Nelson Quichillao: el crimen impune que marca a Bachelet

25 de julio de 2026

Nelson Quichillao López, nacido en La Unión, al sur de Chile, llegó a la mina de El Salvador motivado por su hermano José, ex trabajador de la misma faena. Como miles de sus compañeras y compañeros, Nelson se sumó a la huelga general de julio de 2015, que unió a las y los trabajadores subcontratados de la minería del cobre para exigir masivamente a la estatal CODELCO mejores condiciones laborales. La madrugada del 24 de julio de ese mismo año, Nelson fue asesinado por una bala percutada por un funcionario de Carabineros de Chile, en medio de la violenta represión desplegada contra una manifestación pacífica.

A 11 años de los hechos, la justicia chilena mantiene al responsable policial en la impunidad, desoyendo las exigencias de justicia impulsadas por la Confederación de Trabajadores del Cobre, su familia y el amplio respaldo de organizaciones sindicales y políticas de todo el país.

En el transcurso de este tiempo, su hermano José falleció sin ver justicia. Nosotros, sin embargo, continuamos buscándola en organismos internacionales, manteniendo viva la memoria de quien es un ejemplo de consecuencia para todas y todos los que, con conciencia de clase, luchamos día a día por conquistar la dignidad de nuestro trabajo.

Los hechos

El 23 de julio de 2015, alrededor de 200 trabajadores de Geovita —empresa contratista de Codelco— se tomaron el acceso a la mina El Salvador y a la ciudad de Diego de Almagro. La huelga nacional había comenzado dos días antes, luego de que la minera estatal se negara a renegociar el Acuerdo Marco vigente desde 2007.

El 21 de julio, el mismo día en que se iniciaron las tomas a nivel nacional, los mineros recibieron la primera advertencia: a las 06:20 de la mañana, un contingente de Fuerzas Especiales disolvió a los trabajadores que bloqueaban el acceso a la mina mediante el uso intensivo de gases lacrimógenos.

Sin embargo, nadie previó la magnitud de la represión que vendría. Alertados por la Dirección de Inteligencia (Dipolcar) sobre los cortes de camino programados para el 23 y 24 de julio, Carabineros preparó un operativo de 57 efectivos que incluyó contingentes de la Región de Atacama, un piquete trasladado en avión desde Valparaíso a Copiapó y otro enviado desde Santiago en avioneta y helicóptero.

Los trabajadores, por su parte, se resguardaron levantando un cordón de tierra con una máquina cargadora Scoop. Pasadas las nueve de la noche, el contingente policial arremetió para despejar el lugar, desatando horas de enfrentamiento. “Nos tiraban lacrimógenas y balines; nosotros respondíamos con lo que podíamos y nos resguardábamos detrás de las maquinarias. Veía cómo mis compañeros caían heridos, había gritos por todas partes y no se podía respirar”, recuerda uno de los mineros presentes.

Tres máquinas Scoop manejadas por trabajadores avanzaron desde el acceso para hacer retroceder a la policía y servir de escudo al resto de los manifestantes. “Nos alumbraban con infrarrojos, el gas nos estaba matando, y los balines y perdigones volaban hiriendo a compañeros en todo el cuerpo”, relata la dirigenta Ana Lamas.

Cerca de la 1:00 de la madrugada, en medio de la penumbra, las fuerzas policiales agotaron sus pertrechos disuasivos tras cuatro horas de enfrentamiento. Sin bombas ni gas, la máquina Scoop continuó maniobrando para mantener alejada a la policía. Fue en ese momento cuando el escenario empeoró: a los gritos se sumó el estruendo de una ráfaga de fuego real. Fueron 33 disparos dirigidos hacia las cabinas blindadas.

Sin tiempo para resguardarse, los mineros vieron caer a Nelson Quichillao, de 48 años, impactado por un proyectil en la ingle. Rodrigo Vásquez, compañero cercano, levantó los brazos pidiendo el cese al fuego al grito de “¡Hay un caído!”. De inmediato, Vásquez fue impactado por múltiples balines en el tórax y en un ojo, cayendo sangrando al lado de Nelson.

Impunidad Institucional

A lo largo de la investigación, Carabineros sostuvo que los funcionarios actuaron en legítima defensa ante el riesgo de ser arrollados por la maquinaria. No obstante, los testimonios del lugar desmienten esa versión: “Hay al menos 200 testigos que pueden afirmar que no fue así. Dispararon a matar contra el conductor y los trabajadores cuando las máquinas venían retrocediendo. Al quedarse sin gas, respondieron con fuego real”.

Las indagatorias judiciales apuntaron al sargento primero de la 7ª Comisaría de Valparaíso, Marco Guerrero Martínez, quien además registraba denuncias previa por agresiones y torturas contra el estudiante universitario Jorge Brito durante las movilizaciones estudiantiles de 2013. A pesar de ello, el caso fue derivado a la justicia militar sin llegar a puerto.

El 28 de marzo de 2018, la Fiscalía de Atacama comunicó su decisión de no perseverar en la investigación, argumentando que el proyectil habría rebotado en un vehículo antes de impactar al trabajador y que las pericias «no lograron ser determinantes para formular una acusación penal».

Instancias Internacionales

Al agotarse las vías legales en Chile, en conjunto, familiares y la CTC recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia internacional se interpuso en contra del Estado de Chile por vulnerar los derechos fundamentales a la vida, la justicia y la verdad al no garantizar una investigación penal adecuada e imparcial.

Un Patrón de Represión Policial

El crimen de Nelson Quichillao guardó trágicas similitudes con el asesinato del obrero forestal subcontratado Rodrigo Cisterna, ocurrido el 3 de mayo de 2007 durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Cisterna fue acribillado por efectivos del GOPE mientras participaba en una protesta por mejoras salariales en la planta de Celulosa Arauco, en Horcones. En dicho operativo, otros cinco trabajadores resultaron heridos por disparos, uno de ellos con pérdida ocular.

Hasta la fecha, no existen condenados por el homicidio de Rodrigo Cisterna. Pese a que los antecedentes apuntan al sargento primero del GOPE Luis Mellado Jaque, no se establecieron sanciones penales ni responsabilidades políticas para las autoridades de la época, como el entonces subsecretario del Interior, Felipe Harboe. Debido a la falta de respuestas de la institucionalidad chilena, el caso de Cisterna debió ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Memoria y Legado

Frente al lugar donde cayó herido, a las afueras de la mina de Codelco en El Salvador, se erige el Memorial Nelson Quichillao, obra creada por la artista Sabrina Morgado y construida junto al Colectivo Artístico Las Amapolas. Declarado Monumento Nacional, el espacio permanece como un símbolo de resistencia, memoria colectiva y dignidad para el movimiento sindical chileno. También se realizó el Festival Nelson en la Memoria, donde variados artistas locales rindieron homenaje.

A 11 años seguimos exigiendo Verdad y Justicia para Nelson. Confederación de Trabajadores del Cobre

Once años después, el asesinato de Nelson Quichillao continúa sin responsables condenados. La impunidad no solo alcanza al autor material del disparo, sino también a las autoridades políticas que dirigían el país cuando el Estado respondió con fuego contra trabajadores movilizados. Ese crimen ocurrió durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, una responsabilidad política que permanece sin asumir mientras hoy su nombre vuelve a proyectarse hacia los más altos cargos internacionales vinculados a los derechos

Más sobre el tema:

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Carta de denuncia colectiva de académicos chilenos e internacionales por el asesinato de Nelson Quichillao López