La odisea de Fabiola: Cómo una víctima de la dictadura logró romper con el secreto de 50 años de la Comisión Valech

Fabiola Valenzuela está sentada en un café en el centro de Santiago, a metros de la Corte Suprema. Es un día especial para ella. Luego de presentar recursos y de asistir a trámites legales junto a sus abogados desde septiembre del año pasado, tiene entre sus manos la carpeta con su proceso de calificación como víctima de la dictadura de Pinochet, acreditado por la Comisión Valech -que calificó a 27.255 víctimas en 2004, llegando a un total de 40.018 en 2011- y que hasta ahora se mantenía en secreto de acuerdo a lo consagrado en la ley 19.992 promulgada durante el gobierno de Ricardo Lagos.
Los documentos elaborados por la comisión y custodiados por el Instituto de Derechos Humanos (INDH), eran algo que Fabiola se había propuesto conseguir. Su testimonio y el de su madre, pensaba, le pertenecía tanto como al Estado: Fabiola nació producto de las violaciones sistemáticas que sufrió su progenitora, Rosaura Valladares, por un grupo de carabineros y militares en 1973.
“En el aniversario de los 40 años del golpe me enteré que al menos un cuarto de los ex presos políticos de la Comisión Valech ya estaban muertos para 2013. Ahí pensé que esto nunca iba a tener fin y los 50 años de secreto sobre su información iban a pasar mientras la gente se moría. Yo presté declaración a los 30 años y recién a los 80, si es que estuviera viva, se abriría mi testimonio. Entonces me decidí, tenía que hacer algo”, cuenta Fabiola.
LA HISTORIA
La historia de Fabiola y su madre Rosaura está contenida en las miles de carpetas que acumuló la primera Comisión Valech instaurada en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos. Su testimonio, entregado en 2003, relataba su vivencia y también la de su madre.
Rosaura Valladares tenía 15 años cuando llegó la dictadura. Vivía con sus padres y sus hermanos en un pequeño pueblo a 15 kilómetros de Linares, en la región del Maule. Una noche de 1973 la familia sintió el fuerte ruido de un par de camiones que estacionaron afuera de su casa. Abruptamente un grupo de soldados armados entró a la vivienda y empujaron a toda la familia hacia las murallas. Mientras, la joven Rosaura se levantaba de la cama en camisón. Los militares exigieron llevársela, a ella y a uno de sus hermanos.
Estuvo tres meses presa. Y desde la primera noche comenzó el tormento que se alargaría por casi un año, fruto de diversas detenciones. A horas de ser raptada desde su casa fue violada por un grupo de carabineros en la Comisaría de Linares. Durante las siguientes semanas fue torturada y violada en la Escuela de Artillería de la ciudad, donde estaba detenida junto a otras víctimas de la región. Para su desgracia, su cuñado, era secretario de un diputado socialista. Rosaura y su hermano sirvieron como carnada para que él se entregara al régimen.
Rosaura volvió a su casa a los tres meses de ser detenida por primera vez, pero el calvario estaba lejos de terminar: La fueron a buscar dos veces más en un transcurso cercano a un año. En su tercera detención sufrió nuevas violaciones de forma sistemática, torturas, simulacros de fusilamientos y hasta la inyección de sustancias, según relata Fabiola y sus abogados, Álvaro Aburto y Paz Becerra.
La madre de Fabiola, tras los reiterados abusos de los que fue víctima, se percató que estaba embarazada. La situación desató una crisis en su hogar. Su padre la recriminó por el bebé que esperaba y la instó a que lo diera en adopción, pero ella se negó. Allí se quebraron las relaciones con él y al tiempo se fue a vivir con su hermana para después viajar con lo puesto a Santiago, con su embarazo avanzado.
Cuando llegó a la capital, con apenas 16 años, Rosaura se logró contactar con un expololo. Su nombre era Juan Carlos y aún la quería. Al escuchar su historia y los tormentos por los que pasó, le prometió protegerla, junto a su hija que venía en camino. Se casaron y al tiempo estaban viviendo en La Florida. Un 28 de junio de 1975 nació Fabiola.
Pero su llegada no mejoraría las cosas. Rosaura tenía fuertes crisis depresivas que la hacían pasar días encerrada en su pieza llorando. Su hija era el producto de las sistemáticas violaciones que sufrió y nunca pudo aceptar eso cabalmente. “Ella me tenía mucha bronca. Si mis hermanos se caían, por ejemplo, mi mamá se acercaba y les hacía cariño, era tierna. En cambio, si yo me caía me decía que me parara, que no me había pasado nada. Siempre fue fría y distante”, explica.
Fabiola pudo lidiar mejor con la actitud de su madre gracias a su padre adoptivo, que la defendía cuando Rosaura era injusta o la trataba mal.
Sin saber nada sobre su origen, llegó a pensar que era adoptada hasta que a los 14 años escuchó a su mamá hablar por teléfono y relatar el su historia, que hasta ese minuto desconocía. Ese día y durante años, hasta que cumplió 21, Fabiola se quedó callada. No quería complicar a su madre con preguntas incómodas. Pero en esa fecha y en medio de una pelea familiar, le reconoció a su madre que sabía todo. Si bien el tema se convirtió en un tabú dentro en su círculo más cercano, las cosas poco a poco fueron mejorando, sobre todo cuando fue mamá a los 27 años. Allí, logró “perdonar” a Rosaura.
“Lo digo entre comillas porque yo no sé lo que hubiera hecho en su caso. Yo sufrí daños emocionales por su distancia y su bronca, pero eso fue probablemente porque nunca tuvo un tratamiento para enfrentar todo esto, después del terrible trauma que le tocó vivir. Ella fue una mujer admirable por haber decidido tenerme, nunca consideró la opción de darme en adopción o abortar, y entonces era solo una niña. A pesar de todo logró salir adelante sola”, recuerda Fabiola.
CÓMO ROMPIÓ CON EL SECRETO
En agosto de 2015, expresos y torturados políticos ligados al MIR y a la iniciativa Desclasificación Popular liderada por el polémico artista Papas Fritas -que pretende dar a conocer públicamente los archivos de la Comisión Valech- advirtieron que existía una excepción de la ley 19.992 que permite acceder a los archivos a pesar de la reserva de 50 años que pesa sobre ellos. Esa indicación, consagrada en el artículo 15, implica que las víctimas calificadas por la instancia cuentan con el derecho de dar a conocer o proporcionar a terceros los documentos, informes, declaraciones y testimonios reunidos por la instancia.
Fabiola y sus abogados, con esta excepción como argumento, pidieron al INDH su testimonio y todo lo que contuviera su proceso de calificación como víctima, a través de la Ley de Transparencia Activa. Sin embargo, la respuesta fue negativa. Ante esa dificultad, barajaron la posibilidad de presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para exigir al Instituto que le entregara lo solicitado.
“¿Alguien habrá presentado un recurso de protección apelando a esta excepción? Esa fue la pregunta que nos hicimos”, comenta el abogado de Fabiola, Álvaro Aburto. “La idea era conseguir la carpeta completa de Fabiola, que era lo que no nos querían entregar en el INDH, incluyendo todo el proceso de su calificación como víctima. Eso contempla su testimonio y otros documentos”, indica.
El 17 de octubre de 2015 presentaron el recurso ante la Corte de Apelaciones. Cuando el INDH fue notificado, citó a Fabiola y a otros expresos junto a sus abogados. Allí se comprometió a entregarles sólo lo que ellos habían aportado a la comisión, en virtud de la excepción de la ley, aunque se reservó el resto de información que contuviera su carpeta. A los días, Fabiola tenía en sus manos el testimonio que dio en 2003 a la Comisión Valech, sin embargo, ella quería todos los documentos que la instancia recopiló sobre su caso, por lo que no retiró el recurso y esperó su resultado.
En diciembre pasado la Corte de Apelaciones falló a su favor forzando al INDH a entregar toda la información recabada por la comisión sobre su caso. La corte interpretó que la víctima podría acceder a la totalidad de la carpeta entendiendo que era titular de toda la información concerniente a ella -ficha con conclusiones, datos, testimonios, etc- y no únicamente lo que hubiera entregado a la instancia, como planteaba el Instituto de Derechos Humanos.
Desde el organismo, su directora, Lorena Fríes, asegura que siempre han estado a favor del término de los 50 años de secreto de la comisión pero a través de la reforma de la ley 19.992. “Nosotros hemos solicitado al gobierno que termine con el secreto con un cambio de la ley, con todos los cuidados habidos y por haber. Como organismo público tenemos la obligación de cumplir con la legalidad y en este caso la ley no es totalmente clara respecto al tema, por eso creemos que hay que cambiarla. Ahora, los tribunales de justicia tienen la facultad de interpretar el texto legal de la manera que ellos estimen que es más conforme al ejercicio de derecho, que es lo que hizo el fallo”, aclara la directora del Instituto a The Clinic Online.
Con todos los antecedentes sobre su caso en sus manos, Fabiola ocupa sus días cuidando a sus dos hijos, trabajando en un colegio de alto riesgo y en la preparación de una posible demanda civil al Estado chileno por daños morales. “A mí todo me costó el doble o el triple, y el culpable de lo que me ha pasado a mí y a otras miles de víctimas es el Estado, que permitió, validó y escondió durante estos años la información, sin ayudar a las personas que sufrieron prisión y tortura”, explica.
El 6 de enero, un día antes de que Fabiola recibiera el contenido de su carpeta, Álvaro y Paz presentaron un nuevo recurso. Esta vez a nombre de Rosaura para conseguir toda la información contenida en su carpeta de la comisión. Esperan que la justicia falle a su favor y confirme el precedente que sentó el primer caso que rompió el secreto de la Comisión Valech, dando esperanzas a miles de exprisioneros y torturados por la dictadura de Pinochet.
*Fuente: The Clinic