Galápagos: ¿de patrimonio de la humanidad a portaviones de EEUU?
por Eduardo Tamayo G. y Helga Serrano Narváez (Ecuador)
5 años atrás 9 min lectura
02/07/2019
Estados Unidos siempre ha querido apoderarse de las Islas Galápagos (pertenecientes a Ecuador) invocando la política el Buen Vecino y la doctrina Monroe. Durante la segunda guerra mundial ocupó manu militari el Archipiélago durante 7 años. Actualmente, el gobierno de Lenín Moreno ha llegado a acuerdos con EEUU, de los cuales no se conoce su contenido, que permitirían a los militares extranjeros utilizar el aeropuerto de la Isla San Cristóbal.
Los ecuatorianos conocieron, en el mes de junio, la intención del gobierno de Lenín Moreno de permitir el uso de las Islas Galápagos por fuerzas militares estadounidenses, cuando el Ministro de Defensa del país andino, Oswaldo Jarrín, declaró que “Galápagos es un portaviones natural”. La indignación de la ciudadanía ecuatoriana y la preocupación mundial han sido inmediatas.
En una rueda de prensa con medios extranjeros, el ministro confirmó que en las Islas Galápagos operarán los aviones estadounidenses Orión P3 y Awaks, para la lucha contra el narcotráfico y la pesca ilegal, indicando que desde las islas se puede asegurar “permanencia, reabastecimiento y facilidades de interceptación”. Añadió que en función de esas operaciones, el aeropuerto de la Isla San Cristóbal sería ampliado y que “Estados Unidos se va a encargar de mejorar las condiciones, especialmente de reabastecimientos”. Como intentando calmar las voces que cuestionan su entreguismo, concluyó indicando que “cada operación será escoltada por oficiales ecuatorianos”.
Tanto Jarrín como Norman Wray, presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, han indicado que no se está instalando una base militar extranjera y por tanto no se quebranta la Constitución. Precisamente para evitar una nueva situación como el uso de la Base de Manta por fuerzas estadounidenses, la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriana en 2008, dice en su Artículo 5: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
El artículo constitucional es muy claro, señala que no se permitirá el establecimiento de bases militares e “instalaciones extranjeras con propósitos militares”. Este sería el caso de lo que se proyecta para Galápagos: si no se trata de una base en el sentido clásico, se trata, sin duda, de instalaciones extranjeras (aviones, equipos de reabastecimiento, personal militar, etc.) en un aeropuerto ecuatoriano. Además, en este caso, se estaría cediendo una base militar a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras como se estipula en el Artículo 5 de la Constitución.
A su vez, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno manifestó vía tweet, que “la vigilancia aérea es una actividad conjunta entre varios países para cuidar este patrimonio mundial”. Esto quiere decir, que, para cuidar este patrimonio se requiere el concurso de EEUU, pero también de la cooperación ampliada junto de los gobiernos de Perú, Chile y Colombia “para tener una postura regional frente a este tipo de amenazas”, como señaló Norman Wray. En términos geopolíticos, esto quiere decir que el Ecuador se pliega a la geoestrategia militar de Estados Unidos de controlar América del Sur y todo el Pacífico suramericano en función de sus intereses y objetivos imperiales, centrados actualmente en la intervención en Venezuela, el combate al narcotráfico, las migraciones, especialmente de América Central, y la contención de China y de Rusia.
Pero Galápagos no sería el único “portaviones” de una fuerza aérea extranjera en el país, sino que habría otros dos más: el de Guayaquil y nuevamente el de Manta. Según el diario El Comercio del 19 de junio, “una vez que entren a operar las aeronaves desde Galápagos, la idea del Gobierno es crear el denominado “triángulo de seguridad”, que lo conforman Manta y Guayaquil. Eso ocurre porque en este momento el Orión P3 y el Awac ya vuelan desde el Puerto Principal y también lo pueden hacer desde la capital manabita”. (1)
En efecto, los aviones de inteligencia estadounidenses operan desde Guayaquil a partir de septiembre del 2018, en “viajes de reconocimientos, de toma de fotografías y de sensores,” según el ministro Jarrín.
Con los mismos argumentos
La anunciada presencia militar estadounidense en las Islas Galápagos es el resultado de los acuerdos de cooperación entre el actual gobierno del Ecuador y Estados Unidos, particularmente en el campo militar. Estados Unidos pretende reinstalarse en el país andino, tras una década de distanciamiento, con el mismo argumento utilizado para la instalación de la Base de Manta: el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
Cabe recordar que el 2 de agosto de 2018, el Ministro de Defensa informó que Estados Unidos tiene en funcionamiento una Oficina de Cooperación de Seguridad (OCS), acordada entre Ecuador y Estados Unidos, según el Ministro Jarrín, “por disposición presidencial y autorización de Cancillería y Defensa”.
Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, las OCS pertenecen a la Agencia de Asistencia de Seguridad de Defensa y su rol es realizar acciones que “promuevan los intereses de seguridad específicos de los EE. UU., incluidas todas las actividades internacionales de cooperación de armamentos y actividades de asistencia de seguridad”.
Con la justificación de la ‘cooperación’, fuerzas militares estadounidenses han retornado a Ecuador después de una década de haber sido expulsadas, cuando el gobierno de Rafael Correa acordó la no renovación del Convenio con Estados Unidos para el uso de la Base de Manta (firmado en 1999 con vigencia hasta el 2009), luego de la movilización y demanda de varias organizaciones sociales.
Mediante dicho Convenio, EEUU instaló un Puesto de Operaciones de Avanzada, (FOL por sus siglas en inglés, Forward Operating Location), que fue mucho más lejos de lo acordado. Aún está fresca en la memoria, las acciones arbitrarias de los militares estadounidenses durante su presencia en Manta: hundimiento de barcos ecuatorianos por fragatas estadounidenses; control de la migración; afectación a la actividad de los pescadores con la interdicción de buques ecuatorianos; la contratación de la compañía Dyn Corp, que había sido denunciada por actividades ilegales relacionadas con sistemas de contratación de mercenarios en otros países, entre otros.
Lo fundamental es que la Base de Manta, en palabras del comandante de la FOL, Javier Delucca, fue considerada como estratégica para el Plan Colombia, pues desde allí monitoreaban el conflicto colombiano. Incluso se ha afirmado que la Base de Manta fue clave para el bombardeo de Angostura (provincia ecuatoriana de Sucumbíos) por militares colombianos en cooperación con Estados Unidos en 2008, en el que murieron el dirigente de las FARC, Raúl Reyes, junto a 25 guerrilleros y civiles, que se encontraban en el campamento guerrillero.
Ahora la historia se repite. En el caso de la Base de Manta, inicialmente se llegó a un acuerdo entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa con la Embajada de Estados Unidos. Toda la negociación y el convenio se mantuvieron en secreto, hasta que la presión popular exigió el pronunciamiento del Congreso Nacional.
Hoy con Galápagos, ocurre lo mismo. Incluso, a pesar de las declaraciones de las más altas autoridades del gobierno del Ecuador que han anunciado que se va a proceder con la cooperación con Estados Unidos en las Islas Galápagos, el Departamento de Defensa estadounidense las desmiente indicando que no ha firmado un acuerdo con el gobierno de Ecuador para utilizar el aeropuerto de Galápagos y no está en negociaciones formales para hacerlo (2). ¿A quién creemos? Todo esto lleva a la necesidad de que se devele exactamente lo que el gobierno ecuatoriano ha acordado con EEUU a espaldas de la ciudadanía y de la Asamblea Nacional.
En riesgo frágil medio ambiente
Es importante recordar que el Archipiélago de Galápagos, ubicadas a 1000 kilómetros de la costa ecuatoriana, fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 por la UNESCO, al cumplir cuatro criterios, que parecen no tener importancia para quienes lideran la política de defensa: tener fenómenos naturales extraordinarios o áreas de belleza natural; ser ejemplos sobresalientes de la historia de la Tierra; tener ciertas características y procesos geomorfológicos y geológicos; ser ejemplo de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la evolución de los ecosistemas y diversidad biológica y especies amenazadas. Recordemos que el investigador inglés Charles Darwin basó su teoría de la evolución de las especies en sus observaciones realizadas en Galápagos.
Se ha reconocido que, debido a su aislamiento y a millones de años de evolución, el Archipiélago de Galápagos tiene un ecosistema único en el mundo, lo que se vería seriamente amenazado si llegara a convertirse en “portaviones” para los militares estadounidenses, como pretende el gobierno ecuatoriano.
La exministra de Ambiente y actual Asambleísta de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, en Telesur (Programa EnClave Política, 20-06-2019) alertó que se producirían afectaciones ambientales a San Cristóbal tanto por la ampliación del aeropuerto, como por las operaciones nocturnas previstas. Señaló que cualquier operación de esta naturaleza requiere de un estudio de impacto ambiental, por cuanto el ruido, la basura y los desechos causarán un impacto a la población y a las especies que habitan las Islas, más aun considerando que el aeropuerto está junto al centro poblado y a un lugar donde viven los lobos marinos, conocido como La Lobería.
Si San Cristóbal va a ser un lugar de abastecimiento de aviones, Aguiñaga se pregunta cómo se va a trasladar el combustible a 1000 kilómetros de distancia, en qué cantidad y cuáles son los planes de contingencia, más aun considerando que se había planteado reducir el uso de combustibles fósiles en las islas. La idea de cero combustibles fósiles para Galápagos nació precisamente luego del desastre ambiental causado por el naufragio del buque Jessica frente al Puerto Baquerizo Moreno en enero de 2001, en el que se derramaron unos 240.000 galones de combustible, generando un grave problema ambiental que afectó a varias especies (3).
La asambleísta concluyó que esta decisión del gobierno pone en riesgo la reserva de biósfera, la reserva marina de gran importancia mundial, y el derecho de los pobladores a vivir en un ambiente sano. Por ello, Aguinaga indicó que la Asamblea ha pedido la comparecencia de los ministros de Defensa y de Ambiente para que informen del contenido de los acuerdos y los impactos y planes de contingencia previstos.
*Fuente: AlaiNet
Notas:
1 El Comercio, Naves de EE.UU. ocuparán pista de aeropuerto de Galápagos una vez al mes, 19-06-2010, https://www.elcomercio.com/actualidad/naves-eeuu-pista-galapagos-control.html (consultado 02/07/2019)
2 Mayor Chris Mitchell, Portavoz del Pentágono, citado por Gisell Tobías, Voz de América, Washington.
3 El Telégrafo, Un buque encalló en Galápagos sin que haya derrame de contaminantes, 28-01-2015, https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion/1/coe-de-galapagos-se-instala-tras-encallamiento-de-buque (Consultado, 29-06-2019)
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