No al indulto a ex-militares represores

20 de octubre de 2026

Los argumentos humanitarios para indultar a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad son una ofensa a los familiares de las víctimas de la represión.

Lo humanitario se refiere a la justificación ética, jurídica y política para proteger la vida, aliviar el sufrimiento y defender la dignidad humana, la misma que fue sistemáticamente destruida por los perpetradores. Todos ellos fueron juzgados y condenados por delitos tan graves que no solo dañaron a las víctimas individuales, sino que lesionaron a la humanidad en su conjunto; por eso son imprescriptibles.

Tal como fue comprobado, los postulantes a indulto planificaron y cometieron esos crímenes con pleno conocimiento de sus actos. Son exmilitares y carabineros que, dentro de la estructura jerárquica de las FFAA, ejecutaron la represión sistemática ordenada por los mandos superiores contra un enemigo previamente definido: la izquierda chilena, los simpatizantes de la Unidad Popular, los militares que nos opusimos a participar en el golpe y, posteriormente, los opositores a la dictadura. Quienes promueven la liberación de los reos de Punta Peuco ^[7] buscan desviar la atención de la gravedad de esos crímenes y apelar a la empatía de la opinión pública con la vulnerabilidad biológica actual de los condenados, responsables de torturas, violaciones, violencia sexual, persecución ideológica, asesinatos, desaparición forzada y otros actos inhumanos.

Como testigos de estos hechos, hemos denunciado que el golpe de Estado de 1973 fue orientado y financiado por el gobierno de Estados Unidos ^[13,14], y que se ejecutó junto con las élites políticas y empresariales, a las cuales los militares se subordinaron para hacer “la limpieza” que permitió refundar el país. Aun así, hasta hoy insisten en que “los militares salvaron a Chile del comunismo” y en que son héroes de la patria, repitiendo el falso discurso de Pinochet, Leigh y Merino. La verdad es que no libraron una guerra: sus actos criminales y cobardes se perpetraron contra hombres, mujeres e incluso niños, en las detenciones, en centros de tortura, en cuarteles y comisarías de todo el país. Los informes de las comisiones Rettig y Valech recogen testimonios de vejaciones indescriptibles. ^[8,9]

Entre esos crímenes está la detención y desaparición de mujeres jóvenes, torturadas pese a estar embarazadas: ^[10,11,12]

• Jaqueline Paulette Droully Yurich: detenida el 30 de octubre de 1974. Según los testigos que la vieron por última vez con vida, agentes de la DINA la sacaron junto a su esposo de Cuatro Álamos con paradero desconocido.
• Cecilia Miguelina Bojanic Abad: detenida junto a su esposo Flavio Oyarzún el 2 de octubre de 1974. Tenía cinco meses de embarazo.
• María Cecilia Labrin Lazo: asistente social de 25 años, secuestrada el 12 de agosto de 1974 y llevada a la casa de torturas de la DINA en Londres 38.
• Nalvia Rosa Mena Alvarado: de 20 años, secuestrada junto con su esposo Luis Emilio Recabarren González el 29 de abril de 1976. Tenía tres meses de embarazo.
• Reinalda del Carmen Pereira Plaza: de 29 años, tenía seis meses de embarazo al momento de su detención, el 15 de diciembre de 1976.
• Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra: de 27 años, detenida el 15 de diciembre de 1976. Tenía seis meses de embarazo.
• Michelle Peña Herreros: de 27 años, estudiante de Ingeniería, tenía más de ocho meses de embarazo. Fue detenida el 20 de junio de 1975 y llevada a Villa Grimaldi.
• Diana Arón: de 24 años, estaba embarazada de tres meses y medio cuando fue detenida.
• Gloria Lagos Nilsson: madre de tres hijos y embarazada de tres meses. Fue vista en septiembre de 1974 en Cuatro Álamos.
• Nilda Patricia Peña Solari: estudiante de licenciatura en Biología de la Universidad de Chile y militante del MIR, detenida por agentes de la DINA el 10 de diciembre de 1974. Tenía 23 años y estaba embarazada.

Todo indica que todas ellas fueron asesinadas, como centenares de chilenos y chilenas, y que sus cuerpos fueron dinamitados, lanzados al mar o sepultados en lugares secretos.^[11] Los condenados poseen esa información, pero, sin mostrar arrepentimiento ^[15], se niegan a entregarla y a contribuir a la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Por eso, los indultos a victimarios constituyen un desprecio por la memoria y por las víctimas, y un retroceso en las garantías de no repetición, que buscan prevenir que la violencia estatal vuelva a ocurrir atacando sus causas estructurales.

Paralelamente, con un discurso patriotero se pretende indultar también a carabineros y miembros de las FFAA condenados por abusos, apremios ilegítimos y torturas durante el estallido social de 2019. ^[3,5,6] Alegan cumplimiento del deber y sostienen que los indultos serían un “acto de justicia” y una señal de respaldo para que las policías “operen sin temor a represalias judiciales”. Pero el estallido fue una protesta masiva motivada por el cansancio ante el abuso, la corrupción y las causas estructurales acumuladas durante décadas, y no un intento de golpe de Estado, como sostienen la derecha y la ultraderecha. Lo que si vimos en esa ocasión fue la reaparición de la violencia de Estado contra un pueblo movilizado, nuevamente caracterizado como “enemigo interno”. El 20 de octubre de 2019, el expresidente Piñera afirmó: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”.^[4]

Esa lógica ignora a los cientos de jóvenes heridos por el uso desproporcionado de la fuerza.^[1,2] Los tribunales han acreditado torturas y apremios, brutales golpizas (como en el caso de Plaza Ñuñoa), agresiones a menores de edad, asfixia reiterada, fracturas graves y traumas oculares que provocaron la pérdida total o parcial de la visión en cientos de manifestantes.^[1] La Fiscalía registró alrededor de 300 causas contra Carabineros por agresiones, incluidos abusos deshonestos, desnudamientos forzados y vejámenes sexuales, y algunos tribunales condenaron además la adulteración de partes policiales y la falsificación de declaraciones para encubrir detenciones ilegítimas.

En definitiva, los indultos a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad no pueden justificarse con argumentos humanitarios. Son quienes destruyeron sistemáticamente la dignidad de sus víctimas, y hasta hoy se niegan a entregar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, ellos no han mostrado arrepentimiento ni colaboración con la verdad. Indultarlos constituye una ofensa a las víctimas y a sus familias, y un retroceso en las garantías de no repetición. Del mismo modo, extender esa lógica a uniformados condenados por abusos durante el estallido social de 2019 envía un mensaje de impunidad que vuelve a abrir la puerta a la violencia estatal. Verdad, justicia y memoria siguen siendo deudas pendientes, y ningún gesto de clemencia motivado por compromisos ideológicos puede reemplazarlas.

Enrique Villanueva Molina

Fuentes

[1] Ministerio Público, Informe Estadístico del Estallido Social (oct. 2025): 464 víctimas de trauma ocular, 230 con pérdida parcial o total de la visión; 30 fallecidos. Reseña en El Mostrador, 17/10/2025. https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2025/10/17/informe-de-fiscalia-sobre-el-18-o-a-seis-anos-se-contabilizaron-35-146-delitos-y-20-727-victimas/

[2] INDH, balance a enero de 2020 (405 heridos oculares; 191 casos de violencia sexual y 412 de torturas en comisarías), en CNN Chile. https://www.cnnchile.com/pais/informe-indh-405-personas-heridas-oculares/

[3] Ex-Ante, “Indultos por estallido: las cifras de exuniformados condenados…” (2026): 102 funcionarios condenados a junio de 2025 y 219 sentencias definitivas, según Fiscalía. https://www.ex-ante.cl/indultos-por-estallido-las-cifras-de-exuniformados-condenados-y-el-primer-gran-choque-con-la-oposicion/

[4] Emol, 20/10/2019, declaración del presidente Piñera. https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/10/20/964954/Pinera.html

[5] BioBioChile, 12/03/2026, el presidente Kast confirma que estudia indultar a condenados por el estallido. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/03/12/kast-confirma-que-estudia-indultar-a-carabineros-y-militares-condenados-por-estallido-social.shtml

[6] T13, 05/08/2026, diputados oficialistas piden indultar a 13 uniformados; Emol, 05/08/2026, presión parlamentaria por indultos. https://www.t13.cl/noticia/politica/diputados-oficialistas-envian-carta-kast-solicitando-indulto-para-13-uniformado-5-8-2026  |  https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/08/05/1207699/indultos-uniformados-congreso-diputados.html

[7] Redimin (citando a La Tercera): casi 30 solicitudes de indulto de condenados del ex Punta Peuco. https://www.redimin.cl/gobierno-evalua-plazo-para-resolver-indultos-ante-casi-30-solicitudes-de-condenados-del-ex-punta-peuco

[8] Memoria Chilena, Informe Rettig (1991). https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-94640.html

[9] Memoria Chilena, Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech, 2005). https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-85804.html

[10] Memoria Viva, caso de Michelle Peña Herreros (detenida el 20/06/1975, ocho meses de embarazo). https://memoriaviva.com/English/victims/pena-herreros.htm

[11] Archivo del Museo de la Memoria, carta abierta sobre Reinalda Pereira y Nilda Peña, con referencia al informe de las FFAA de 2001 (Mesa de Diálogo). https://archivommdh.cl/uploads/1/8/182573/00000011000031000001.pdf

[12] M. Olivares, “Vida, Pasión y Memoria de Reinalda del Carmen Pereira Plaza” (2014), que también menciona a Cecilia Bojanic. https://historiaenperspectiva.cl/wp-content/uploads/2019/04/Reinalda-del-Carmen.pdf

[13] CIA, “CIA Activities in Chile” (informe Hinchey, 2000). https://irp.fas.org/cia/product/chile/index.html

[14] Comité Church (Senado de EE.UU.), “Covert Action in Chile, 1963–1973” (1975). https://www.aarclibrary.org/publib/church/reports/vol7/pdf/ChurchV7_13_Appendix.pdf

[15] El Desconcierto, 2018, informes psicológicos de Gendarmería a reos de Punta Peuco: sin señales de arrepentimiento. https://eldesconcierto.cl/2018/08/06/sin-arrepentimiento-reos-de-punta-peuco-que-fueron-indultados-no-reconocen-participacion-en-crimenes-de-lesa-humanidad