Arica: a 50 años del golpe, invalida sentencia de Consejo de Guerra contra 3 sindicalistas 

Muchas detenciones ocurridas durante la dictadura de Pinochet, incluyendo envíos a campos de concentración, cárcel, relegaciones, largas sesiones de tortura, y peor aún ejecuciones en el contexto de un “Estado de Guerra”, que nunca ocurrió, se han ido derribando una tras otras. Y no es sólo la sentencia, en rigor, la que se invalida, sino que pone en jaque un “gobierno militar”, que operó en la más absoluta impunidad e ilegalidad.

En estos días hemos conocido el caso que afectó a tres presos políticos en Arica, lugar donde por esos años residía JULIO CÁMARA CORTÉS, oriundo de la Salitrera Humbestone e hijo de una familia pampina, que poco antes de los ´70 se fue al vecino puerto, donde trabajó y fue dirigente de la CUT.

Sus ideales y labor gremial, le valieron que fuera detenido por fuerzas militares el mismo 11 de septiembre de 1973, en el contexto del cruento golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas que derrocaron al gobierno encabezado por el presidente Salvador Allende. Fue enviado a la cárcel de Arica, compartiendo espacio con presos comunes, lo que lejos de debilitarlo, le ayudó a fortalecer sus convicciones.

Ese Consejo de Guerra, lo había condenado a tres años de presidio, la misma condena que hoy fue invalidada por la Corte Suprema.

Julio Cámara Cortés junto a dos de sus compañeros, que también eran parte de la CUT de Arica, interpusieron un recurso de revisión, porque, claro, estaban convencidos de su inocencia y de la injusticia de ocurrió en su contra.  Las otras dos personas son:

1.- OSCIEL CONTRERAS CIFUENTES, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo y a las accesorias legales, como autor del delito tipificado en la letra d) del artículo 4º de la Ley Nº 12.927, sobre Seguridad Interior del Estado

2.- MIGUEL OLIVOS AZÚA, a sufrir la pena de tres años de relegación menor en su grado medio y a las accesorias legales, como autores del delito tipificado en la letra d) del artículo 4º de la Ley Nº 12.927, sobre Seguridad Interior del Estado.

LOS ANTECEDENTES

Según recuerdan estos ex tres dirigentes de la CUT de Arica, tras su detención  y mientras permanecían detenidos, fueron sometidos a un proceso que llevó adelante la fiscalía militar de Arica, acusados de supuestos delitos tipificados en la ley de Seguridad Interior del Estado, para finalmente, en noviembre de 1974, comparecer ante un Consejo de Guerra que condenó a prisión a Osciel Contreras y Julio Cámara, en tanto que a Miguel Olivos le fue aplicada la pena de relegación al sur del país.

Frente a lo resuelto por la Corte Suprema, es importante destacar que sigue una línea de acción iniciada en los últimos años que, a su vez, recoge pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), tendiente a acoger recursos de revisión y anular sentencias de consejos de guerra que operaron en diversas regiones del país.  Siendo los casos más graves, aquellos que terminaron con fusilamientos de detenidos, como ocurrió a lo largo del país y también en Tarapacá.

Esto evidencia una feroz escalada represiva que siguió a la instalación de la dictadura cívico-militar, contra militantes y adherentes de los partidos que integraron la coalición política del gobierno de Salvador Allende, señala hoy Julio Cámara.

ABOGADOS EN CAUSAS DE DDHH

Un rol preponderante en la presentación y tramitación del recurso de revisión acogido favorablemente por la Corte Suprema, y que hace justicia y dignifica los nombres de los ex dirigentes de la CUT, le ha correspondido al destacado jurista Francisco Ugas, del staff de profesionales que encabeza el conocido abogado de DD. HH. Nelson Caucoto, con dilatada y reconocida trayectoria en este ámbito.

Así lo reconocen los exdirigentes sindicales Contreras, Olivos y Cámara, quienes a 50 años del cruento derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular que encabezó Salvador Allende, uno de los hechos políticos más impactantes de la historia de Chile, recuerdan nítidamente la dramática y dura experiencia que vivieron y sufrieron a partir de su detención por elementos armados del Ejército. Esta detención, se produjo en una de las industrias electrónicas de Arica.

Es así como, en noviembre de 1974, luego de ser procesados y sufrir diversos actos de maltrato físico y psicológico, comparecieron ante un Consejo de Guerra, acusados de ejercer cargos gremiales y políticos que a esa fecha era legales y públicos. Este, precisamente, lo establece el reciente fallo de la Corte Suprema que dictamina anular todo lo obrado respecto de tales acusaciones y les absuelve, por haber sido probada satisfactoriamente su completa inocencia.

Sin embargo, señalan los tres exdirigentes de la CUT, no olvidan

“que las condenas impuestas de manera arbitraria por un tribunal militar carente de toda legitimidad jurídica se cumplieron, lo que significó para ellos un drástico cambio en sus proyectos de vida, a nivel personal, familiar y profesional, situación ratificada con anterioridad por la Comisión Valech, que les reconoció como víctimas de violaciones de derechos humanos”.

Finalmente, señala el hecho que el pronunciamiento del máximo tribunal “es un acto de justicia que se valora”, señalan los exdirigentes, pese a su tardanza, es decir 50 años después de su detención y a 49 de dictada la sentencia. “Esto da cuenta también de las dificultades y escollos que aún subsisten para que exista plena justicia y reparación para miles de chilenos que sufrieron persecución durante los 17 años de dictadura en Chile.”, concluyen.

TRAYECTORIAS

Pese a los difíciles años de dictadura que siguieron al momento de recuperar su libertad, Julio Cámara Cortés  logró realizar una vida normal. Conformó una familia y tiene dos hijos, ambos destacados profesionales. A mediados de los 80, y radicado en la zona central, asumió nuevamente roles en el ámbito sindical, lo que le significó acciones represivas en su contra por dicha labor.

En lo político fue consejero regional (CORE) de Tarapacá, y hasta enero pasado se desempeñó como Consejero de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por nuestra Región.

Es Ingeniero en Administración, con un magíster en Recursos Humanos y desde fines de los ´80 reside en Iquique.

Osciel Contreras Cifuentes, que presidía la CUT en Arica al momento de su detención, años después retomó sus actividades sindicales en el sector minero y en tal condición contribuyó a la formación de la Coordinadora Nacional Sindical. Fue miembro fundador de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entidad que presidió en Arica hasta el año pasado. Los años, lejos de neutralizarlo, le han hecho fortalecer sus ideales y el anhelo de un Chile mejor.

En el caso de Miguel Olivos Azúa, de profesión técnico electrónico, se desempeñó en empresas del rubro en la zona industrial de Arica, asumiendo, además, tareas como delegado del personal, siendo electo posteriormente en la dirección de la CUT.  Al término de su condena de relegación, siguió en la zona central del país trabajando en su especialidad, la electrónica, en importantes empresas del área en la capital.

*Fuente: Edición Cero