Negligencia mortal en Hospital de Melipilla devela feroz disputa de universidades por campos clínicos

Publicado: 28.10.2014

Una lucha descarnada por el acceso a los hospitales públicos libran los directivos de las 28 escuelas de Medicina, 32 de Odontología, 20 de Obstetricia, 117 de Enfermería y 99 de Kinesiología del país. Ofrecen dinero, equipamiento, becas para hijos de funcionarios y granjerías a cambio de pacientes para la práctica de sus alumnos. Sin regulación a pesar de que está en juego la salud de los más vulnerables, la lógica es la del mercado. CIPER investigó esos contratos y la cadena de responsabilidades tras el error letal de una estudiante de la Universidad del Pacífico en el Hospital de Melipilla.

En los procesos de aprendizaje cometer errores es normal y, la mayoría de las veces, algo positivo. Pero hay profesiones en que una sola equivocación puede resultar fatal. L.G., estudiante de cuarto año de Enfermería en la Universidad del Pacífico, cometió uno de esos errores mientras realizaba su práctica profesional en el Hospital  San José de Melipilla. La madrugada del miércoles 6 de agosto debía preparar la heparina que sería suministrada a 11 pacientes hospitalizados. Pero se equivocó y en vez de heparina preparó insulina. La enfermera a cargo tomó la preparación y la inoculó, tal como había indicado el médico de turno. La reacción fue en cadena y, uno tras otro, los 11 pacientes cayeron en graves cuadros de hipoglicemia. Dos murieron esa misma madrugada. Sus nombres: Rosa Céspedes y Luis González, de 81 y 82 años. Un tercero, Juan Tapia, falleció dos semanas después.

-No fue por una acción de dolo, es decir, no hay una situación para decir que estoy intranquila –dijo el pasado martes 21 de octubre  la directora subrogante del hospital, la doctora Mónica Vittini, tras anunciar el término del sumario administrativo que siguió a la grave negligencia médica, la que también es investigada por el Ministerio Público.

Vittini sólo dijo que un médico y dos enfermeras fueron notificados por su presunta responsabilidad en el hecho y que podrían ser sancionados con amonestaciones por escrito, descuentos en sus remuneraciones, suspensión o la destitución. Como el sumario no ha sido visado por la Contraloría General de la República, el informe aún es secreto. Mientras, los tres funcionarios continúan trabajando en el hospital. Pero nada dijo sobre las responsabilidades de la estudiante que preparó la insulina y de la enfermera que la suministró. Las dos quedaron al margen de la investigación por no ser funcionarias de planta de la institución. La primera realizaba su práctica profesional y la segunda había sido contratada como refuerzo de la campaña de invierno del hospital. Ninguna sigue trabajando en el recinto.

La vaguedad del anuncio hecho por la doctora Vittini instaló la duda sobre la magnitud de las sanciones que traerá aparejada la investigación tras la firma de la Contraloría. Pero lo más importante es que, a dos meses y medio del hecho que costó la vida de tres personas, no existe todavía un informe oficial que dé cuenta del real esclarecimiento de responsabilidades respecto de la cadena de errores y negligencia ocurridos esa madrugada en Melipilla.

No fue un simple error que la practicante preparara la sustancia equivocada y que luego se le suministrara a 11 personas hospitalizadas. Los hechos que indagó CIPER dan cuenta de que las irregularidades en el Hospital San José de Melipilla se arrastran desde mucho antes. Allí se había enquistado un grave problema que desnudó las graves falencias y vacíos en la normativa que actualmente regula la participación de funcionarios externos –internistas o personal de refuerzo– en hospitales públicos del país y la desregulada competencia de las universidades por acceder a sus pacientes.

Apenas siete meses antes del accidente en el Hospital de Melipilla, la Universidad del Pacífico consiguió por primera vez la acreditación de su Escuela de Enfermería. Se la otorgó la agencia Akredita Q.A. –la misma que acreditó la carrera de Medicina de la Universidad Pedro de Valdivia (ver reportaje de CIPER)–, a pesar de las importantes debilidades que se consignaron en el informe.

“Es necesario definir competencias profesionales específicas. Se esperaría que el plan de estudios tuviera una relación con las competencias específicas. Se observa que en el nivel 5° se incorporan asignaturas electivas y profesionales que debieron impartirse en niveles anteriores de forma de enfrentar las asignaturas del internado con las competencias y habilidades requeridas que deben ser demostrables”, dice el acta de acreditación.

Si L.G estaba allí esa noche fue porque la Universidad del Pacífico firmó en febrero de 2010 un convenio con el Hospital San José de Melipilla para usarlo como campo clínico para sus alumnos de Enfermería por los siguientes 15 años. Así, sin siquiera tener aún la carrera acreditada, la universidad privada amarró su presencia hasta 2025 en un hospital público que atiende a cinco comunas, con una población flotante de más de 163.000 personas y que en 2013 realizó más de 24.000 prestaciones GES, recibió a más de 7.200 hospitalizados y registró casi 49.000 consultas de especialidades (ver su Cuenta Pública 2013). Un valioso flujo de pacientes que la universidad usa como principal gancho para atraer alumnos. Eso sí, no le sale gratis: tiene que pagar 4 UF por cada estudiante que cursa su internado en el recinto asistencial, un aporte anual de 700 UF a requerimiento del hospital en dinero, equipamiento, bienes, servicios o infraestructura, y becas para funcionarios y sus hijos.

A través del convenio, el hospital compromete a la universidad un mínimo de 45 cupos mensuales para sus alumnos. Eso significa que la casa de estudios invierte al año casi $70 millones para acceder a sus pacientes. Lo raro es que el Hospital de Melipilla sólo tiene cupo para formar a 33 estudiantes de Enfermería (ver documento del Ministerio de Salud). Es decir, su capacidad está claramente sobrepasada. Muchos alumnos, pocos pacientes y menos docentes. Y no solo están los estudiantes de la Universidad del Pacífico: a ellos se suman los alumnos de las universidades Finis Terrae y de Tarapacá, las que también tienen convenios con el hospital hasta 2025. En esas condiciones, un error mortal era sólo cosa de tiempo.

“LA LÓGICA DE LA OFERTA Y LA DEMANDA”

Son varios los hospitales que se han sobrevendido y sobrepasan con creces su capacidad formadora: el máximo de estudiantes que están en condiciones de recibir. Un ejemplo es el Hospital del Salvador, donde conviven estudiantes de 18 instituciones de educación superior. El problema es más grave de lo que parece. La mayor rotación de estudiantes por un servicio clínico implica que los pacientes pasan por más manos y que se reducen las posibilidades de supervisarlos efectivamente. Eso no sólo constituye una vulneración constante de los derechos de los pacientes, sino que además aumenta el riesgo de cometer errores como el que les costó la vida a esas tres personas en el Hospital San José de Melipilla.

Como la Finis Terrae tenía un vínculo previo con ese hospital y ofreció un poco más de recursos que la Universidad del Pacífico, su acceso a pacientes e instalaciones es mayor (ver convenio). Con una inversión de 3.000 UF al año (unos $72 millones) y cursos de capacitación para funcionarios del hospital, becas de estudio, acceso preferente a las carreras de su Facultad de Medicina, apoyo para el desarrollo de proyectos de investigación y acceso a softwares y bases de datos clínicos y administrativos, logró convertir al Hospital San José de Melipilla en campo clínico exclusivo para sus alumnos de Medicina y preferencial para los de Enfermería, Nutrición y Dietética y Kinesiología. En cuanto a la Universidad de Tarapacá, ésta paga 5 UF al mes por cada uno de sus estudiantes de Enfermería, Obstetricia, Tecnología Médica y Kinesiología (ver convenio).

Para la firma de esos tres contratos no hubo licitación ni llamado público a otras instituciones de educación superior. Todo se selló como la mayoría de los convenios docente-asistenciales firmados en el país: a través de negociaciones directas entre el director del Servicio de Salud o del hospital –según corresponda– y las autoridades de cada universidad. Izkia Siches, presidenta del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico y ex encargada nacional de campos clínicos de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile (ASEMECH), explicó a CIPER en modo simple la transacción: “En los hospitales y Servicios de Salud opera la dinámica del qué me das tú como universidad para que yo te preste mis pacientes. La lógica de la oferta y la demanda”.

El explosivo crecimiento en la oferta de carreras de la salud ha desatado una fuerte y desregulada competencia entre las escuelas por ocupar las mejores plazas en los principales establecimientos asistenciales del país. Aunque el Ministerio de Salud (Minsal) emitió una normativa para regular la asignación de los campos clínicos, las reglas que aquí mandan son las del mercado. Nadie regula, nadie fiscaliza. Mientras algunos convenios se pactan por apenas unos meses, otros se extienden por décadas o por tiempo indefinido, como los que firmó en 2011 el Hospital San Juan de Dios con la Universidad de Chile y la Universidad Santo Tomás (ver convenios).

Las universidades públicas se quejan de no contar con los recursos para competir en igualdad de condiciones. Las privadas alegan que las estatales acaparan los centros hospitalarios más importantes e impiden su ingreso. Cuánto y cómo se paga queda a criterio de cada director de hospital o de servicio. Y en algunos casos, como ocurrió en el Hospital Félix Bulnes con la Universidad Mayor, han pasado años sin que se cobre un peso de los recursos comprometidos. Y hay incluso alumnos que pasan por los hospitales atendiendo pacientes del sistema público sin que haya un convenio que los respalde. Sin ninguna regulación.

CIPER rastreó y revisó más de cien convenios docente-asistenciales correspondientes a hospitales de la Región Metropolitana, apenas una porción del total (ver nómina de convenios). Todos esos documentos debieran por ley estar disponibles en los portales de Transparencia Activa de los hospitales y Servicios de Salud, pero eso no ocurre. El desorden es tal que saber con exactitud cuántos convenios hay firmados en el país, qué instituciones de educación superior tienen presencia en recintos asistenciales y cómo se reparten hoy los campos clínicos es, en la práctica, imposible. Sin un límite de cuántos acuerdos puede firmar un establecimiento asistencial, los convenios se cuentan por centenares. Y ni siquiera el Minsal tiene el detalle de esa información.

En abril el ministerio solicitó a los 29 Servicios de Salud y los 57 hospitales autogestionados copia de todos los convenios vigentes para su revisión. Las autoridades del Minsal partieron de cero: no tenían ninguna información oficial de esos convenios. Eso “porque cada establecimiento de salud logra un acuerdo con una universidad o instituto y cada convenio es una unidad en sí misma”, explicó a CIPER el doctor José Concha, jefe de Formación y Capacitación del ministerio, responsable de recopilar y revisar los contratos. Han pasado seis meses y el doctor Concha reconoce que aún falta la mitad de la información.

Con lo revisado hasta ahora, Concha estima que cerca del 80% de los convenios no se ajusta a la normativa vigente. Y afirma que, en la relación entre la docencia y lo asistencial, “predominan las reglas del juego establecidas por los campos formadores por sobre las del centro de salud”. Por eso, aseguró a CIPER que el Minsal ordenó a todos los servicios y hospitales congelar la renovación de los convenios que están por caducar y no pactar nuevos tratos, salvo en “casos justificados”. Pero en todos los hospitales consultados por CIPER señalan nunca haber recibido esa orden. Y en efecto, en medio del desorden, el Minsal nunca la envió. Hoy el mercado de los campos clínicos sigue tan desregulado como siempre y las universidades se siguen repartiendo los pacientes del sistema público de Salud no por criterios de calidad o de competencias clínicas, sino que al mejor postor.

LA NORMA QUE POCOS CUMPLEN

Cualquier escuela del área de la salud que carezca de campos clínicos está condenada al fracaso. Así lo entendieron los estudiantes de Medicina de la Universidad Diego Portales (UDP) que, luego de diez días en paro, el pasado 23 de abril se tomaron su facultad en protesta por la “evidente carencia de campos clínicos” (ver comunicado). Decían que el Hospital Dipreca, el único centro hospitalario con que su escuela tenía convenio vigente en Santiago, no tiene la capacidad para recibir a todos sus estudiantes. Especialmente después de que la universidad fracasara en su intento de adjudicarse los nuevos hospitales de La Florida, San José de Maipo y Maipú a través de licitaciones públicas. Esas últimas apuestas eran vitales, ya que pretendían suplir la reciente pérdida de otros dos importantes recintos asistenciales: el Hospital de Urgencias Asistencia Pública (Ex Posta Central) y el Hospital Metropolitano.

El director general de campos clínicos de la UDP, el doctor Juan Manuel Toso, señaló a CIPER que tras la movilización de los estudiantes, la escuela logró un acuerdo para ocupar la vacante que dejó la Universidad de Los Andes en los servicios de medicina y de cirugía del Hospital Parroquial de San Bernardo, un establecimiento privado dependiente de la Iglesia Católica y que funciona en convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS), del cual el mismo Toso fue director hasta marzo de 2014. Aún así, Toso reconoce que “los hospitales que tenemos satisfacen sólo parte de nuestra necesidad; la universidad aún no tiene resuelto su problema”.

La Norma Técnica 254 establece que si la UDP quisiera solucionar su falta de campos clínicos tendría que salir a competir. De acuerdo al reglamento, el procedimiento es así: tras determinar su capacidad formadora, los Servicios de Salud o los hospitales autogestionados elaboran las bases técnicas para la asignación, las que deben ser validadas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Luego las bases se publican y todo lo que sigue queda a criterio de los directores zonales o de los respectivos establecimientos, ya que la firma de los convenios es su atribución exclusiva.

Para competir las escuelas deben cumplir requisitos mínimos, como estar acreditadas, contratar seguros en caso de negligencia para el pago de eventuales indemnizaciones y contar con un “cuerpo académico idóneo”. Y pueden postular solas o asociadas con otra. Después una comisión las evalúa y les otorga un puntaje en base a criterios como sus años de acreditación, el número de carreras y de alumnos que ofrece para ingresar y copar el campo clínico, sus programas de postgrado o si tiene convenios con otros recintos de la red asistencial. El puntaje sirve como primer filtro para sentarse a negociar. Y es entonces cuando el poder económico se vuelve decisivo: el proyecto que contemple la mayor retribución será el ganador.

-La norma dice que habrá retribución y que habrá cupos, pero lo que manda al final son las bases de cada licitación. Y es en ellas donde se explicita que la decisión final se tomará en base a cuánto se ponga sobre la mesa. Cuando ya están todos los oferentes, lo que hace la diferencia es la oferta económica y quién te lleva más carreras y más alumnos para copar la capacidad formadora –dice el doctor Mauricio Osorio, ex director del Servicio de Salud Metropolitano Norte y actual director de campos clínicos de la USACH.

Ese mecanismo se usó con los hospitales de La Florida, de San José de Maipo y Maipú. En todas esas licitaciones la UDP participó en asociación con la USACH y perdió. Los de La Florida y San José de Maipo fueron rematados juntos (ver bases técnicas). El primero fue asignado al consorcio formado por las universidades Católica de Chile y Católica del Maule. El segundo, a la Universidad San Sebastián (USS). El proceso fue impugnado por las universidades perdedoras porque supuestamente no se les asignó el puntaje correcto. En la UDP dicen que en el Hospital de San José de Maipo la diferencia fue que mientras ellos ofrecieron arreglar los jardines, la USS comprometió una millonaria inversión para rescatar el valor patrimonial del antiguo establecimiento precordillerano. La situación motivó una dura columna del rector Carlos Peña en El Mercurio criticando el desregulado modelo de asignación en base a criterios de mercado.

Distinto fue el caso del Hospital El Carmen de Maipú, el primer establecimiento concesionado del país. Meses antes de que las graves fallas en su infraestructura obligaran a suspender las operaciones de riesgo (ver reportaje de CIPER), el concurso público para adjudicarlo como campo clínico debió suspenderse por incongruencias en sus bases. El motivo: el hospital que se estaba licitando ya estaba amarrado a la USACH y a la Universidad Finis Terrae a través de contratos firmados con el Centro de Referencia de Salud de Maipú (CRS), que ocupa –al menos en parte– el mismo espacio físico.

En todo caso, los convenios asignados de acuerdo a la norma son tan sólo un puñado. Un artículo transitorio al final de la Norma 254 establece que todos aquellos convenios por más de tres años debían adecuarse al nuevo marco regulatorio una vez que entrara en vigencia en julio de 2012, derogando las normas que la precedieron. Pero nadie se preocupó de que eso ocurriera. Según la estimación del encargado ministerial de recopilar y revisar los contratos a nivel nacional, el doctor José Concha, apenas un 20% fue modificado. Los demás han seguido operando bajo la norma antigua: el trato directo.

-Lamentablemente, si bien existe esta normativa, no se ha puesto en marcha adecuadamente. Mientras que algunos hospitales la usan, otros simplemente han optado por no aplicarla. Al final todo se sigue moviendo por amistades y por redes de contactos –dice la doctora Patricia Muñoz, decana de la Facultad de Medicina de la UDP.

EN BUSCA DE UN CAMPO CLÍNICO

La desregulación del mercado comienza apenas se abre una carrera de la salud. Una vez que obtienen la autonomía, las instituciones de educación superior pueden abrir escuelas y sedes dónde, cómo y cuándo les plazca. Su único freno son sus propias limitantes financieras y operativas para formar nuevos profesionales o técnicos. En el área de la salud, el crecimiento ha sido explosivo y el negocio muy rentable. Según los datos del Ministerio de Educación, actualmente hay en Chile 28 escuelas de Medicina, 32 de Odontología, 20 de Obstetricia, 117 de Enfermería y 99 de Kinesiología, sólo por mencionar algunas carreras del área. Aunque la firma de convenios docente-asistenciales o la construcción de campos clínicos propios no es requisito para que existan, para todas es esencial contar con espacios y pacientes para que sus alumnos practiquen lo aprendido en las aulas. Si aspiran a entregar una formación de calidad, tienen que salir a pelear ese espacio.

Cuando CIPER se reunió el 14 de octubre con los doctores Juan Manuel Toso y Patricia Muñoz en la Casa Central de la UDP, ambos venían llegando de una reunión con el doctor Julio Montt, director del Hospital Luis Tisné, en Peñalolén. Habían estado negociando su ingreso a un recinto donde actualmente ya conviven las universidades de Chile, Andrés Bello, de Los Andes e Iberoamericana, además del grupo educacional INACAP y el instituto profesional DUOC-UC. Para estudiantes de Medicina ya no tenían cupos. Tampoco para alumnos de Enfermería, Kinesiología ni Odontología. Pero aún había puertas abiertas. Toso explica la ruta que generalmente siguen las instituciones de educación superior para encontrarlas:

-Vamos directamente al director del hospital que nos interesa. Le pedimos una reunión para plantearle nuestras necesidades. En este caso (director del Hospital Luis Tisné) nos respondió cuáles eran los problemas: la mayoría de los cupos están copados por otras escuelas. Le preguntamos por Tecnología Médica y nos dijo que eso está débil y que a lo mejor podríamos ingresar. Y sobre Obstetricia nos dijo que si bien ya había otras universidades, podríamos pensar en horarios diferidos. Así es como se entra. Luego vienen las negociaciones: cuántos alumnos y qué retribución. Hoy el director del hospital nos dijo que no quería plata, sino que proyectos de formación de especialistas y capacitación de los funcionarios del hospital. Otros se refieren a precios en dinero. Y todo eso se sella después con el convenio.

Una vez firmado el acuerdo, la competencia no acaba: ahora el desafío es mantenerse adentro, luchar por el territorio. Un académico consultado por CIPER asegura que la amenaza de otras universidades es constante. Una forma es acercase al jefe de servicio para ofrecer lo que sea que haga falta: desde un scanner hasta un frigobar o un televisor para la sala de residentes. Otra consiste en reclutar a los docentes de las escuelas presentes en el hospital. “Y lo que pase va a depender únicamente de qué tan fidelizados estén ese jefe de servicio y esos académicos con nuestro trabajo y nuestro proyecto educativo”, dice.

Esa fue la estrategia utilizada en 1999 por la Universidad Mayor para desplazar a la Universidad de Chile y la USACH del Hospital Félix Bulnes. CIPER investigó entre 2010 y 2011 cómo esa casa de estudios desembarcó gradualmente en ese hospital hasta prácticamente adueñarse de su servicio de Medicina, de sus pacientes y de sus médicos (ver reportaje). Allí, lo académico estaba claramente por sobre lo asistencial. Mientras las listas de espera aumentaban, los doctores dejaban de atender pacientes para hacer clases. La jefa de servicio, la doctora Claudia Morales, encargada de fiscalizar que su personal cumpliera los horarios contratados por el hospital, era también la directora de carrera en la Universidad Mayor, por lo que incurría en un claro conflicto de intereses. Los informes que realizó posteriormente la Contraloría no sólo confirmaron las irregularidades que detectó CIPER, sino que también dieron cuenta de un profundo desorden administrativo que permitió que durante años no se cobraran los fondos comprometidos en el convenio. Y eso no fue un caso aislado, sino que se repitió en otros establecimientos y con otras universidades.

RETRIBUCIONES IMPAGAS Y “ALUMNOS FANTASMA”

Cuando CIPER entrevistó en 2011 a Vladimir Pizarro, entonces director del Hospital Félix Bulnes, aseguró que “el convenio con la Universidad Mayor ha sido muy valioso y ambas partes hemos sacado muchos beneficios”. Poco después la Contraloría auditó el contrato y detectó serias irregularidades que echaron por tierra sus aseveraciones. Las infracciones motivarían en parte la “renuncia no voluntaria” que se le exigió a Pizarro en 2013. Con el nuevo gobierno fue recontratado y hoy es director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMOC).

La Contraloría publicó en mayo de 2013 un informe sobre las cuentas del Félix Bulnes y el convenio docente-asistencial con la Universidad Mayor (ver informe). El resultado fue lapidario. El convenio no contemplaba multas o sanciones en caso de incumplimientos. Tampoco existía acuerdo sobre programas y proyectos en común a desarrollar ni mecanismos de fiscalización efectivos para garantizar que los médicos contratados por el servicio cumplan con sus funciones. No se aplicaba el formulario de consentimiento informado a los pacientes que eran atendidos por alumnos, exigido por ley, ni se había determinado la real capacidad formadora del hospital. Y aunque el convenio establecía un pago anual por parte de la universidad de 11.100 UF, en 2011 se pagaron sólo 8.693 UF, sin que se justificara por qué no se canceló el total. Si bien había equipos entregados en comodato, no habían sido incorporados al inventario del hospital. Al año siguiente, entre marzo y diciembre de 2012, no hubo registros de ningún tipo de retribución por el acceso a las instalaciones y pacientes del hospital público.

Hoy Pizarro explica a CIPER que el convenio entre el Félix Bulnes y la U. Mayor sigue vigente, tras ser renovado en función de la nueva normativa, ya no a cargo del SSMOC, sino que del mismo hospital, como corresponde al ser un establecimiento autogestionado. Actualmente es sólo uno de los 18 hospitales que la universidad utiliza como campo clínico en la Región Metropolitana (ver información en su sitio web). Pizarro también dice que la doctora Claudia Morales, directora de Medicina de la universidad y protagonista de varias de las irregularidades detectadas por CIPER en 2011, ya no trabaja en el hospital. Pero no da respuesta sobre qué pasó con los dineros que no se cobraron bajo su gestión como director del Félix Bulnes.

Pero no son las únicas platas desaparecidas. En el Instituto de Neurocirugía, la Contraloría descubrió que el Departamento de Finanzas no verifica los datos de la Secretaría de Docencia para emitir facturas (ver informe). Por eso había diferencias importantes en las facturaciones de la USACH, la U. San Sebastián y la U. Santo Tomás, con montos y formas de pago que no coincidían con lo acordado. Esas tres universidades son parte de las siete instituciones que usan como campo clínico el Instituto de Neurocirugía. Y cada convenio tiene sus propias condiciones.

Algo similar detectó la Contraloría en 2012 en la ex Posta Central cuando revisó el convenio que se firmó con la Universidad Finis Terrae en 2010 (ver informe). Aunque el contrato ya llevaba dos años vigente, aún no se constituía la Comisión Local Docente Asistencial (COLDAS), entidad encargada según la normativa de coordinar la relación y el correcto cumplimiento de los acuerdos. No existían informes de gestión, las becas comprometidas por la universidad no se habían ejecutado y faltaban registros contables de los pagos por alumnos, entre otras irregularidades. Pero lo más grave no estaba en los convenios, sino que fuera de ellos.

En la ex Posta Central había 279 estudiantes de ocho casas de estudios. Al menos 93 eran “alumnos fantasma” que utilizaban el hospital como campo clínico sin convenios de por medio. El establecimiento estaba copado. ¿Cuánto? Difícil saberlo porque en el documento del Minsal sobre la capacidad formadora a nivel nacional no aparece la información de ese recinto. De la UDP, según el informe de la Contraloría, había siete estudiantes de Medicina sin relación formal con el hospital. Entre las universidades de Los Andes e Iberoamericana sumaban otros 14 de Enfermería en esa misma situación. Y de esa misma carrera, la U. Andrés Bello tenía a 74 estudiantes sin registro haciendo uso de las instalaciones públicas, de sus insumos y atendiendo a sus pacientes fuera de toda regulación.

En el Hospital Luis Calvo Mackenna ocurre lo mismo. Según los documentos que entregó a CIPER la dirección del hospital infantil, hay convenios vigentes con la U. de Chile y las universidades privadas Diego Portales, de Las Américas, de Los Andes, Central, Andrés Bello y del Desarrollo. También hay un acuerdo con el Instituto Profesional de Chile. Pero varios funcionarios consultados por CIPER revelaron que en sus pasillos, laboratorios y salas de hospitalizados circulan también alumnos de las universidades Autónoma, San Sebastián, de Talca y de Concepción. CIPER le consultó al doctor Jorge Lastra, director del hospital, por la presencia de estudiantes sin convenio. Lastra reconoció la existencia de acuerdos para “pasantías menores” y agregó que algunos practicantes pudieron llegar derivados por efecto del terremoto de 2010. Aunque en el hospital se comprometieron a enviar la información respecto a esas pasantías fuera de convenio, no lo hicieron. Lo que sí enviaron fueron los contratos para usar el establecimiento como campo clínico que las universidades firmaron no con el hospital, sino que con un tercero.

EL INTERMEDIARIO DEL HOSPITAL DE NIÑOS

Las universidades privadas acusan a las universidades públicas de acaparar la mayoría de los hospitales. Los dardos apuntan principalmente a la Universidad de Chile, que sólo en la Región Metropolitana tiene presencia en al menos 14 establecimientos, además de su propio Hospital Clínico (J.J. Aguirre). En el San Juan de Dios su convenio es por tiempo indefinido. En el Instituto de Neurocirugía y los hospitales Barros Luco, San Borja Arriarán, San José, Roberto del Río y de Til Til, el vínculo es por 14 años. En el Instituto Traumatológico es por 15, y en otros, como en el Hospital Luis Calvo Mackenna, el contrato es por diez años. Con este último hospital el contrato incluye además una cláusula de exclusividad: la U. de Chile es el único centro formador (ver convenio). Lo que aparentemente no tiene explicación es que a pesar de la exclusividad anterior, hay otras siete universidades que usan sus instalaciones como campo clínico. Tienen convenios vigentes, pero no con el hospital, sino que con una entidad privada: la Fundación Aníbal Ariztía (Fundar).

Como la normativa vigente sólo regula la relación directa entre los establecimientos de la red pública de salud y las instituciones de educación superior, quedan excluidos los convenios para el uso de campos clínicos entre particulares. La norma no corre para la relación entre la Universidad del Desarrollo y la Clínica Alemana, por ejemplo, o la Universidad Católica con su red de Salud. Por eso, los convenios del Calvo Mackenna están en un terreno poco claro: el campo clínico, los pacientes, los insumos y los equipos son públicos, pero el contrato es entre privados.

-El subdirector académico del hospital es quien se relaciona con la Fundar y la mandata para firmar convenios con universidades consideradas estratégicas para el hospital. Lo que hace la fundación es administrar los recursos provenientes de esos convenios, que pueden ser aportes directos de dinero o contraprestaciones –dice la doctora Isabel Álvarez, presidenta de la Fundar.

El director del Hospital Luis Calvo Mackenna, Jorge Lastra, explica a CIPER que el uso de un intermediario ayuda a mejorar su gestión financiera y a disponer de recursos en áreas para las cuales el hospital no tiene glosa. “No hay espacio para que la Fundar tome decisiones respecto del destino de los recursos ni de cuántos son sin que el hospital lo sepa”, dice Lastra.

Casi todos los convenios de universidades con la Fundar duran 12 meses y, por lo tanto, están a punto de caducar. CIPER le preguntó a Lastra si elaboraría nuevas bases y haría un llamado público, como establece la normativa del Minsal. Su respuesta fue: “No, sólo conversaremos con las mismas universidades que están terminando para renovar los convenios. Nuestro plan es ordenarnos, entonces no estamos en plan de abrirnos. Si hay otras universidades tocando la puerta no nos interesa”.

El problema es que son muchas las universidades e institutos que necesitan con urgencia un campo clínico. La Universidad Pedro de Valdivia, por ejemplo, ya perdió el Hospital de Talagante, por lo que comenzará 2015 sin campo clínico (ver reportaje de CIPER). La mitad de los convenios de la Universidad Andrés Bello dejarán de estar vigentes a fines de 2014. Las universidades de Los Andes, Central e Iberoamericana perderán al menos dos convenios cada una al terminar este año. Y muchas otras dejarán de tener vínculos vigentes con los distintos hospitales de la capital. El caso más drástico es lo que ocurrirá en el Hospital de El Salvador, donde los 18 convenios vigentes dejarán de estar operativos simultáneamente. Lo más probable es que la mayoría de esos convenios sean renovados de forma automática por un nuevo período.

Mientras las universidades mueven sus piezas en el mercado para asegurar a sus alumnos el acceso a pacientes para el próximo año, en el Hospital San José de Melipilla aún pena el error mortal que acabó con la vida de tres personas. Lejos de la tranquilidad que expresó el martes pasado a la prensa su directora subrogante, la doctora Mónica Vittini, a meses del accidente aún subsiste una desconfianza generalizada de los pacientes (y sus familiares) que acuden al centro de salud.

CIPER visitó el lugar y conversó con algunos de ellos. Cecilia lleva a su hijo a controles mensuales al Hospital de Melipilla y no puede dejar de pensar en el episodio del 6 de agosto. Por ello, mira siempre quiénes están examinando a su hijo y si son practicantes pide que la revisión la haga un profesional. Alejandra está en igual situación. Su hija lleva más de un mes hospitalizada y cada vez que una enfermera quiere realizar un procedimiento llama a un doctor para que supervise.

La dirección del hospital está a la espera de que la Contraloría apruebe el sumario para aplicar las sanciones correspondientes. Mientras tanto, en los pasillos, salas de urgencia y pabellones cuelgan papeles con instrucciones para pedir a los funcionarios que revisen hasta tres veces las dosis y los medicamentos antes de aplicarlos a los pacientes. El convenio con la Universidad del Pacífico sigue vigente, sin ningún cambio. También sigue abierta la investigación que inició la Fiscalía Metropolitana Occidente para indagar posibles implicancias penales.

*Fuente: CIPER-Chile en Reportajes de investigación