«Enfatizamos y denunciamos que no hay ninguna condena, por parte de Martínez al golpe cívico militar. Al contrario, el ex General Ricardo Martínez pretende separar la acción del Ejército en tres funciones, como si se tratara de tres Ejércitos distintos»,

indican las organizaciones firmantes, en parte de una declaración pública, distribuida por las Agrupaciones de Familiares en todo el país.

«Ricardo Martínez avala la obediencia debida para justificar los crímenes cometidos por las órdenes impartidas por superiores, desconociendo que la acción del Ejercito era parte de una política represiva que se desarrolló al amparo de la doctrina de la seguridad nacional, que no ha podido ser erradicada del ethos militar»,

indica.

Por lo mismo, le restan mérito al informe

«del comandante renunciado e imputado por fraude. Ha tenido que esperar las sentencias judiciales para tratar de exculpar sus responsabilidades históricas como cómplice pasivo. (…) el Ejército no ha colaborado para establecer la verdad y hacer justicia, la impunidad está vigente, los archivos de la represión, en manos de la DINE, fueron quemados por funcionarios del Ejército. No ha existido colaboración».

Señalan, que por el contrario, lo que hay

«es obstrucción a la justicia como parte de los pactos encubiertos y de silencio, avalados por la civilidad, que no son cómplices pasivos, son activos defensores de la impunidad porque con ello eluden su responsabilidad penal, y además guardan silencio frente a este informe. Siguen los procesos abiertos y las víctimas y sus familiares siguen esperando una justicia tan esquiva como mezquina».

DECLARACIÓN PÚBLICA

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Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos a nivel nacional, expresamos nuestra crítica ante el documento Informe Final: “Reflexiones sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, firmado por el General Ricardo Martínez Menanteau.

Hoy a casi 49 años del golpe cívico militar, a 31 años de gobiernos post dictadura, el Comandante en Jefe del Ejército, imputado y rebelde ante una citación judicial por fraude; y en un informe de 120 páginas, señala que en Chile hubo un golpe cívico militar, y justifica la acción militar en el acuerdo de la cámara de diputados de agosto de 1973; señala que miembros del Ejército asesinaron al general René Schneider; que asesinaron al General Carlos Prats y su señora Sofía Cuthbert; que el General Sergio Arellano, delegado de Augusto Pinochet dirigió la Caravana de la Muerte que se desplazó a lo largo de todo el territorio asesinando a civiles detenidos e indefensos, que miles de chilenos fueron torturados por agentes del Estado pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad; que la acción represiva se extendió hasta el gobierno de Patricio Aylwin, con el asesinato de Eugenio Berrios que, como la Operación Cóndor extendió su brazo criminal, coordinado con otras fuerzas extranjeras, más allá de las fronteras del territorio nacional; que el ejército que representa tuvo relaciones con la agencia de inteligencia norteamericana “CIA”, para propiciar el golpe cívico militar e impedir la presidencia legítima de Salvador Allende, subordinando la soberanía nacional a los intereses de un potencia extranjera, y a los intereses de una clase social cuyos privilegios se sintieron amenazados por el gobierno de la Unidad Popular.

Enfatizamos y denunciamos que no hay ninguna condena, por parte de Martínez al golpe cívico militar. Al contrario, el ex General Ricardo Martínez pretende separar la acción del Ejército en tres funciones, como si se tratara de tres Ejércitos distintos.

Ricardo Martínez avala la obediencia debida para justificar los crímenes cometidos por las órdenes impartidas por superiores, desconociendo que la acción del Ejercito era parte de una política represiva que se desarrolló al amparo de la doctrina de la seguridad nacional, que no ha podido ser erradicada del ethos militar.

Esto es, en línea gruesa, el informe del comandante en jefe del Ejército, emitido a dos días de su renuncia y a dos días de asumir la misma conducta, rebelde y no colaborativa con la acción de la justicia, que hicieron los militares responsables de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura cívico militar. Ellos tienen el conocimiento del destino final de cada una y uno de los detenidos desaparecidos y no entregan la información, manteniendo el Pacto de silencio al no revelar, donde están nuestros familiares.

Advertimos que todos los hechos, que en apariencia son reconocidos, constituyen una verdad que ha sido develada con el esfuerzo y la perseverancia de los familiares de las víctimas y las víctimas, con movilización social, y a través de los procesos judiciales y las sentencias de los tribunales, todas condenatorias de los crímenes del General Schneider, del General Carlos Prats y Sofía Cuthbert, de la caravana dirigida por el general Arellano que asesinó cumpliendo órdenes de Pinochet, de Tucapel Jiménez, de Eugenio Berrios, de los miles de prisioneros políticos detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados.

Es una verdad que están contenida en el informe de Verdad y Reconciliación (Rettig), cuestionado en su oportunidad por el Ejército, y en el informe Prisión Política y Tortura ( Valech). Es una verdad histórica.

Por esto, no tiene ningún mérito el informe del comandante renunciado e imputado por fraude. Ha tenido que esperar las sentencias judiciales para tratar de exculpar sus responsabilidades históricas como cómplice pasivo.

Concluye el Comandante en jefe del Ejército, General Ricardo Martínez, que las violaciones de los Derechos Humanos no pueden descontextualizarse. Sepa el General que ningún contexto puede justificar crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles e inamnistiables.

Señala Ricardo Martínez que es injusto atribuir al Ejército en su conjunto la responsabilidad por las violaciones de los Derechos Humanos. Se equivoca el General imputado: Hubo acciones criminales como parte de una política de Estado ejecutadas por las Fuerzas Armadas que asumieron el mando supremo de la nación el 11 de septiembre de 1973, y que se extendió algunos años después de terminada la dictadura cívico militar.

Es cierto que las instituciones no responden criminalmente, pero no cabe duda que hubo una acción represiva articulada por un Estado que se puso al servicio del crimen.

El ethos militar sigue mancillado por la vigencia de la doctrina de la seguridad nacional en sus filas.

Señalamos que el Estado de Guerra a que alude, establecido por el Decreto Ley N° 5 y que tuvo vigencia a través del Decreto Ley 641 hasta el 11 de marzo de 1975, para justificar y legitimar una obediencia debida, para detener, torturar y hacer desaparecer y ejecutar personas, no alcanza para justificar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante ese período ni con posterioridad a esta fecha.

Al mismo tiempo, denunciamos que el Ejército no ha colaborado para establecer la verdad y hacer justicia, la impunidad está vigente, los archivos de la represión, en manos de la DINE, fueron quemados por funcionarios del Ejército. No ha existido colaboración.

Por el contrario, lo que existe es obstrucción a la justicia como parte de los pactos encubiertos y de silencio, avalados por la civilidad, que no son cómplices pasivos, son activos defensores de la impunidad porque con ello eluden su responsabilidad penal, y además guardan silencio frente a este informe. Siguen los procesos abiertos y las víctimas y sus familiares siguen esperando una justicia tan esquiva como mezquina.

No nos engañemos con este informe, y su ethos militar, la garantía de no repetición no es tácita en las palabras de un comandante en jefe del Ejército que debe renunciar por estar imputado por fraude. El ethos militar, y el honor militar ha internalizado el crimen, el abuso y el fraude, denunciamos.

Nuestra demanda por Justicia, Verdad y Reparación por las violaciones a los Derechos Humanos, ocurridas durante la dictadura cívico militar, no ve un avance en este informe del ex General Ricardo Martínez, sólo contiene una retórica encubierta de la impunidad, que tanto ha costado vencer.

Verdad, Justicia y Memoria

*Fuente: Edición Cero

FIRMAN

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Parral Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillan Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción

Agrupación de Familiares de Detenidos de Desaparecidos de La Serena Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Los Ángeles

Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Osorno Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos desaparecidos de Iquique – Pisagua, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de la Araucanía.

Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados y detenidos Desaparecidos Político de Atacama

Agrupación de familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Valparaíso Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos- AFDD

Agrupación de familiares de Ejecutados Políticos – AFEP

Coordinador Nacional de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos

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