estos académicos el trabajo de la Constituyente sería a partir “de una hoja en blanco” lo que no daría “ventajas a ningún sector político en particular”.

Argumentan que pese a la exigencia de los 2/3 para llegar a un acuerdo en los preceptos de la nueva Constitución la impasse se zanjará pues “todo aquello sobre lo que no haya acuerdo, quedará fuera de la Constitución, entregado a la política democrática en la que gobiernan las mayorías democráticas que ahora podrán expresar la voluntad de la ciudadanía libre de los impedimentos que imponía la Constitución de 1980”. Desde luego no se puede ser democrático cuando se anula la vigencia de las mayorías y se potencia el voto de minoría, es el tercio más uno, que paraliza el acuerdo de la mayoría si esta no logra reunir los 2/3.

La primera tarea, anterior a la Convención, fue el control sobre la representación de independientes, al someter las listas de independientes a las reglas de las elecciones de diputados. La intervención de patrocinadores para inscribir las candidaturas de independientes nunca rigieron para los independientes cooptados por los partidos políticos e incluidos en listas que les convenían. Esta maniobra de clara factura cupular reafirma que “todo dentro de los partidos, nada fuera de ellos”. En el punto de partida del proceso electoral se funden las disidencias pues el número de independientes fuera de listas de partidos, se reduce a un mínimo absolutamente desechable.

Un ejemplo de la fuerza de los partidos

La fuerza potencial de independientes-cooptados en la Región Metropolitana (RM) permite entender el peso de la clase política en la elección de constituyentes. Más que el número de candidatos por estrato, lo que cuenta es el control de la masa electoral por distritos donde residen los diputados. En solo 3 distritos electorales de la RM (8, 9 y 10) del norponiente y suroriente, la población del padrón electoral se eleva a más de 2 millones 700 hombres y mujeres –47% del padrón electoral– que elige a 23 diputados de todas las tendencias, los que se han volcado en las Comunas promocionando sus candidatos para constituyentes en los distritos mencionados. Precisemos que la población total de esos distritos se eleva a 53% del total de la Región Metropolitana.

La alineación en el día de la elección

Al ordenar los participantes de la elección en 3 grupos: clase política, independientes co- optados e independientes propiamente tales, abarcamos un universo electoral, según reglas de elecciones de diputados (regla D’Hont incluida, que favorece las formaciones en listas), que nos permite ordenar los tres grupos por sus contenidos y tendencias políticas. Listas que denotan la correlación de fuerzas enfrentadas dentro del proyecto por la Paz Social y la Nueva Constitución. Para ello recurro al trabajo del ingeniero y economista, José Luis Valenzuela sobre las listas así como los comentarios del jurista y economista Manuel Acuña Asenjo, sin por supuesto involucrar a estos dos autores en mis propias conclusiones.

Los grupos citados muestran el ordenamiento con que se presentan a la elección de constituyentes las fuerzas políticas centrales (de izquierdas y derechas) las mismas que en el pasado constituyeron la base de las últimas elecciones presidenciales. Esta asimilación de roles dilucida el ingrediente político dominante por sobre lo que en un primer momento se destacó como el triunfo por sobre el antiguo orden.

Este propósito de reducir lo meramente electoral a las fuerzas políticas subterráneas que terminan por dominar el proceso, nos obliga a separar de los 155 escaños en pugna los 17 correspondientes a los pueblos originarios, que obedecen a circunstancias particulares que aclaramos más abajo. Nos quedamos así con un universo en estudio de 138 escaños.

La clase política participa con: Vamos por Chile, de derecha; la “centro-izquierda” agrupada en un momento en la Unidad Constituyente, más independientes cooptados por partidos políticos, exentos de la regla del patrocinio. El resto es un grupo heterogéneo donde se mezclan exentos del patrocinio con aquellos que deben someterse a dicha exigencia a saber, Lista del Apruebo e “independientes de partidos políticos”, Apruebo Dignidad con militantes del PC, Partido Comunes, Revolución Democrática, Regionalistas Verde Social, Izquierda Libertaria, integrantes del Frente Amplio, etcétera.

Este conjunto heterogéneo conforman un inédito conglomerado de participantes que en la segunda vuelta presidencial sumó 6 millones 956 mil 481 electores esto es, 47% del padrón electoral y que en esta elección se agrupa según las cifras de los estudios de José Luis Valenzuela y Manuel Acuña en Lista del Apruebo (177), Lista Vamos por Chile (165) y Lista Apruebo Dignidad (177) a estos, al igual que en los estudios citados agregamos los Independientes en lista con un total de 437 candidatos, más los 206 agrupados en listas de partidos pequeños a saber Ecologista Verde, Humanista, Unión Patriota, etc. Todo lo cual da una suma 1162 candidaturas, más 29 independientes sin apoyo ni patrocinio de la clase política para llegar así a un total de 1191 candidatos.

Sería excesivo agregar a la política profesional independientes cobijados bajo el alero de partidos que sí representan la política rechazada por la revuelta del 18 de octubre, de manera que las listas con 437 candidatos deben agruparse en una categoría aparte y probablemente disidente de sus posiciones en la Convención Constitucional. Estos independientes en lista se desmarcan del contingente de independientes cooptados en las listas de los partidos políticos.

Los 17 escaños representando los pueblos originarios quedan fuera por la especificidad de las reivindicaciones del pueblo mapuche. Se agrega a ello la vastedad del territorio, su superficie abarca más de 36 mil 800 km2 (Bío-Toltén), ello, sin considerar el territorio de Toltén-Puerto Montt que agrega otros 51 mil kilómetros cuadrados es decir en su totalidad, más de 8 millones 800 mil hectáreas. Es evidente que existen elementos de la vida civil y cultural que separan a los integrantes de dicho pueblo, pero la plurinacionalidad del Estado de Chile, cuyo paso siguiente es la autonomía territorial, constituye el punto de unión de la particular heterogeneidad de la etnia.

Conclusión. Alineaciones, trasvasijes, rupturas, Plan B

Todo eso nos habilita para comparar fuerzas en términos electorales donde la clase política en la última elección presidencial en segunda vuelta, derechas y centro izquierdas confundidas en un bloque, contabilizaron un 47% del padrón electoral. Si asimilamos las fuerzas del Apruebo, con un 40%, donde se podría domiciliar en ese resultado una fuerza ciudadana más cercana a una Asamblea Constituyente que a una Asamblea Constitucional construida bajo los auspicios del pacto por la Paz y una Nueva Constitución, habremos comparado las fuerzas que se enfrentan sobre una base electoral común. Esta confusión de tendencias ilustra la realidad de los futuros procesos electorales.

El conglomerado del 47% es el resultado de la política, independientemente de si se trata de una clase política de derecha o de izquierda –treinta años de gobierno revelan las complicidades. Ordenadas así las cosas habrá que preguntarse qué proyecto Constitucional presentarán los independientes sean estos cooptados o genuinamente independientes.

Queda abierto el debate acerca de cuál será la orientación que seguirán en la Constitucional las tendencias del Apruebo (40%) y la clase política de la segunda vuelta presidencial (47%) y qué fracción primará en el interior de esta última tendencia. En el fragor de la discusión y de los ecos de la Calle es lógico suponer alineamientos cambiantes y trasvasijes entre las dos fuerzas.

No está excluida la ruptura del proceso.

La nueva Constitución, con actores que surgen desde las entrañas mismas del antiguo poder augura imprevisibles reacciones desde la frustración. En ese momento la discusión se trasladará al territorio de las comunas. Es el Plan B.