El «11» en Arica: «Plan Zeta» y «Cordones Industriales»

01 de noviembre de 2022

Contexto

A fines de los 60, Arica destacaba como una ciudad moderna y pujante, plena de actividades industriales y comerciales.  Además, por su condición fronteriza, la ciudad disponía de estrecha y directa conexión  con Perú y Bolivia, generando condiciones propicias para el intercambio comercial y un tránsito histórico y fluido de gentes a ambos lados de la frontera, especialmente con Tacna (Perú), y con La Paz (Bolivia).

(Un antecedente adicional en este contexto, es que en el vecino Perú gobernaba desde 1968 el general Juan Velasco Alvarado, a la cabeza del  “Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas”, accediendo al poder a través de un golpe de estado institucional).

Arica contaba con un activo y floreciente barrio o zona industrial donde se emplazaban principalmente industrias armadoras de vehículos, del rubro electrónico y también algunas textiles. Empresas internacionales del área automotriz como Citroen, Nissan, General Motors, Miniaustin, empleaban una cantidad significativa de masa laboral. A dicho rubro, se agregaban industrias del área electrónica, como Mellafe y Salas, Sony Cantolla, Chilevisión, entre otras, que armaban principalmente televisores. Entre las textiles destacaban Banvarte y Contex.

Esta actividad industrial y comercial, que concentraba mayoritariamente la fuerza de trabajo de la ciudad, tenía también su expresión a nivel de la organización política y sindical, la que a inicios de los años 70 había dado ya muestras de dinamismo y cohesión en algunos movimientos huelguísticos reivindicativos. (Ej. huelga de industria textil Banvarte)

Importante señalar que tanto en las empresas electrónicas como en las del rubro textil, laboraba un significativo segmento de mujeres, que participaban activamente también a nivel de las organizaciones sindicales.

A lo anterior, se agregaba el hecho que siendo Arica un departamento de la antigua provincia de Tarapacá, con el puerto de Iquique como su capital, la Central Única de Trabajadores (CUT), tenía el reconocimiento  excepcional también de provincial, al igual que Iquique, precisamente por la relevancia que había alcanzado el movimiento sindical en dicha ciudad.

Es en este contexto, de pujante actividad industrial y comercial y su correspondiente expresión a nivel de la organización política y sindical, que asume el gobierno del país la coalición política de la Unidad Popular, (UP) encabezada por Salvador Allende, sustentado en un programa de transformaciones sociales inéditas en la historia de Chile.

En lo personal, en 1970, fui electo dirigente sindical en una empresa dedicada al rubro automotriz y, posteriormente, en mayo de 1972, electo dirigente provincial de la CUT, encabezando una lista de jóvenes dirigentes del partido MAPU.

Un hecho relevante ocurrido en las elecciones de la CUT de 1972, es que se realizaron bajo la modalidad “un trabajador un voto”, constituyendo un verdadero hito en la línea de democratizar, desde las bases, la generación de los órganos directivos de dicha organización sindical, y a tono, además, con las inquietudes, y demandas de la ciudadanía y los “vientos de cambios” impulsados por el gobierno de Allende. Indicar, además, que hasta 1973 existía la sindicalización obligatoria, lo que contribuía a contar con sindicatos con mayor fortaleza orgánica y representatividad.

Derivado de los avances en el cumplimiento del programa de la Unidad Popular, y por decisión mayoritaria del Congreso, se nacionalizó la gran industria del cobre, y se dieron importantes pasos en la definición de las tres áreas de la economía, que contemplaba el traspaso al control del Estado de un conjunto de empresas consideradas estratégicas.

Se mejoraron sustancialmente las condiciones laborales en materia de remuneraciones y de condiciones de empleo, estableciéndose un nuevo sistema de negociación colectiva por niveles. El primer nivel, correspondía a un acuerdo CUT-Gobierno, que fijaba condiciones generales o básicas  de remuneración para todos los trabajadores del país; luego, y a partir de este “piso”, se negociaba por áreas o sectores de la economía, la que incorporaba mejoramientos que tuvieran en cuenta las especificidades y características propias de cada sector, y finalmente, la negociación se daba por empresa, con la suma de las condiciones establecidas en los niveles anteriores.

Hay que decir que estos avances se dieron en medio de una tenaz y agresiva oposición política por parte de los sectores más conservadores  de la DC, y de la Derecha en general, quienes desde el Congreso, y desde las organizaciones empresariales,  obstaculizaban y/o boicoteaban las medidas e iniciativas.

(La historia demostró, posteriormente, la activa ingerencia e intervención del gobierno de EE.UU. y de la CIA, en alianza conspirativa con sectores de la DC, Derecha y ultraderecha, en el derrocamiento de Allende a manos de las FF.AA. chilenas).

Los “cordones” industriales.   

Las dificultades y tensiones políticas surgidas de la aplicación de un programa de transformaciones sociales, se expresó también con fuerza al interior de la propia coalición gobernante, es decir, de la UP, en la que  se evidenciaron al interior de algunos Partidos diferencias frente a las tareas que se debían acometer.

Estas diferencias de apreciación respecto del desarrollo del proceso de cambios que se vivía, se hicieron notorias también en el accionar de las organizaciones sindicales, tanto de las zonas urbanas como agrarias.

Organizaciones políticas de fuera de la UP, en particular del MIR, estimularon esta tendencia a través de sus denominados “frentes de masas”, el Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) con inserción en los sindicatos urbanos, y el Frente de Campesinos Revolucionarios (FCR) con campo de operaciones en las zonas agrícolas del país.

En ese contexto,  en zonas urbanas determinadas, en la que industrias y/o empresas estaban geográficamente “acordonadas”, surgen instancias de coordinación intersindicatos, que asumieron la denominación, por las características expuestas, de “cordones industriales”. (En la región metropolitana, fueron célebres los “Cordones” Cerrillos y Vicuña Mackenna)

En Arica se replicó esta tendencia, favorecida también por la localización geográfica de las industrias, y al hecho que por la fuerza de los acontecimientos políticos, la mayoría de las industrias habían sido tomadas por sus trabajadores, o “intervenidas”, haciéndose cargo el gobierno de su gestión y administración a través de un responsable de ellas, es decir, un interventor. Similar situación ocurría en gran parte del país.

La CUT, tanto nacional como local (Arica), miraba con cierto recelo estas instancias de coordinación, en la que confluían dirigentes sindicales y trabajadores del MIR, y de sectores más radicalizados del PS, MAPU y Radical.

En la percepción de la CUT, los “cordones industriales” interferían en la relación de dicha central sindical con los sindicatos de base, alterando su estructura orgánica. Por su parte, las organizaciones sindicales integrantes de los “cordones” exteriorizaban posturas críticas hacia la conducción de la propia CUT, tildándola de “reformista”. Igual apelativo se le enrostraba también a Salvador Allende y a su gobierno.

A fin de superar estas fricciones, la CUT decide, a manera de reconocimiento formal, que los “cordones” industriales son organismos intermedios entre las direcciones nacionales y/o provinciales y los sindicatos de base.

Esta definición, que tenía también el propósito de ejercer una dirección al conjunto de la acción sindical y contener los “desbordes” de los “cordones” supeditándolos al liderazgo de la CUT,  cobraría cierta importancia, al menos en Arica, en los hechos represivos que siguieron al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El “11” en Arica

En las primeras horas de la mañana de ese día, la ciudad ofrecía un panorama de aparente normalidad. No se observaban movimientos de tropas en las calles, no obstante que a través de diversas fuentes informativas, gran parte de la población  había tomado conocimiento de un alzamiento militar en Valparaíso contra el gobierno de Allende.

Un antecedente a tener en cuenta, es que el jefe militar en Arica era el Coronel Odlanier Mena. Dicho oficial había llegado a la ciudad ese año, y  en un encuentro con trabajadores del barrio industrial, en que quien suscribe estaba presente en su condición de dirigente provincial de la CUT, se declaró un militar “constitucionalista” y leal, por tanto, al gobierno vigente, respetuoso del mando militar y partidario de la doctrina que sustentaba en ese entonces, el comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats González.

(Años más tarde, y ostentando el grado de general, Odlanier Mena asumió la jefatura de la Central Nacional de Información (CNI), que sucedió a la DINA, cuyo jefe, Manuel Contreras había “caído en desgracia” por su implicancia en el atentado que costó la vida a Orlando Letelier y a su secretaria, en la ciudad de Washington).

La mañana del “11”, la dirección provincial de la CUT resolvió convocar a los dirigentes del barrio industrial a una reunión informativa, a fin de analizar los alcances del alzamiento militar y definir acciones a seguir, lo que daba cuenta, además, de la deficiente información que se disponía respecto de la real envergadura de dicho alzamiento, en la errada idea que podría tratarse de una acción similar al “Tancazo” ocurrido en   junio de 1973, en que un reducido grupo de oficiales y tropas intento un alzamiento militar rodeando con tanques el palacio de La Moneda.

Con el correr de las horas, se hizo notorio el movimiento de tropas en las calles, y junto con tomar el control de la ciudad comenzaron las primeras detenciones, entre ellos de algunos dirigentes sindicales y de la CUT, derivado del allanamiento que los militares llevaron a cabo en la industria  electrónica en que se había realizado la reunión informativa. A esas alturas, la idea, ingenua por cierto, que se trataba de un nuevo “tancazo” estaba ya totalmente descartada.

Respecto del accionar del “cordón” industrial frente a los acontecimientos, no hubo capacidad de reacción alguna al despliegue y control militar incontrarrestable sobre el barrio industrial y de toda la ciudad. Similar situación ocurrió a nivel de los Partidos y organizaciones políticas de dentro y fuera de la UP.

En Santiago, escenario de los principales acontecimientos, con el bombardeo al palacio de La Moneda y muerte de Salvador Allende,   se supo posteriormente que hubo algunos conatos de resistencia en algunos “cordones” los que fueron prontamente reducidos por la superioridad militar.

Quedaba así en evidencia, la escasa y deficiente capacidad de reacción militar no solo de los Partidos de la coalición gobernante, sino sobre todo de los Partidos o movimientos de fuera de la coalición, cuya valoración y énfasis respecto de la “vía armada” para profundizar las transformaciones sociales constituía lo central de su discurso y acción política.

Parte de ese discurso estaba presente también en la acción de los “cordones” industriales, en el convencimiento que ellos podrían constituir una importante base de apoyo y resistencia a los intentos golpistas de un sector de las fuerzas armadas, lo que ya había ocurrido con el ya mencionado “Tancazo” de junio de ese año.

Hay que decir, además, intentando una apreciación sin prejuicios y objetiva de los hechos, que a nivel del gobierno y de algunos Partidos de la coalición, existía un cierto convencimiento que cualquier intento de golpe militar no contaría ni comprometería a la totalidad de las fuerzas armadas, derivado de la presencia de oficiales de alta graduación  “constitucionalistas”, especialmente en el Ejercito, leales y respetuosos a un gobierno legítimamente elegido por la ciudadanía,  y seguidores o herederos de la doctrina de los generales Schneider y Prat.

Esta percepción, que un intento golpista conduciría a una división de las fuerzas armadas y a un escenario de guerra civil, se tradujo en una consigna, muy presente durante 1973, de “No a la guerra civil”, esgrimida desde el gobierno y los partidos afines, y hábilmente utilizada por las fuerzas de oposición para describir la inestabilidad política a que había llevado al país el gobierno encabezado por Allende.

El otro hecho, no menor, es que utilizando una disposición emanada del congreso, en los meses previos al golpe militar, las fuerzas armadas se dedicaron con esmero y eficiencia a allanar numerosas grandes empresas, muchas de ellas situadas en los “cordones “ industriales, en busca de armas, cuya tenencia y supuesto acopio contravenía la legalidad.

Ello les permitió, como lo reconocieron posteriormente algunos jefes militares, constatar en terreno la verdadera capacidad “combativa” de los denominados “cordones” frente a una intervención militar, revelando de paso, la preocupación que les causaba para sus intenciones golpistas la existencia de dichas instancias de coordinación sindical.

En esta tarea de allanar industrias, participaron todas las ramas de las fuerzas armadas, En Arica, al menos hubo una acción de allanamiento en una industria electrónica, sin encontrar, obviamente, ningún tipo de armamento, ni siquiera una pistola.

La represión: el Plan Zeta y los “cordones industriales”      

Al finalizar el día 11, y con el control total de la ciudad por parte de las fuerzas armadas, ya eran cientos los detenidos en la cárcel de Arica, la mayoría conformada por autoridades locales de gobierno, dirigentes políticos y sociales, y militantes y simpatizantes de Partidos de izquierda.

Pero, no solo hubo detenidos en la cárcel, también las propias dependencias del regimiento Rancagua sirvieron de cautiverio y centro de interrogatorios y torturas, agregándose posteriormente para el mismo fin las instalaciones del camping de verano Las Machas.

A diferencia de lo ocurrido en otras zonas del país, en los primeros días posteriores al golpe, en Arica no hubo actos represivos con costos de vidas humanas, ni se supo de “enfrentamientos” ni reales ni ficticios, aparte de las detenciones con aplicación de torturas, y los ya conocidos allanamientos en busca de armamento.

Sin embargo, en octubre la represión se abatió con fuerza en contra de militantes de la UP. El día 20 son asesinados tres militantes del PS: Oscar Ripoll Codoceo, 38 años, profesional de SERCOTEC; Julio Valenzuela Bastias, 28 años, radiooperador del ferrocarril Arica – La Paz, y Manuel Donoso Dañobeitia, 26 años, sociólogo y profesor de la Universidad del Norte.

Tres días después, la prensa de Arica informaba de la ejecución de Luis Pedro Solar Welsch, de apenas 18 años, hecho acaecido, según la versión publicada, al interior de un recinto militar. En este caso, como en el de los tres militantes PS, los asesinatos fueron encubiertos a través de burdos montajes, procedimiento que se hizo habitual en innumerables hechos represivos con resultado de muerte a nivel nacional.

En los meses siguientes, y desde la cárcel, cuatro detenidos fueron trasladados a Pisagua, histórico lugar de confinamiento para la izquierda y dirigentes de organizaciones sociales.

También, en los meses que siguieron, se instalaron los tribunales militares en tiempo de guerra, y se sometió a proceso a los detenidos, hombres y mujeres, con interrogatorios a cargo de fiscales adhoc. Debo señalar nuevamente que a diferencia de lo ocurrido en otros centros de detención del país, especialmente en Pisagua, en los denominados “Consejos de Guerra” que se realizaron en Arica, aparte de una sentencia de muerte que no se llevó a efecto, fueron las condenas de cárcel y relegación los castigos aplicados con más frecuencia.

Según mi experiencia como “prisionero de guerra”, calificativo inventado para conferirle algún fundamento a la intervención militar, es decir, que en Chile hubo una situación de guerra civil, con ganadores y perdedores, al menos en los interrogatorios a que fui sometido, dos eran los temas recurrentes que interesaban a los fiscales militares: el “Plan Zeta”, otra ficción creada para justificar también el golpe, y atendiendo a mi condición de dirigente de la CUT, la organización y envergadura de los ya famosos “cordones industriales”.

En tal situación, y requerido en un interrogatorio por este tema, me correspondió reafirmar que los “cordones industriales” eran efectivamente parte de la estructura de la CUT, y no organismos paralelos a la central sindical ni menos de carácter paramilitar, percepción que los militares tenían de dichas instancias de coordinación, como expuse anteriormente. Percepción alimentada, además, por el discurso “belicista” imperante en algunas organizaciones políticas y sindicales con anterioridad al golpe de Estado.

El hecho de reafirmar la dependencia y subordinación de los “cordones industriales” a la estructura orgánica de la CUT, contribuyó a darle sustento a la versión entregada a los fiscales militares por algunos dirigentes sindicales detenidos, y participantes en dichas instancias.

Lo anterior, no obstante las fricciones y diferencias que como dirigente de la CUT sostuve muchas veces con dirigentes sindicales que levantaban las banderas de la autonomía de los cordones industriales frente a cualquier tutelaje y/o subordinación a centrales sindicales “reformistas”.

Para finalizar, no está demás decir que todo lo expuesto corresponde a mis vivencias y experiencias personales como militante, dirigente sindical y de la CUT, en un periodo relevante de las luchas políticas y sociales de Chile.

Julio Cámara Cortés
Ex – dirigente provincial CUT – Arica

Septiembre de 2016