Chile: Listado -incompleto- de personas víctimas de desaparición forzada durante los gobiernos de postdictadura

04 de agosto de 2025

En 2012 Chile ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El documento de la ONU define la desaparición forzada como

es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (Artículo 2 de la Convención).

La desaparición forzada es una violación que se prohíbe en todo momento. Ni la guerra, ni un estado de excepción, ni razones imperativas de seguridad nacional, inestabilidad política o emergencia pública pueden justificar las desapariciones forzadas. (Párrafo 2, artículo 1 de la Convención) Según esta Convención y el Estatuto de Roma (ratificado por Chile en 2009), la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad. En Chile, durante los gobiernos de postdictadura de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera están registrados los casos de siete personas víctimas de desaparición forzada. Estas son sus historias elaboradas en base a informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, la CCTT y medios de comunicación

Hugo Arispe Carvajal (Arica)
Gobierno de Ricardo Lagos Escobar (11/03/2000 – 11/03/2006)

Institución responsable: Gendarmería
Fecha Desaparición: 14/01/2001

Contexto: Conocido como el “Floretti”, Carabineros lo detiene el 10 de enero de 2001 por encontrarse “en estado de ebriedad en la vía pública”. Sin dinero para pagar la multa, fue llevado al Centro Penitenciario de Acha en Arica, pero cuatro días más tarde se perdió su rastro. Según versiones de testigos, Hugo Arispe habría sido aislado y castigado con una golpiza al interior del penal, en la que habrían participado a los menos cuatro gendarmes integrantes del llamado Grupo de Reacción, especializado en amagar riñas y hechos violentos al interior de la cárcel. Su familia lo ha buscado y se ha encontrado con todo tipo de dificultades e irregularidades entre las que se cuentan las versiones contradictorias de los gendarmes, la negación de los hechos por parte de los guardias y la adulteración de documentos.

Casi dos meses después de su detención y desaparición, una sobrina y el hermano de Hugo Arispe pudieron entrevistarse con el alcaide del penal de Acha quien les mostró los libros de registros -que habían sido adulterados según las investigaciones- y facilitó el acceso al lugar donde se guardaban las pertenencias de los internos. Allí sus familiares encontraron la cédula de identidad de Hugo Arispe Carvajal.

Ricardo Harex González (Punta Arenas)

Gobierno de Ricardo Lagos Escobar (11/03/2000 – 11/03/2006)

Instituciones responsables: Iglesia Católica, Orden Salesiana, Carabineros
Fecha Desaparición: 20/10/2001

Contexto: Joven de 17 años estudiante de cuarto medio del Colegio Salesiano San José desapareció tras participar en un cumpleaños junto a sus compañeros de estudios la noche del 19 de octubre de 2001. Alrededor de las 3 de la madrugada del día 20 de octubre, quiso salir a comprar algo para comer.Uno de los asistentes incluso le ofreció compartir un taxi para volver a sus casas, pero Ricardo prefirió caminar. Había estado bebiendo con sus compañeros, caminó por las calles zigzagueando, en claras condiciones de vulnerabilidad. Llegó hasta un local donde consumió un completo y una bebida, después testigos declararon haberlo visto por la calle que llevaba a su casa, a la cual nunca llegó. La causa fue perdiendo interés público y los sucesivos jueces a cargo la mantuvieron inactiva. Pero en 2011 el hallazgo de osamentas en un lugar cercano a la ruta por la que caminó Ricardo esa noche la reactivó y permitió que la asumiera la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto.

Su investigación acumuló cientos de testimonios, recreó los hechos conocidos, descubrió incongruencias en los registros de carabineros durante la noche del 19 al 20 de octubre y la presencia del sacerdote Rimsky Rojas en los alrededores del lugar donde los jóvenes festejaban y que al momento de este hecho se desempeñaba como director del Colegio Salesiano San José. Sin embargo, sus vínculos con las esferas de poder, incluidos Carabineros y la PDI en Punta Arenas, le permitió al sacerdote tener acceso a la carpeta y estar al tanto de toda la investigación que se realizaba. A

2011, Rimsky Rojas acumulaba siete denuncias por abusos sexuales mientras era vicerrector en Valdivia y otras cinco en el período en que dirigió el liceo San José de Punta Arenas. Se suicidó el 28 de febrero de ese año, cuatro días después que se encontraran los restos óseos que en ese momento se creía pertenecían a Ricardo Harex. La causa avanzó lento, en medio de diligencias públicas y otras privadas como una inspección en la casa de retiro que la congregación salesiana mantenía en el ingreso al sector de Barranco Amarillo, de Punta Arenas, donde un testigo declaró haber visto movimientos extraños la noche del 19 de octubre cuando desapareció Ricardo Harex.

La ministra Pinto siguió investigando y el 14 de octubre de 2022 sometió a proceso a cuatro carabineros y tres sacerdotes salesianos argumentando «presunciones fundadas de la participación en los hechos constitutivos del delito de sustracción de la persona del menor (…) en calidad de encubridores, del jefe de zona y general de Carabineros Hernán Octavio Bravo Aris, del subprefecto Héctor Eliazar Peña Monsálvez, del capitán Máximo Enzo Sánchez Márquez y del jefe del tercer turno del día 19 de octubre de 2001 en la Primera Comisaría de Punta Arenas, teniente Anwar Kharaufeh Jadue, todos funcionarios de Carabineros de Chile en dicho año, agentes del Estado y con responsabilidad de mando… Además, -agregaba la resolución- aparece suficientemente justificada la participación en calidad de encubridores de los sacerdotes de la Orden Salesiana de Chile, Leonardo Wenceslao Santibáñez Martínez, Bernardo Miguel Bastres Florence y Vincenzo Soccorso di Bono».

Tres meses después, en enero de 2023, ya no quedaban procesados en esta causa debido a que en distintas instancias judiciales los ministros resolvieron que “no existían antecedentes suficientes para dar por justificada la existencia del delito base”, es decir la sustracción del menor Ricardo Harex, ni la participación atribuida por la ministra Pinto a los inculpados.

José Gerardo Huenante Huenante (Puerto Montt)
Gobierno de Ricardo Lagos Escobar (11/03/2000 – 11/03/2006)

Institución responsable: Carabineros
Fecha Desaparición: 03/09/2005
Contexto: El 3 de septiembre de 2005 el adolescente de 16 años, José Huenante, se encontraba junto a un grupo de amigos en las calles de la población Vicuña Mackenna de Puerto Montt. Luego de un confuso incidente, José fue detenido por Carabineros de Chile. El registro de los detenidos de esa madrugada fue adulterado -cambiándose el número «2» por un «1», correspondiente a la detención de Pablo Gallardo, domiciliado en la misma población donde vivía José-, al igual que el kilometraje de la radiopatrulla 1375, involucrada en la detención. Los tres funcionarios identificados como participantes en la detención y desaparición de José y que se trasladaban esa noche en el vehículo policial fueron el cabo primero Patricio Mena, el cabo segundo César Vidal, y el sargento Juan Altamirano. El caso pasó de la justicia ordinaria a la militar y los involucrados no recibieron ninguna pena, sólo fueron dados de baja en abril de 2009, pero reincorporados a Carabineros en 2010. Al año siguiente, en 2011, el abogado de la familia Huenante, Luis Correa, solicitó a la Fiscalía Militar de Puerto Montt procesar a los tres carabineros involucrados.

Ramón Elías Pacheco Giacomozzi (Hualqui, Talcahuano)
Primer gobierno de Michelle Bachelet Jeria (11/3/2006 – 11/3/2010)

Instituciones responsables: Carabineros Juez de garantía Talcahuano
Fecha Desaparición: 01/07/2008

Contexto: Conocido como “Monchito” y “El gaviotita”, se perdió su rastro el 22 de junio de 2008 en Hualqui, Talcahuano, cuando salió de su casa. Nueve días después, la noche del 1 de julio, un grupo de personas lo vio durmiendo en la calle y llamó a Carabineros para evitar que muriera de frío. Acudió una patrulla con tres funcionarios, quienes se llevaron al joven. Ramón era mudo, lo que dificultaba su comunicación con desconocidos. Las personas que llamaron a la institución reconocieron al cabo segundo Mauricio Delgado como uno de los funcionarios que lo subió al carro policial, tanto éste como sus compañeros negaron consecutivamente su participación en los hechos según consta en los documentos en Fiscalía. En los registros de la tenencia de Hualqui entre junio y septiembre de ese año, el nombre de Raúl Pacheco no aparece. A lo anterior se suma que los testigos modificaron sus declaraciones. Frente a las irregularidades, la Policía de Investigaciones (PDI) evaluó el informe de Carabineros encontrando inconsistencias, por lo que se realizó una tercera ronda de entrevistas. En esta última los testigos declararon no acordarse de lo sucedido, argumento que el juez de garantía de la Fiscalía Local de Talcahuano, Andrés Cruz, utilizó para no iniciar investigación, justificando que «no existe registro de los antecedentes solicitados», por tanto «tales hechos no son constitutivos de delito». La investigación se cerró de manera definitiva en marzo de 2014. En 2018 el padre de Ramón recibió una llamada del Servicio Médico Legal (SML) para volver a realizarse exámenes ante la sospecha de una osamenta humana encontrada en la Bahía de San Vicente en 2009. Un fémur, que inicialmente había sido catalogado como “restos óseos femeninos”, tras una nueva muestra de ADN fue identificado como parte del cuerpo de Ramón Pacheco Giacomozzi.

A Exequiel Pacheco se lo notificaron el 31 de julio de 2020. Durante once años, el fémur de Ramón permaneció en el SML, mientras su padre continuaba buscándolo incansablemente.

José Antonio Vergara Espinoza (Alto Hospicio)
Segundo gobierno de Michelle Bachelet Jeria (11/3/2014 – 11/3/2018)

Institución responsable: Carabineros
Fecha Desaparición: 13/09/2015

Contexto: Conocido como “El Pelayo”, joven de 22 años detenido por Carabineros el 13 de septiembre de 2015. Nació el 1 de mayo de 1993 durante un parto complicado y tratado en forma negligente por los funcionarios de la salud que atendieron a la madre: entre otras cosas, el niño tragó líquido amniótico y resultó con retraso mental del 77,5% que en su juventud significó una edad mental de 12 años. Desarrolló, además, esquizofrenia. Este cuadro de salud fue la causa de constantes crisis violentas. Si bien su familia tenía conocimiento respecto a su diagnóstico médico, una irregularidad en su tratamiento le provocó una serie de crisis esquizofrénicas durante el 2015.

Tenían gran dificultad para acceder a tratamientos médicos efectivos para tratar su condición. Aun así, el 9 de septiembre lo llevaron al Hospital de Iquique para solicitar una internación en el centro psiquiátrico de la región, sin embargo, no calificó como urgente, por lo que le dieron una orden de internación para el 14 de septiembre. Sin embargo, un día antes, durante uno de esos episodios críticos el día 13 de septiembre, su madrastra, Jaqueline Soto, solicitó a una patrulla de carabineros que lo trasladaran a un centro de salud para que recibiera atención médica. Cuatro efectivos policiales -el cabo primero Carlos Valencia, el cabo segundo Ángelo Muñoz y los suboficiales Abraham Caro y Manuel Carvajal-, participaron en el procedimiento. Pese a que varios testigos vieron cómo los carabineros esposaron al joven y se lo llevaron en el carro policial, los funcionarios, en un audio registrado por la institución, indicaron que «(Jacqueline) mantuvo una discusión de palabra con su hijo (…) el cual se había retirado del inmueble. No hay agresión, no hay daños, no hay nada».

A pesar de los reiterados intentos por denunciar la desaparición de su hijo, recién el 17 de septiembre de 2015, Carabineros del retén de Alto Hospicio atendió la petición de Juan Vergara, padre del joven. Sin embargo, y como consta en el registro, la declaración fue alterada por el cabo segundo José Abarca Contreras, quien la modificó excluyendo que José había sido llevado por funcionarios policiales y escribiendo, en cambio, que el joven había salido de su casa con rumbo desconocido. Su padre, Juan Vergara no pudo cerciorarse de que su testimonio había sido tomado en forma correcta porque no sabía leer ni escribir. A fines de septiembre la Fiscalía inició una investigación que logró confirmar que ninguno de los funcionarios policiales le tomó los datos a José Vergara ni lo llevaron a la comisaría. Si bien los cuatro carabineros se contradijeron en sus versiones, durante la investigación penal confesaron que abandonaron al joven a las afueras de Alto Hospicio y en pleno desierto, lo que era una práctica habitual que se realizaba con consumidores de drogas o gente en situación de calle en la Región de Tarapacá. En una primera instancia, los ex uniformados recibieron condena por el delito de detención ilegal. Meses después, en la audiencia del 14 de enero de 2016, aparecieron nuevos antecedentes: el padre de uno de los cabos involucrados declaró que su hijo le confesó que «luego de haberle propinado suficientes golpes (a José), hasta dejarlo casi inconsciente, uno de ellos decidió que debían enterrarlo en el desierto, por lo que ordenaron a uno de ellos cavar un hoyo en la tierra y en el que posteriormente lanzaron el cuerpo, el que también taparon con tierra»

Geraldo Monarez Peña (Hualpen)
Segundo gobierno de Sebastián Piñera Echeñique (11/03/2018 – 11/03/2022)

Instituciones responsables: Carabineros, INDH
Fecha Desaparición: 28/10/2019

Contexto: Estallido Social Vecino de Hualpén, en la Región del Biobío, de 55 años y con diagnóstico de esquizofrenia y discapacidad intelectual, desapareció el 28 de octubre de 2019 cuando, según una única testigo y sobrina de Geraldo, lo detuvo una patrulla de Carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, se negó a calificar este caso como desaparición forzada y a actuar según las disposiciones que rigen esos crímenes de lesa humanidad.

En entrevista con el medio Resumen.cl el abogado querellante, Fernando Leal, explicó que la testigo y familiar se habría encontrado con Monarez cuando era detenido fuera del Hogar de Menores Tupahue. «Ella dijo que salió a una hora y por una puerta determinada a la calle y resulta que en el libro del hogar, efectivamente aparece que ella estuvo ese día, a esa hora y en ese lugar. También los detectives vieron copias de las cámaras de seguridad apostadas a ese lugar, cuando dice que se encontró a Geraldo siendo detenido y efectivamente en las cámaras que enfocan el lugar de salida, dan cuenta de que ella aparece en las imágenes de video». Quienes no aparecen en las imágenes son “el desaparecido Geraldo Monarez y el grupo de carabineros que lo habría detenido. Hay varias cuestiones que hay que aclarar”, enfatizaba.

A pocos días de la desaparición de Geraldo, en noviembre de 2019, la sede regional del INDH interpuso un recurso de amparo en su favor, el que fue acogido por la Justicia. Sin embargo, al no estar registrada su detención por parte de carabineros de la cuarta Comisaría de Hualpén, la acción no arrojó resultados.

El caso ha tenido nulos avances y fue desplazado del foco de interés público por los cuestionamientos al rol del INDH en esta causa y que se conocieron en el marco de la demanda laboral que presentó en enero de 2022 el exdirector subrogante regional Harum Oda en contra del exdirector nacional del organismo, Sergio Micco, a quien acusó de negarse a realizar acciones en favor de Geraldo Monarez. Esa acción legal contaba entre los documentos de prueba una carta de quien fuera la titular de la oficina regional del Biobío, Carolina Chang, fechada el 18 de noviembre de 2021 donde la funcionaria declaraba que “uno de los asesores (de Sergio Micco) me indicó que no podía hablar con la prensa del caso, y luego el Director me señaló en reiteradas oportunidades que cómo era posible que afirmáramos esto, y que ni se me ocurriera hacer revuelo con la situación. Y que no continuáramos con la acción judicial», testimonios que el cuestionado exdirector del INDH ha refutado tajantemente. Entre medio, la sobrina que por años mantuvo la versión sobre la detención de Geraldo Monarez por parte de Carabineros modificó sustancialmente su testimonio en junio de 2023. El abogado Fernando Leal comentó a Resumen.cl que “muy extrañamente, esta testigo cambia su versión de los hechos y dice que mintió. Nos llama poderosamente la atención (…) Es necesario que el Estado de Chile, a través de su órgano persecutor -la Fiscalía-, dé una respuesta clara y contundente de lo que ocurrió acá. Hay que transparentar porqué cambió la versión. Ella dice simplemente que mintió, pero no da mayor razón de sus dichos (…) es una situación de sumo preocupante que una testigo, que declaró en distintas instancias, que dio precisión respecto de caras, de horarios, algunas de estas situaciones investigadas y acreditadas, luego desista, o sea, ¿qué le hizo cambiar de opinión? ¿qué operó acá? ¿hay terceros involucrados? ¿hay amenazas? ¿hay algún tipo de presión? bueno, son cosas que se tendrán que aclarar», manifestó el querellante en la entrevista.

Jean Fedor Louis (Quilicura, Santiago)
Segundo gobierno de Sebastián Piñera Echeñique (11/03/2018 – 11/03/2022)

Instituciones responsables: Desconocido
Fecha Desaparición: 20/05/2020

Contexto: Estallido Social Migrante haitiano de 36 años, fue visto por última vez caminando por las calles de Quilicura el 20 de mayo de 2020, cuando gran parte del país se encontraba bajo Estado de excepción, con toque de queda y la ciudad de Santiago estaba bajo el control de las fuerzas armadas y policiales. Jean Fedor había obtenido el permiso de residencia definitiva en el país en mayo de 2016.

Julia Chuñil Catricura (Máfil, Región de Los Ríos)
Gobierno de Gabriel Boric Font (11/03/2022 –11/03/2026)

Fecha Desaparición: 08/11/2024

Contexto: Defensa del bosque nativo Julia Chuñil Catricura es una mujer de 72 años, mapuche, madre de cinco hijos, abuela de 10 nietos y es conocida por su defensa del bosque nativo. Fue vista por última vez el viernes 8 de noviembre de 2024 cuando comentó a una vecina que iba al monte a buscar dos vacas paridas y siguió su camino junto a su perro “Cholito”. La ambientalista lidera la comunidad Putraguel, compuesta por 17 familias, que desde 2015 mantiene y defiende un predio calificado por la Comisión Nacional Indígena, CONADI, como “tierras ancestrales” donde, además, se ubica un bosque de 900 hectáreas de especies nativas entre las que se cuenta el Canelo, árbol sagrado para la cosmovisión mapuche y que representa esencialmente un símbolo de paz, así como la conexión espiritual entre el ser humano y la tierra, la protección y la renovación. Es éste el bosque que codician empresas extractivistas que han hecho de la deforestación la fuente de su riqueza sin importarles la destrucción de ecosistemas vitales para la preservación de la biodiversidad y de la vida y la cultura del pueblo mapuche, es decir, la gente de la tierra como se perciben y autodefinen. Uno de estos empresarios, identificado como Juan Carlos Morstadt en la querella que presentó la familia de Julia Chuñil tras su desaparición, es el principal instigador de amenazas, hostigamiento e incluso intentos de agresiones físicas en contra de la dirigente mapuche, acciones que se vienen arrastrando desde el año 2018 dada su negativa a venderle el bosque nativo para explotación comercial.

Tras su desaparición el 8 de noviembre de 2024, su familia y vecinos iniciaron una búsqueda en la cual detectaron huellas de un vehículo, lo que no es común en el lugar dadas sus pendientes y abundante vegetación. Sin embargo, la lluvia habitual en la zona borró todo vestigio. La familia Chuñil ha cuestionado reiteradamente el nulo avance en la investigación que permita encontrar a Julia Chuñil, peor aún, denuncia que hubo un nulo resguardo inmediato del sitio del suceso e inmediaciones. El hijo mayor de la ambientalista, Pablo San Martín, destaca que la policía no ha recogido sedimentos de tierra ni protegido una fosa de gran tamaño descubierta en un predio vecino, que fue excavado por la PDI y el GOPE de Carabineros y donde encontraron un ternero muerto envuelto en un nylon, hecho que los habitantes de la zona consideran de gran extrañeza dado que en el mismo sitio había otros animales muertos sin enterrar. En la misma línea, sus hijos han denunciado que se han realizado seis allanamientos al domicilio familiar desde noviembre de 2024, en uno de ellos los agentes policiales estuvieron por horas al interior de la vivienda, pero al término de la diligencia cuando la familia ingresó, todo estaba en perfecto orden y les surgió la interrogante si en esa oportunidad se habrá instalado micrófonos u otros elementos para espiar a los moradores. La familia de Julia Chuñil teme que se esté organizando un montaje para proteger a los responsables de la desaparición de Julia. Otra arista que preocupa a los hijos de Julia Chuñil es que, a diferencia de los sucesivos allanamientos a la vivienda familiar, no se ha realizado ninguno al predio y al domicilio que habita el principal sospechoso de su desaparición, el empresario extractivista y explotador forestal Juan Carlos Morstadt, quien la hostigaba incansablemente para lograr que la defensora de la tierr