La Concertación se niega a hacerle justicia a Víctor Pey

Las deleznables declaraciones de distintos personeros de la Concertación ante el fallo del CIADI(*) en favor de Víctor Pey, recientemente dado en conocer en la prensa de nuestro país, contienen una verdadera lección de realismo para aquellos que todavía siguen creyendo, a pesar de una  larga experiencia acumulada en sentido contrario, de que en la coalición gobernante existirían aún partidos que pudieran identificarse con los valores morales y políticos de la izquierda chilena, aquella misma cuya figura y símbolo máximo fuera el presidente Salvador Allende.

La situación de Víctor Pey ante el Estado chileno no puede sino recordarle a uno la tragedia de Josef K, el  personaje central de El Proceso (la novela inconclusa del gran escritor judío Franz Kafka), quien espera por interminables años poder cruzar la puerta de la justicia, sin que nunca lo consiga, porque siempre hay allí un guardia que se lo impide.  
En realidad el primer acto de esta empecinada denegación de justicia comenzó el mismo día 11 de septiembre de 1973, cuando al producirse en Chile el Golpe militar de estado Víctor Pey es conminado, mediante el Bando No. 19, a concurrir al Ministerio de Defensa, a entregarse ante los nuevos amos del poder; por lo cual decide asilarse en la Embajada de Venezuela (El Clarin: Por qué el gobierno chileno quiere mantener cerrado un periódico de izquierda). El día primero de octubre de 1973 la DINA asalta su oficina en la calle Agustinas, descerraja su caja de fondos y le roba, entre otras cosas, los documentos y títulos de la compra del Diario El Clarín. 

Posteriormente, connotados miembros de la Junta Militar intentarán apropiarse, mediante diversos recursos gangsteriles, de la propiedad del exitoso periódico popular, que van desde la intimidación, al chantaje y a la confiscación de varias de las propiedades en Chile de Darío Sainte-Marie, ex propietario del periódico, para que anule la venta de aquél  a Víctor Pey. Como Sainte-Marie se niega  a participar en esta jugada sucia, se procede a falsificar, bajo su nombre, un documento de traspaso de la propiedad de El Clarín a Ramón Carrasco, Jorge Venegas y Emilio González, con el fin de crear una ficción pseudo-legal que probaría que Sainte-Marie les habría vendido El Clarín a ellos.    

Posteriormente se intenta implicar a Salvador Allende en la propiedad de El Clarín, y hacer  aparecer a Pey como fiduciario del presidente, de modo de contar con un argumento pseudo-legal para aplicarle el Decreto Ley No.77, del 8 de octubre de 1973 (igualmente ilegítimo) que declaraba ilícitos y disueltos los partidos políticos chilenos y les confiscaba sus bienes.     
Al producirse en Chile el retorno a la democracia,  después de 17 años de dictadura, Víctor Pey debe haber pensado, erróneamente como se ha visto, que había llegado el fin de sus problemas, y que la recuperación de la propiedad y los bienes del Diario El Clarín, sería  cuestión de un tiempo relativamente corto. Lo que Pey no podía anticipar es que los distintos gobiernos de la “Democracia tutelada”(Portales) que vino a reemplazar a la dictadura militar, se la jugarían por la denegación de justicia, con el mismo empecinamiento y de manera igualmente deleznable, o peor, de lo que lo hicieron sus antecesores en el poder.      

Pero por lo menos, bajo las nuevas condiciones políticas y judiciales, Pey conseguirá , por medio de una orden judicial, recuperar los documentos que probaban que El Clarín era de su propiedad, y que le habían sido robados de su oficina por agentes de la dictadura.  

Ante la imposibilidad de que bajo la Democracia Tutelada le fueran reconocidos sus legítimos derechos, Pey decide, el 2 de octubre de 1997, recurrir al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones con sede en Washington. D.C. Luego de más de 10 años de tramitaciones y deliberaciones , durante los cuales los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos hacen uso de toda clase de jugadas y trucos ante aquel tribunal internacional (que recuerdan las tácticas dilatorias utilizadas por Pablo Rodríguez en la defensa de Pinochet) con el fin de bloquear y postergar la decisión de los miembros del CIADI. Y como si esto fuera poco el gobierno chileno tuvo la osadía , al poco tiempo de que Pey presentara la demanda ante el CIADI, de montar una maniobra que recuerda a aquellas empleadas antes por la Dictadura, de acuerdo con la cual se procedió a pagarles una suerte de indemnización de nueve millones de dólares a los supuestos herederos de Saint-Marie, así como a  Ramón Carrasco, Emilio González y Jorge Venegas, a quienes se les venía haciendo aparecer, desde la época de Pinochet, como los verdaderos dueños de El Clarín.              

¿Cómo se explica esta sistemática oposición de los gobiernos concertacionistas a reconocerle sus legítimos derechos a Víctor Pey? ¿Cuál habría sido su “crimen”? Nos parece que esto sólo puede explicarse a partir del acuerdo secreto de 1989 entre los líderes de la concertación y los representantes de la dictadura pinochetista derrotada en el Plebiscito del año anterior. La persistente y activa oposición de todos los gobiernos concertacionistas, comenzando con el de Aylwin, a que exista un prensa de izquierda (denunciada muchas veces por Juan Pablo Cárdenas), complementada con la entrega de la totalidad del avisaje fiscal al duopolio El Mercurio-Copesa, muestran que aquel acuerdo es hoy tan plenamente vigente como lo fue en los primeros años de la Concertación, y que una de sus cláusulas centrales consistía en que esta coalición no podía aspirar a contar con una prensa propia. El relanzamiento de El Clarín vendría a romper, como quien dice, desde fuera, con los términos de aquel pacto, al hacer posible la existencia de un periódico alternativo, que además ya no sólo sería crítico de la derecha tradicional, sino de la nueva centro-derecha representada por la Concertación. He aquí, entonces, el “crimen” de Pey: haber manifestado públicamente que su deseo, una vez resuelto el arbitraje internacional, y recuperados los dineros y la propiedad, sería reeditar El Clarín como un periódico independiente y crítico.    

En días pasados, al conocerse la decisión de los jueces del CIADI, Hugo Lavados, Ministro de economía de la Presidenta Bachelet, declaró a la prensa que el gobierno se opondría al fallo internacional a favor de Pey, sin que importaran los gastos que esta oposición pudiera demandarle al Estado de Chile, porque, dijo, “no es un problema de pesos, sino de principios”. Desgraciadamente el Ministro no explicó de qué principios estaba hablando. Porque oponerse por todos los medios, morales e inmorales, legales e ilegales, a que se le haga justicia al propietario de Clarín, sólo puede significar que la injusticia, la ilegalidad, y el no respeto al derecho, nacional e internacional, se han convertido en los principios activos que rigen la conducta de las elites, que desde 1990 vienen decidiendo la riqueza y la miseria, la vida y la muerte, de nuestros sufridos compatriotas.                              

Nota:
(*) CIADI, sigla española del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.