No queremos una «TransLOCE»
por Mario Medina Valeria (Crónica Digital)
20 años atrás 6 min lectura
Con todo lo que hemos visto del Transantiago en estas semanas, no podemos más que temer que se comentan los mismos errores con la construcción de un nuevo marco regulador para la educación Chilena.
El fin de la LOCE es necesario para superar el estado actual de discriminación, exclusión y segregación del sistema educacional
Esto se debe a que la LOCE, promulgada el último día de la dictadura militar (10 de marzo de 1990), tiene como fin sostener los pilares neoliberales impuestos durante la dictadura, convertir a la educación en un negocio e impedir que los sectores populares puedan acceder a los grupos de influencia en materias académicas, culturales y políticas.
La decepción que tienen los sectores sociales se debe fundamentalmente a que ven como hasta ahora el gobierno se ha esmerado en confiar sólo en tecnócratas para la construcción de la políticas publicas, dejando de lado a la mayoría de los ciudadanos. Siendo los ciudadanos de menores ingresos los más afectados y menos escuchados.
En educación, en cambio, algunos pueden decir que si se han abierto puertas para que los sectores sociales opinen, pero el gobierno debe saber que no basta con pedirnos opinar, sino que es necesario que nos aprendan a escuchar. Las opiniones deben ser consideradas y ponderadas, no deben servir sólo para justificar gobiernos ciudadanos que aun no hemos visto.
Las grandes mayorías nacionales no quieren que la educación siga como ha sido hasta ahora, no queremos que se pinte la LOCE como a las antiguas micros amarillas, necesitamos cambios profundos y concretos que le den a todos y todas las mismas oportunidades. No queremos una TransLOCE, no queremos un proyecto alejado de las necesidades y realidades de las mayorías.
El nuevo marco legal debe poner fin en primer lugar a el negocio de la educación en todos sus niveles y en segundo lugar debe terminar con el abandono de la educación publica, poniendo énfasis en un desarrollo equilibrado de todo el sistema educacional.
Es necesario que el nuevo marco considere las propuestas emanadas desde distintos actores del mundo social, como son la regulación de la educación privada, definir la dependencia más adecuada para el sector publico de educación, la no discriminación a los estudiantes, asegurar que todos y todas tengan acceso a una educación de calidad independiente de su condición socioeconómica o ubicación geopolítica, las comunidades académicas (padres, estudiantes y profesores) deben ser parte de los procesos de generación y evaluación de los planes educativos en los establecimientos educacionales, se deben crear sistemas de financiamiento para la educación superior como el arancel diferenciado que aseguren que todos quienes tengan las capacidades para estudiar lo puedan hacer, se debe financiar adecuadamente a las Universidades del Estado para que puedan desarrollar sus programas y cumplir con sus misiones y por sobre todo se debe terminar con la imposibilidad de que los estudiantes y funcionarios no académicos puedan participar de los gobiernos universitarios.
No se pueden olvidar principios fundamentales que deben existir en un marco regulador y que no pueden quedar al arbitrio de un reglamento. En otros países (España y Venezuela por nombrar algunos) las leyes constitucionales de enseñanza consagran principios básicos como la no discriminación y la exigencia de que todos puedan acceder a una educación de calidad. Es por eso que la nueva ley debe asegurar:
1.- Educación de calidad para todos los estudiantes, independiente de sus condiciones socioeconómicas, culturales, y de su ubicación geopolítica.
2.- Propender a la integración social, cultural y racial.
3.- Terminar con las desigualdades de topo tipo, debe velar por la igualdad de acceso y permanencia en el sistema educativo de todos los estudiantes.
4.- Fortalecer el pensamiento crítico, pluralista, la tolerancia y el desarrollo colectivo de la sociedad.
5.- Fortalecer el conocimiento de los derechos humanos, los derechos del niño y de los derechos que la constitución y las leyes les entreguen a todos los ciudadanos, así como las formas de exigir su aplicación.
6.- Entregar los conocimientos necesarios para un desenvolvimiento y participación activa en el desarrollo social y nacional de todos los ciudadanos.
7.- Entregar valores de respeto al medio ambiente y conocimientos sobre el desarrollo sustentable.
8.- Entregar las herramientas necesarias para el desenvolvimiento en el ámbito de las nuevas tecnología.
9.- Potenciar las capacidades y aptitudes individuales y colectivas de los estudiantes.
10.- Entregar valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la solidaridad, la igualdad, el respeto a las diferencias y la justicia.
11.- El conocimiento y la valoración de la multiculturalidad del patrimonio cultural Chileno, así como aspectos socioculturales de otros pueblos y naciones, adoptando una posición en contra de cualquier discriminación basada en diferencias culturales, de clase social, de creencias, de género y étnicas.
12.- El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
13.- La participación activa de las comunidades educativas en los gobiernos locales de las instituciones de educación, en la generación, evaluación de los planes y programas y en la generación de los proyectos de desarrollo institucional.
14.- La enseñanza de lenguas extranjeras.
15.- El Estado debe jugar un rol activo y permanente en el desarrollo de la educación en todos sus niveles, su financiamiento y fiscalización. Debe velar por el cumplimiento del derecho a la educación.
16.- Permitir y facilitar la formación permanente de todos los ciudadanos, en todos los niveles educativos, independiente de sus condiciones o situaciones particulares.
17.- Ayudar al cumplimiento del proyecto de desarrollo nacional, teniendo para ello la flexibilidad suficiente en sus planes educativos, programas de extensión e investigación que permitan satisfacer las diferentes necesidades nacionales.
Estos principios se consideran en marcos legales de otros países y sin duda ayudan a la construcción y fortalecimiento de un sistema justo, democrático y participativo de enseñanza.
No se nos debe olvidar que la LOCE sólo pone como únicas limitantes para impartir enseñanza las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden publico y la seguridad nacional, evitando referirse a los principios fundamentales del sistema educativo.
Los cambios que se hagan en materia educacional hoy van a afectar a millones de jóvenes durante los próximos años, por lo tanto se debe poner por sobre los intereses de unos pocos los intereses de quienes hasta hoy han sido marginados, por la fuerza, de un sistema de calidad y que por lo tanto no han tenido las mismas oportunidades para desarrollarse dentro de la sociedad.
El autor es Licenciado en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Chile. Vicepresidente FECH 2005 y Secretario Ejecutivo FECH 2006. Colaborador permanente en temas de Educación de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 26 de marzo 2007
Crónica Digital
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