Caso Bernarda Vera: «CODEPU  está convencido que siempre es mejor la Verdad y la Justicia»

30 de septiembre de 2025
Un reportaje televisivo difundido recientemente, no concluyente e interesado en causar impresión,  conmocionó a los organismos de defensa de los derechos humanos y especialmente a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos al referirse al caso  de Bernarda  Rosalba Vera Contardo, calificada como de detenida desaparecida. De ser Bernarda Vera,  el hecho nos indica que alguien que pudo ser una víctima vive. Enhorabuena. Ella habría logrado sortear la muerte en medio de tanto horror.

CODEPU  está convencido que siempre es mejor la Verdad y la Justicia

El 11 de septiembre de 1973 fue la respuesta del poder al proceso popular que representaba justicia social y esperanzas para los postergados de siempre.

Ese día fue el inicio del espanto y  la crueldad sistemática. Desde ese día se vivieron los momentos más traumatizantes y horrorosos que la historia y la memoria recuerde. Los crímenes cometidos en todo el territorio nacional  fueron realidades dolorosas. Ese es el tiempo  que se corresponde con los  acontecimientos que derivan,  tras 52 años,  en la información que intenta recoger el reportaje.

Los hechos se originan en Neltume,  una localidad cordillerana que se convirtió en territorio de sucesos profundamente expresivos de las luchas sociales que marcaron esos años. Neltume también a partir del mismo 11 de septiembre se convirtió en sinónimo del horror del terrorismo de estado y la violencia patronal  en contra de los trabajadores forestales, sus organizaciones y sus familias. Allanamientos inmisericordes, vejaciones, humillaciones, torturas,  prisión política y decenas de fusilamientos   cayeron sobre los poblados para sembrar el horror. Ahí están los crímenes de Liquiñe, Chihuio, Caravana de la Muerte y otros muchos.

Insistimos, de ser Bernarda Vera,  el hecho nos indica que ella habría logrado sortear la muerte en medio de tanto horror.

Por lo que  se sabe, Bernarda Vera era portadora de un alto compromiso social y político con su pueblo y los pueblos de nuestro continente.  CODEPU no juzgará las razones que pudo y puede tener para guardar silencio durante tantos años. Desconocemos sus eventuales intentos por retomar contacto con los suyos.  Sabemos sí, que las secuelas del horror se expresan aún hoy y pese al tiempo transcurrido en una amplia problemática psicosocial como consecuencia traumática de la violencia estatal y patronal y cuyos efectos individuales y colectivos adquieren diversas dimensiones en nuestros pueblos y países que debieron soportar dictaduras oprobiosas. Ella,  su hija, su familia y su comunidad son víctimas del accionar violento de la dictadura y de las consecuencias de no avanzar con decisión y firmeza tras toda la Verdad y toda la Justicia.

Los hechos nos revelan que la Comisión de Verdad y Reconciliación cuyo informe se entregó en 1991 fue solo un paso  tras el objetivo de  alcanzar la Verdad y la Justicia en las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura. Si bien es cierto que,  lentamente se lograron algunos avances, fruto de la labor y perseverancia de familiares,  paulatinamente la Verdad y la Justicia se fue diluyendo en medio de pactos de silencio, medias prescripciones, fallos tardíos y protección al dictador, entre otras tantas dilaciones, todo  a la espera de que el paso del tiempo abra paso al olvido y a la impunidad. Una muestra de lo anterior es que hoy el Estado debate acerca del otorgamiento de beneficios  carcelarios a criminales de lesa humanidad y algunos personeros se atreven a decir que las muertes provocadas por la dictadura fueron justificadas o que si fuera necesario repetirían el golpe de estado.

En nuestra opinión, el Estado de Chile tiene la obligación de investigar cada uno de los casos recogidos en los informes oficiales. El Estado tenía y tiene la obligación de realizar todas las gestiones para aclarar toda duda razonable en la calificación de una víctima. Desconocemos si se ejecutaron todas las acciones necesarias y oportunas para verificar la situación y también desconocemos aquellas que por desidia, negligencia no se realizaron. Estamos convencidos que ésta situación requería una verificación pronta, que pudo realizarse antes  y que fuera el resultado de la acción del propio Estado.

En relación al Plan Nacional de Búsqueda -instrumento creado precisamente para esclarecer el paradero de las personas desaparecidas por razones políticas durante la dictadura- hemos sostenido que los familiares no se merecen una nueva frustración y ello lo obliga a actuar con diligencia y decisión, aptitudes ausentes en este caso y que pone -lamentablemente- en  cuestión su eficacia y compromiso con la verdad y la justicia que la sociedad chilena exige y merece.

CODEPU reafirma su convicción que  un hecho  entre las miles de verdades  no borra la enorme cifra de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados. Fueron miles y miles los crímenes y delitos cometidos por la dictadura civil-militar que le significaron  la condena internacional durante los 17 años de su existencia.

En lo inmediato, solidarizamos con los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados que vivirán la ofensiva negacionista. Tenemos la certeza que  la perseverancia y entrega de los familiares constituyen ejemplos de dignidad.

Por los que no están, continuaremos exigiendo toda la verdad y toda la justicia.  El Estado tiene la obligación de investigar, verificar, lograr la verdad, realizar la justicia.

Condenamos y condenaremos todo intento de obtener ganancias políticas espurias ante un caso que no borra los miles de crímenes dictatoriales.

Condenamos y condenaremos el negacionismo que a partir de este hecho intentará recobrar fuerzas  en los sectores políticos que respaldaron la dictadura y que nunca se hicieron cargo de lo que propiciaron, silenciaron y justificaron.

CODEPU

29 de septiembre de 2025

*Fuente: CODEPU

Más sobre el tema:

Bernarda en las sombras: Te esperamos a ti y a todos los que nos faltan

Prospecciones realizadas con georadar en Pisagua, en mayo de 1999, a la búsqueda de Detenidos Desaparecidos