‘El caso Colonia Dignidad – El trato de la política de Relaciones Exteriores y de la justicia alemana frente a los derechos humanos: 1961-2020’

Colonia Dignidad era un «Estado dentro de un Estado», dónde no tenían vigencia las leyes chilenas ni las alemanas, sino que mandaban los jerarcas alrededor del predicador laico Paul Schäfer. Analizar su origen, sus estructuras en Alemania y Chile, su redes de apoyo – y las responsabilidades políticas y jurídicas de ambos estados: ese fue el objetivo del politólogo Jan Stehle al dedicar su tesis doctoral a este tema. Le resultó hasta un nivel bastante avanzado, abordando y analizando muchísimas fuentes. En octubre de 2021 esta tesis doctoral salió como libro de 640 páginas en alemán, y se puede bajar el pdf completo. El libro está en alemán, pero como tiene mucha relevancia para Chile, está por esperar que luego sea traducido al español. Esta reseña extensa trata de resumir algunas informaciones claves.

Doce años lleva el politólogo Jan Stehle investigando: en 2021, su tesis doctoral fue publicada por la editorial transcript: «Der Fall Colonia Dignidad: Zum Umgang bundesdeutscher Außenpolitik und Justiz mit Menschenrechtsverletzungen 1961-2020» («El caso Colonia Dignidad: El trato de la política de Relaciones Exteriores y de la justicia alemana frente a los Derechos Humanos»). Con aquello el autor ofrece el análisis más preciso hasta la fecha de la (co)responsabilidad de las instituciones alemanas y chilenas en los crímenes cometidos en ese asentamiento de la secta alemana en Chile.

«La Colonia Dignidad era hacia su interior una comunidad criminal y hacia su exterior una organización criminal que operaba internacionalmente»,

es una de las afirmaciones centrales del politólogo y economista Jan Stehle. Con su libro de más de 600 páginas, presenta un inventario sistemático y una evaluación del asentamiento alemán fundado en Chile en 1961 y de los crímenes cometidos allí, que ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni la justicia alemana quisieron o pudieron realizar.

Analizando las fuentes, revela dónde y cuándo las autoridades alemanas (y chilenas) podrían haber intervenido y detenido las violaciones de los derechos humanos, pero no lo hicieron. En su búsqueda de una «verdad histórica», el autor ha creado una obra de referencia en la cuál ahora se pueden basar investigaciones posteriores. Porque el esclarecimiento de la historia de este asentamiento y de los crímenes cometidos en él está lejos de haber terminado.

En una investigación prolija y un análisis preciso, Stehle ha evaluado todas las fuentes disponibles de autoridades alemanas -y también de muchas chilenas. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para obtener acceso a los expedientes del Archivo Político del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán presentando demandas en virtud de la Ley Federal de Archivos y de la Ley de Libertad de Información. Los expedientes del Servicio de Inteligencia externo (Bundesnachrichtendienst, BND) siguen bloqueados para él en la actualidad.

El autor también ha analizado varios archivos particulares y ha realizado innumerables entrevistas con testigos contemporáneos. Por ello, el libro se enriquece con una gran cantidad de citas, referencias y documentos originales. Para tratar la gran cantidad de datos y documentos, Stehle estructura su trabajo de forma muy clara según criterios cronológicos y de contenido. Esto permite leer capítulos individuales, buscar información específica o utilizar el libro como obra de referencia. El capítulo sobre el esclarecimiento jurídico y político es especialmente informativo. Pero antes, el autor presenta un panorama del desarrollo de la Colonia Dignidad y de las violaciones de los derechos humanos que allí se cometieron.

Delitos internos y externos

El politólogo y economista describe dos caras complementarias de Colonia Dignidad: la estructura interna de una «comunidad criminal pseudo-religiosa» que cometió «crímenes internos» contra sus propios miembros durante casi medio siglo. Para ello, analiza numerosos casos de violencia sexualizada y apropiaciones forzadas, de privación de libertad y trabajos forzados contra miembros del grupo. En segundo lugar, examina la estructura  de una «organización criminal» que cometió «delitos externos» dirigidos contra personas afuera del asentamiento. Entre ellos adopciones fraudulentas y delitos sexuales contra niños chilenos de la zona rural alrededor de la Colonia Dignidad, así como tráfico y producción de armas, tortura y asesinato de presos políticos durante la dictadura chilena (de 1973 a 1990).

Para aclarar la continuidad de las estructuras y conexiones que permitieron el desarrollo y la persistencia del asentamiento, introduce el término «sistema Colonia Dignidad». Con ello se refiere y analiza no sólo la jerarquía de la agrupación, sino también las personalidades jurídicas y las estructuras económicas de las respectivas sucursales, así como las redes de apoyo en Alemania y Chile. Stehle denomina actores «esclarecedores» a quienes se opusieron muchas veces solos: entre ellos personas que se habían fugado de Colonia Dignidad, agrupaciones de víctimas y familiares, organizaciones de derechos humanos, activistas, abogados y periodistas. Su compromiso fue decisivo para cada paso de esclarecimiento. Hubo muy pocas personas dentro de las instituciones estatales que apoyaron estos esfuerzos.

Fases históricas

Cinco fases históricas caracterizan la historia de Colonia Dignidad, según Stehle:

Describe detalladamente la historia de sus orígenes en la República Federal de Alemania de posguerra. Por aquel entonces, Paul Schäfer trabajaba como educador de jóvenes en hogares protestantes luteranos. Ahí fue despedido en varias ocasiones porque ya sometía a niños a violencia sexual. Además, como predicador laico carismático, recorrió congregaciones de iglesias evangélicas independientes y reunió a muchas personas – a menudo desorientadas o traumatizadas por la guerra – a su alrededor.

Junto con los predicadores bautistas Hugo Baar y Hermann Schmidt, Schäfer fundó la asociación «Private Sociale Mission» («Misión Social Privada») en 1956 y un hogar de niños en Heide, Renania del Norte-Westfalia, en 1960. Como prueba del temprano apoyo por parte de las instituciones alemanas y chilenas, Stehle menciona que un representante del Ministerio Federal de la Familia y la Juventud, así como el embajador chileno en Alemania, Arturo Maschke, asistieron a la ceremonia de inauguración del hogar y apoyaron el traslado posterior de la agrupación a Chile.

El autor también describe en detalle la emigración del grupo a Chile. Después de que los padres de dos niños denunciaran en 1961 por primera vez a Schäfer por violencia sexual contra sus hijos, él se marchó a Chile. Unos 300 seguidores le siguieron. Entre ellos había varios niños cuasi secuestrados, los padres de algunos habían firmado solamente declaraciones de consentimiento para que sus hijos salieran de viaje dentro de Europa con un coro por algunas semanas.

Una carta de recomendación del ya mencionado embajador Maschke facilitó la migración a Chile. En una remota región en las faldas de la Cordillera construyeron el asentamiento. Pronto fue reconocido bajo el nombre de «Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad» oficialmente como una organización sin fines de lucro. El grupo construyó un hospital en el cuál se atendía gratuitamente a la gente de los alrededores, pero los gastos fueron reembolsados por el sistema de salud chileno. Algunos integrantes del grupo fueron maltratados en el hospital con descargas eléctricas y la administración forzada de sicofármacos durante meses y años. 21 niños y niñas chilenas fueron adoptadas fraudulentamente en Colonia Dignidad, a menudo después de haber acudido al hospital para recibir tratamiento. «Allí, por ejemplo, se les decía a los padres que los niños necesitaban varios meses de tratamiento en el hospital», escribe Stehle y explica la cooperación con las autoridades locales: «Para ello, los padres -a veces analfabetos- debían firmar declaraciones de consentimiento ante notarios o tribunales». Después se aclaró que con estas declaraciones entregaron la custodia sobre sus hijos. Muchos padres no pudieron volver a visitarlos más tarde.

Estrecha colaboración con la dictadura

Citando innumerables documentos y declaraciones de testigos, Stehle documenta la estrecha colaboración de la jerarquía de la secta con la dictadura y la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y el papel de la política alemana en este contexto. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, cientos de opositores fueron torturados en un campo de prisioneros instalado en Colonia Dignidad y decenas fueron asesinados e inhumados en fosas comunes. Para borrar las huellas, sus cuerpos fueron exhumados de nuevo en 1978, quemados y sus cenizas esparcidas en el río cercano Perquilauquén. Así lo demuestran testimonios de residentes del asentamiento y miembros de la DINA citados por Stehle.

En 1976, la ONU publicó testimonios de chilenos que habían sobrevivido la tortura en Colonia Dignidad y habían logrado escapar del país. Enseguida el embajador alemán en Chile en ese momento, Erich Strätling, visitó el asentamiento alemán. A él y a su esposa se les presentó una «especie de espectáculo con canciones y actuaciones musicales», seguido de una gira por el terreno, así cita Stehle las declaraciones posteriores de Strätling durante un interrogatorio por parte de un fiscal alemán. El ex-embajador declaró además: «Miré todos los edificios residenciales y comerciales, entré en los sótanos de todas las casas, visité la estación de generadores y el parque de automóviles y no descubrí nada llamativo». Tras su regreso, Strätling también pidió al general Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta militar, que tomara fotografías aéreas del lugar. «Estos fueron evaluados por el Ministerio de Defensa [alemán]. En las fotografías no se encontraron edificios ocultos ni medidas de vigilancia», así resume Stehle la declaración de Strätling.

Eso indica que el embajador alemán en el año 1976 no estuvo preocupado de garantizar los derechos humanos. Su interés estaba en mantener las buenas relaciones con la Junta Militar.

Así facilitó que la DINA y los dirigentes de Colonia Dignidad pudieran seguir cooperando sin ser molestados. Más aún: cuando Amnistía Internacional en 1977 publicó informes de supervivientes de torturas y nombró Colonia Dignidad como campo de tortura, la jerarquía del asentamiento alemán se querelló contra Amnistía Internacional con abogados seleccionados para obtener medidas cautelares, logrando que se prohibiera la publicación del informe de Amnistía Internacional.

La investigación de Stehle comprueba también que la Colonia Dignidad y la DINA en conjunto realizaron cursos de entrenamiento, en técnicas de tortura y uso de armas y explosivos. Miembros de la Colonia Dignidad instalaron tecnología de comunicaciones en los centros de detención de la DINA. Mucho también «indica que la CD [Colonia Dignidad] desempeñó un papel importante en los preparativos del golpe», escribe Stehle. Cita fuentes originales que demuestran que los paramilitares de ultraderecha de «Patria y Libertad» acudieron al asentamiento alemán para recibir formación militar ya a principios de la década de 1970 y que también iban y venían oficiales militares de alto rango.

Todo ello puede haber contribuido a que al autor sólo se le facilitó acceso a los expedientes del Archivo Político del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán tras una querella, como describe en el libro. Según esto, el ministerio  argumentaba aún en 2010 que una liberación de los archivos de Colonia Dignidad albergaba «un potencial de conflicto en la medida en que este esclarecimiento se refería a su cooperación con la dictadura militar». La «divulgación de información interna alemana (…) y de comunicaciones no destinadas al público» (…) crea así «motivos para nuevos conflictos y acusaciones» entre Chile y Alemania.

Con diversas fuentes Stehle demuestra la involucración de instituciones alemanas. Un ejemplo muy drástico es su investigación sobre el traficante de armas e informante del servicio de Inteligencia (BND) Gerhard Mertins. «Hay una serie de pruebas e indicios de que la CD [Colonia Dignidad] era un importante punto de tráfico de armas destinadas a los militares chilenos», explica Stehle. Las declaraciones judiciales de los residentes confirmaron «el papel central desempeñado por el traficante de armas alemán más famoso de la posguerra, Gerhard Mertins». El antiguo oficial de las SS Mertins, que mantuvo contactos con grupos neonazis después de 1945, representaba a empresas de Alemania Occidental en el extranjero y comerciaba principalmente con armas desechadas del ejército alemán, Bundeswehr, a través de su empresa «Merex AG». A partir de 1956, Mertins trabajó para el Servicio de Inteligencia Bundesnachrichtendienst (BND) bajo el nombre en clave de «Uranus», explica Stehle. Agrega que en la década de los 1970, Mertins fue acusado de tráfico ilegal de armas hacia zonas de conflictos, pero pudo demostrar ante el tribunal que el BND tenía conocimiento de aquello.» Con el objetivo de un esclarecimiento exhaustivo, Stehle demanda que se revelen todos los documentos guardados bajo llave por los servicios secretos, especialmente los archivos del BND.

Reestructuración como «Villa Baviera“

Stehle presta especial atención también a la reestructuración de la Colonia Dignidad en la organización sucesora «Villa Baviera» que la protegió de la disolución. En el proceso, que comenzó en 1988, en el último período de la dictadura, las tierras y la propiedad del asentamiento se transfirieron a un holding intransparente de varias sociedades anónimas cerradas. El holding existe en una forma modificada hasta el día de hoy. El politólogo y economista enumera un total de 23 empresas que pertenecen al holding, entre las cuáles se encuentran empresas de turismo, de agricultura y ocho inmobiliarias. También enumera sus respectivos representantes: Se trata de menos de una veintena de personas en total, en su mayoría descendientes de la antigua jerarquía del grupo, que concentran el acceso al poder y a los bienes entre ellos hasta el día de hoy.

Como última fase histórica, el autor describe el lento proceso de apertura tras la detención de Paul Schäfer en 2005. Después de que las familias chilenas cuyos hijos habían sido violados por el líder de la secta en Villa Baviera presentaran denuncias contra él en 1996, Schäfer huyó a Argentina con un puñado de seguidores. Sólo ocho años más tarde fue capturado en un escondite secreto, una finca cercana de la capital, Buenos Aires. Su detención marcó el inicio de una lenta fase de apertura en la que varios residentes abandonaron finalmente el asentamiento. Alrededor de un centenar de personas siguen viviendo hoy en día en Villa Baviera, cuyo aspecto está fuertemente marcado por el turismo.

Stehle demuestra que las autoridades federales alemanas tenían «claros indicios» de los crímenes en todas las fases históricas desde que el grupo se trasladó a Chile, pero «no intervinieron adecuadamente» para evitarlos. «Por lo tanto, no se puede sacar otra conclusión que de las autoridades federales alemanas son co-responsables de estos delitos. Esta responsabilidad compartida concierne tanto al gobierno federal, concretamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, como a las autoridades judiciales alemanas», concluye Stehle.

Responsabilidad de la política y la justicia

También examina en detalle todas las iniciativas políticas y las investigaciones judiciales. Describe comisiones parlamentarias de investigación y sentencias judiciales en Chile, audiencias en el parlamento alemán, el Bundestag, y su resolución unánime de 2017 para esclarecer los crímenes de Colonia Dignidad – este último como iniciativa política de mayor alcance hasta la fecha. Posteriormente, el gobierno alemán financió a la Universidad Libre (FU) de Berlín para realizar un archivo de historia oral, que consiste en entrevistas con testigos de la época. Sin embargo, la instalación de un sitio de memoria, documentación y aprendizaje, el esclarecimiento de las propiedades de la Colonia Dignidad y otras demandas definidas en aquella resolución aún esperan a ser implementadas. El Bundestag y el Gobierno Alemán tendrán que seguir ocupándose de estas cuestiones – y las instituciones en Chile también.

Nadie asumió la responsabilidad

En su análisis, Stehle describe una pauta de actuación estatal en la que la política y el poder judicial, tanto en Alemania como en Chile, mutuamente asignaron la responsabilidad al otro. La «responsabilidad formalmente de ambos -pero de hecho no definida- de los organismos estatales» fue una condición importante para que la Colonia Dignidad «pudiera perpetuar sus crímenes durante un tiempo tan largo».

Teniendo en cuenta que las autoridades federales alemanas sabían de los crímenes cometidos en el asentamiento, no reaccionaron adecuadamente: «En relación con el objetivo de asegurar los derechos humanos, fracasaron. No tomaron medidas suficientes para garantizar que los delitos, de los que tenían conocimiento, no se siguieran cometiendo. En muchos casos, incluso el «sistema Colonia Dignidad» marcaba la agenda.

Uno de los mayores escándalos judiciales de la República Federal de Alemania

El autor constata que la justicia chilena asumió la responsabilidad de esclarecer los crímenes «al menos en cierta medida» después de 2005: «Sin las sentencias de la justicia chilena, todavía no habría un reconocimiento oficial» de los crímenes como «hechos confirmados». En 2016, la Corte Suprema de Chile condenó legalmente a dirigentes de la Ex Colonia Dignidad y de la DINA por «asociación ilícita» a penas de prisión. En 2013, impuso condenas de varios años de prisión también a algunos dirigentes de Colonia Dignidad por complicidad en violaciones y abusos sexuales. Entre ellos se encuentra el caso más emblemático: Hartmut Hopp, en su tiempo cómplice de Schäfer con excelentes contactos con la Junta Militar y la DINA y director del hospital del asentamiento. Pero Hopp ya se había fugado a Alemania en 2011, donde no tiene nada que temer: Ni extradición a Chile por su nacionalidad alemana, ni cumplimiento de la condena chilena en una cárcel alemana, ni acusación, ni juicio: «No hay sospechas suficientes» fue la explicación para archivar estas investigaciones y más de diez contra diversas personas sólo en Renania del Norte-Westfalia, que Stehle analizó. Los casos se referían a delitos sexuales, secuestro de niños, privación de libertad, violación de la Ley de Armas, lesiones y asesinatos.  Como resultado, los líderes de la Colonia Dignidad que consiguieron escapar a Alemania quedaron todos impunes, incluso los que ya estaban siendo investigados en Chile.

Muy detalladamente, el autor explica uno de los mayores escándalos judiciales de Alemania y critica a la justicia alemana por no haber «reconocido el carácter sistémico de la Colonia Dignidad como organización criminal». Agrega que «en ningún momento ha sido lo suficientemente activo» en la investigación y la indagación «como para empezar a arrojar luz sobre las conexiones y los antecedentes del sistema CD [Colonia Dignidad]».

Como consecuencia, todos los crímenes de la Colonia Dignidad quedaron impunes en Alemania, una señal fatal desde la justicia. La sola lectura de este capítulo sobre el (no-)esclarecimiento jurídico en Alemania da una idea de por qué el grupo pudo existir durante tanto tiempo y cometer crímenes sin obstáculos, y lo que esto significa para la sociedad.

Llamamiento a una perspectiva centrada en las víctimas

Como «enfoque adecuado», Stehle exige hoy que el caso de Colonia Dignidad sea «fundamentalmente visto desde la perspectiva de las víctimas (…), que se reconozcan sus necesidades y que se actúe de acuerdo a eso». En el sentido de abordar el caso desde una «perspectiva centrada en la víctima», reclama una «revisión de las propiedades formales e informales» de Colonia Dignidad o de las empresas actuales. «Con estos bienes se deben beneficiar a las víctimas». Una demanda también nombrada de forma similar en la resolución del Bundestag alemán del 2017 sobre el esclarecimiento de los crímenes de la Colonia Dignidad, pero que aún no se ha cumplido. También es necesaria una «indemnización adecuada para las víctimas», a la cuál tienen derecho, debido a la (co)responsabilidad de las autoridades federales alemanas, y que debería «permitirles llevar una vida digna, independiente de las estructuras de la comunidad post-secta».

Además, se debe instalar un sitio de memoria, documentación y aprendizaje en el lugar de la ex Colonia Dignidad y es necesario realizar más investigaciones científicas y una «investigación exhaustiva en un marco políticamente definido, por ejemplo como una comisión de la verdad». El objetivo de esta comisión, según Stehle, debería ser nombrar los crímenes y sus víctimas. Además, sin embargo, «el Estado debe determinar quién fue el responsable en cada caso. Esto incluye explícitamente la (co)responsabilidad política, en este caso también de la República Federal de Alemania». Jan Stehle ha sentado las bases para ello con sus investigaciones.

*Fuente: Interferencia

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