Jueces y parte

Las acusaciones constitucionales tramitadas en el poder Legislativo representan una de las prácticas más deleznables de la política. No importa quién sea el imputado cuando finalmente casi todos éstos resultan absueltos por la Cámara de Diputados o el Senado de la República. Más que comprobar la responsabilidad en los ilícitos cometidos por los ministros de Estado, lo que logran estas investigaciones es finalmente concluir en la inocencia de quienes presuntamente faltaron a sus deberes, así como garantizarles su definitiva impunidad.

Es cuestión de recorrer la lista de los acusados para concluir que estas imputaciones son meramente políticas y se discuten y fallan conforme a las mayorías ocasionales de ambas instancias legislativas. Son muy pocos los casos en que diputados y senadores votan en conciencia y no por lo que adoptan sus partidos e intereses. Con este atributo de las acusaciones constitucionales, los diputados y senadores actúan como jueces y parte, además de dedicar largas horas de trabajo en armar libelos que difícilmente sirvan para mejor resolver, cuando de lo que se trata solo de un recurso que los opositores ejercen para afectar la honra y credibilidad de quienes están gobernando, cualesquiera sean sus orientaciones ideológicas. En todo un operativo administrativo y mediático para el cual se contratan abogados defensores y acusadores, se distraen horas y onerosos recursos que se les restan a las labores legislativas y, para colmo, se han otorgado a sus fallos quorum especiales para poder condenar a los imputados. De tal manera que la mayoría simple no baste para sancionarlos.

Seguir atento a cada uno de estos procesos parlamentarios es comprobar toda suerte de malabarismos verbales, grados inauditos de hipocresía, en que lo más novedoso puede ser los pocos casos de legisladores que se desmarcan de las posiciones adoptadas por sus propias bancadas. Casi siempre, por lo demás, a cambio de obtener prebendas de la parte defensora y que, por sí mismo, constituyen nuevos actos de corrupción. Por lo mismo es que de quienes se dan “vuelta la chaqueta” es poco probable que suban al estrado parlamentario, o recurran a los medios informativos, para explicar su actitud.

No negamos que en algunos contados casos esta demarcación sea honesta y cumpla un imperativo ético, pero lo más habitual es que los legisladores no escapen a lo que resuelven sus manadas políticas.

Lo más razonable y digno sería que la clase política revoque esta facultad del Parlamento. Lo propio es que con la acusación constitucional sean el Ministerio Público, fiscales y jueces, los que investiguen la presunta culpabilidad de los altos miembros del Gobierno y el Poder Legislativo Saludable sería, además, que se les otorgue a los ciudadanos el derecho de acusar y destituir de sus cargos a quienes sorprendan en faltas a la probidad o, incluso, burlen la confianza de quienes los han elegido. Se está imponiendo en el mundo la posibilidad de que los pueblos puedan remover de sus cargos a quienes renuncien a cumplir con las promesas comprometidas en sus campañas electorales, tanto a nivel nacional o comunal.

En general, a los políticos le desagrada ser considerados parte de una clase que se defiende corporativamente. Buscan siempre ser identificados solo con sus colectividades partidarias, pero de verdad lo que se descubre es su común denominador de aferrarse a sus cargos, garantizarse la reelección y soslayar los despropósitos que afectan a correligionarios, como adversarios. Sobre todo, cuando lo que impera es la llamada “alternancia en el poder, es decir, la posibilidad de rotarse en sus cargos y saltar del Ejecutivo al Legislativo y viceversa. Incluso acceder a las altas instituciones y empresas estatales, o tomarse vacaciones en alguna embajada. Muchas veces para “hacerse de una caja” para re postularse en los cargos que, curiosamente, son llamados de “representación popular” y suponen los más altos sueldos de la administración pública.

Con cada acusación constitucional la política y los medios informativos vuelcan hacia un proceso bicameral que compromete a todos los parlamentarios y se extiende por semanas. En atención de lo cual se retrasan iniciativas de ley y se logra disminuir el impacto de los más bullados actos de corrupción de la clase política, como ha sucedido recién con el destino de esa cifra sideral de un millón cuatrocientos mil millones de pesos entregados a un conjunto de 177 fundaciones creadas durante el gobierno anterior, en que al menos 79 de estas aún no ha rendido cuentas de los recursos fiscales recibidos.

Asimismo, distracciones como las provocadas por estas acusaciones constitucionales logran, también, que la opinión pública no se entere de que el país está al borde de la recesión económica, del número de desempleados que aumenta y del empeño, por ejemplo, del actual Gobierno en consolidar una mayoría parlamentaria para disminuir la carga tributaria de los más ricos. En que de nuevo los legisladores descolgados podrán sumarse a los votos del oficialismo para su alcance. Porque, a fin de cuentas, pertenecen todos a una misma clase y sirven intereses comunes. Salvo muy contadas excepciones.

*Fuente: LeMondeDiplomatique