Los Crímenes y el Terrorismo de Estado en Chile son imperdonables

Sr. Director de la Redacción.
PiensaChile
Estimado Sr. Director,

En Septiembre de este año, vuestro medio publicó un documento nuestro sobre la Justicia y la Impunidad en Chile, lo cual les agradecemos sinceramente. Este documento forma parte de una serie de artículos que elaboramos para denunciar (en el exterior y en Chile) el rol de las Instituciones chilenas en el menosprecio de los Derechos Humanos y los intentos de consagrar la impunidad en nuestro país a los responsables de las violaciones de estos Derechos. Varios de estos artículos han sido publicados en El País, Rebelión y otros medios en el exterior.

Recientemente hemos tomado conocimiento del artículo «Los difíciles perdones» escrito por el escritor Jorge Edwards y publicado en el diario EL PAIS en España el 7 de octubre de 2005.
En este artículo el Sr. Edwards hace alusión a las dificultades que, según él, impiden la reconciliación en Chile y otros temas importantes que gravitan en la sociedad chilena. Sobre ello, tenemos otro punto de vista y éste corresponde más bien a la visión que tienen las víctimas y los defensores de Derechos Humanos sobre los acontecimientos y el período en que se violaron estos Derechos esenciales en nuestro país.

Les hacemos llegar nuestra respuesta a lo expresado por el Sr. Edwards (enviada al diario EL PAIS) con el objetivo de aportar elementos que contribuyan a esclarecer los hechos y a tratar de situar el debate en un necesario nivel de seriedad que la situación exige. El acceso a los medios nacionales, para quienes luchamos contra la impunidad en Chile, permanece todavía vedado y es por ello, que debemos recurrir a otros medios fuera de nuestro país.

Estamos a vuestra disposición para toda información complementaria. Más abajo va nuestra respuesta.

Les saludan atentamente,

Hector Zavala – Carlos López
Ex-prisioneros políticos de la dictadura militar en Chile
Collectif Droits de l’Homme au Chili (France)
mailto:hzavalal@hotmail.com 

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Respuesta al artículo « Los difíciles perdones» del escritor chileno Jorge Edwards ». (El  País, 7 de octubre de 2005).

No es la primera vez que el escritor chileno Jorge Edwards responsabiliza a las víctimas de la dictadura chilena de entorpecer la reconciliación en Chile. Ya en el período de la detención del dictador Pinochet en Londres las calificaba de « grupos vociferantes », « perfectamente minoritarios en Chile » (El País, 14 noviembre 1998). Hoy, leyendo su reciente artículo publicado en El País, insiste en esto. Creemos necesario ahora puntualizar algunas de sus afirmaciones.

El debate sobre la desigualdad, la desocupación y la pobreza que el Sr. Edwards señala en su artículo no es el resultado de una evolución, ni de una transición en los hechos, leyes o conciencias. Este fenómeno es un elemento más de aquellos utilizados por los actuales candidatos en sus campañas electorales. Prueba de ello, el « debate » de la desigualdad fue desplazado por aquel de la delincuencia y reaparecerá o estará en boga hasta que otro tema proporcione más dividendos de tipo publicitario – electoral.

Efectivamente, uno de los problemas que persiste y que es motivo de división en el país, es el de los Derechos Humanos. Y ello sucede justamente porque no ha habido un cambio en las conciencias. Los avances producidos en este terreno, así como en otros dominios, han sido esencialmente el resultado de la presión permanente de los defensores y de las organizaciones de Derechos humanos, en Chile, en el exterior, y de otras organizaciones sociales afines a esta problemática.

La « testarudez « e « inflexibilidad » de las víctimas a las cuales hace alusión el Sr. Edwards no explican las carencias en Derechos humanos, ni tampoco el contraste de la experiencia chilena con otros países que pasaron por dictaduras y que negociaron enseguida salidas de consenso. Ello está explicado por el triste hecho que la negociación llevada a cabo para la salida de la dictadura fue mal realizada por quienes asumieron la transición. Prueba de ello y a pesar de las reformas hechas a la Constitución,  aún tenemos un país carente de una real condición democrática. No es de extrañar, entonces, que graves problemas persistan y entre ellos los Derechos humanos.

Aún más, los cambios realizados, si son analizados en profundidad, descubrimos que ellos son incompletos : la pena de muerte no ha sido totalmente abolida, sigue vigente en el artículo 19 de la Constitución Pinochet-Lagos y lo está también en la Justicia militar en tiempo de guerra. La figura del delito de desacato, si bien ha sufrido transformaciones, aún mantiene elementos coercitivos. La adhesión al Tribunal Penal Internacional aprobada recientemente por la Comisión de Legislación y Justicia, desnaturaliza el ejercicio de este Tribunal pues la primacía es otorgada a la Justicia nacional y éste no podrá intervenir en situaciones ya juzgadas o en curso de juicio. Y lo más grave, un proyecto legislativo está en curso, destinado a sacralizar estas disposiciones en la legislación chilena, lo que hará difícil su cambio posterior.

Sobre el pasaje de nuestro país al siglo XXI, el Sr. Edwards se pregunta, ¿si algún día éste ocurrirá ?. Como respuesta señala que « Tenemos una memoria viva de los horrores, de los crímenes que se cometieron » y que « somos especialistas en incubar antiguas peleas » . No vamos a analizar la historia antigua de nuestro país, solamente nos remitiremos a la historia reciente. Una de las pocas ocasiones que ha tenido nuestro país para transitar en el presente y así mirar al futuro fue durante la experiencia de la Unidad Popular (1970-73) y este proceso social todos sabemos fue interrumpido brutalemente por la fuerza de las armas. Los sectores de la población chilena que siempre habían sido mantenidos excluidos en la sociedad, pudieron enfin participar activa y libremente en tratar de construir su propio futuro. Si el Presidente Allende, en su tercer año de gobierno a pesar de las enormes dificultades, pudo obtenir un 43.4% de adhesión en las elecciones parlamentarias, ello demuestra la esperanza que esta experiencia representaba para este sector de la sociedad chilena. Chile miró hacia el siglo XXI al tratar de salir del subdesarrollo con el proceso de cambios profundos implementados por el gobierno de la Unidad Popular. Denunciando la agresión que las empresas multinacionales ejercían contra nuestro país, el Presidente Allende señalaba, en diciembre de 1972, que «… La batalla por la defensa de los recursos naturales es parte de la que libran los países del Tercer Mundo para vencer el subdesarrollo ». Recomendamos, al Sr. Edwards, una relectura de los discursos del Presidente Allende en la Naciones Unidas en 1972 y en el Congreso de Colombia en agosto de 1971.

No es la falta de « cultura política », ni el « exceso de pasión », ni las « persistencias de las visiones ideológicas del siglo pasado » lo que hace que estos problemas sean recurrentes. Ello se debe a la imposición del modelo de sociedad vigente, cuyas determinaciones de tipo ecónomico ultra-liberal, están generando una extrema desigualdad y otra serie de graves problemas, como ejemplo, la degradación del medio ambiente. Es interesante hacer resaltar las observaciones del diario La Tercera sobre las declaraciones de Felipe La
marca, para demostrar esta afirmación : « [Lamarca] advierte que hay que corregir urgentemente el modelo económico de mercado y democratizar la política. Acusa una complicidad entre las élites políticas y económicas para mantener todo igual y las insta a cambiar para terminar con la desigualdad y para que el mercado funcione con más competencia y menos concentración de poder ». Lamarca es un ex-Presidente de una corporación patronal : la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y ex-hombre fuerte de unos de los grandes grupos económicos de Chile.

Considerando el paralelo que el Sr. Edwards hace con la transición española tenemos que subrayar hoy día, que después de 66 años el actual gobierno español trata de borrar los símbolos del franquismo aún presentes ; el Estado español ha otorgado una pensión a los hijos de las victimas del franquismo y diversas organizaciones tratan de recuperar la memoria histórica. No es la primera vez que nos invitan a admirar la transición española para así mejor « digerir » la transición a la chilena. Creemos que no existen modelos de transición a imitar. Cada país está ligado a un contexto histórico específico. La realidad política de España llevó a que el eje de la transición fuese la creación de una nueva Carta Magna en 1978 después de la muerte de Franco, en la cual participaron todos los partidos políticos, incluso los recientemente legalizados (en la época) Partido Socialista y Partido Comunista Español. Fue esta Constitución política moderna lo que dio origen a la España democrática. Sin embargo, la recuperación de la Memoria histórica pasó al olvido. Este fue el precio que las víctimas tuvieron que pagar en sus demandas insatisfechas.

En el caso de Chile las cosas fueron y son diferentes. El dictador aún está en vida y a pesar de su aislamiento relativo, su existencia todavía « pena » en la sociedad chilena. Aún no ha sido juzgado pese a los esfuerzos desplegados para ello. El ex-juez Guzmán, en declaraciones hechas recientemente al semanario francés “Le Nouvel Observateur” (13-10-2005), denunció que el gobierno llegó a un « acuerdo tácito con los pinochetistas », por lo que el ex-dictador «nunca será juzgado», confirmando así esta constatación. La detención de Pinochet en Londres fue permitida gracias al peso y la importancia que los Derechos Humanos tienen hoy día, así como la relevancia que los otros Derechos : económicos, sociales, políticos y culturales han adquirido este último tiempo. La tenacidad y decisión de los abogados y jueces españoles en implementrar el principio de juridicción universal para perseguir los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad fue un factor decisivo en la arrestación de Pinochet. Además, el hecho que la guerra fría estaba ya terminada también posibilitó su detención.

La Constitución vigente en Chile es aquella impuesta por la dictadura, reformada hoy por el gobierno de Lagos y aprobada por el Congreso después de un consenso logrado a espaldas de la ciudadanía. La « nueva » Carta Magna continúa siendo ilegítima : no fue establecida por la ciudadanía, o a través de una Asamblea Constituyente, independiente, elegida expresamente para ello, violando así uno de los fundamentos del Derecho constitucional previstos para proteger a la ciudadanía de la arbitrariedad. El hecho que, además, la actual Carta imponga una opción de política económica ultra-liberal (ejemplo : artículo 19, inciso 21) viola así otro de estos fundamentos. El Consejo de Seguridad nacional no fue suprimido sino que fue transformado en un órgano asesor de las autoridades del Estado. En general, las actuales disposiciones constitucionales dejan intacto el gran poder que tienen las Fuerzas armadas en la sociedad chilena.

La argumentación que el Sr. Edwards avanza, sobre las razones que explicarían la dificultad de lograr la reconciliación en Chile (constatación de que no hubieron centenares de miles de muertos durante la dictadura), nos parece de una ligereza impropia de un columnista. Es el mismo argumento utilizado por los militares para explicar el « bajo costo social » de su intervención. Citando a Nelson Mandela, quien un día dijo : « un solo muerto ya es demasiado » ; expresamos que la verdad de los hechos (los porfiados hechos) es que la tragedia chilena comprendió, además de los detenidos desaparecidos y ejecutados, una cantidad importante de detenidos torturados y otra cantidad considerable de personas forzadas a abandonar el país, incluso hasta hoy. La « Comisión de Prisión Política y tortura » recogió, en un plazo restringido, solamente 35000 testimonios en su investigación sobre estas violaciones de Derechos Humanos. Según la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica chilena hubo alrededor de un millón de exilados. Tema que por el momento no ha sido considerado como un sufrimiento mayor de las víctimas chilenas.

En la historia de Chile hay otros casos de revoluciones y guerras civiles que produjeron situaciones similares a la de hoy. En todas ellas la solución fue la dictación de leyes de perdón y el olvido. El dilema justicia-impunidad nunca fue resuelto. Las soluciones propuestas actualmente por las instituciones del Estado continúan en el mismo sentido y anticipan ya un mismo tipo de comportamiento en el futuro. La salida del umbral del desarrollo, el paso a la modernidad dependen sobre todo de la resolución de este dilema ético de las graves violaciones de los Derechos Humanos ocurridas en nuestro país. Es la única manera de salir de este interminable ciclo en nuestra historia.

Hector Zavala – Carlos Lopez

París, noviembre de 2005.
Ex-prisioneros políticos chilenos, residentes en Francia.
(Collectif DDHH au Chili)