05 de Julio: La Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de esa ciudad contra el ex carabinero de Calbuco, Fabián Cortez Torres, a la pena efectiva de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte del ciudadano Jorge González Oyarzo.
El INDH, presentó la querella siendo la primera vez que se logra pena efectiva de cárcel contra un agente de la policía uniformada.
Condenan a oficiales del ejército por secuestro calificado de funcionario de La CORFO
09 de julio: El ministro Carlos Aldana, condenó al coronel ® del Ejército Abel Arellano Avellano y al general de división ® Guillermo Toro Dávila a 3 años y un día de presidio, en calidad de autor y encubridor, respectivamente, del secuestro calificado de Reinaldo Jeldres Riveros. Ilícito perpetrado a partir del 19 de septiembre de 1973, en la comuna de Chillán.
A Arellano se le concedió libertad vigilada y a Toro Dávila, por reunir los requisitos del artículo 4 de la ley 18.216, “se le remite condicionalmente la pena, debiendo quedar sujetos al control administrativo y asistencia de Gendarmería de Chile”.
De acuerdo a la investigación, el 19 de septiembre de 1973, Reinaldo Jeldres Riveros se presentó en la guardia del Regimiento de Infantería N° 9 de Chillán, para solicitar un salvoconducto de traslado de domicilio. El día anterior había sido liberado desde la Isla Quiriquina, donde permaneció privado de libertad, por motivos políticos, durante cuatro días y dejado en libertad por no existir cargos en su contra.
Que en dicha diligencia fue acompañado por su amigo Claudio Bonometti, quien lo esperó en las afueras del Regimiento hasta que un soldado le advirtió que era peligroso para él seguir en ese lugar, debiendo retirarse, dirigiéndose al domicilio de Jeldres Riveros para comunicar tal hecho a sus familiares. Desde esta fecha y lugar se perdió todo rastro de su paradero.
En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización de 60 millones de pesos a hijo de la víctima.
INDH logra que 42 extranjeros/as soliciten refugio en Iquique y Antofagasta
10 de Julio: La Corte Suprema ha confirmado cinco sentencias, cuatro de Iquique y una en Antofagasta, que acogen recursos de protección del INDH interpuestos ante las trabas de funcionarios de las gobernaciones contra personas que solicitaron refugio en Chile.
Los recursos tenían como objetivo que 42 personas pudieran ingresar al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, 28 en Iquique y 14 en Antofagasta.
Presenta querella por desnudamiento a profesora en comisaría
15 de Julio: El INDH presentó una querella, ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, por el delito consumado de vejación injusta que habrían perpetrado carabineros contra una profesora de Copiapó, en el contexto de las manifestaciones que impulsó el Magisterio en todo Chile por el paro docente.
La víctima M.J.C.L. fue detenida, el 18 de junio, por tres carabineros, cayendo al suelo y siendo arrastrada por varios metros, mientras era agredida. Luego fue llevada a la Segunda Comisaría de Copiapó donde se le pidió desnudarse para ser revisada por una carabinera, accediendo a mostrar su torso.
Condenan a 1.300 días de libertad vigilada a carabinero por homicidio en población Santa Olga
15 de Julio: La Corte de Apelaciones de San Miguel fijó en 1.300 días de presidio la pena que deberá cumplir sargento 2ª de Carabineros a la época de los hechos, Manuel Godoy Peña, como autor de homicidio simple de José Morales Santos. Ilícito cometido el 25 de octubre de 1981, en la población Santa Olga, actual comuna de Lo Espejo.
De acuerdo a la investigación, la víctima conducía un vehículo y no se detuvo ante una señal del sargento 2° quien ordenó al cabo 2° Manuel Fernández Valdebenito (fallecido) disparar contra el vehículo conducido por Morales Santos, con una subametralladora UZI que portaba, ocasionándole la muerte.
En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización total de 160 millones de pesos a los hijos de la víctima.
Rebajan condenas a militares por exhumación de detenidos desaparecidos
17 de Julio: En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada rebajó la pena aplicada a 11 militares ® condenados por la exhumación ilegal de restos de detenidos desaparecidos de la ciudad de Calama. Estableciendo que tomaron parte en un solo delito de exhumación ilegal, y no en delitos reiterados como lo consideró la sentencia de primera instancia.
Por ello condenó a Carlos Minoletti Arriagada, Julio Salazar Lantery, Luis Aracena Romo, Manuel Aguirre Cortés, Juan González Reyes, Sergio López Maldonado, Emilio Pardo Pardo, Hugo Carrasco Pérez, Wilson Pacheco Obreque y Pedro Gutiérrez Ruiz a 300 días de presidio, en calidad de autores del delito. En tanto, Héctor Iturra Orrego fue condenado a 60 días como cómplice.
Condenan a miembros de la armada por secuestro en 1974
18 de Julio: El ministro (s) de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino, condenó a siete funcionarios ® de la Armada por su responsabilidad en el delito de secuestro con grave daño de Abelardo Zamorano Barrera, ilícito perpetrado entre marzo y abril de 1974.
En el fallo, se condenó a Ricardo Riesco Cornejo, Juan Reyes Basaur, Valentín Riquelme Villalobos, Bertalino Castillo Soto, Héctor Santibáñez Obreque, Jaime Lazo Pérez y Alejo Esparza Martínez a 5 años y un día de presidio efectivo, más accesorias legales.
De acuerdo a la investigación, la víctima, militante del MIR, fue detenida en Valparaíso, el 25 de marzo de 1974, en la plaza Victoria, siendo conducido al Cuartel Silva Palma por tres personas del Servicio de Inteligencia Naval. En dicho recinto, un grupo de sujetos, pertenecientes al cuerpo de Infantería de Marina de la Armada de Chile, lo sometió a crueles y repetidos tormentos, apremios, amenazas y extensos interrogatorios con golpes y corriente eléctrica, incomunicación e inclusive se le privaba de alimento y agua.
La mayor parte del tiempo permaneció encapuchado en una celda donde era obligado a escuchar los interrogatorios y torturas de otras personas. Posteriormente, fue trasladado a un campo de detención denominado «Isla Riesco».
En el aspecto civil, el fallo acogió la demanda interpuesta y ordenó al fisco pagar una indemnización de 70 millones de pesos, por concepto de daño moral, a la víctima.
Condenan a ex CNI por falso enfrentamiento en calle Janequeo
22 de Julio: El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, condenó a 23 ex agentes de la CNI por los homicidios de Alejandro Salgado Troquián y Hugo Ratier Noguera. Ilícitos perpetrados el 7 de septiembre de 1983, en un falso enfrentamiento en calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal.
En el fallo, se condenó como autores a Roberto Schmied Zanzi, Álvaro Corbalán Castilla y Aquiles González Cortés a 20 años de presidio; en tanto, los ex agentes José Aravena Ruiz, José Salas Fuentes, Luis Sanhueza Ross, Egon Barra Barra, Jorge Vargas Bories, Norman Jeldes Aguilar, Fernando Rojas Tapia, Manuel Morales Acevedo, Sergio Canals Baldwin y José Vidal Veloso a 15 años y un día de presidio.
En el caso de Raúl Méndez Santos, Rodolfo Olguín González, Ema Ceballos Núñez, Miguel Gajardo Quijada, Rosa Ramos Hernández, Francisco Orellana Seguel, Juan Vergara Gutiérrez, Raúl Escobar Díaz, Rafael Ortega Gutiérrez y Luis Gálvez Navarro fueron sentenciados a 10 años y un día de presidio, como cómplices.
De acuerdo a la investigación, el día 7 de septiembre de 1983, agentes de la CNI, de la PDI y de otros organismos represivos fueron hasta el domicilio de calle Janequeo N° 5707, comuna de Quinta Normal, el que estaba siendo vigilado desde hace algunas semanas, procediendo a rodear y a acordonar el lugar, para luego, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego dispararon contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala Hugo Ratier Noguera. Además, con ocasión de ir llegando al mismo domicilio donde residía, fue abatido por múltiples heridas de bala, en la vía pública, Alejandro Salgado Troquián.
En el aspecto civil, el fallo acogió las demandas presentadas y ordenó a los condenados y al fisco pagar una indemnización total de 420 millones de pesos a familiares de las víctimas.
Condenan al fisco a pagar indemnización a víctimas de torturas en 1973
23 de julio: El Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas condenó al fisco a pagar una indemnización total de 200 millones de pesos, por concepto de daño moral, a dos demandantes, quienes fueron sometidos a vejámenes y torturas, tras ser detenidos en octubre de 1973, en el hospital de la ciudad.
Carabineros quedan en prisión preventiva por sistemáticas torturas en comisaría de Estación Central
24 de Julio: Cuatro oficiales y un suboficial de la 21ª comisaría de Carabineros de Chile de Estación Central -acusados de apremios ilegítimos, torturas, y falsificación de instrumento público-, quedaron en prisión preventiva en una audiencia que se llevó a cabo en el 6° Juzgado de Garantía de Santiago. El INDH presentó cinco querellas por torturas para determinar las responsabilidades del caso.
Los relatos consignados en las acciones legales del Instituto dan cuenta de hechos sucedidos entre 2016 y 2018, en los que, sistemáticamente, los carabineros habrían torturado a personas, una de ellas con un 70% de discapacidad psíquica. Principalmente, las víctimas eran comerciantes ambulantes del sector de Meiggs de la citada comuna.
Operación Colombo: Corte Suprema condena a 24 ex agentes de la DINA
26 de julio: En fallo dividido, la Segunda Sala condenó a 24 ex miembros de la DINA por secuestro calificado de Miguel Acuña Castillo, ilícito cometido a partir del 8 de julio de 1974 y que forma parte de la maniobra de desinformación conocida como “Operación Colombo”.
Los agentes César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Iturriaga Neumann fueron condenados a penas de 13 años de presidio, como autores del delito.
En tanto, Gerardo Urrich González, Gerardo Godoy García, Ricardo Lawrence Mires, Ciro Torré Sáez, Sergio Castillo González, Manuel Carevic Cubillos, José Fuentes Torres, Julio Hoyos Zegarra, Gustavo Carumán Soto, José Ojeda Obando, Luis Villarroel Gutiérrez, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Juan Duarte Gallegos, Pedro Araneda Araneda, Víctor Molina Astete, Manuel Rivas Díaz, Hugo Hernández Valle, Juan Urbina Cáceres, Hermon Alfaro Mundaca y Raúl Rodríguez Ponte, a 10 años de presidio, también como autores. Otros 46 agentes fueron absueltos.
De acuerdo a la investigación, el 08 de julio de 1974, Miguel Acuña Castillo, militante del MIR, fue detenido en las cercanías de su domicilio en la comuna de Macul, por la DINA, quienes lo introdujeron en la parte posterior de una camioneta y lo trasladaron al recinto clandestino ‘Yucatán’ o ‘Londres 38′ lugar donde continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura.
Que la última vez que la víctima Acuña Castillo fue visto con vida, ocurrió un día no determinado del mes de julio o agosto de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha. El nombre de la víctima apareció en el listado de los 119 u “Operación Colombo”.
En el aspecto civil, se confirmó el fallo que condenó al fisco a pagar una indemnización total de 90 millones de pesos a familiares de la víctima.
Condena a oficial de ejército por secuestro con grave daño en La Calera
29 de julio: El ministro (s) de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino, condenó al ex oficial del Ejército Aníbal Schaffhauser Camposano a la pena efectiva de 5 años y un día de presidio por el secuestro con grave daño de Adriana Bruna de la Fuente. Ilícito cometido en febrero de 1974, en la comuna de La Calera.
En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización de 35 millones de pesos, por concepto de daño moral, a la víctima.
Condenan a carabineros por secuestro de dirigente salitrero en 1973
29 de julio: En fallo unánime, la Undécima Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó a los ex carabineros Gerardo Maluje Abraham y Arturo Contreras Tamayo a penas de 5 años y un día y 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, respectivamente, por el secuestro agravado de Vitalio Mutarello Soza, ilícito perpetrado en septiembre de 1973, en la salitrera Pedro de Valdivia.
En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar indemnizaciones a los demandantes que se detallan en la resolución.
Caso Catrillanca: INDH formula acusación particular contra carabineros imputados
30 de Julio: El INDH presentó acusaciones particulares por el homicidio del joven mapuche Camilo Catrillanca, y por el homicidio frustrado y torturas sufridas por el adolescente M.A.P.C., que acompañaba al comunero en Temucuicui cuando se produjo su muerte.
De esta manera, el INDH precisó la calificación jurídica de los hechos de forma distinta al Ministerio Público, el que acusó -entre otros delitos- por homicidio simple calificado a diferencia del Instituto que lo hizo por homicidio calificado consumado.
En total los imputados son ocho, dos de ellos ex generales de Carabineros y se les acusan por diferentes grados de participación: homicidio calificado consumado (Camilo Catrillanca); homicidio calificado frustrado (M.A.P.C.) a quienes dispararon y a todo el resto por el tema de la alteración y ocultación de la evidencia, como “encubridores” del homicidio calificado. Además se imputó el delito de disparo injustificado de acuerdo a la ley de Control de Armas y también obstrucción a la investigación.
INDH respalda a consejeros ante amenazas
31 de Julio: El Consejo del INDH entregó todo el respaldo a la saliente directora de la institución, Consuelo Contreras, por la amenaza de carácter nacionalista recibida a través de un WhatsApp, luego de ser acusada de “inmovilizar a las Fuerzas de Orden en los procedimientos policiales”, haciendo referencia a las querellas presentadas por torturas ocurridas en la 21a Comisaría de Estación Central.
En el mismo sentido, el Consejo del INDH hicieron extensivo el respaldo a la asesora Paula Salvo Del Canto, y al ex director Branislav Marelic Rokov, que en los mismos términos recibieron amenazas.
Ordenan formalizar solicitudes de refugio de migrantes en riesgo
31 de Julio: La Corte Suprema confirmó, unánimemente, un fallo de primera instancia que dispuso se realice el procedimiento de reconocimiento de refugiados, a dos ciudadanos venezolanos y uno colombiano, en el más breve plazo.
El fallo precisa que “una solicitud de refugio como la planteada por el recurrente debe recibir un tratamiento especial, es decir ‘el trato más favorable posible’ y que, en particular, ha de estar sujeto a un régimen de prontitud, inmediatez y oportunidad”.
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