26 de agosto de 2023
El socavón en el edificio Kandinsky volvió a dirigir las miradas hacia las dunas del periodo cuaternario que acompañan la costa desde Reñaca, al final de Viña del Mar, hasta Concón. La combinación de 30 milímetros de lluvia y presión inmobiliaria parece dar la razón a las organizaciones que desde los años 90 advierten sobre la mala decisión de construir en ese espacio, donde además convive un ecosistema único.
Pero visto de otra forma, se trata de 150 hectáreas con vista al mar en la Región de Valparaíso, muy bien conectadas con la capital. Este paño pertenece a la Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón (Reconsa), que formó loteos urbanizados a lo largo de 25 años, uno de los cuales fue vendido a Besalco, la empresa que construyó el edificio y apuntó al colapso del colector de aguas lluvia como principal causa del desastre.
Mientras la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD) responsabilizó directamente al Ministerio de Obras Públicas, que ejecutó la obra del colector en 2005, el comunicado de Besalco alude al constructor como “un tercero ajeno a nuestra empresa como parte de la urbanización de un amplio sector”
La urbanizadora de los exministros
Reconsa ha enfrentado una larga oposición al desarrollo inmobiliario, lo que incluso la ha llevado a enfrentarse en una demanda contra el fisco en 2019, donde exigen el pago de $79 mil millones por los perjuicios que le ha provocado no poder construir en la zona de 30 hectáreas declarada Santuario de la Naturaleza en diciembre de 2012, durante el primer Gobierno de Piñera, que derogó decretos de 2006 que permitían construir en una zona desafectada como santuario e iba en línea con la decisión original de proteger un total de 44 hectáreas. Aunque el decreto del 5 de agosto de 1993 nunca se publicó en el Diario Oficial.
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Para entender “la larga historia de presiones, inseguridades, negociaciones y cesiones” que Reconsa cita en su demanda al Estado, es inevitable encontrar nombres de personas conocidas en el mundo político y empresarial. Actualmente, el 20% de Reconsa es propiedad del exministro Edmundo Pérez Yoma, a través de la sociedad Rentas CEP. Pérez Yoma, exministro del Interior durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, fue también ministro de Defensa del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle desde el 11 de marzo de 1994. El 9 de marzo de ese año se aprobó el decreto que declara Área Protegida solo a una zona de 12 hectáreas.
El ministro del Interior que asumió el 11 de marzo de ese año fue Carlos Figueroa Serrano, que participa junto a sus hijos en Reconsa, a través de Inversiones Santa Sara, con un 2,6%. A su vez, la propiedad se reparte en Inversiones del Litoral e Inversiones Nelaco, en la que participan los hijos de Francisco Soza Cousiño, ingeniero civil, nacido en Viña del Mar y que fue vicepresidente ejecutivo de Corfo entre abril y octubre de 1975. Conocido empresario de la construcción, encabezó el gremio a mediados de los 60 y en 1979 se hace socio de Edmundo Pérez-Yoma para comprar los terrenos que pertenecían a la Caja de Empleados Particulares, que pronto, en 1981, dejaría de existir como tal con la llegada de las AFP. El terreno se compró al Estado en cuotas.
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La Cámara Chilena de la Construcción (CChC), a través de su compañía de seguros Confuturo, es dueña del 10% de Reconsa. Antes, hasta 2016, ese porcentaje pertenecía a seguros CorpVida, del empresario Álvaro Saieh.
Actualmente, en el directorio de Confuturo está Alejandro Ferreiro Yazigi, exministro de Economía de Bachelet y exsuperintendente de Valores y Seguros (hoy CMF), además de Sebastián Claro Edwards, exvicepresidente del Banco Central.
El edificio Kandinsky fue autorizado en 2011 en la administración de Virginia Reginato como alcaldesa de Viña del Mar, por la Dirección de Obras Municipales que encabeza Julio Ventura desde 1981. En mayo de este año, la alcaldesa Macarena Ripamonti lo denunció a la Fiscalía por presuntas irregularidades en la aprobación de tres proyectos.
Contra la Suprema
La concejala de Concón María José Aguirre (Ind. pro Evópoli) cuenta que el año en que se autorizó la edificación hoy siniestrada en Viña, Reconsa ya había loteado sectores para la construcción de más edificios en la comuna a la que ella representa.
“En 2011 nos enteramos de que venían 11 edificios en la duna mayor y creamos Red Duna Libre, que es una organización ciudadana. Logramos después de dos años proteger las 30,1 hectáreas. En el plan regulador de Concón logramos que 20 hectáreas se zonificarán como área verde”, explica la concejala Aguirre sobre la zona protegida de un total de 50 hectáreas. Sin olvidar que “toda el área es de Reconsa, y la ley no exige implementar un plan de manejo o tampoco cederlo” .
María José Aguirre dice que antes de que se zonificaran 20 hectáreas como área verde, Reconsa había ingresado un anteproyecto de 23 edificios, un hotel con 200 habitaciones y 6.000 estacionamientos. “Afortunadamente este anteproyecto caducó”, señala.
El admirador de Lagos
Otro grupo enfrentado a Reconsa lo representa el abogado Gabriel Muñoz, de la asociación Duna Viva, que se opone al desarrollo inmobiliario en el Área Protegida y además asesora a la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico Cultural de Viña del Mar. Muñoz afirma que el caso del edificio afectado por las lluvias ilustra una práctica habitual de Reconsa. La empresa es la que ha urbanizado los proyectos Bosques de Montemar, Lomas de Montemar, Costa de Motemar, entre otros, que aumentan la presión inmobiliaria en la zona.
“La Corte Suprema exigió que Reconsa, por haber construido la calle Cornisa, incurrió en un acto arbitrario e ilegal y que, previo a seguir cualquier proyecto sin permiso de edificación, requerían un estudio de impacto ambiental. Hasta el día de hoy Reconsa no tiene ese estudio de impacto ambiental. Es el modus operandi de Reconsa, hace una calle, después la urbaniza y vende los loteos. Este modus operandi sí le resultó en la calle donde fue el colapso del colector”, dice Gabriel Muñoz.
El abogado alude a un fallo de la Corte Suprema del 5 de junio de 2019 que ratifica una decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que impidió seguir construyendo dos torres, justo en el deslinde sur del Área Protegida.
“Se prohíbe construir sin estudio de impacto ambiental en el campo dunar o alrededor del campo dunar. Hay un problema no solo de las inmobiliarias, que las han dejado hacer, sino de las autoridades municipales. Tanto de Concón y Viña del Mar, con Óscar Sumonte y Virginia Reginato, respectivamente, como de la actual. A sabiendas de que existía este fallo y de que podía ocurrir lo que ocurrió, no hubo ninguna reacción de los actuales alcaldes”, sostiene el abogado, que anticipa la presentación de una denuncia por daño ambiental contra la inmobiliaria Vimac, que construye el edificio Alto Santorini, justo detrás del edificio Kandisky.
“En este proyecto estamos requiriendo que la alcaldesa tiene la obligación de demandar a estas inmobiliarias y a las que han hecho el daño en el campo dunar”, afirma Muñoz.
Otro edificio paralizado por un fallo de la Corte Suprema, en 2022, fue el de la inmobiliaria Makrocéanos, que no tendría estudios de impactos de ambiental.
En el caso de Besalco, no enfrentó esta oposición tan férrea para su proyecto en el edificio Kandinsky. Se trata de una constructora fundada en 1944 por Víctor Bezanilla Salinas. Su hijo Víctor Bezanilla Saavedra se declaró admirador confeso del Presidente Ricardo Lagos por el dinamismo que imprimió al país a través de la Ley de Concesiones viales, y ha sido uno de sus aportantes. Se retiró de la presidencia de la empresa en 2021, dejándola en manos de su hermano Ricardo Bezanilla.
En el directorio de Besalco, también están Rodrigo Vergara Montes, expresidente del Banco Central, y Andrés Serra Cambiaso, director de empresas de Antar Chile, de la familia Angelini.
*Fuente: ElMostrador
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