Desde el desierto de Texas, los multimillonarios gringos viajan al espacio, mientras abajo los migrantes mueren de sed y hambre tratando de cruzar la frontera

El pueblo de Van Horn, situado al oeste de Texas, fue noticia esta semana por ser el sitio desde donde se lanzó el vuelo espacial privado en el que viajó Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, fundador de Amazon. Bezos hizo un viaje suborbital de diez minutos en su cápsula espacial New Shepard, junto con su hermano y otras dos personas. Durante la corta odisea, que costó aproximadamente 2,5 millones de dólares por minuto, la nave lanzó a Bezos y a sus acompañantes a una gran altitud, por encima del implacable desierto de Chihuahua que se extiende a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.

Para estos embelesados turistas espaciales que experimentaron unos minutos de ingravidez en el espacio, este fue el viaje de sus vidas.

Armando Alejo Hernández emprendió ese viaje a principios de mayo. Durante más de una década, Armando fue uno de los más de doce millones de residentes indocumentados de Estados Unidos, una población que ha sido perseguida y hostigada de manera constante. Sin embargo, la economía de Estados Unidos colapsaría sin el aporte y trabajo de estos migrantes. Antes de ser deportado en 2016, Armando tuvo dos hijos con su esposa, ambos ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Después de pasar cinco años sin su padre —años claves para su formación y desarrollo—, el hijo mayor le pidió a Armando si podía ir a Estados Unidos a visitarlos. Su padre le prometió que encontraría la manera de hacerlo.

Todo lo que sabemos de la travesía de Armando por el desierto proviene de sus breves mensajes de voz y de una sola foto que le envió a su hijo por mensaje de texto. En el mensaje, Armando describía la ropa que llevaba puesta: una sudadera negra y pantalones azules. ¿Intuía Armando que iba a tener que ser rescatado o que quizás su cuerpo iba a tener que ser identificado?

La foto fue tomada desde la base de una colina. La pendiente que Armando tenía por delante parecía sumamente difícil. Iba a tener que ascender la ladera a través de una frondosa capa de hierba seca, con rocas afiladas, cactus y arbustos espinosos ocultos en medio de ella. Justo detrás de la alta y distante cumbre se podía ver una estructura grande, redonda y blanca, hecha por humanos. Dado que Armando estaba en el condado de Hudspeth, al sureste de la ciudad de El Paso, la estructura era casi con seguridad la torre del radar que el Gobierno de Estados Unidos tiene instalado en la cima de la montaña Pico del Águila.

El ascenso al Pico del Águila prometía ser extenuante. Armando ya le había dicho a su hijo adolescente que se había quedado sin agua, que su teléfono celular estaba casi sin batería y que no creía que iba a poder continuar. Si hubiera llegado a la torre del radar y desde allí hubiera seguido por la sinuosa carretera que conduce al norte, Armando quizás habría tenido que caminar otros 32 kilómetros, sin comida ni agua, para llegar a la carretera Interestatal 10. “No creo que pueda llegar a la cima de la montaña”, dijo Armando en uno de los mensajes de audio que le envió a su hijo. Su voz delataba cansancio y era difícil escuchar su mensaje a través del ruido del viento.

En una conversación telefónica con Democracy Now!, Fernando García, director de la organización Red Fronteriza por los Derechos Humanos, con sede en El Paso, expresó: “Más de 10.000 personas han muerto al intentar cruzar la frontera en los últimos 25 años. Ese es un precio demasiado alto a pagar para migrar a Estados Unidos”. García ha dedicado varios años de su vida a ayudar a los migrantes a lo largo de la frontera.

“Ahora que la custodia de la frontera es tan estricta”, agregó Fernando García, “la gente está cruzando la frontera en lugares aún más remotos, al este de El Paso, a través de un territorio sumamente hostil. No hay nada en esa zona […], la gente se está muriendo camino a la carretera 10”.

García, quien se reunió recientemente con la vicepresidenta Kamala Harris en la frontera, critica al Gobierno de Biden por continuar con el programa denominado “Título 42” del presidente Trump. Este poco conocido artículo de la ley de salud de Estados Unidos permite deportar migrantes sin el debido proceso durante una crisis de salud pública. Desde que Trump invocó la ley el 20 de marzo de 2020, cientos de miles de migrantes han sido expulsados del país.

En el pasado, los migrantes que se encontraban en riesgo en el desierto podían entregarse a la Patrulla Fronteriza y al menos obtener una audiencia ante un juez de inmigración. García comentó a Democracy Now! que ahora, si son atrapados, los migrantes son expulsados de inmediato del país, por lo que están tomando rutas cada vez más peligrosas para atravesar el desierto.

La administradora y coordinadora de manejo de emergencias del condado de Hudspeth, Joanna MacKenzie, dijo al medio Border Report que al menos seis migrantes murieron en esa peligrosa zona solo en las últimas dos semanas, mientras aumentan las temperaturas y los equipos de rescate escasean. Muchos de los migrantes que pierden sus vidas durante el trayecto no llegan ni siquiera a formar parte de las estadísticas.

La deportación de Armando durante la presidencia de Obama inició una separación de cinco años entre él y sus hijos. Ahora, la crueldad de la política de inmigración de Estados Unidos puede también condenar a estos dos adolescentes a quedarse huérfanos de padre para siempre.

Los medios de comunicación del mundo se reunieron en el pueblo texano de Van Horn y enfocaron sus cámaras hacia la nave espacial de Jeff Bezos, proporcionándole al hombre más rico del mundo una enorme y gratuita cobertura mediática de su aventura. Debajo de su mirada, fuera de la órbita de sus cámaras, podrían yacer, lamentablemente, los restos de Armando Alejo Hernández y de muchos otros migrantes. Armando no aspiraba viajar al espacio, solo quería cerrar el espacio —ese cruel espacio impuesto por el Gobierno de Estados Unidos— entre él y sus hijos.

*Fuente: Democracy Now