Marruecos: Gdeim Izik, un juicio que contraviene el derecho internacional en materia de derechos humanos

En noviembre de 2010, apenas un mes después de su instalación, de madrugada y sin aviso previo, el campamento de Gdeim Izik fue sitiado y desmantelado por las fuerzas policiales marroquíes utilizando para ello gases lacrimógenos y bombas incendiarias, sin dar la oportunidad de abandonarlo y procediendo a la detención de cientos de personas saharauis

Este pasado lunes, el Colegio de Abogados de Zaragoza acogió la charla ‘La violación de los derechos procesales en el juicio de Gdeim Izik. Marruecos y los procesos judiciales contra activistas saharauis’. En ella participaron tres abogadas zaragozanas, Ana Sebastián, Altamira Guelbenzu y Sara Anciso, que asistieron como observadoras internacionales al proceso de Gdeim Izik y a visitar a los y las familiares de los presos encarcelados.

Al acto, cuya presentación corrió a cargo de Javier Alcober, presidente de la sección de Derechos Humanos del REICAZ, contó con la presencia del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, de la portavoz de IU Aragón en las Cortes, Patricia Luquin, y del nuevo coordinador general de IU Aragón, Álvaro Sanz.

En la charla, las tres abogadas zaragozanas pusieron de manifiesto la falta de garantías procesales y jurídicas con las que este proceso judicial ha contado desde un principio y que actualmente continúa desarrollándose contra 21 activistas saharauis detenidos durante el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik. Dicho campamento protesta está situado a apenas quince kilómetros de El Aaiún, capital del Sahara Occidental, y fue constituido en octubre de 2010 y llegó a contar con alrededor de 20.000 saharauis.

El objetivo de este campamento consistía en la protesta por la discriminación a la que estaban sometidos los y las saharauis debido a la ocupación marroquí, y en la que reclamaban unas condiciones de vida digna, así como empleo, educación y el respeto de los derechos humanos en el Sahara Occidental.

En noviembre de 2010, apenas un mes después de su instalación, de madrugada y sin aviso previo, el campamento fue sitiado y desmantelado por las fuerzas policiales marroquíes utilizando para ello gases lacrimógenos y bombas incendiarias, sin dar la oportunidad de abandonarlo y procediendo a la detención de cientos de personas saharauis.

Tras el desmantelamiento, las revueltas continuaron en el barrio de Al Aaiún y la ciudad quedó prácticamente sitiada por la policía y los militares marroquíes. Las personas detenidas fueron enviadas a la prisión de la capital del Sahara occidental, y por otra parte, el grupo de 25 activistas saharauis detenidos fue enviado a la prisión de Salé en Rabat, capital de Marruecos, con la intención de ser juzgados por un tribunal penal militar aunque las personas detenidas fueran civiles.

El juicio, que se celebró en febrero de 2013, es decir, casi dos años después de las detenciones, tuvo una duración de nueve días y donde la acusación particular fue ejercida por el procurador general del rey de Marruecos (fiscalía general). Cabe destacar que las personas acusadas no tuvieron derecho a asistencia letrada ni cuando fueron detenidos, ni en las declaraciones policiales, ni durante las primeras declaraciones ante el juez de instrucción.

Un hecho que para la abogada zaragozana, Altamira Guelbenzu, resulta muy importante ya que el único elemento probatorio que existía en el proceso judicial eran unas declaraciones –“realizadas bajo tortura”- en las que se autoinculpaban, causa suficiente para declarar la nulidad de dicho proceso.

“Les arrancaron las uñas con tenazas, sufrieron golpes, descargas eléctricas, aislamiento, violaciones sexuales, insomnio forzado, les orinaron encima y les obligaron a beberse dicha orina”. Éstas fueron algunas de las torturas a las que fueron sometidos este grupo de 25 personas y que así fueron declaradas durante el juicio oral.

Durante el proceso judicial penal militar también se negó la intervención de todos los testigos propuestos por la defensa e incluso llegando a rechazar las peticiones de los acusados para que éstos fueran reconocidos por un forense.

Los hechos por el que este grupo de activistas saharauis estaban imputados consistían en la pertenencia a banda armada, utilización de la violencia contra los representantes de la fuerza pública en el uso de sus funciones, por ocasionar la muerte por el uso de la violencia contra agentes marroquíes, por la profanación de un cadáver y atentado contra la seguridad interior de Marruecos.

A juicio de Altamira Guelbenzu, las penas que se impusieron fueron “una barbaridad”: nueve personas condenadas a cadena perpetua, cuatro personas condenadas a 30 años de prisión, seis personas condenadas a 25 años de prisión, tres personas condenadas a 20 años de prisión, y otras dos personas condenadas a dos años y tres meses de prisión.

En este sentido, cabe señalar que la sentencia no menciona ni siquiera los nombres de los agentes que, presuntamente, fueron asesinados por las personas acusadas, “algo que no fue acreditado en el expediente, no aparecieron los cuerpos, no hubo ni autopsias y ni siquiera constaba el certificado de defunción de dichos agentes”, un hecho que llamó poderosamente la atención de las y los observadores internacionales.

Finalmente, en julio de 2016, el tribunal penal militar estimó el recurso de tasación presentado por la defensa de las personas acusadas y se consiguió que se volviera a repetir el juicio, a celebrar el 26 de diciembre del mismo año, pero esta vez llevado a cabo por un tribunal civil. “Llama la atención la fecha, ya que lógicamente los observadores internacionales nos encontrábamos celebrando las fiestas de navidad”, señaló Ana Sebastián, una de las abogadas que participó en el proceso judicial como observadora internacional.

Esta vez, a diferencia del juicio realizado por el tribunal militar, contó con la incorporación de la acusación de las víctimas marroquíes, siendo los hechos imputados a los 21 activistas saharauis, -uno de ellos se encuentra en libertad por motivos de salud, otro lo hace refugiado político en el Estado español, y dos ya se encuentran en libertad al haber cumplido la condena- prácticamente los mismos.

La defensa, compuesta por tres grupos distintos: abogados marroquíes, abogados saharauis y abogados franceses, contaban con el objetivo de demostrar tanto la inocencia de los saharauis así como las graves irregularidades procesales presentes durante el juicio, entre ellas, la falta de competencia por parte del tribunal marroquí al haberse realizado las detenciones en suelo saharaui, un hecho que contradice el Cuarto Convenio de Ginebra.

Además, las primeras sesiones del juicio, tal y como relató la abogada Ana Sebastián, se celebraron bajo altas medidas de seguridad y contaron con un elevado tratamiento mediático por parte de los medios de comunicación marroquíes, llegando incluso a intimidar, en ocasiones, a los observadores internacionales que allí se encontraban realizando su trabajo.

En definitiva, un proceso judicial que actualmente se continúa desarrollando -se reanudó este pasado lunes- y que en todo momento, tal y como relataron las tres abogadas zaragozanas durante la charla, ha contado con la falta de garantías judiciales, tanto en la ausencia de pruebas incriminatorias como en la vulneración de la legislación internacional en materia de derechos humanos.